La Guardia Nacional: balazos, ¿no abrazos?
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Agenda Comunitaria
Por Frank Aguirre
La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Algunas vez has visto el documental Hasta los dientes? El 19 de marzo del 2010 el Gobierno mexicano presidido por Felipe Calderón, anunció la muerte de dos sicarios armados “hasta los dientes,” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días después se reveló que en realidad se trataba de dos estudiantes de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey. Estos jóvenes fueron golpeados, torturados, coersionados y asesinados por militares, uno de los estudiantes era sudcaliforniano.
Puedes imaginar, bajo estas circunstancias, ¿cuántas veces ha pasado la misma historia?, ¿cuántas veces el Ejército actuó contra civiles e intentó ocultar los hechos?, ¿en cuántas ocasiones la justicia mexicana abusó de su autoridad e inculpó a inocentes?, ¿en cuántos casos los militares han hecho uso excesivo de la fuerza, y por cubrir sus huellas, alteran los hechos?,¿cuál es la deuda del Ejército por violar la ley y los derechos civiles? Tlatelolco 1968. Presunto culpable, 2011, Tlataya.
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Tan sólo hoy en día, el Ejército debe 1.5 millones de pesos, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo encontrara culpable de desaparecer a tres jóvenes: José Ángel, Nitza Paola —quién padece una discapacidad motriz que le impide caminar— y Rocío —madre de una niña de 11 años. El organismo internacional concluyó que estas tres desapariciones forzadas se dieron en el contexto de la estrategia de “despliegue de efectivos militares para labores policíacas”, emprendida en 2007 por el ex presidente Calderón, y emanada del Partido Acción Nacional (PAN), táctica que ha perdurado hasta la actualidad, sin cambios sustanciales.
Actualmente la situación es abrumadora. Comparto datos de Ricardo Raphael, periodista de El Universal:
1.- Casi un tercio del territorio nacional sufre la presencia del crimen organizado, porque ya no sólo se trata de “la droga”, hace años que la delincuencia ha evolucionado en negocios billonarios como la tala ilegal, la pesca ilegal —tanto en el Golfo de California como en el Golfo de México—, el robo de combustible (huachicoleo), el neoextractivismo, entre otros.
2.- Casi todas las policías locales se han manifestado incapaces para enfrentar dicha violencia y vulnerables de ser infiltrados por la misma.
3.- El Gobierno nacional cuenta con un policía por cada 4 mil 800 mexicanos. Lo deseable sería tener un policía por cada mil habitantes.
4.- La mayoría de los gobernadores de los territorios bajo violencia por el crimen organizado se han declarado incompetentes y han exigido al Gobierno Federal que se haga cargo de enfrentar a dichos criminales a través del ejército.
Ante éste panorama desolador, para muchas personas es lógico que el Ejército tome cartas en el asunto “porque son más”, “porque están mejor preparados”, “porque son menos corruptibles”, con respecto a esto último, ¿estamos seguros? No intento generalizar porque —al igual que muchos— conozco amigos cercanos, los cuales tienen padres, tíos o hermanos, que son parte del mando militar; sin embargo, el control disciplinario, la transparencia con la que opera el Ejército y el escrutinio profesional sobre sus elementos está fuera de control. Únicamente entre 2008 y 2011, durante el “Operativo Conjunto Chihuahua”, se presentaron 457 denuncias contra el ejército por violaciones a derechos civiles, la mayoría por allanamiento de morada, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Cada vez que leo las noticias y fallos de jueces contra marinos o militares, no puedo evitar pensar en lo ilógico que sería recrudecer la “guerra contra el narcotráfico“. Algunos casos de este tipo son el de Magdalena Saavedra, quien fue violada en grupo durante 11 horas, por las Fuerzas Armadas; o las 28 mujeres detenidas e inculpadas por delitos que no cometieron y que fueron forzadas a inculparse mediante golpes, tortura y violaciones. Asimismo, en Coahuila un grupo de 20 soldados violaron y agredieron físicamente a trece mujeres el 11 de julio el 2006; también se conoce el caso de Valentina Rosendo, originaria de la etnia me´phaa, quien a sus 17 años fue abusada sexualmente por dos soldados del Ejército Mexicano, cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo al sur de Guerrero.
A pesar de toda esta monstruosidad, hace pocos días se aprobó en el Senado una de las más grandes pesadillas para la sociedad civil organizada: La Guardia Nacional. Un zombi, como dice Alfredo Lecona, de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Militarizar la seguridad pública es anticonstitucional; según el Artículo 129 de la Constitución, en tiempos de paz los militares no pueden ejercer más funciones “que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
El Artículo 21 establece que las instituciones encargadas de la seguridad pública serán de carácter civil […] Hay quienes claman que la policía tiene la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, y el Ejército de combatir enemigos de la nación, es decir, cuando éste está a cargo de la seguridad pública significa que el enemigo son los integrantes de esa nación.
Lo que se pretende con la Guardia Nacional es lo siguiente: el Jefe de Estado puede ordenar directamente la intervención de la Marina y el Ejército, y tiene control expedito sobre el despliegue de fuerzas armadas bajo términos ambiguos; las Fuerzas Armadas en ese sentido podrán “levantar” personas sin criterios específicos —como las “acciones preventivas”—, por lo que el Ejército y la Marina tendrán en las calles una mala regulación del uso de la fuerza, con protocolos deficientes y sin supervisión.
Desde el 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reporta ni un sólo registro de muertos, heridos o detenidos a partir de sus enfrentamientos, ni los datos de homicidios publicados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), tampoco se puede acceder a los datos o información que permita evaluar con detalle la forma de trabajo en materia de seguridad pública tanto del Ejército como la Marina.
Entonces, ¿por qué consideramos que no funcionará la Guardia Nacional? Porque esto tiene 12 años haciéndose igual:
1.- El número de homicidios a nivel municipal no se redujo, sino que incrementó, especialmente si estaban involucrados elementos de la Sedena.
2.- El número de civiles heridos y muertos durante enfrentamientos, en el periodo de 2008 a 2014, fue en aumento.
3.- De 2006 a 2011, sólo el 1.9% de los enfrentamientos tuvieron una orden judicial; tanto la Marina como el Ejército operaron sin planes de inteligencia o investigación durante esos años. O sea, estos grupos operan en base a ocurrencias que surgen durante patrullajes.
4.- En el 70% de las detenciones durante el sexenio de Calderón hubo tortura como búsqueda de una confesión, muchos de esos casos terminaron en confesiones falsas debido a la violencia ejercida contra los detenidos.
5.- Cuando el Ejército toma a su cargo la seguridad pública en un municipio, esto incrementa la violencia en un 8% y aumentan los homicidios a nivel municipal un 9% , no necesariamente como consecuencia de enfrentamientos entre militares y criminales, como se ha mencionado anteriormente en ésta columna.
Lo que más me indigna de toda está situación, es el giro que dio el discurso de Andrés Manuel López Obrador; como candidato afirmó “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, no están preparados para esta función”. No obstante, hace apenas unos días otorgó a los militares atribuciones más grandes de las que ya tenían en materia de seguridad pública, recordemos que esa no es su función. Lo errático es que su postura fue respaldada por funcionarios que hace un año estaban contra la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, y ahora junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvieron mayoría en el Senado para aprobarla.
¿Qué advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Guardia Nacional:
1.- Se abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares. Ya sabemos que pasa cuando te levanta el Ejército: no reporta levantamientos, hay privación de la libertad injustificada, torturas y asesinatos extrajudiciales.
2.- Hay una indebida regulación de los alcances del fuero militar, es decir, mayor impunidad para los casos de violación de derechos civiles como la tortura, el abuso sexual y la privación de la libertad de inocentes.
3.- No cumple con los estándares internacionales que se comparten en la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), como es establecer que las tareas de seguridad pública correspondan a fuerzas civiles —es decir, a la Policía—y que ésta se encuentre bajo mecanismos de control civil y que las Fuerzas Armadas le correspondan la seguridad en las fronteras y eventuales situaciones de conflicto armado. La iniciativa actual no representa alternativas reales de mejora para los ciudadanos, peso sí altas probabilidades de que la situación empeore.
Cabe mencionar que sorprende las respuestas en redes sociales. A quienes de forma directa o indirectamente hemos colaborado en la iniciativa de ‘Seguridad Sin Guerra‘, se nos ha tildado desde panistas, priístas, fresas o “fifís”; han surgido descalificaciones sin argumentos como el reclamo de “¿por qué estuvieron callados los otros sexenios?”. Como señaló Citlali Nepomuceno, el debate sólo se centra en descalificar a quienes no piensan como el Presidente, una narrativa sin conciencia sobre las luchas recientes; ya no importan los argumentos, el análisis o el debate de ideas, sino la repetición de un discurso disciplinado, justo como la partidocracia del PRI y del PAN llevaba haciéndolo por décadas.
Dirán en medios, en declaraciones y en las redes, que se incluyó a la sociedad civil organizada, a expertos opositores, sin embargo, no es nada más que otra simulación equiparada a los foros de movilidad que realizó el mismo gobierno de Carlos Mendoza Davis. Ahora veamos esto desde otra perspectiva:
Si fuera el PRI, ¿qué sentirías? Si fuera el PAN quien estuviera promulgando ésta iniciativa, ¿qué dirías? En cualquier momento Morena dejará de ser ubicua y omnipresente; cuando eso suceda, el poder militar pasará a otras manos, ¿y si esas manos fuera la de un gobierno opaco, conservador, racista, aporofóbico, con aversión hacia la diversidad sexual, cultural, de pensamiento, o a la diversidad teórica y filosófica, como en Brasil? En lo personal considero esta situación como peligrosa y alarmante, más allá de lo que algunos piensen sobre la estrategia contra el huachicoleo o la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la Guardia Nacional es la más grande pifia de éste sexenio y difícilmente será superada. Espero equivocarme, sin esperanzas.
Es hora de voltear a ver los procesos de justicia restaurativa en los barrios afroamericanos de Estados Unidos; los centros de readaptación social en Islandia o Finlandia; discutir sobre otro modelo económico que no se sostenga sobre la pobreza y explotación de la mayoría; analizar la política de seguridad municipal de la alcaldía de Morelia o los procesos de paz en Colombia; así como la regulación sanitaria de adicciones en Portugal y Noruega. Seguridad sí, sin guerra.
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