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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hemos escuchado muchas virtudes atribuidas al sistema penal acusatorio, y estamos convencidos de que la mayoría de ellas son viables, pero como todo proceso, está sujeto a la falibilidad humana. De poco o nada sirve el esfuerzo de los operadores que sí están comprometidos con el sistema acusatorio, si en las filas de la institución encargada de procurar justicia, siguen incrustados funcionarios corruptos.

Mucho se ha dicho sobre la incapacidad del actual Procurador de Justicia de BCS, para dar los resultados que la entidad necesita en materia de procuración de justicia, y es un hecho notorio la petulancia y despotismo con que el importado personaje se conduce, tanto con la ciudadanía como con sus subordinados. Lejos de sanear la institución, ha solapado corruptelas, y de algún modo las ha fomentado, al otorgar cargos de responsabilidad a sujetos que siguiendo su ejemplo, se conducen con prepotencia en su trato, tanto con sus subordinados como con la ciudadanía que tiene el infortunio de acudir ante ellos.

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Un claro ejemplo de lo anterior, es el actual coordinador de agentes del Ministerio Público en San José del Cabo, cuyos subordinados, en particular del sexo femenino, se quejan de su despótico autoritarismo que raya en la misoginia.

Aunado a lo anterior, ahora enfrenta una denuncia por brindar protección a un vendedor de autos usados, señalado como defraudador.

Los hechos

La ofendida, ciudadana sudcaliforniana, compró a plazos un vehículo importado a un yardero. Como el vehículo estaba descuadrado —de lo que se percató la ofendida al tener que cambiar por excesivo desgaste las llantas del mismo—, solicitó la devolución de su dinero o el cambio de unidad, a lo que se negó el vendedor, que en contrapartida exigió el pago del remanente. La ofendida denunció el fraude, y el asunto cayó en el cajón del olvido, donde la PGJE suele acopiar la mayoría de las denuncias.

El yardero —para recuperar el carro—, en vez de entablar el procedimiento adecuado ante los tribunales civiles, optó por la ilegalidad, y mandó  a un asociado que tiene en Ensenada, a denunciar el robo de la unidad en dicha localidad. El Ministerio Público ensenadense levantó la denuncia y reportó el vehículo en la plataforma de autos robados.

Poco tiempo después, la ofendida fue detenida por la Policía Federal, cuando tripulaba el vehículo, y al saltar el reporte, fue privada de su libertad y puesta a disposición del Ministerio Público de San José del Cabo, quien la retuvo detenida 48 horas por “estar en posesión de un vehículo robado” a pesar de haber acreditado que adquirió legalmente el vehículo con mucha antelación al falsario reporte de robo realizado en Ensenada.

Fue liberada, pero la agente del Ministerio Público se negó a devolverle su vehículo, por instrucciones precisas de su coordinador, indicándole a la ofendida que si quería recuperarlo, tendría que ir por él a Ensenada, para solicitárselo allá al Ministerio Público.

La ofendida denunció al yardero y a su asociado, por el delito de falsedad en declaraciones, y lo que resulte, y acudió ante la Subprocuraduría de Justicia en La Paz, donde le indicaron que debería solicitar el aseguramiento ministerial de su vehículo, y –eventualmente— ser designada como depositaria del mismo.

Al regresar a San José del Cabo, no pudo comparecer en la carpeta de su denuncia, porque el Coordinador de agentes del Ministerio Público le negó el acceso a la misma, le indicó que su denuncia no procedía y que tenía que ir a Ensenada si quería recuperar su vehículo. La trató de forma descortés y ofensiva, pues la llamó “argüendera”, entre otras expresiones peyorativas, de las cuales obra registro de audio, pues la ofendida grabó en secreto la entrevista.

A la fecha, tendrá que recurrir a la Justicia Federal para recuperar su vehículo, que se deteriora en los patios de la PGJE, pues su denuncia fue “extraviada” y posteriormente “desechada” por quien protege a quien la defraudó y mintió ante las autoridades ministeriales.

Acudió a la Contraloría Interna y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas instancias, lentas y burocráticamente pantanosas, no tienen fecha cierta para darle respuesta a sus justas demandas.

Este es un ejemplo más de la escuela palemónica, que tiene hundida en corruptelas e incompetencia la procuración de justicia en Baja California Sur. Pero no tiene la culpa el indio…

La inseguridad es uno de los temas más delicados e importantes que atraviesa actualmente BCS. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mientras Baja California Sur se hunde en una violenta espiral que nos ubica por mucho en el contexto nacional como la entidad con mayor incremento de homicidios violentos, el gobernador, principal responsable de la seguridad pública estatal, aparece en imágenes que difunde su costoso aparato de comunicación social, recibiendo un ejemplar en facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, lo que demuestra lo poco que a nuestro gobernador le importa nuestra seguridad.

Lamentable es ver a nuestro gobernador ocupado en liviandades, en minucias publicitarias, cuando debería estar encabezando la estructura operativa del estado, en el combate al crimen organizado que opera impunemente en todo el territorio estatal.

Si el que “sabe cómo”, el que “no le tiembla la mano”, en lugar de empuñar la espada de la justicia para defendernos de la criminalidad, la estira para recibir un documento de ornato —copia de la Constitución de 1917—, entonces nos debemos sentir decepcionados, engañados, traicionados  y burlados por quien vino a nuestras casas y con falsa humildad tocó a las puertas a pedirnos trabajo, con la falsa promesa de reintegrarnos la tranquilidad.

Para ser contratado vía el voto popular, utilizó el procedimiento delictivo de engaño, al desplegar todo un esquema de sortilegio y encanto, tendiente a hacernos creer que él podía brindarnos la seguridad y tranquilidad que la incompetencia y corruptelas de su antecesor en el cargo había permitido que nos fuera arrebatada.

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Y una vez que a través del engaño y la maquinación logró ser elegido al tomar las directrices de la entidad, en lugar de desplegar el esquema necesario, adecuado y funcional para rescatar a nuestra entidad del embate delictivo, tomó un consecutivo de equívocas determinaciones, cuya repercusión tiene hoy en día a la entidad inmersa en la peor panorámica nunca antes presentada, de escalada delictiva, violencia urbana, ejecuciones, latrocinio, corrupción, incompetencia e impunidad.

Hemos sido defraudados.

Y lo más grave es que la seguridad del Estado se encuentra al garete. El jefe del ejecutivo estatal prefiere que le tomen fotos que se difunden en la red de culto a su imagen, desplegada a un alto costo presupuestal, cuando debería estar DE TIEMPO COMPLETO aplicando sus conocimientos y determinaciones en el combate a la criminalidad. En lugar de eso, delega la función en un grupúsculo de improvisados e incompetentes.

Basta revisar la hoja curricular del encargado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, para constatar que no tiene ni los conocimientos, ni la experiencia, ni la preparación, ni la determinación necesaria para llevar a buen puerto la encomienda.

Y lo mismo pasa con los titulares de las diferentes corporaciones estatales y municipales. Del procurador no hay nada más que decir. De sus magros resultados dan cuenta los más de veinte mil gobernados que inútilmente esperan que en su caso se proceda a procurar justicia.

El asesinato artero de dos agentes de la Policía Ministerial que fueron abatidos mientras realizaban una investigación relacionada con la ola de ejecuciones acaecidas en la entidad, puso de manifiesto el descaro e impunidad con que actúan los elementos criminales. Y la ausencia de reacción eficaz y oportuna por parte de las fuerzas del orden en el Estado, puso en evidencia su incapacidad para enfrentar la acometida de la criminalidad.

La pasividad del procurador llevó casi a una revuelta intestina en el seno de la corporación ministerial. Le dieron un ultimátum: “o nos autoriza o nos vamos por nuestra cuenta a localizar y detener a quienes mataron a nuestros compañeros”, le dijeron. Y finalmente autorizó, con más de 24 horas de retraso, la conformación de un contingente numeroso que como fuerza de reacción, acudieron al sur del Estado a vengar sus compañeros caídos.

Y entonces empezó la cacería indiscriminada, la persecución violenta, los allanamientos sin mandato judicial, las detenciones sin control ni garantismo. La fuerza policial combatiendo el fuego con fuego, la ilegalidad con ilegalidad.

¿Era necesario? Creo que sí. Si le preguntas a los elementos policíacos te dirán que sí, con pleno convencimiento, y si le preguntas al ciudadano medio, probablemente te dirá lo mismo. ¿Por qué habremos de respetar los derechos humanos de quienes delinquen, matan, extorsionan, envenenan a nuestros jóvenes?

¿Era necesario? Creo que sí. En estos momentos y tomando en cuenta todas las aristas, sí era necesario una respuesta contundente de nuestras fuerzas del orden, y el costo que implica el que en el proceso se violenten algunas normatividades, queda soslayado por el hecho de que es necesario poner un rotundo y contundente alto a esos delincuentes que se pasean impunemente por nuestras calles, y toman vidas como si ello les fuera permitido por derecho propio.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse. Porque es muy grave que en lugar de inteligencia y prevención, se use la violencia represora y vengativa.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse, si se hubieran tomado a tiempo las acciones preventivas y operativas funcionales y adecuadas.

¿Por qué la policía no actuó con la misma fuerza y contundencia desde la primera ejecución? Otra sería nuestra expectativa. No fue hasta que mataron a sus compañeros, que se dio la reacción que debió ser gestada desde el primer atisbo del problema. Cero tolerancia, cero concesiones.

Reaccionó la fuerza pública hasta que le mataron a dos de sus integrantes. Le mataron a “los suyos”. Triste y lamentable. Pero más triste constatar que nosotros, los simples ciudadanos, los de a pie, los “daños colaterales”, no somos de “los suyos”. Esa división entre fuerza pública y ciudadanía es muy bien aprovechada por el crimen organizado. “Divide y vencerás”, bien aplicado.

Debemos recuperar el rumbo de la legalidad, pero sobre todo, debemos exigir que el gobierno deje los discursos, los pretextos, las excusas y nos presente un plan de acción que nos permita vislumbrar una expectativa que cierre a este círculo de sangre y violencia que cada día se extiende más. Y Esperamos la misma reacción de fuerza policial para los asesinatos de civiles. Que no se reserve esa fuerza nada más para los casos en que agentes de policía sean victimados.