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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los integrantes de la Fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los diputados sin partido y la diputada representante del PT del Congreso de Baja California Sur, reprobaron el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, que determinó improcedente su iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para eliminar las sesiones privadas.

En rueda de prensa ofrecida previo a la sesión ordinaria en la que se presentó el dictamen, los legisladores encabezados por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Esteban Ojeda Ramírez, afirmó que en el trabajo de comisiones para el análisis de la iniciativa, debió haberse socializado con el resto de los integrantes de la legislatura y que se coarta el derecho de la sociedad al no abrir públicamente todas las sesiones, dejando de lado la posibilidad de enterarse a través de los medios de comunicación de temas como los recursos públicos, percepciones, gasto corriente, entre otros.

Presentaron la inconformidad ante los medios los diputados Humberto Arce Cordero, las diputadas Milena Quiroga, Petra Juárez, los diputados sin partido Soledad Saldaña y Homero González y la diputada por el PT, Mercedes Maciel.

Esta última, comentó para CULCO que “creo que son formatos (las reuniones secretas) de siglos pasados, hoy la sociedad necesita estar enterada, no debemos de tener asuntos secretos los diputados, que me expliquen ¿cuál asunto puede ser secreto que no tenga incumbencia la sociedad?, en ese sentido yo estoy a favor de que esta iniciativa pase a formar parte ya de la cuestión legislativa, y que ya no tengamos que usar ese formato, vuelvo a repetir, de las sociedades antepasadas”

Al respecto de no haberse respetado el debido proceso y no haber siquiera convocado a quienes suscribieron la iniciativa para su discusión, la diputada nos muestra una comunicación vía whatsapp fechada con el día de hoy a las 9.25 de la mañana y al respecto nos aclara “Mira, aquí te voy a enseñar a qué hora fuimos convocados, por Perla Flores, hoy, a las 9.25 de la mañana, cuando ya estaba subido el tema. Entonces yo creo que no es serio, ellos hablaban de que esta nueva mayoría iba a venir a traer trascendencia, agilidad, a los trabajos legislativos, pero entiendo que a varios compañeros que son parte de las comisiones dictaminadoras, no los convocaron.”

Tras el registro de siete participaciones de los legisladores iniciadores en tribuna en contra del dictamen no procedente, este fue aprobado por mayoría.

El grupo parlamentario denunció también la intención de desaparecer el Consejo Indigenista como parte del veto parcial del Gobernador del Estado a la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, y también señalaron desacuerdos a algunas dictaminaciones de cuentas públicas cuando hay procedimiento violatorios que representan daño al erario público.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó la iniciativa que crea la Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur, la cual consiste en una armonización con la Ley General, con el fin de normar los gastos de promoción y difusión oficial que los entes públicos contraten en medios de comunicación y que deberán observar para priorizando la eficiencia de los recursos públicos y transparentarlos, paralelamente crea un padrón estatal de medios de comunicación, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de ley fue presentada el 4 de octubre de 2018 por los diputados Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Rigoberto Murillo Aguiar y Soledad Saldaña, y fue dictaminada por las comisiones unidas de Comisiones y Transportes y Asuntos Fiscales, tras un largo periodo de análisis con los medios de comunicación y organizaciones como la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos (ARSAC), a través de tres mesas de trabajo llevadas a cabo en diferentes fechas.

La legislación emana de la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, comenzando su vigencia a partir del 01 de enero de 2019,estableciéndose que a la par del Congreso de la Unión, los Congresos Locales deberán armonizar su legislación en términos de la misma.

La Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur consta de 42 artículos divididos en once capítulos: de Disposiciones Generales; Reglas de la Comunicación Social; el del Gasto en la Comunicación Social; el de la Difusión en la Comunicación Social durante los Procesos Electorales; el de la Estrategia, Programación Anual y Campañas de Comunicación Social; el del Mensaje Extraordinario; el de la Vigilancia y Control de la Contratación de la Comunicación Social; el del Padrón Estatal de los Medios de Comunicación; el de la Revisión y Fiscalización de los Recursos Públicos en Materia de Comunicación Social; de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y el de las Infracciones y Sanciones.

En sus Artículos 32 a 34 establece que “Los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría General de Gobierno. La información contenida en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia”.

En su Artículo 18 establece que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación en el Estado”.

La iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad y fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigencia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los integrantes de la fracción del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso de Baja California Sur, las diputadas Lorenia Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva y el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, analizan la agenda que continuarán en el actual periodo ordinario de sesiones así como las postura como fracción ante diversos tenas que se avecinan en la agenda legislativa del parlamento sudcaliforniano, informó el Congreso del Estado.

La diputada Lorenia Montaño Ruiz informó que el grupo está tratando  asuntos diversos, como actividades dentro de sus respectivos distritos y asuntos internos del Congreso y gestorías, buscamos sumar esfuerzos, ver los temas que tenemos como agenda legislativa y ver asuntos en común, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Perla Flores Leyva, informó que también están tomando acuerdos como fracción para emitir su votación como fracción en la Junta de Gobierno.

Por otro lado anunció que, en conjunto el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, rendirá informe de labores el 16 de octubre próximo en instalaciones del Palacio Legislativo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En apego a la Ley Reglamentaria, quedó instalado el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Congreso del Estado de Baja California Sur, para el segundo año de la legislatura, bajo los objetivos de dar cumplimiento a los principios de transparencia como a la institución de licitaciones públicas en compras mayores a 50 mil pesos, de conformidad al artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado, informó el Congreso del Estado.

La diputada Perla Flores Leyva dijo que se trata de una nueva etapa, en la que se busca dar orden a las adquisiciones y tener  reducción y eficacia en el ejercicio del recurso público, en donde se está proponiendo la creación de un reglamento interno para las adquisiciones que dé los parámetros para las adquisiciones del Poder Legislativo, “hay mucho orden que ponerle al Congreso y mucho que hacer en el ejercicio de la administración”, afirmó.

Anticipó que en la primera sesión del Consejo se revisará la propuesta del reglamento, como un manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que propone la Contraloría para su análisis y aprobación, así como la integración de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que recae en la figura de la diputada Maricela Pineda García.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, diputado Rigoberto Murillo Aguilar, recordó que en la historia del Poder Legislativo, hasta la actual legislatura se instaló el Comité de Adquisiciones y que así se está haciendo con otras disposiciones que no se habían cumplido como las comisiones de seguridad e higiene, las mixtas de escalafón, de protección civil, entre otras, que en conjunto son acciones para dejar mayor orden administrativo al Poder Legislativo de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social presentó este jueves 12 de septiembre al pleno de la XV Legislatura del Congreso del Estado, iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, específicamente, para adicionar un artículo 66 bis que establece que se someterá a consulta ciudadana toda ley o reforma en la que sea evidente, por las manifestaciones públicas, el interés ciudadano, informó el Congreso del Estado.

La iniciativa fue firmada por los diputados Perla Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño Ruiz y Rigoberto Murillo Aguilar, y señala que la consulta ciudadana tendría que formar parte del quehacer legislativo, sobre todo cuando se trate de reformas trascendentales para Baja California Sur, o, en las que sea evidente el interés ciudadano.

Los mecanismos de consulta, según el artículo 66 de la Ley, podrían ser encuestas, preguntas directas, foros, participación virtual mediante medios electrónicos o cualquier otro instrumento de consulta.

La Ley de Participación Ciudadana señala que la Consulta Ciudadana puede ser convocada por el Gobernador del Estado, Presidente Municipal, Ayuntamientos, Congreso del Estado, Delegados y Subdelegados municipales.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales a fin de que emita dictamen correspondiente.