Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La OMS define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (Jewkes et al., 2002).

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia sexual como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.

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La violencia sexual se manifiesta desde el acoso callejero mediante “piropos” o el exhibicionismo, hasta el abuso sexual, la violación o la trata de personas con fines sexuales.

Elementos característicos

• Prácticas no deseadas
• Sin consentimiento la víctima.
• Coacción, a través de fuerza física, intimidación, violencia psicológica, extorsión, amenazas o abuso de una situación de poder desigual entre la víctima y quien ejerce la violencia.

La violencia sexual afecta también gravemente a niños y a hombres, aunque en un número mucho menor; en este caso, igualmente se ejerce como mecanismo de poder y humillación, mediante el cual las víctimas son colocadas o mantenidas en una posición subordinada en un ejercicio abusivo cuyo principal objetivo es la dominación.

Recomendaciones (*)

Los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar acciones para combatir la violencia sexual en diferentes niveles y sectores de la sociedad. En particular, deben atender las necesidades de las comunidades más marginadas, proteger los Derechos Humanos de las mujeres y trabajar para disminuir todas las formas de violencia contra las mujeres. No sólo afecta a las víctimas, sino que también tiene consecuencias para los avances socioeconómicos y políticos de la sociedad. Por lo tanto, la violencia sexual debería conceptualizarse como parte de las prioridades de desarrollo de las políticas gubernamentales.

• Crear mayor conciencia de la violencia sexual como un problema de salud pública y una violación de los Derechos Humanos, es una prioridad a nivel local, regional y mundial, y es necesario para generar mayor atención a los programas de prevención y apoyo para las sobrevivientes de violencia sexual.
• Enfocarse en implementar y monitorear marcos jurídicos y políticos ya establecidos en la región. Lo ideal sería que esto incluyera amplios esfuerzos por fortalecer la respuesta del sector legislativo y de justicia a la violencia contra las mujeres en general y a la violencia sexual específicamente.
• Asegurar que las estrategias relacionadas con la prevención primaria sean emprendidas por los gobiernos, los cuales están obligados por los acuerdos internacionales a combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Entre estas estrategias figuran incrementar la protección y justicia para las víctimas, concientizar a las comunidades, ampliar el acceso a servicios integrales y otros esfuerzos por empoderar a las mujeres y sensibilizar a los hombres.
• Promover relaciones equitativas de género como una manera de cambiar las normas sociales y el comportamiento individual que apoyan o toleran a la violencia contra las mujeres en la región de LAC.
• Mejorar la respuesta del sector salud a las víctimas de violencia sexual, mediante el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de salud para combatirla. El personal de salud necesita recibir capacitación completa y de alta calidad, así como apoyo institucional, para poder brindar atención a las niñas y mujeres que la sufren. Las prestadoras y los prestadores de servicios de salud deben tener pleno conocimiento de las normas y guías para combatir la violencia sexual; además deben haber sido capacitados desde una perspectiva de género y derechos humanos. Los países necesitan políticas y guías.
• Incluir cursos sobre la violencia contra las mujeres — incluida la violencia sexual— en la formación académica de profesionales de abogacía, medicina, enfermería y psicología. Dado que la violencia sexual empezó a considerarse como un problema de salud recientemente, los sistemas de salud y las instituciones académicas de salud aún se encuentran en las etapas iniciales de incorporar esta temática en la formación académica de profesionales de la salud y esto debe ser ampliado.

*Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. (2010) Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual.