FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el dictamen para que en las estructuras de los gobiernos municipales de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, se cree la Dirección General de Inclusión de Personas con Discapacidad, Diversidad y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, a fin de garantizar el derecho de participación ciudadana, social y política, se informa a través de un comunicado oficial.

A efecto de reparar lagunas existentes en algunos municipios de BCS que abonan a la discriminación de diversos sectores de la población, la comisión de dictamen consideró en sentido positivo la creación de las direcciones citadas con antelación; razón por la cual, cada uno de los municipios deberá realizar los ajustes y adecuaciones necesarias con base en la disponibilidad presupuestal de los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2024.

Además, les corresponderá la designación a quienes ejercerán la titularidad de las direcciones en comento; y tomarán las previsiones presupuestales que correspondan para los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de dar cabal cumplimiento a la participación democrática de personas con discapacidad, de la diversidad, indígenas y afromexicanos.

Es preciso señalar que, el diputado Oscar Humberto Manríquez Ruiz, manifestó necesario que en todos los municipios de la Entidad haya armonía entre sus direcciones y coordinaciones sectoriales de atención a estas poblaciones, razón por la cual, se consideró pertinente la coordinación del Gobierno del Estado como del Congreso del Estado, para llevar a cabo los estudios, diagnósticos y mapeos de localización geográfica de donde se sitúan generalmente los grupos sociales en comento, a fin de direccionar programas, recursos y en general políticas públicas de beneficio social y económicos.

Del mismo modo, atender los estándares constitucionales señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en las disposiciones de la Constitución General y el Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas.

FOTO: API BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Administración Portuaria Integral (API BCS) avanza en la adecuación del parque acuático “El Coromuel, Playa Inclusiva”, en coordinación con el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD), de la cual se han ejercido alrededor de 10 millones 896 mil 890 pesos, informó el director general de API BCS, Narciso Agúndez Gómez.

Los trabajos presentan un avance superior al 65%, consistentes en la construcción de rampas de acceso, palapas inclusivas, remodelación de baños, áreas comunes, jardineras, espacio de restaurantes y muros de contención, todo con enfoque inclusivo para personas con una discapacidad visual y motriz, además de sillas de ruedas especiales para ingresar a la playa, precisó el servidor público.

En este sentido, recordó que, “las personas con discapacidad actualmente pueden llegar desde cualquier punto del malecón de La Paz, al parque acuático “El Coromuel”, sin depender de terceros, ya que cuenta con guía podo-táctil y rampas de acceso a lo largo de los 2.7 kilómetros que abarca este espacio, del cual facilitan su llegada a esta playa inclusiva”.

Agúndez Gómez señaló que esta obra se tiene prevista concluir en agosto del presente año. Finalmente, consideró a la ciudadanía tomar precaución en los sitios acordonados por dichas obras, además de atender los señalamientos e instrucciones de seguridad del personal.

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVI Legislatura del Congreso del Estado  aprobó por unanimidad exhortar al X Ayuntamiento de Loreto, al XVII Ayuntamiento de Comondú y al XVII Ayuntamiento de Mulegé, a efecto de que se cree la Coordinación Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 51, Fracción I, Inciso t) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de Baja California Sur, fue que la diputada Hilcia Dayani González Márquez propuso al pleno el exhorto antes mencionado: “partimos en esta propuesta de la necesidad de cumplir la Ley, de resolver una demanda reiterada que atienda a las personas con discapacidad en sus municipios, y contar con una instancia que se traduzca en un importante paso para facilitar el acceso a programas e Instituciones”.

La legisladora señaló los beneficios que traerá consigo la Coordinación Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: fungir como enlace entre las personas con discapacidad de su municipio correspondiente con las autoridades de gobierno; seguimiento de gestiones o solicitudes que ayuden a personas con discapacidad en su municipio, como sillas de ruedas o áreas de esparcimiento inclusivas; promover el respeto y concientización a favor de personas con discapacidad; organizar actividades para la población a efecto de promover el fortalecimiento de la cultura de la inclusión y fortalecer el acceso de las personas con discapacidad a la institución que tiene a su cargo atenderlas.

Finalmente, como presidenta de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad del Congreso del Estado reiteró su compromiso, toda vez que el tema de inclusión es complejo desde muchas de sus perspectivas, razón por la cual, los tres poderes deberán continuar trabajando conjuntamente para erradicar el rezago de atención a personas con discapacidad.

FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 79% de la población en México radica en zonas urbanas, y se concentra en el 02.2% de las localidades del país (INEGI 2020). Vivir en una zona urbana tiene sus beneficios sobre todo si consideramos el acceso a los servicios básicos como agua, drenaje, suministro de energía eléctrica, conectividad vía Internet y/o comunicación vía telefonía fija o celular, educación, atención médica, seguridad, proveeduría, bienes y servicios, alimentación y entre todo lo anterior: la movilidad.

La búsqueda de tales satisfactores implica una alta concentración poblacional en las zonas urbanas. Baja California Sur, es un claro referente de esta distribución de habitantes concentrados en puntos urbanos focalizados y con problemas de abasto de servicios básicos, entre los que destacan el suministro de agua y la movilidad.

También te podría interesar: Justicia restaurativa.

FOTO: Archivo

Si la movilidad es un problema para las personas sin discapacidad, el conflicto se magnifica tratándose de personas con limitaciones físicas, en ciudades como Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz, donde el servicio de transporte público carece de las facilidades necesarias para brindar un servicio adecuado, funcional, accesible y de calidad a quienes padecen limitaciones en su capacidad motriz.

Cuando hablamos de accesibilidad en el transporte público a favor de las personas con discapacidad y adultos mayores, planteamos la necesidad de diseñar estrategias que atiendan específicamente a ambos grupos.

Se requiere de los servicios de un transporte público como autobuses y taxis que sean accesibles en sus terminales y puntos intermedios de abordaje en ruta, instalaciones y espacios al interior de los vehículos y costos accesibles.

La inclusión en el transporte público, desde hace 20 años a la fecha, ha sido una invariable promesa de campaña que engrosa la lista de compromisos incumplidos por quienes una vez que acceden al poder, olímpicamente, olvidan lo prometido a sus votantes. Nuestros candidatos, sempiternos prometedores incumplidos, olvidan —o ignoran— que la inclusión es un imperativo legal, moral y económico, constitucional y convencionalmente tutelado.

Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el 17 de mayo de 2023 el amparo en revisión 686/2022 que versa sobre la accesibilidad al transporte público, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal a tres quejosos con discapacidad visual usuarios del metro de la Ciudad de México, en contra de las omisiones de las autoridades del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México de establecer ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a dicho medio de transporte en condiciones de igualdad, vigilar las medidas de accesibilidad implementadas y establecer acciones para la toma de conciencia de la población, en general, sobre la situación de las personas con discapacidad que utilizan el metro.

Al respecto, la Sala enfatizó que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, y que los factores que un Estado debe atender para garantizar el derecho a la accesibilidad de dichas personas son, entre otros: la identificación de barreras y obstáculos; la implementación de acciones para su eliminación progresiva; y la concientización y sensibilización de quienes deben cumplir con las obligaciones de accesibilidad y de la población en general.

La resolución enfatiza que la accesibilidad en el transporte público constituye un prerrequisito para el disfrute de otros derechos como la educación, el trabajo y la salud, por lo que, la accesibilidad implica que tanto este medio de transporte como sus instalaciones sean accesibles; lo anterior, en el entendido de que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

El criterio sostenido por la Suprema Corte resulta obligatorio para todas las autoridades, de ahí que resulte exigible en el ámbito local, la implementación de medidas y disposiciones que garanticen que el transporte público en Sudcalifornia garantice el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Congreso del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur informó por medio de un comunicado de prensa que, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad expresó que, es importante que las personas con discapacidad a través de las organizaciones que representan o individualmente, desempeñen una función central en la reforma de las leyes y las políticas participando en cuestiones como parlamentos.

Lo anterior, al iniciar este miércoles 30 de noviembre el IV Parlamento Inclusivo Sudcaliforniano 2022 “Por la Inclusión en Baja California Sur, reunidos los 21 parlamentarios en la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua, participaron activamente en las mesas temáticas, abordando temas como: movilidad, educación y laboral, temas que ellos mismos eligieron.

En este parlamento participan funcionarios en las mesas de trabajo, porque los parlamentarios piden ser visibilizados expresó la diputada quien manifestó su entusiasmo porque este año participaron 31 personas de toda la geografía estatal, con interesantes propuestas de trabajo y aunque sólo fueron seleccionados 21, el día de mañana en sesión solemne, esas inquietudes y demandas se verán reflejadas en una agenda legislativa a la que se comprometió a dar seguimiento.

Por último, el comunicado de prensa resaltó que, en el Parlamento, acompañaron a la presidenta Teresita de Jesús Valentín Vázquez, sus homólogas que son secretarias de la comisión, María Luisa Trejo Piñuelas y Eda María Palacios Márquez, el titular del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Mtro. Jorge Vale Sánchez y en representación del Consejero Presidente del IEE Alejandro Palacios Espinoza, Perla Marisol Gutiérrez Canizalez.