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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XV Legislatura en pleno, aprobó la propuesta de ley presentada por el diputado Rigoberto Murillo Aguilar y las diputadas Perla Flores Leyva, Soledad Saldaña Bañales y Lorenia Lineth Montaño, Ley que Regula la Utilización de Colores, Símbolos, Publicidad y Propaganda Gubernamental, informó el Congreso del Estado.

Esta ley prohíbe la utilización de colores en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público, papelería, documentos y uniformes oficiales de trabajadores y funcionarios de los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos, y cualquier dependencia de la administración pública estatal centralizada o descentralizada.

Lo anterior, busca evitar que los partidos políticos se promocionen utilizando sus colores en la infraestructura gubernamental e imagen institucional, previniendo que en cada periodo de administración estatal o municipal, los cambios de los colores son utilizados como propaganda política, generando un alto costo económico, en perjuicio del uso de los recursos públicos.

Esta ley destaca que la Contraloría General del Estado y los órganos internos de control de los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos, y cualquier dependencia de la administración pública estatal o municipal, centralizada o descentralizada, velarán por el estricto cumplimiento y observancia de esta Ley.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diputadas Lorenia Montaño Ruíz, Perla Flores Leyva y el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, presentaron ante el Congreso del Estado de Baja California Sur, una iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se propone derogar diversas disposiciones de las Leyes de Hacienda para los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, informó el Congreso del Estado.

La iniciativa presentada tiene como fin dar respuesta a las voces ciudadanas de los distintos distritos, que lamentan los excesivos cobros en multas y recargos que se aplican al no pagar a tiempo los impuestos municipales. Los promotores de esta iniciativa, hicieron saber que durante los recorridos en sus distritos electorales, en múltiples ocasiones la ciudadanía les planteó la necesidad de revisar las Leyes de Hacienda municipales, a fin de acabar con cobros excesivos.

La diputada Lorenia Montaño, expresó que se han dado a la tarea de analizar las disposiciones de las Leyes de Hacienda municipales en esta materia, con el objetivo de hacer, en su caso, las adecuaciones necesarias o derogaciones.

La iniciativa plantea que se deroguen los artículos 156 y 157 de la Ley de Hacienda para el municipio de Los Cabos, las fracciones I y II del artículo 171 de la Ley de Hacienda para el municipio de La Paz, los artículos 114 y 115 de la Ley de Hacienda para el municipio de Comondú, los artículos 114 y 115 de la Ley de Hacienda para el municipio de Loreto, y los artículos 177 y 178 de la Ley de Hacienda para el municipio de Loreto, abarcando así todos los municipios de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Secretario de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, Rigoberto Murillo Aguilar, informó que se trabaja en la última etapa de revisión de la iniciativa que crea la Ley de Movilidad y Transporte para Baja California Sur, cuyo objetivo es dotar de ordenamientos jurídicos que pongan a la vanguardia al sector trasporte en la entidad, informó el Congreso del Estado.

En su calidad de Presidente de la Comisión Permanente de Transporte, informó que “estamos trabajando en la última etapa de revisión, esperando también que la empresa UBER de respuesta a nuestro planteamiento, consistente en que deberán pagar un impuesto que dejaría un ingreso de 16 millones de pesos al año para el Estado, el cual mediante un fideicomiso será destinando para el mejoramiento de la infraestructura urbana”, indicó Murillo Aguilar.

Dijo que con los impuestos que se le cobrarían a la empresa UBER y otras plataformas digitales que se integren, se podrá atender las necesidades en mejoramiento de vialidades, mantenimiento en la señalización, semáforos inteligentes parlantes, banquetas más anchas para la comodidad de los peatones, entre otras.

Murillo Aguilar también indicó que revisan el caso de la “jurisdicción” para el transporte de materiales, dado que la actual ley incluye a todo el sector de transportistas.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Rigoberto Murillo Aguilar y las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño Ruíz, presentaron iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar una artículo 13 bis a la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, que ya forma parte de la Legislación General de la materia y es un derecho humano reconocido por la Ley en su artículo 24, informó el Congreso del Estado.

La objeción de conciencia, consiste en el derecho que tiene una persona de abstenerse de llevar a cabo una acción, que es considerada por las normas jurídicas como un deber, por razones morales, religiosas o axiológicas, esto último que refiere a un concepto de valor o valores predominantes en una sociedad.

La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 7 de febrero de 1984, recientemente fue adicionada, según consta en el DOF de fecha 11 de mayo de 2018, con un artículo 10 Bis, en el que se regula la objeción de conciencia.

En ese contexto, personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley. Solamente cuando se ponga en riesgo la vida del paciente, o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diputadas Perla Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño y el diputado, Rigoberto Murillo Aguilar, presentaron punto de acuerdo ante la gravedad del problema de salud pública que representan las adicciones en Baja California Sur, así como en atención a los planteamientos ciudadanos, informó el Congreso del Estado.

Con su aprobación, el Congreso exhortó al Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, para que se creen Centros de Rehabilitación Integral Contra las Adicciones en cada uno de los cinco municipios, a fin de que se otorgue la asistencia y tratamiento para quienes lo padecen, así como para que las autoridades municipales instalen consejos municipales de prevención con la intención de realizar un diagnóstico de la situación actual.

La propuesta busca que, mediante los servicios de esos centros operados por el Estado, se preste el tratamiento integral, que en sus tres etapas comprende: la desintoxicación, rehabilitación/internamiento de al menos seis meses,  y reincorporación a la sociedad, ya que las instituciones que actualmente existen como el UNEME y CAPA, son únicamente de atención primaria y seguimiento ambulatorio.

Estos centros deberán apegarse a la NOM 028 – SSA2 – 2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como dar cumplimiento a las garantías a la salud previstas en el artículo 4 constitucional, que garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y el artículo 3 de la Ley General de Salud, que contempla la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, y el programa contra la farmacodependencia.