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La Paz, Baja California Sur (BCS). Motivados por el contexto laboral en el que el reportero Ezequiel Lizalde Rodríguez falleció debido a una afección pulmonar tras haber padecido COVID-19, la Red Baja California Sur de Periodistas solicitó al Congreso del Estado, su intervención para que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social estatal, y el Instituto Mexicano del Seguro Social investiguen presuntas negligencias y violación de derechos laborales de la empresa CPS Media, informó el Congreso sudcaliforniano.

El Secretario de la Mesa Directiva, diputado Carlos José Van Wormer Ruiz dio lectura al documento signado por la Red, en el que reiteraron que las omisiones o negligencias empresariales y de la autoridad incidieron en que su colega enfrentara una muy difícil recuperación de las secuelas de COVID-19, y perdiera la batalla, y advirtieron también, las condiciones en las que siguen trabajando sus empleados, reducción de salarios, entre otras ilegalidades.

La Red pidió tajantemente que las investigaciones se realicen con determinación y no con simulación, y que se resuelva lo conducente sobre la actuación de la empresa.

En la solicitud al Legislativo dieron cuenta también, por testimonios de sus colegas y trabajadores, de las decisiones empresariales de CPS Media, desde falta de protocolos de seguridad para evitar contagios entre su personal hasta la reducción de salarios, que son replicadas en sus diferentes plazas donde se producen los contenidos para Radio, Televisión y Prensa. Aunado a ello la empresa afronta una demanda colectiva de ex trabajadores a raíz de la falta de liquidaciones conforme a la Ley laboral.

La Asociación manifestó ante el Poder Legislativo su rechazo tajante por este tipo de conductas corporativas que no solo afectaron severamente a su nuestro colega, sino que continúan representando un riesgo para el resto de los compañeros y compañeras, quienes por necesidad deben seguir laborando.

“Que la muerte de nuestro compañero no quede en el olvido y nos recuerde que las voces críticas son indispensables en una sociedad democrática, y que paren los intentos y actos de censura a las que estamos expuestos, periodistas y ciudadanos.”, versó la sentida demanda de la agrupación.

Al término de la lectura de la solicitud, legisladores y asistentes aplaudieron de pie en reconocimiento a la carrera de Ezequiel llamado cariñosamente “Cheke”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Al manifestar su solidaridad con el caso del reportero Ezequiel Lizalde Rodríguez, quien a pesar de su convalecencia en un hospital por recaída por COVID–19 , la empresa CPS Media le obligó a trabajar, la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, llamó a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social estatal, para que vigilen y se apliquen las sanciones que correspondan, para garantizar el respeto a los derechos laborales de trabajadores de la comunicación y de todo el sector empresarial, , informó el Congreso sudcaliforniano.

Respaldando el llamado de la Red Baja California Sur de Periodistas, el diputado Esteban Ojeda Ramírez presentó un punto de acuerdo en representación del Grupo Parlamentario de MORENA y el cual fue avalado por la unanimidad de las legisladoras y legisladores asistentes.

Ojeda Ramírez refirió que la Red Baja California Sur de Periodistas hizo un público llamado para la urgente la atención e intervención de las autoridades competentes, así como la necesaria reflexión y solidaridad de ciudadanos, colectivos y organismos, toda vez que el reportero Ezequiel Lizalde Rodríguez, aún se encuentra hospitalizado después de sufrir una recaída en su salud, luego de haber padecido COVID-19.

Y es que advierten de violaciones a los derechos laborales que afectaron más la salud del periodista quien está luchando por su vida, en virtud de que la empresa CPS Media, no le permitió desempeñar su trabajo desde casa y le exigió el regreso a la cobertura diaria, sin estar en condiciones de salud para ello.

Señalan que este problema está afectando a la mayoría de las y los trabajadores de las plazas de La Paz y Los Cabos, tanto de áreas administrativas como operativas, incluso la empresa lleva varios meses afectando sus derechos laborales, toda vez que argumentando la pandemia, redujeron las percepciones de los trabajadores lo que propició a que cayeran en una crisis económica, afectando la salud familiar y emocional, ya que también aumentó la carga laboral, debido a los despidos que hicieron y a la falta de personal.

Este caso llevó a los integrantes de la XV Legislatura a llamar a las autoridades laborales competentes como la STyPS, la STyDS y el IMSS a intervenir con acciones de vigilancia y en su caso aplicación de sanciones.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Reporteros de la entidad, articulados en la Red Baja California Sur de Periodistas, denunciamos agresiones, amenazas e intento de una campaña de desprestigio en contra de la colega, Gladys Rodríguez Navarro, quien ejerce su labor en La Paz, BCS.

En la carta entregada este día a autoridades integrantes del Grupo de Coordinación en Seguridad de BCS, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hacemos público que en el contexto nacional de violencia hacia las mujeres periodistas, BCS no está exenta y denunciamos que la compañera ha sido víctima de agresiones del columnista local, Juan Carlos Méndez Ramírez, descalificando su trabajo, vinculándola con grupos o partidos políticos, y una amenaza directa con denostaciones sobre su vida privada, en caso de responder a estas agresiones.

La colega, quien colabora en medios nacionales, así como en programas locales de radio y televisión, es profesora también de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y con 15 años de trayectoria, ha abordado en sus entregas informativas y espacios de opinión temas sobre violencia, rendición de cuentas, omisiones, negligencias y presuntos hechos de corrupción de funcionarios.

En fechas recientes, las denostaciones hacia su trabajo vía redes sociales se han incrementado y son emitidas por este columnista; sin embargo, advertimos que podrían ser incitadas o promovidas por autoridades locales.

Y es que coincidimos con las especialistas en el tema de la violencia hacia periodistas, quienes advierten que cuando las mujeres investigan y revelan complicidades, difunden información relacionada con omisiones, presuntos hechos de corrupción o cualquier información relacionada con funcionarios, las consecuencias son agresiones de todo tipo, con una carga misógina, afectando así su integridad física y estabilidad emocional; reciben mensajes intimidatorios en redes con denostaciones sobre su vida privada, incluso las agresiones llegan hasta la intervención telefónica y la difusión ilegal de datos personales.

En el caso particular de la colega, vemos también con preocupación que en el portal de internet propiedad de Juan Carlos Méndez y en que publica su columna “La Arenga”, se encuentre plagado de publicidad de programas de Gobierno estatal y de los municipios de La Paz y Los Cabos, incluso de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y del Congreso del Estado. 

Consideramos al menos incongruente que gobiernos e instituciones puedan estar pagando publicidad en este tipo de espacios y a comunicadores que violentan y agreden a mujeres periodistas. Reiteramos, resulta contradictorio frente a los discursos oficiales sobre acciones en favor de las mujeres a una vida libre de violencia y del supuesto compromiso con el respeto a la libertad de expresión.

Por tal motivo y ante el riesgo que advertimos se encuentra nuestra colega, demandamos a las autoridades la investigación de estas agresiones y garantías de seguridad para el ejercicio de su profesión.

En la carta entregada este día recibimos la solidaridad de colegas periodistas de BCS, BC, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, de la frontera México-Estados Unidos, Morelos, así como de la Red Nacional de Periodistas, de la asociación civil Comunicación e Información A.C. (CIMAC), entre otros profesionistas, entidades, redes y colectivos.

La colega Gladys Rodríguez Navarro fue recibida este jueves por el Maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el primer  visitador, el Maestro Juan Manuel Alfaro Castro, quienes escucharon los planteamientos anteriores, ofrecieron su respaldo y se comprometieron a documentar e investigar el tema.