FOTO (ILUSTRATIVA): Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Llegas a tu establecimiento comercial, para percatarte de que en el transcurso de la noche del viernes a la mañana del sábado, al menos un sujeto penetró a tu negocio. Rompe una ventana, daña una chapa, violenta tu caja registradora, para sustraer 500 pesos. Toma las llaves y se roba tu camioneta, que estaba estacionada en el exterior de tu negociación.

Victimización

Hay huellas del sujeto por todos lados. Ocasionó daños por más de veinte mil pesos, se robó tu camioneta, y 500 pesos. Eres víctima de un criminal de poca monta, localizable a partir de sus huellas dactilares.

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Revictimización 1

Llamas al 911. Te hacen esperar; debes contestar una sarta de interrogantes irrelevantes, (“Es el protocolo”, dice la voz femenina al otro lado de la línea) y al final te comenta que tal vez no valga la pena denunciar “por quinientos pesos”.

Falta profesionalizar y sobre todo, sensibilizar a los operadores del 911. Actúan de manera mecánica e irrespetuosa, pues no tratan a la víctima con el esmero y precisión que se merece. Las víctimas son seres humanos, en estado de alteración emocional generada por el evento criminal que han sufrido, y las operadoras las tratan como si estuvieran haciendo una encuesta de una cadena comercial. Y los comentarios tendientes a desanimar a la víctima para formular la denuncia, son ilegales y totalmente fuera de lugar. La víctima requiere atención y apoyo, no trato impersonal y automatizado.

Revictimización 2

Llegan elementos de la Policía Estatal y te dicen que no pueden hacer nada, porque ya entraste al establecimiento y “contaminaste la escena del crimen”. Te insinúan que no vale la pena hacer la denuncia, que nunca los atrapan, y que la camioneta al rato aparece, sin llantas y sin batería, pero que “siempre aparecen”, que la busque por los arroyos.

Las huellas del perpetrador (no se le puede llamar delincuente, por la presunción de inocencia) son visibles y están intactas. Entramos al lugar del evento (no podemos decir al lugar de comisión del delito, por la presunción de inocencia) pero eso no necesariamente contamina la evidencia ni los indicios recolectables. Es un pretexto de estos malos servidores públicos para abstenerse de realizar su trabajo y desanimar a la víctima.

Revictimización 3

Llegas al Centro de Justicia, te hacen esperar 30 minutos, te turnan con al área de atención “inmediata”, donde te indican que “sin factura no puedes denunciar el robo”, lo cual es ilegal, criminal y lacerante. El robo es de los delitos que se persiguen de oficio, y basta dar aviso a la Policía, para que se active de inmediato la maquinaria persecutora (eso dice el Código Nacional de Procedimientos Penales), pero en la PGJE de Baja California Sur, donde se aplica el código palemónico, lo que se busca NO ES combatir el crimen, sino ABATIR LA ESTADÍSTICA. Así, en su Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo dirá que durante su administración se ha implementado un exitoso programa de procuración de justicia, al reducir dramáticamente las estadísticas delictivas. Los robos están al alza, y las denuncias a la baja. ¿Se combate el delito? Desde luego que no. No hay denuncias porque la gente desiste de su empeño al enfrentar toda esta maquinaria burocrática diseñada para desanimar la denuncia. Impunidad garantizada.

Revictimización 4

Finalmente encuentras la factura de tu camioneta, y tras horas de espera (desesperante espera en la que no puedes evitar pensar que mientras tú estás ahí perdiendo el tiempo, el perpetrador –recuerda: no le puedes decir delincuente- tranquilamente desvalija tu camioneta, probablemente disfrutando de la dosis que adquirió con los quinientos pesos que te robó, y que para ello, te ocasionó daños por más de veinte mil pesos).

Finalmente logras presentar tu denuncia, y a fuerza de insistir, logras que el agente del Ministerio Público acceda a “hacerte el favor” de enviar a los peritos a tu negociación, para recabar indicios. Esto ocurre ya la tarde del sábado.

Revictimización 5

Es domingo, ya pasaron más de 24 horas del evento (recuerda, no puedes decir delitos de ROBO cometido a lugar cerrado, con violencia como medio comisivo, y ROBO a unidad motriz estacionada en la vía pública, por la bendita “presunción de inocencia”) y no puedes limpiar ni aperturar  al público tu establecimiento, porque los peritos NO HAN LLEGADO (estamos a tres minutos de su oficina, pero tienen muuuuuuuucho trabajo) y no tienen para cuando llegar. Los costos se acumulan pues no puedes operar tu establecimiento. A este punto, ya estás arrepintiéndote de hacerle caso a tu abogado, que te insistió en presentar la denuncia.

¿Quién me va a pagar todos los daños?

Continuará…

Disturbios al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO), provocaron la movilización de fuerzas federales para controlar la situación y resguardar el perímetro. FOTOS: LUIS ROLDÁN.

Colaboración Especial

Por Luis M. Roldán G.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como reportero de la nota roja en La Paz, he llevado un registro —que aunque hay que aceptar que no es oficial y que podría haber margen de error, es decir, podrían ser más—, de que en tres años la presunta guerra entre bandas del crimen organizado en Baja California Sur ha dejado 883 muertos; el pasado mes de octubre ha sido el de más crímenes de alto impacto en la historia de la media península, dejando 119 ejecutados en La Paz y Los Cabos, entre ellos, 16 mujeres y un niño de un año, y la presunción, también, de víctimas colaterales.

CULCO BCS me invitó a participar con un fotorreportaje que ilustra, de manera gráfica, la actual situación de inseguridad que desde el 31 de julio de 2014 a la fecha, no ha parado en BCS, al contrario: ha crecido. Hago las siguientes aclaraciones: todas las imágenes corresponden a distintos eventos de violencia en La Paz en un periodo de tres años; para no vulnerar la identidad de las personas, se difuminaron sus rostros; la mayoría de las fotografías fueron publicadas en NBCS Noticias, aunque hay algunas inéditas; no apelamos al morbo, por lo cual no incluimos gráficos demasiado crudos, lo que se busca es dejar un testimonio visual de esta época con imágenes significativas.

La intervención policíaca

Un reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Los Olivos puso en alerta a las autoridades, quienes localizaron en el lugar al menos 7 casquillos percutidos frente a un establecimiento de agua purificada. Un joven policía nunca dejó de tocar su arma.

Tres personas fueron atacadas a balazos en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Fe, cerca de las 21:40 horas, de las cuales dos de ellas fallecieron.

Las víctimas

Familiares de personas ejecutadas, forman parte de las víctimas que ha dejado esta guerra entre grupos delictivos en Baja California Sur. La mujer de rosa había intentado cubrir con una sábana blanca al un hombre recién asesinado, no la dejaron los policías, y ella, sintiéndose impotente de dejarlo en la tierra caliente, abrazó a otra mujer.

Una persona fue ejecutada a plena luz del día en la Privada Santa Teresa entre San Carlos y Colosio del fraccionamiento Misioneros, testigos aseguran que fue de al menos cinco disparos.

La mañana del 25 de enero del 2017, tres personas fueron ejecutadas con armas largas en las calles de Vicente Guerrero entre Revolución y Aquiles Serdán, entre las cuales se encontraba un joven de 25 años.

Dos personas fueron atacadas a balazos en la colonia Flores Magón, en las calles Margarita Maza Juárez y Sonora, dejando como saldo una persona lesionada y un ejecutado al interior de un vehículo.

La noche del 22 de octubre del 2017 un joven de 28 años de edad fue ejecutado en las inmediaciones de la colonia 8 de Octubre. Al parecer, había intentado cubrirse detrás de un tinaco, pero las ráfagas lo alcanzaron. Vecinos curiosos se preguntaban dónde estaba, pues la mayor parte del cuerpo, como se ve, no quedaba visible.

En la colonia Los Olivos fueron atacadas a balazos dos personas del sexo masculino, de las cuales una perdió la vida en el lugar y la otra minutos después en el Hospital General. Se presume que un comando iba a dispararle a un lavacoches, pero el joven que que llevaba el vehículo fue alcanzado por las balas.

Vecinos ven llegar una patrulla, una escena ya muy recurrente en cualquier colonia de La Paz; en ocasiones, las ejecuciones pueden parecer una espectáculo donde, algunos, salen con cámaras a grabar o tomar fotos; sin embargo, cada vez, los cercanos a un ejecutado también “vigilan” la actuación de los policías y reporteros en el lugar del crimen.

En marzo del 2016 fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino sobre un terreno baldío ubicado a la altura del bulevar Pino Payas. Hubo que tomar la fotografía de muy lejos, pues estaba en un sitio sin callejones, oscuro, hasta que paramédicos fueron lo que ingresaron a este predio donde habían tirado el cadáver.

FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los días 25 y 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Conferencia tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los Derechos Humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

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Conclusiones

1.- La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en actividades de seguridad en BCS, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla. Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

2.-La crisis de Derechos Humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre-transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

3.- La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las FFAA en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

4.- Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los Derechos Humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

5.- El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

6.- La prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

7.- El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

8.- Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnostico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

9.- La vida civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

10.- La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia.

Esta agenda de trabajo será objeto de observación, análisis y propuesta por medio del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática lanzado en este evento.

De manera paralela, se organiza desde la sociedad civil en Baja California Sur, el Foro Ciudadano de Seguridad Pública, en busca de generar acciones efectivas para recuperar la paz y armonía social en la entidad, a partir de los postulados apuntados, buscando su adecuación a las condiciones específicas de la media península.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Foro Latinoamericano de Profesionales en Seguridad, la seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica que todos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de evitar las alteraciones del orden social.

Las fuerzas de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso o se han producido, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de sancionarlos.

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La seguridad pública depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la Policía, de la correcta procuración y administración de justicia, de las políticas estatales y de las condiciones sociales que se generen a partir de la participación o apatía ciudadana en las labores de prevención del delito, teniendo como objetivo la tranquilidad y armonía social que se obtiene a través de la labor de prevenir, contener, combatir y sancionar las conductas socialmente lesivas.

En su proceso de ejercicio, la seguridad pública tiene distintas fases tendientes a evitar, combatir y sancionar los delitos:

Prevención: Programas de detección y erradicación de los focos generadores de conductas delictivas.

Disuación: Aquello que no se pudo prevenir, habrá que disuadir a los potenciales delincuentes, para que no lo hagan, trabajando en el ánimo del delincuente, para inhibir su intención criminal. Si pese al esquema de disuasión que se plantea por los cuerpos de seguridad, el delincuente decide llevar a cabo su delito, pasamos a la

Contención: Esquema de protección que pretende evitar la comisión del delito, utilizando para ello, la inteligencia policial, aplicando todas las herramientas tecnológicas que la modernidad y el presupuesto ponen al alcance de las corporaciones de seguridad pública, y —de ser el caso— haciendo uso de la fuerza, de manera racional y proporcional, en los casos que sea estrictamente necesario. Si la contención no es suficiente, entonces viene el

Combate: Aquí se da la flagrancia o cuasiflagrancia en la persecución del delito. Si recabamos en la investigación suficientes datos de prueba, pasamos a la

Persecución: Donde se integran las carpetas de investigación para reunir los medios de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial, buscando que el delincuente sea castigado, el daño reparado y la víctima protegida, a través de la salida alterna o la sentencia que imponga

Sanción: Al delincuente y en los casos en que se le castigue con penas de prisión, teniendo como objetivo que el reo, al cumplir su estancia carcelaria, alcance la

Reinserción Social: A efecto de que se incorpore a la sociedad de manera armónica, evitando que vuelva a delinquir.

Participación Ciudadana

¿En qué fase del proceso se incorpora la participación ciudadana en el tema de seguridad pública? Resulta determinante en la etapa de prevención, en tres actividades muy concretas, exigible a los particulares, con el apoyo y la directriz del Estado, a través de sus órganos de educación, salud y seguridad pública:

1. Formativa: En el hogar, hacia el seno del hogar. Vamos a educar a nuestros pequeños con valores, inculcándoles los principios cuyo seguimiento garantizan un desenvolvimiento social saludable, complementando los programas oficiales de educación, salud, esparcimiento, recreación, tanto en los espacios privados como públicos destinados a la convivencia, haciendo énfasis en la cultura, el arte, el deporte y la conciencia ecológica, generando todas las oportunidades necesarias para el desarrollo integral y armónico de nuestra niñez y juventud.
2. Correctiva: Toca a los padres corregir a los pequeños. Formar y corregir con el ejemplo. Ser congruentes con los valores que inculcamos, vigilar que los espacios de desenvolvimiento escolar social y familiar, se encuentren libres de factores de riesgo que propicien la violencia o las adicciones.
3. Alertiva: Detectar y evitar los riesgos corremos frente al embate de la delincuencia, a través de organización vecinal, contando con el apoyo de los operadores de proximidad social y prevención del delito, de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, que deben implementar programas permanentes de orientación y apoyo a la ciudadanía. Esta fase es determinante en la prevención del delito, pues la participación activa de la ciudadanía en las organizaciones vecinales es el mejor inhibidor de las conductas delictivas.

Conclusión

Somos parte de la responsabilidad colectiva, específicamente en el campo de la prevención del delito, de la mano de las autoridades. El que el Estado no cumpla con su parte, no nos exime de nuestra responsabilidad en las tareas de prevención del delito, específicamente en ámbito familiar y social, atendiendo nuestra función formativa, correctiva y alertiva.

Sin soslayar nuestra responsabilidad, tenemos el derecho irrestricto de exigir al Estado, el diseño, implementación y seguimiento de programas y acciones eficaces de  prevención, disuasión, contención, combate, persecución y sanción del delito, con el más alto nivel de eficiencia, hasta recuperar la paz, armonía, tranquilidad social que nos han sido arrebatadas.

Es importante que los ciudadanos asumamos un rol proactivo en el tema de seguridad pública, participando en las organizaciones vecinales e incorporándonos a la Contraloría Ciudadana*  de reciente integración en el Estado, o cualquier otro espacio de participación desde la sociedad civil organizada, que nos permita ser severos escrutadores del quehacer público. Necesitamos pasar de simples espectadores vulnerables a celosos escrutadores del quehacer oficial en materia de seguridad pública.

Ya no queremos falsas promesas, ni pretextos, ni reparto de culpas. Queremos resultados, y debemos exigirlos.

*  Contraloría Ciudadana, La Paz, BCS.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A finales de 2014, el Ejecutivo federal planteó la desaparición de la Policía Municipal, y la creación de 32 corporaciones estatales con Mando Único, para encargarse de las funciones de seguridad pública. La propuesta relegaba la participación municipal exclusivamente a funciones de prevención del delito, pues incluso el tránsito terrestre, estaría a cargo de la corporación estatal.  Tanto la oposición como organismos de la sociedad civil acusaron la inconstitucionalidad e inoperatividad del proyecto.

Tras negociaciones en el Senado y la Conago, finalmente se optó por un modelo de Mando Mixto, donde operan en cada entidad un cuerpo policial estatal y los municipios conservan sus corporaciones, condicionando su existencia a la evaluación y certificación del Gobierno federal, como requisito insalvable para el acceso a los recursos federales correspondientes, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de los estándares de profesionalización, controles de confianza, equipamiento e infraestructura.

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El objetivo fundamental es contar con un modelo policial homogéneo, a nivel nacional, y se pretende brindar la misma capacitación y formación a todos los elementos policiacos, mediante un Sistema Nacional de Carrera Policial, para tener un nivel de exigencia en conocimientos, capacitación, adiestramiento y evaluación, unificado en todo el país, de tal suerte que si un elemento desea cambiar de domicilio, o es enviado a trabajar a otra entidad, podrá conservar sus beneficios, salario, prestaciones y se le respetara su rango.

El modelo es un híbrido entre los carabineros de la Policía Nacional Chilena, la Guardia Nacional Española y la Gendarmería Francesa. En en el papel es una belleza operativa y funcional, pero su implementación —en una expectativa realista—, tomará una veintena de años, y muchísimos recursos económicos aplicados a un programa sostenido de formación, equipamiento, supervisión, evaluación  y certificación permanente.

Mientras todo eso sigue siendo un programa de remota aplicación en Baja California Sur, el modelo del Mando Mixto que se ha intentado implementar, ha sido un fracaso en lo operativo, y atendiendo a los resultados medibles a la fecha, ha resultado contraproducente.

Las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y en lugar de hacer eso, en la entidad se ha centrado la exigencia en los elementos sin grado, mientras los titulares y los altos mandos siguen siendo designados por dedazo y no por méritos, conocimientos, capacidad y experiencia, lo que genera inconformidad entre el grueso de corporación, a lo que se suma la diferencia de sueldo y prestaciones entre oficiales de rango similar, pero de distintas corporaciones.

El Gobierno estatal, lejos de responsabilizarse de los malos resultados, ha decidido culpar de los mismos a la corporación más endeble, a los elementos de la Policía Municipal, cuando la verdad de las cosas es que el fracaso se genera por la falta de coordinación y los abusos de los mandos estatales, que en lugar de “coordinación”, implementaron esquemas de “subordinación”, sin que ello elevara el nivel de funcionalidad operativa, pues resultó contraproducente y además generó malestar y antagonismo entre los elementos de ambas corporaciones.

Debe desaparecer el Mando Mixto, pues su desastrosa implementación atenta contra la  dignificación de la institución policial municipal, el respeto a las escalas de jerarquía de los comandantes y subcomandantes en activo, y genera abusos hacia policías sin grado, por parte de elementos de la Policía Estatal.

“Resultados” del Mando Mixto en BCS

Aunado a los problemas interinstitucionales ya reseñados, atendiendo únicamente a las cifras oficiales, la incidencia delictiva refleja un aumento sin precedentes, según bases del Secretariado Ejecutivo, en tres delitos: Robo en distintas modalidades, Homicidios dolosos y Delitos sexuales. A ello se suma la estadística de la ONG “Semáforo delictivo” que ubica a Baja California Suren los primeros lugares en extorsión, homicidio violento, delitos sexuales, robo a casa habitación y lesiones. Incluso el secuestro, que oficialmente no existe, se reporta en un 0.3 en la proporción poblacional de uno por cada 100,000 habitantes.

El panorama es desalentador. No hay planes  de trabajo, ni esquemas operativos funcionales ni mesas de análisis para la toma de decisiones operativas. Pueden seguir cambiando al comisario estatal cada seis meses, pero es claro que la solución de la problemática no está en la reasignación de un solo mando.

Les creímos cuando nos dijeron que “sabían cómo”, que “no les temblaría la mano” y que “acabarían rapidito con la inseguridad”; votamos por ellos y ahora estamos pagando muy caro el precio de nuestra ingenuidad.