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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Rosalva Vergara Martínez propuso precisar en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH BCS) que tres de los cinco consejeros o consejeras del Consejo Consultivo de la comisión, deben contar con título de la carrera de Licenciatura en Derecho, informa el Congreso del Estado a través de un boletín de prensa.

La diputada Vergara Martínez explicó que realizó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la CEDH BCS, a fin de evitar malas interpretaciones jurídicas o que se considere de los tres consejeros con ese perfil al o la titular, como sucedió en la elección pasada del titular del organismo defensor de los derechos humanos.

Propuso reformar el Segundo Párrafo del Artículo 23 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur “con la finalidad de precisar que de las cinco personas de reconocido prestigio en la sociedad, que integran el consejo consultivo, al menos tres, deberán contar con título de Licenciatura en Derecho, excluyendo de este supuesto, para cualquier mala interpretación a la persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien presidirá dicho consejo”.

El texto vigente establece que “el Consejo Consultivo es el órgano de representación ciudadana de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que estará presidido por el titular de la Comisión Estatal e integrado por cinco personas de reconocido prestigio en la sociedad, que desempeñen funciones de opinión y análisis respecto de la situación que guardan los derechos humanos en la entidad, así como de la buena marcha de la propia Comisión”.

Del número de integrantes del Consejo Consultivo al menos tres, deberán contar con título de Licenciatura en Derecho y se designarán respetando el principio de paridad de género. El texto propuesto indica que “De las cinco personas a que se hace referencia en el párrafo anterior y que integran el Consejo Consultivo […] el principio de paridad de género”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de agilizar los procesos de adopción y reducir los obstáculos legales, la diputada Rosalva Vergara Martínez propuso reformar la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado y el Código Civil para el Estado, informa el Congreso del Estado a travpes de un boletín de prensa.

La propuesta busca agilizar el inicio de los trámites de los juicios de pérdida de la patria potestad y establecer sanciones en caso de que no se inicien con celeridad. La legisladora narró que los procesos judiciales para la adopción son extremadamente largos, complicados y engorrosos, y que aunado a la falta de promoción, ocasionan que los presuntos padres adoptivos abandonen los procedimientos, situación desde luego, en perjuicio de los menores.

La propuesta reforma la Fracción IX de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado para que la dependencia tenga la atribución de: “promover en coordinación con el Ministerio Público ante el Juez de lo Familiar, la tramitación de los juicios relativos a la pérdida de la patria potestad, lo cual deberá ocurrir dentro de los 30 días siguientes a que tenga conocimiento de la actualización de alguna de las hipótesis de pérdida de la patria potestad previstas por el Artículo 507 del Código Civil para el Estado”.

Establece también que se presume que se actualiza alguna de las causales de pérdida de la patria potestad, a partir del momento en que el menor sea puesto en resguardo de Casa Cuna-Casa Hogar, o bien a partir del momento en que tenga conocimiento de su actualización a través de los expedientes que le sean turnados por el Ministerio Público por conducto del Departamento de Trabajo Social.

Así mismo, señala el comunicado del Congreso del Estado, la propuesta contempla también que, la falta de promoción oportuna del juicio de pérdida de la patria potestad, cuando su promoción sea procedente, se sancionará con la destitución de él o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

La diputada Vergara Martínez recordó que los padres, no sólo biológicos, sino también adoptivos, pueden perder la patria potestad sobre sus hijos menores de edad, en caso de incumplir con los supuestos de hipótesis de pérdida.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para actualizar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, el Congreso del Estado analiza desde hoy una iniciativa con proyecto de decreto que establece el correcto desempeño de los servidores públicos, propuesta presentada por la diputada Rosalva Vergara Martínez.

Lo anterior, para que se cumplan los principios y obligaciones que rigen su actuación, como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y eficiencia, se informa a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, la iniciativa presentada este martes en tribuna, propone reformar las Fracciones VI, IX y X del Artículo 7; y se adicionan las Fracciones XI, XII, XIII y un último párrafo al Artículo 7, un segundo párrafo al Artículo 52, un segundo párrafo al Artículo 53, un segundo párrafo al Artículo 54, un segundo párrafo al Artículo 59 y los Artículos 60 BIS, 63 BIS y 80 BIS, todos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Esta reforma, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, implica incluir dentro de las directrices que observen los servidores públicos la efectiva aplicación de los principios antes descritos en las funciones de administrar los recursos bajo el principio de austeridad; la abstención de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares; así como de intervenir o promover en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Rosalva Vergara Martínez exhortó a sus homólogos del Congreso del Estado como a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, para que se someta a discusión y aprobación el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado en materia de revocación de mandato y que también se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur, se informa a través de un comunicado oficial.

En su segunda intervención en tribuna, la legisladora refirió que el 30 de noviembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 2990, referente a reformas y adiciones a la Constitución estatal en materia de revocación de mandato, con el que se otorga a los ciudadanos sudcalifornianos el derecho de contar con un instrumento de participación ciudadana, que les da la posibilidad de determinar o no, la conclusión anticipada de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, el cual “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”, como indica el Artículo 28 de la Constitución local en su Fracción VII.

Así también, se refirió a una iniciativa para dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de dicho decreto, iniciativa que fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia durante la sesión de este martes, señala el boletín de prensa del Congreso del Estado.

La legisladora reparó en que, a partir de agosto de este año, los sudcalifornianos podrán hacer uso, de así decidirlo, de su derecho constitucional de solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado, lo cual se dificulta al no contar con las adecuaciones correspondientes a las leyes en la materia, ya que la legislación indica que “los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto Estatal Electoral emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas”.

Finalmente, señaló que como parte de su trabajo iniciado hace algunas semanas, está analizando las leyes vigentes en el Estado y lleva a cabo estudios de derecho comparado con la legislación federal y con otras legislaciones estatales, ya que “no se debe olvidar que las leyes se encuentran en constante evolución, y este congreso no puede permitir que nuestra normatividad estatal se encuentre desfasada o contraria a derecho”.