Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reforma constitucional de 2008 generó una revolucionaria transformación del sistema penal, que de ser inquisitivo pasaría a ser acusatorio, oral y adversarial. La promesa de la costosísima implementación de la reforma al sistema de justicia penal, fue terminar con la corrupción, la impunidad, el rezago en la resolución judicial y la despresurización de los centros carcelarios, convertidos en universidades del crimen.

El objetivo primario, -se nos dijo- era obtener a través del debido proceso, y los mecanismos alternos de solución de justicia, un sistema dinámico, transparente y eficiente que permitiera el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar castigar al culpable, que el daño fuera reparado, se protegiera a la víctima, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, prevaleciendo en todo momento la presunción de inocencia.

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Catorce años después, nos encontramos en Baja California Sur, con un sistema de justicia colapsado, con una sobrecarga de trabajo que hace lento, deficiente, costoso, y en muchos casos injusto el proceso penal. Los viejos vicios del llamado sistema tradicional, prevalecen y se ven reflejados en los altos índices de impunidad, corruptibilidad y complicaciones en el engranaje de acceso a la justicia, propiciados principalmente por la falta de voluntad política de los titulares de área, para subsanar las añejas fallas que actualmente prevalecen. El poder judicial estatal ha sido incapaz de enfrentar eficazmente el reto de aplicar la reforma constitucional, con el eterno pretexto de falta de presupuesto, que no es del todo cierto, pues cuentan con un fondo millonario en dólares, del que no se rinde cuentas y se maneja discrecionalmente, atendiendo más a menesteres particulares que al interés público. Se acabaron los fondos federales destinados a la implementación, y se terminó la construcción de instalaciones adecuadas y funcionales.

La excesiva carga de trabajo requiere al menos que se duplique el número de jueces penales y la plantilla administrativa de apoyo. La incapacidad del poder judicial ha hecho imposible abatir el rezago. Hay personas privadas de su libertad que llevan doce años o más en algunos casos, esperando que se les dicte sentencia. Otro aspecto en el que ha fallado el poder judicial, es el de la unificación de criterios. En un mismo partido judicial, enfrentamos criterios contradictorios respecto de casos similares. En Los Cabos, por solo citar un ejemplo, al cumplir dos años de prisión preventiva oficiosa, una persona acusada de secuestro fue puesta en libertad, mientras personas acusadas de delitos que no son de alto impacto, permanecen en prisión preventiva oficiosa por periodos superiores a los dos años que marca como límite tanto la Constitución General de la República, como el procesal nacional de la materia.

El sistema de justicia penal plasma su vertiente en cinco principios fundamentales: publicidad, contradicción, concentración, continuidad y oralidad. Con el pretexto de la pandemia, se negó el acceso del público a las audiencias. Estamos en semáforo verde y sigue la prohibición de acceso, proscribiendo así la publicidad. La concentración y la continuidad son inoperantes. Juicios que debieran ventilarse de manera ininterrumpida, se llevan a cabo en audiencias diferidas, haciendo que un juicio que debiera durar seis días se prolongue en su procedimiento hasta por tres meses. La oralidad se trastoca porque se permite a las partes leer sus argumentos, en lugar de exigir que se viertan de manera oral y directa.

Amén de todo lo anterior, que implica la violación a los principios rectores del proceso y a la incapacidad de alcanzar los objetivos generadores de la reforma, quizá la mayor falla en la implementación del sistema estriba en la inoperancia de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Más del 60 por ciento de los casos que llegan a juicio, pudieron ser solucionados en la vía de la conciliación. No se ha sabido o no se ha querido darle a la conciliación y a la mediación, la importancia que tiene como salida alterna y despresurizadora de la carga de trabajo que enfrentan los juzgados penales en particular, y todos los demás juzgados, en general.

En el discurso oficial, el tribunal de justicia estatal presume la modernización de las herramientas de trabajo en la impartición de justicia, lo cual no es del todo preciso, pues si bien se han digitalizado algunos sistemas y se cuenta con apoyo tecnológico en algunas áreas, lo cierto es que enfrentamos un retraso de 8 años, en comparación con otras entidades de la República que si se encuentran a la vanguardia en tecnología de apoyo. A la fecha, el juzgado penal del sistema tradicional que concentra en La Paz, en todos los procesos que se ventilaban en Los Cabos y La Paz, es incapaz de citar y notificar mediante correo electrónico, lo que obliga a víctimas y procesados que radican en Los Cabos, a trasladarse hasta La Paz, solo para recibir notificaciones.

Las instalaciones físicas del juzgado penal del sistema tradicional y del Juzgado de ejecución de sentencias, así como las instalaciones de los juzgados de Cabo San Lucas, se ubican en la planta alta y no cuentan con elevadores, lo que obliga a justiciables y operadores del sistema con discapacidad motriz, a usar escaleras, en franca violación a su derecho humano a la movilidad, y con riesgo de sufrir una lesión al subir o bajar escaleras con muletas o en sillas de ruedas.

Por todo lo expuesto, es urgente llevar a cabo una reestructuración del aparato de administración de justicia en el Estado.

El Congreso tiene la palabra.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Víctima, pericia y criminología: tres protagonistas del sistema penal que han sido olvidadas en el devenir de su implementación. Dividiremos este artículo en tres partes, de tal suerte que nos resulte posible exponer a profundidad la importancia de cada uno de estos temas. Iniciaremos con la no tan conocida y muchas veces confundida: criminología.

Tal vez debido a su similitud fonética, derivada de la raíz etimológica que comparten, es frecuente que la criminología se confunda con la criminalística. No es raro escuchar que operadores del sistema e incluso magistrados judiciales homologuen el uso de ambos términos en su discurso. Tal vez sea esa imprecisión conceptual —que gravita en el profano— la culpable de que la criminología sea hoy por hoy la gran ausente en los programas de seguridad pública que se intentan implementar en Baja California Sur.

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Nos esforzaremos por aclarar las diferencias entre ambos conceptos. La criminalística se encarga de aplicar distintas técnicas y conocimientos obtenidos de las ciencias exactas en el esclarecimiento de un hecho que reviste las características de delito; con los objetivos específicos de elucidar: tanto forma, tiempo y lugar como la mecánica de un evento, y cuando el acervo evidencial así lo permite, determinar quién lo cometió. El criminalista, quien interviene con el fin de aplicar su experticia después de que se cometió el evento, trata de responder a las interrogantes planteadas.

La criminología es la ciencia que se encarga del estudio del fenómeno criminal con atención al autor y sus motivaciones a través del método deductivo de investigación; esta disciplina encontrará gran apoyo en la psicología, sociología, antropología y otras ramas de las ciencias humanas, conexas y complementarias

Frente a un hecho delictivo, la criminalística, con base en las ciencias exactas y mediante una metodología de corte predominantemente inductivo busca responder a las preguntas: ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde se perpetró el delito? y, ¿qué mecánica operativa se desplegó? De manera complementaria y en ocasiones paralela busca responderá a la interrogante: ¿por qué?

El gran aporte que la criminología hace a la seguridad pública estriba en  que nos ayuda a comprender el fenómeno delictivo a partir del aspecto conductual. Si sabemos qué es lo que motiva la conducta delictiva, estaremos en condiciones de preverla. Si entendemos la importancia de aplicar esta disciplina específicamente al campo de la prevención, estaremos en condiciones de avanzar en el combate a la delincuencia al atacar sus causas con antelación funcional, y no tendremos que limitarnos —como lo hacemos actualmente— a combatir sus consecuencias.

En los 12 años que llevamos trabajando en la preparación, implementación y consolidación del sistema penal acusatorio, nos hemos centrado en los llamados juicios orales, cuando irónicamente lo que se busca es resolver la problemática de los conflictos sociales relacionados con los hechos delictivos, sin tener que llegar a la etapa de juicio. Tenemos edificios inteligentes, y una enorme y costosa reingeniería de la maquinaria burocrática involucrada en los procesos de investigación, persecución y sanción del delito, no obstante, hemos descuidado en todo el trayecto a la actividad que considero es la más importante: la prevención. Al enfocarnos en programas genéricos, importados y mal adaptados que tal vez pudieron haber sido exitosos en sus lugares de origen, como Querétaro, Sonora o Guanajuato, pero que en nuestra entidad no han sido eficaces, erramos la receta; Baja California Sur no se parece a ningún otro Estado de la República.

En materia de prevención del delito necesitamos un traje a la medida, ajustado específica y sistemáticamente a cada problemática que la geografía criminal del Estado nos presenta. No basta separar los programas en urbanos y rurales. Los programas genéricos no funcionan porque no se toman en consideración las peculiaridades socioculturales, económicas y poblacionales de las distintas demarcaciones. Tenemos que reconocer la importancia de prevenir; si queremos hacerlo de manera exitosa es necesario incorporar a los profesionales de la criminología en los procesos de investigación y dictaminación del fenómeno delictivo: sus causas, sus detonantes. De otra manera, los esfuerzos aplicados a la seguridad pública, específicamente en la materia, seguirán ociosos, costosos e ineficaces.

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