Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En México, la manera más fácil de identificar la corrupción es mediante el tema de las licitaciones de obras públicas o adquisiciones de bienes y servicios, las cuales son realizadas por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal. Pero, ¿qué tan importantes y transparentes son éstas?, ¿por qué las licitaciones están en el “ojo de huracán” por parte del Gobierno Federal? Y lo más crítico: ¿realmente gana el mejor postor y el que ofrece el precio más justo para que las dependencias no desembolsen más de lo necesario?.

Se debe partir de que el gobierno, en sus tres niveles, tiene a su disposición un presupuesto previamente programado y autorizado por los respectivos Congresos, esto con el objetivo de hacer el mejor uso del recurso en obras públicas, y que de acuerdo a estudios o proyectos tendrían prioridad en su realización; por lo que las oficinas gubernamentales se convierten en la principal fuente generadora de ingresos y de empleo para muchas personas físicas o morales del ramos de la construcción. Por decirlo de manera coloquial, el gobierno tiene dinero y “debe” darle un buen uso en obras de construcción que impacten en el desarrollo económico y social de la región; pero sobre todo “debe” garantizar que los contratos se realicen en una licitación de acuerdo a la ley y que las personas ganadoras del concurso garanticen que son de perfil adecuado, asimismo, que se trate de la propuesta económica más viable y que cumpla en tiempo y en forma los programas establecidos.

También te podría interesar: El ejido mexicano: su historia y aportación a la economía nacional (II)

En un país donde todo los procesos se manejan de manera transparente, se supone que hasta ese punto toda obra pública debe ser ejecutada sin más inconvenientes, sin embargo, pueden existir casos en los que haya un desfase en el tiempo en la entrega. En dichas situaciones, si el problema se debe a causas ajenas al  contratista, la ley marca ciertas prorrogas; en cambio, si es debido a una negligencia de las compañías constructoras, la Ley marca sanciones. En la actualidad, y específicamente en la República Mexicana, se han visto en escándalos varias dependencias gubernamentales y Entidades Federativas, entre las más sonadas se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Estado de Veracruz. Para entender mejor, cabe señalar que existe una dependencia que regula todo este tipo de transacciones entre contratante y contratado, y es la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y ésta a su vez, se basa en la Ley de Licitaciones y Obras Públicas.

En esencia, los tres niveles de Gobierno se rigen bajo las mismas normas y están obligados a publicar todas las obras a licitarse en la página dedicada a la promoción, la cual puede consultarse aquí; en dicho portal se dispone de toda la información útil tanto para los interesados como del público en general. Las licitaciones se dividen en tres tipos: Licitación Pública, por Invitación Restringida y por Adjudicación Directa. Mencionar a detalle de cada una de ellas es hablar principalmente acerca de los montos que se van a contratar, ya que la misma ley marca topes de dinero para cada uno de los supuestos, no obstante, otro factor que se considera para que una obra sea asignada de forma directa, es cuando se trata de una emergencia nacional y donde la obra no puede esperar a todo el tiempo que se llevaría para licitar la obra.

En el caso de Baja California Sur, la Contraloría General del Estado, a través del Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios, marca los topes de una manera general para las asignaciones, donde se muestran mediante tablas cuales son los montos que se requieren para poder decidir si una obra se licitará públicamente, si se invitará a cuanto menos a tres empresas o si se adjudicará de manera directa. Si una obra no pasa de un monto de 844,990.00 pesos sin IVA, dicha obra se puede asignar a quién el Estado considere que reúne los requisitos indispensables para la ejecución de la misma; si la obra va desde los 844,990.00 hasta los 2 534,700.00 pesos, se pude realizar mediante la modalidad de Invitación Restringida, esto tomando en cuenta al menos a tres compañías; por último, si la obra sobrepasa los 2 534,700.00 pesos, la dependencia contratante está obligada a realizar una licitación pública abierta a todas las persona interesadas.

Tomando en cuenta las malas experiencias de los “arreglos” en las licitaciones públicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando se simuló una licitación para el contrato de equipo de cómputo; así como el caso de Sedesol, donde supuestamente se contrató a instituciones educativas para realizar estudios sobre la situación económica de México; y también en Veracruz, Estado que contrató a empresas fantasmas para realizar servicios que no se llevaban a cabo; esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente hacen su trabajo las auditorias y contralorías respectiva?, o mejor dicho, ¿qué tanto responden los Ministerios Públicos?, si es que éstos realizan su trabajo. La corrupción le cuesta al país pérdidas millonarias, pero indudablemente, el tema de las licitaciones es el terreno propicio para fomentarla. En el futuro tenemos que aprender a dar contratos de obras a empresas honestas, para que las compañías constructoras de todo la República tengan la certeza que no existen ¨arreglos¨ con constructoras “a modo”.

Escríbeme a noeperalta1972@gmail.com

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.