Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Si el comercio ilícito de sustancias psicotóxicas es ya un problema de seguridad nacional, por la vinculación directa de estos mercados a la delincuencia organizada, el incremento constante del número de adictos constituye un grave problema de salud púbica.

Históricamente, la respuesta del órgano gubernamental a los problemas de las drogas y las adicciones ha sido tardía. A la fecha, existen en el mercado sustancias de abuso de fabricación sintética, que no se encuentran registradas en el catálogo de la Ley General de Salud, o que estando registradas, se permite su uso para fines médicos, se permite su venta, pero no se lleva un control adecuado de su comercialización.

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En el campo de la lucha contra las adicciones, la entidad gubernamental no ha pasado del discurso. Suman ya en la entidad millares de adictos, que no encuentran en el sector oficial un mecanismo terapéutico que les permita liberarse del infierno que padecen, atrapados en ese tobogán de círculos consecutivos de intoxicación, incremento en la tolerancia al efecto de la droga, síndrome de abstinencia, y dependencia psicofísica de la ingesta del producto nocivo, que deviene en un incremento en la dosis de consumo.

Cocaína. FOTO: Internet.

Ante la inactividad gubernamental, y la incapacidad de los farmacodependientes y de sus familiares para lidiar con la problemática de sus adicciones, desde la iniciativa privada han surgido los llamados centros de rehabilitación, que ante la falta de reglamentación, operan libremente, sin ningún tipo de control sanitario, administrativo o fiscal.

En muchos de estos centros, la violación a los derechos humanos de los adictos que son internados en la mayoría de los casos contra su voluntad, es una constante. Este problema ya es materia de estudio para la Suprema Corte, pues estamos en presencia de violación a los derechos humanos de un particular, cometida por otro particular. Todo el aparato proteccionista de los derechos fundamentales, está estructurado a partir de combatir abusos de órganos de autoridad, no de particulares. En tanto la Corte resuelve el dilema, día a día son violentados los derechos fundamentales de los enfermos, que son tratados como criminales.

La mayoría de estos centros, operan funcionalmente como centros de reclusión. Su estructura arquitectónica es una adaptación de rejas y más rejas. Operan empíricamente siguiendo el modelo Minnesota, bajo el presupuesto de los 12 pasos y terapias de grupo, pero sin el enfoque integral y multidisciplinario, supervisión médica ni sanitaria, sin un régimen alimentario, sin control fiscal, pues nadie sabe cuánto pagan los familiares de los internos, ni a dónde van a parar las ganancias. No es de extrañar que la mayoría de los internos padezcan desnutrición,  y que la misma se incremente en ocasiones a niveles crónicos, por la pésima alimentación que reciben.

Y el grado de reincidencia es altísimo. A nadie entusiasma la estadística informal que arrojan los centros de rehabilitación en Baja California Sur.

En contrapartida, existe un modelo, operado por particulares, que cobra cuotas de recuperación acordes a la capacidad económica del adicto en recuperación, que cuenta con instalaciones adecuadas, sin rejas, avalado por la CONADIC, que se ajusta a los programas elaborados por la Organización Mundial de la Salud, a la norma oficial mexicana NOM-028SSA2-2009 y lo mejor de todo: tiene las tasas de recuperación más altas del país, con el nivel de reincidencia más bajo a nivel nacional.

Nuestra propuesta

El centro Kumi, como se denomina, es un ejemplo a seguir en la propuesta de atención al adicto. No es Oceánica, pero ofrece mejores resultados. La clave está en la profesionalización, la capacitación, la especialización de todo el personal que atiende en el proceso de atención al adicto en recuperación, y lo más importante: el adicto se inscribe al programa por su propia voluntad.

La operación y resultados del centro Kumi, ONG sin fines de lucro, deben ser el modelo a seguir.

Además, el Congreso del Estado debe reglamentar la operación y funcionamiento de las cárceles privadas que operan como centros de rehabilitación, y que carecen de supervisión sanitaria, fiscal, administrativa, psicológica y nutricional.