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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XV Legislatura del Congreso del Estado envió a Comisiones para su análisis y elaboración de dictamen, iniciativa ciudadana con Proyecto de Decreto presentada por el C. Ricardo Alberto León Cota que busca modificar la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, a fin de reformar el procedimiento específico para llevar a cabo la remoción de los Delegados Municipales, y se garantice el debido proceso de los implicados, informó el Congreso de Baja California Sur.

Los Artículos de la mencionada Ley que se propone modificar son el 85 en sus fracciones I, II y III y el Artículo 86, además de adicionar un Artículo 86 bis

La propuesta de la iniciativa ciudadana, busca garantizar el respeto a los derechos de las personas que fungen en el cargo de Delegado municipal para que en caso de solicitud de remoción por cualquier de las causas señaladas por la ley, la solicitud de remoción sea dirigida al Presidente Municipal, acompañadas de las pruebas pertinentes y a más tardar en cinco días éste deberá enterar al Cabildo quien deberá integrar  una comisión  en su seno que averigüe si está probada o no la causa de la remoción.

El delegado municipal contará con cinco días para presentar pruebas en descargo y luego la comisión entregará el dictamen  al Cabildo quien en un plazo no mayor de 20 hará la declaratoria respectiva.

Con lo anterior, el pleno señala que se garantizará el debido proceso a este nivel de funcionarios que en la actualidad puede ser removidos sin que se garantice el respeto a sus derechos humanos y políticos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Grupo Parlamentario de Morena, la diputación del Partido del Trabajo y diputadas y diputadas sin partido de la XV Legislatura del Congreso del Estado, manifestaron que la decisión del Gobernador del Estado de vetar el presupuesto estatal 2021 aprobado por la XV Legislatura Estatal, está fuera de sus facultades, pues en todo caso, solo debió haber hecho propuestas de modificación para que el Congreso las valorara, informó el propio Congreso sudcaliforniano.

Aportaron datos sobre la iniciativa de presupuesto modificado 2021, que demuestran que los argumentos que el mandatario señaló en sus redes sociales el último día del año pasado, sobre que las reducciones afectan áreas importantes de la operación del gobierno como son educación y salud, no son verídicos.

Informaron que, contra lo expuesto por el Ejecutivo Estatal, el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo Estatal, no sufre ningún recorte sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo, sino que lo autorizado por el Congreso es mayor en 130 millones de pesos, al aprobarse un total  de 17,270 millones 655mil 604 pesos contra los 17,140 millones 655 mil 604 pesos propuestos por Carlos Mendoza Davis, importe que se derivará del cobro de uso de obras del Estado dirigido a los turistas extranjeros, propuesto en el tercer año del actual Gobernador pero que nunca se había querido o podido cobrar.

Informaron que la inconformidad del mandatario estatal se debe a que la modificación hecha por el Congreso a su propuesta fue la de trasladar, únicamente 170.8 millones de pesos del capítulo 3000, correspondiente a servicios generales, al capítulo 6000, correspondiente a inversión pública mientras que los 130 millones del impuesto al turista se agregan al capítulo 7000 correspondiente a inversiones financieras y otras previsiones.

Señalaron que los rubros afectados en el presupuesto aprobado por la XV Legislatura son básicamente en aquellas actividades cuya cantidad propuesta por el Gobernador del Estado sobrepasa la de la operación necesaria y raya en la suntuosidad y el gasto superfluo, como el gasto excesivo en telefonía y energía eléctrica, servicios postales, arrendamientos de vehículos, pago de traslados y viáticos por viajes nacionales y extranjeros, servicios de comunicación social y publicidad, gastos de orden social, entre otros servicios.

Como puede verse, informaron, la propuesta de Congreso no modifica ni siquiera el 2% de la propuesta del Gobernador, y por el contrario a lo que afirma el mandatario tampoco hay una reducción del 60% del capítulo 3000, sino de un 38%. De igual manera, dijeron que el seguro de bienestar patrimonial tampoco desaparece, pues es mínima su modificación.

Aclararon los legisladores que de ninguna manera existe disminución alguna en sueldo, o prestaciones de personal educativo, médico o de seguridad como pretende hacer creer el Gobernador Mendoza Davis.

Finalmente, los legisladores de Morena informaron que el ahorro obtenido de las modificaciones se pretende destinar a la atención a temas importantes y prioritarios para el desarrollo social y beneficio directo de la población Sudcaliforniana como es el caso de construcción de pies de casa, atención prehospitalaria, atención a la casa del Estudiante Sudcaliforniano, electrificación de Isla Natividad, elaboración del Plan Hídrico Estatal, pavimentación, apoyo para equipo universitario, drenaje, rehabilitación de espacios deportivos, apoyo a maestros monitores, apoyo a médicos del  sector salud para a obtener certificación, apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública con el bono de riesgo, techumbres y canchas escolares, recursos extraordinarios para albergues, Universidad de la Salud y apoyo a Institutos Tecnológicos, entre otros rubros.

Señalaron que los legisladores de Morena, PT y diputados y diputadas sin partido que aprobaron el presupuesto, son consecuentes con los principios de la Cuarta Transformación de combatir la corrupción, el dispendio y la utilización incorrecta de los dineros del pueblo,  darle prioridad al apoyo y al bienestar de la sociedad, y que entienden el enojo de un Ejecutivo Estatal acostumbrado a un Poder Legislativo dócil que respetara su decisión autoritaria en el manejo discrecional del erario estatal para el financiamiento distinto al Interés  público.

Concluyeron afirmando que la decisión de Carlos Mendoza Davis de vetar el presupuesto aprobado es una franca invasión de responsabilidades que solo competen al legislativo estatal, y que este acto indebido demuestra ser la continuación de una política autoritaria e ilegal al mantener el veto a la publicación de más de 17 proyectos y decretos emanados de la actual XV Legislatura, acción autoritaria basada solo en el revanchismo político o en la orientación electoral de los recursos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de la comparecencia de la titular de la Contraloría General del Gobierno del Estado (CGE), Sonia Murillo Manríquez, integrantes de la XV Legislatura del Congreso del Estado, solicitaron información referente a obras públicas, sanciones a servidores públicos, conflictos de intereses, transparencia y cuentas públicas del Gobierno estatal, informó el Congreso sudcaliforniano.

Bajo el formato establecido, la Contralora expuso por espacio de 25 minutos y fue interrogada por varias diputadas y diputados sobre el caso del conflicto de intereses declarado por el titular de la Secretaría de Finanzas, relacionado con una empresa proveedora de boletos de avión.

Otro tema expuesto por diputados y diputadas, fue el relacionado con las obras publicas como el de obras de pavimentación publicadas como concluidas y las cuales físicamente no están realizadas; mencionaron las obras de la Calles Venustiano Carranza, tramo Márquez de León a 5 de febrero, Tecnológico entre Avenida Norte y Avenida Justicia, de la que inclusive vecinos comentaron a su representantes que se colocó un anuncio espectacular de la obra e inversión, pero ésta no se realizó; la Contralora comprometió investigar esa y otras obras similares.

También a la Contralora se le preguntó sobre el gasto en Comunicación Social por más de 66 millones de pesos, que representan 16mdp más de lo presupuestado para el ejercicio 2020.

En otra arista, a raíz de la falta de claridad en la entrega de la cuenta pública del Gobierno del Estado de febrero de 2020 a la fecha, el presidente de la Mesa Directiva pidió la intervención de la servidora pública para que se cumpla conforme a la Leyes federales y estatales en la materia.

Cabe señalar que el presidente de la Comisión Permanente de la Vigilancia e la Auditoria Superior del Estado expuso que 16 mil millones de pesos que se presupuestaron están sin ser enterados al Congreso del Estado y por ende revisados, advirtió que están riesgo de dictaminar la solventación de ese monto.

La contralora estatal comprometió enviar información que en el momento no precisó, relacionadas obras de pavimentación, catálogo de proveedores, expedientes, entre otros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el reporte de 69 acciones legislativas durante los dos años de la legislatura, la diputada representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anita Beltrán Peralta rindió informe de trabajo legislativo y gestión, correspondiente al segundo año en la XV Legislatura del Congreso del Estado, informó el propio Congreso sudcaliforniano.

En el marco de la sesión ordinaria del 22 de septiembre, la legisladora informó que a la fecha ha presentado 17 iniciativas, 6 puntos de acuerdo, 20 pronunciamientos, 4 informes y 22 dictámenes, referentes a importantes temas asuntos como clubes de música en escuelas públicas, señalización gratuita de estacionamientos azules en domicilios particulares, adopción de jóvenes mayores de edad, la iniciativa de turismo accesible para personas con discapacidad, la iniciativa para que haya paridad de género en la mesa directiva del Congreso local, iniciativa para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a viviendas con espacios adecuados para sus necesidades, el primer Parlamento Inclusivo “Voces Derribando Barreras” y sus 21 integrantes, entre varias acciones más.

Subrayó también como acciones importantes el taller de lenguas de señas y baile en sillas de ruedas, las campañas de apoyo alimentario en tiempos de COVID, “manos limpias” de distribución de pulseras con gel, caretas, difusores de sanitizante, lavamanos portátiles.

En tanto en gestión social informó la entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas, apoyos económicos con fines educativos, deportivos y médicos, entrega de pañales, medicamentos y apoyos continuos a las asociaciones civiles Prociegos, Grupo Voluntario Calafia y Fundación Sólo por Ayudar.

Anita Beltrán Peralta afirmó que legislar con visión social es su prioridad, agradeció a quienes enriquecen sus acciones legislativas, destacando que “es para mí un gusto contribuir al fortalecimiento, desarrollo y ser su porta voz en la máxima tribuna de nuestro Estado”.

Finalmente en su informe hizo un público agradecimiento a los profesionales de la salud en el estado, por su incansable trabajo, vocación y  sacrificio propio de su salud y la de sus familias.

Cabe señalar que el lunes 21 de septiembre la legisladora rindió informe a la ciudadanía en transmisión en vivo a través de su red social personal.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XV Legislatura del Congreso del Estado, acordó este martes 07 de abril por mayoría de votos crear la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual contará con autonomía presupuestal, técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó el propio Congreso del Estado.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a través de su presidenta la diputada Petra Juárez Maceda, fue dispensado de los trámites de segunda lectura y aprobado por la mayoría del Pleno.

La comisión de estudio y dictamen señaló en su exposición que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone la obligación de la creación de la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur, lo cual impone necesariamente una rediseño de nuestra Constitución local por lo que toca la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo anterior para efectos de fortalecer la procuración de justicia a través de la creación de una institución fuerte y que goce de autonomía.

El decreto establece los requisitos institucionales para ser Fiscal General del Estado, así como el periodo temporal del cargo de Fiscal General, y el procedimiento por parte del Congreso del Estado mediante convocatoria pública dirigida a la sociedad en general.

Se contempla que la Fiscalía General contará, al menos, con una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y una Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción.

La Ley contempla que los titulares de estas fiscalías deberán cumplir con los mismos requisitos que se necesitan para ser Fiscal General del Estado, durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán electos por el Congreso del Estado, con el voto de al menos las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de conformidad con el mismo procedimiento que se establece para el caso del Fiscal General del Estado.

A propuesta de la diputada Areli Amador Aldaco, se aprobaron modificaciones al dictamen para que se incluya en la Ley el leguaje inclusivo y al Artículo 64, En otra modificación, se aprobó adicionar al Artículo 157 que el Gobernador del Estado sea también sujeto a juicio político.

Tras estas discusiones particulares el dictamen fue aprobado en lo particular y en lo general.