Érase una vez

Por Pablo Reynosa

 

“Una Constitución no puede llamarse republicana si excluye a las mujeres del derecho de ciudadanía… los hombres no pueden representar a las mujeres, porque sus intereses son distintos.” ‘Cincuenta preguntas de El Pensador a quien quiera responderlas’, por José Joaquín Fernández de Lizardi.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Érase una vez que las mujeres no contaban con la posibilidad de elegir a quien las representaría en los puestos de elección popular, ni tampoco de ser votadas. En 1911 sólo podían votar en dos países del mundo, pero entonces, mujeres como Emmeline Pankhurst decidieron que querían ser tomadas en cuenta como lo eran los hombres, y fueron a exigir su derecho.

El derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, es reconocido en la actualidad como un derecho humano, como un requisito fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, pero no siempre fue así.

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En México, el camino seguido para alcanzar la paridad de género, que actualmente es reconocida por el Artículo 41, Fracción I, Párrafo Segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “ha estado colmado de barreras invisibles, pero muy efectivas para impedir que ellas alzaran su voz y participaran en la construcción del país…”, apunta Clara Scherer en el artículo intitulado “¡Hay que celebrar!”, publicado el 28 de agosto de 2015 en Excélsior.

La legitimación constitucional y legal  de la paridad de género, toda vez que su reglamentación la prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, han conducido a que en la Conformación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el 42.4% de sus integrantes sean mujeres, es decir, que 212 mexicanas sean diputadas, lo cual representa un crecimiento del 5%, con respecto de la Legislatura anterior y un 14% en relación con la LXI Legislatura.

Antecedentes

La construcción y el fortalecimiento de la democracia es uno de los capítulos más significativos de la historia política de México, por el importante trabajo que han desarrollado mujeres y hombres desde los primeros años del siglo XX. No obstante, en libros de historia y de ciencia política, únicamente se hace referencia a personajes masculinos como Francisco I. Madero, Emilio Rabasa o, en tiempos recientes, Jesús Reyes Heroles, quienes encabezaron la reforma política.

Es necesario inscribir las aportaciones de las mujeres en la historia de la democracia, entre las que sobresalen Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, escritora crítica que en sus textos se opuso, igual que Madero, al régimen de Porfirio Díaz; Dolores Jiménez Muro, dirigente de las “Hijas de Cuauhtémoc” y las “Amigas del pueblo”, organizaciones que exigieron el sufragio femenino y la renuncia de Díaz; y pocos años después, Hermila Galindo, editora de “Mujer moderna”, publicación feminista que apareció entre 1917 y 1919.

Hermila Galindo es una figura de gran relevancia, ya que además de hacer aportaciones feministas de corte político, educativo, social y ético, presentó ante el Congreso Constituyente de 1917, en Querétaro, un memorándum en el que solicitó el sufragio para las mujeres. Este hecho notable la llevó a figurar junto con el general Silvestre González como los únicos líderes de la etapa inmediatamente posterior a la Revolución Mexicana que propusieron la igualdad política de hombres y mujeres.

Hermila Galindo,. FOTO: Cultura Colectiva.

Aun contando con tales propuestas, la ley electoral de los poderes federales, promulgada el 2 de julio de 1918, especificó que el derecho a votar y ser votado era sólo de los hombres. Hermila Galindo dejó de lado tal disposición y se postuló como candidata a diputada por el 5º distrito electoral de la Ciudad de México, hecho que la convirtió en la primera mujer que contendió por un cargo de representación popular. Lamentable fue que aun habiendo recibido la mayoría de votos, el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.

Durante el Primer Congreso Feminista realizado en enero de 1916, se abordó la importancia de que las mujeres ocuparan puestos públicos y se discutió el tema de los derechos políticos.

Si bien los congresos feministas no tuvieron un impacto directo a nivel federal, en Yucatán, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto se reconoció a las mujeres el derecho a participar en elecciones municipales y estatales. En la elección de 1923, tres mujeres se convirtieron en las primeras diputadas electas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce.

En San Luis Potosí, a instancias del gobernador constitucionalista Rafael Nieto, se aprobó una ley que permitió a las mujeres aprender a leer y escribir, así como participar en los procesos electorales municipales de 1924 y en los estatales de 1925; esta reforma tuvo vigencia hasta 1926.

En Chiapas, en 1925, se reconoció a las mujeres el derecho de participar en las elecciones estatales y municipales. Elvia Carrillo presentó su candidatura, con una suplente mujer: Hermila Zamarrón, pero su triunfo en las urnas no fue reconocido por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados local.

A finales de la década de los veinte en la Ciudad de México, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929, estableció en el primer artículo de su Declaración de Principios que contemplaría “ayudar y estimular paulatinamente el acceso de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica”. El detonador de que las mujeres se organizaran fue la declaración de Ignacio García Téllez, presidente de la sección de Acción Política del PNR, respecto a que las mujeres no estaban listas para el sufragio.

Las movilizaciones feministas de los años 30’s concentraron agrupaciones corporativizadas en torno a intereses comunes, en las que las ideologías nacionalistas y comunistas compitieron contra los ideales feministas. En este contexto de pugna ideológica y política se consolidaron fuertes organizaciones de mujeres, entre cuyos principales ejes articuladores destacan las demandas de mejoras salariales, la repartición de tierra, apoyos para el cuidado de los hijos, la defensa del voto de las mujeres, la igualdad de derechos civiles y los derechos políticos.

Durante los primeros años de la década de los 30’s las mujeres se organizaron en tres congresos feministas. María Ríos Cárdenas lideró los congresos de mujeres, desde donde resonó la demanda por el voto, y, entre otras, por lograr salarios mínimos y jornadas de trabajo de ocho horas, tierras y oportunidades para las campesinas, licencias con derecho a sueldo, un mes antes y dos después del nacimiento de un hijo o una hija.

La demanda del voto unificaba las diversas posturas que esgrimían la diversidad de mujeres que lo integraban. En Guanajuato (1934) y Puebla (1936) se reconocieron los derechos de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. En 1936 se lanzaron precandidaturas internas de mujeres a diputaciones en Veracruz. En 1938, en Guerrero, varias mujeres registraron sus candidaturas a las presidencias municipales.

Pese a estos moderados avances al interior de los estados, en el ámbito federal los derechos políticos de las mujeres continuaron contenidos.

El presidente Lázaro Cárdenas propuso una iniciativa de reforma al Artículo 34 constitucional para que se reconociera la igualdad jurídica de la mujer y se posibilitara su participación política, sin embargo, el trámite no se completó.

Fue durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en 1953, que a iniciativa de la solicitud de Amalia Castillo Ledón, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, se reconoció la ciudadanía plena y el derecho al sufragio femenino.

En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura.

A 72 años de que se reconociera el derecho al sufragio de la mujer en México, la obligación constitucional y legal de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, y del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias, para evitar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, es ya una realidad.

Es cierto que aún quedan pendientes en la inclusión de las mujeres en los puestos de toma de decisión pública, sin embargo, desde que México reconoció el derecho al voto de las mujeres, el proceso en pos de su igualdad política no se ha detenido ni un solo instante, porque ellas así lo han decidido.

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*Los hechos históricos respecto del voto de la mujer en México, fueron consultados en el libro Contigo aprendí, una lección de democracia gracias a la sentencia 12624 del TEPJF, de Adriana Ortiz Ortega y Clara Scherer Castillo, y en el artículo De la mirada autoritaria a la libertad bajo palabra. Crónica de una injusticia que (aún) no cesa, de Clara Scherer Castillo.