IMAGEN: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de la comparecencia de la titular de la Contraloría General del Gobierno del Estado (CGE), Sonia Murillo Manríquez, integrantes de la XV Legislatura del Congreso del Estado, solicitaron información referente a obras públicas, sanciones a servidores públicos, conflictos de intereses, transparencia y cuentas públicas del Gobierno estatal, informó el Congreso sudcaliforniano.

Bajo el formato establecido, la Contralora expuso por espacio de 25 minutos y fue interrogada por varias diputadas y diputados sobre el caso del conflicto de intereses declarado por el titular de la Secretaría de Finanzas, relacionado con una empresa proveedora de boletos de avión.

Otro tema expuesto por diputados y diputadas, fue el relacionado con las obras publicas como el de obras de pavimentación publicadas como concluidas y las cuales físicamente no están realizadas; mencionaron las obras de la Calles Venustiano Carranza, tramo Márquez de León a 5 de febrero, Tecnológico entre Avenida Norte y Avenida Justicia, de la que inclusive vecinos comentaron a su representantes que se colocó un anuncio espectacular de la obra e inversión, pero ésta no se realizó; la Contralora comprometió investigar esa y otras obras similares.

También a la Contralora se le preguntó sobre el gasto en Comunicación Social por más de 66 millones de pesos, que representan 16mdp más de lo presupuestado para el ejercicio 2020.

En otra arista, a raíz de la falta de claridad en la entrega de la cuenta pública del Gobierno del Estado de febrero de 2020 a la fecha, el presidente de la Mesa Directiva pidió la intervención de la servidora pública para que se cumpla conforme a la Leyes federales y estatales en la materia.

Cabe señalar que el presidente de la Comisión Permanente de la Vigilancia e la Auditoria Superior del Estado expuso que 16 mil millones de pesos que se presupuestaron están sin ser enterados al Congreso del Estado y por ende revisados, advirtió que están riesgo de dictaminar la solventación de ese monto.

La contralora estatal comprometió enviar información que en el momento no precisó, relacionadas obras de pavimentación, catálogo de proveedores, expedientes, entre otros.

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputados cuestionaron la participación ciudadana en el seguimiento al gasto público y obras que realiza el Gobierno Estatal, así como la vigilancia y observación que realiza la Contraloría General estatal, lo anterior en el marco de la  comparecencia de la contralora general, Sonia Murillo Manríquez, informó el Congreso del Estado.

En sesión extraordinaria se desarrolló la comparecencia de la titular de la contraloría, dependencia encarga de la revisión de obras y acciones ejecutadas con recursos estatales, quien expuso que con la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría General impuso 3 sanciones administrativas por faltas no graves y ejecutó 3 sanciones por faltas administrativas graves imputadas a un servidor público, impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que consistieron en una suspensión, una destitución y una inhabilitación.

En recepción de denuncias, recibió un total de 844, que representan un 57% más con relación al periodo anterior, de las cuales 33 % provienen de Auditoria Superior de la Federación (ASF)  y 14 de la Secretaria de la Función Pública (SFP), 13%, corresponden a denuncias ciudadanas; y el 8% restante se relaciona con la aplicación extemporánea del examen toxicológico con las cuales colabora interinstitucionalmente la dependencia estatal. Mientras que en procedimientos de investigación se incrementaron en un 58 %, de 315 se elevaron a 543 en el periodo.

A pregunta de la diputada Rosalba Rodríguez sobre vigilancia a las licitaciones, la titular de la Contraloría informó que la dependencia interviene en el 70% de la asignación de las obras públicas, dando cuenta del desarrollo de las mismas.

Reportó que en el cuarto año de la administración, la dependencia observó 337 de los 570 procedimientos de contratación, en los 337 de gobierno y ayuntamientos fueron asignados recursos públicos por la cantidad de mil 649 millones 185 mil pesos.

Fue cuestionada también sobre el presupuesto asignado a la Casa del Estudiante en la Ciudad de México, sobre el fondo minero, comités de contraloría social, entre otros.

Respecto a las contralorías sociales informó que se crearon 413 comités con la participación de mil 535 ciudadanos para obras, acciones y servicios de 22 programas sociales ejercidas con 88 millones de pesos.