1

Evaluemos la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS

centro-justicia-penal-bcs

Centro de Justicia Penal en La Paz. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Está dando resultados positivos la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS? ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos corregir?

Es evidente que las autoridades estatales no están interesadas en realizar una evaluación objetiva y honesta del avance y alcances del NSJP. Ha quedado claro que se prioriza la simulación y se antepone el interés de grupo al interés de la colectividad en el Estado. Basta para ello considerar la forma en que se acallaron las protestas durante la comparecencia del Procurador ante el Congreso. Atestaron el recinto legislativo con acarreados que al son de las matracas y al conteo de las lideresas, vitorearon o abuchearon según así les fueron indicando.

Te podría interesar Cuestionemos al Procurador de Justicia de BCS

La farsa se cumplimentó con los cuestionamientos a modo, formulados por los diputados del bloque mayoritario, siempre fieles a la subordinación que la componenda con el ejecutivo les impone.

Enfrentamos entonces una visión plagada de cifras alegres y estadísticas maquilladas, que permiten el lucimiento de los actores oficiales, pero que nos impiden conocer la realidad de los hechos.

Por tanto, si queremos una lectura objetiva y cierta, deberemos realizar el ejercicio desde la trinchera ciudadana. Desde nuestra perspectiva, habremos de analizar punto a punto los aspectos relevantes de la reforma.

¿Cómo podemos participar en el ejercicio de evaluación? Simple. Eligiendo alguno de los siguientes puntos, realizar un análisis, una crítica y una propuesta, y enviarla a la siguiente dirección electrónica: letrasbcs@gmail.com para que sea compilada y presentada en el Foro Ciudadano Sobre Seguridad Pública que organiza “Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana” A.C., Organización No Gubernamental que preside Víctor Martínez de Escobar.

No hay mayores requisitos que los marcados en la Constitución para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de petición: presentar su evaluación y propuesta por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Es todo.

Esperamos su participación para hacer de este ejercicio una plataforma de participación ciudadana que contribuya al mejoramiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS.

OBJETIVOS DE LA REFORMA PENAL

  • Reducir el índice de impunidad;
  • Que la víctima sea reparada en el daño causado;
  • Que se respeten en todo momento los Derechos Humanos, tanto del imputado como de la víctima u ofendido;
  • Dar rapidez y seguridad jurídica a los procedimientos penales;
  • Contar con resoluciones judiciales justas;
  • Recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones del sistema de justicia penal.

CAMBIOS

En procuración de justicia

  • Se concede valor preponderante a la prueba técnica y científica en el proceso de investigación criminal;
  • Se descarga de tareas administrativas al Ministerio Público para que concentre su actuación especializada en la función investigadora;
  • Se incorpora con responsabilidad directa a la policía ministerial en las investigaciones y con tareas complementarias a la policía preventiva;
  • Se establecen esquemas eficientes para la coordinación policial;
  • Se garantiza la autonomía técnica y científica de los servicios periciales;
  • Se prevé la supervisión judicial de la actuación del Ministerio Público para garantizar los derechos del imputado;
  • Establece un modelo de justicia alternativa diferente al sistema punitivo tradicional.
  • Dicho sistema se actualiza mediante un procedimiento simplificado para la solución de conflictos, cuyo seguimiento está a cargo de personal multidisciplinario, suficientemente habilitado en técnicas de negociación, mediación y conciliación.

En administración de justicia

  1. 1. Consagra la oralidad y publicidad de los juicios penales, lo que ayuda a prevenir y evitar la burocracia que acumula expedientes, haciendo posible que el juez dicte sentencia en un plazo no mayor de un año;
  2. 2. Incorpora el procedimiento abreviado ante el juez de garantía, el cual facilita las condiciones para que se pueda dictar sentencia en un término breve, siempre y cuando se logre el consenso de las voluntades del Ministerio Público y la defensa del imputado;
  3. 3. Destaca que la prueba privilegiada en el proceso penal es la técnica y científica, lo que constituye la mejor garantía para evitar que las partes con habilidades retóricas puedan manipular con sus argumentaciones al juzgador.

En el sistema penitenciario

  1. 1. Se establece la creación de jueces de ejecución de penas, capacitados para asegurar el cumplimiento de las sanciones y para proponer programas de readaptación especialmente para cada área.
  2. 2. Se crea la figura de jueces de vigilancia que supervisan el orden, la disciplina, y el respeto a los Derechos Humanos dentro de los CERESOS, lo que coadyuva a eliminar el autogobierno que suele darse al interior de estos centros.



Cuestionemos al Procurador de Justicia de BCS

congreso-del-estado-portada

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Debido a la presión social generada a partir el incremento en la incidencia delictiva en BCS, y a las confusiones y decepciones que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado en el ánimo de la ciudadanía, resulta urgente llamar a cuentas al Procurador de Justicia de BCS. Es imperativo que nos explique las causas que han ocasionado los pésimos resultados de su gestión, y sobre todo, es impostergable la decisión a cargo del Congreso local, respecto a la reiterada solicitud ciudadana de remover del encargo al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

La fecha de la comparecencia llegó y finalmente el Procurador habrá de comparecer ante nuestros diputados y tendrá que explicar el porqué de lo que él mismo denomina como “magros” resultados.

También te podría interesar Le pegamos al gigante minero

La asistencia del citado funcionario ante los representantes populares, puede ser una farsa protocolaria, una simulación, un simple formulismo para cumplir un requisito procedimental, o bien puede ser una invaluable oportunidad para cuestionar al funcionario y exigirle una explicación precisa y sin cifras alegres, de la realidad que atraviesa la procuración de justicia en nuestro Estado.

Habría que solicitar entonces a nuestros diputados, que asuman con seriedad su responsabilidad de representación popular, y a nombre de la ciudadanía, cuestionen al compareciente, evitando las vaguedades y los términos generales, y se atiende en sus cuestionamientos a puntos específicos, precisando y acotando en sus interrogantes, tanto las causas como los efectos de cada uno de los planteamientos que se formulen.

congreso-diputados-bcs

Inseguridad, impunidad, aumento de la criminalidad, abusos de autoridad, serían tópicos a priorizar. Bajo tales presupuestos, habrá que plantear entre otras, las siguientes cuestiones:

—Los largos periodos de espera en las unidades de atención inmediata, y la negativa sistemática a dar acceso a la carpeta de investigación tanto a defensores como víctimas. Se requiere cita previa, y sólo se permite consultar la carpeta si es en presencia del Agente del Ministerio Público. Eso se traduce en pérdida de tiempo para todos los involucrados, y para el Agente del MP que tiene que descuidar sus labores, cuando no es requisito legal que esté presente cuando los interesados consulten la carpeta de investigación.

—La falta de atención oportuna a las víctimas de delito, pues por regla general no se brinda atención adecuada, ni médica ni psicológica, lo que se traduce en re victimización y malestar para quienes sufren las incidencias delictivas.

—La falta de preparación y capacitación de los agentes de policía investigadora.

—La falta de un protocolo de entrevistas, que permitan a los policías de investigación realizar su labor con mayor eficacia y precisión.

—El reducido número de peritos en materias que resultan recurrentes en las investigaciones.

—La evidente falta de preparación y profesionalismo de los fiscales a su cargo.

—La reiterada práctica de delegar al poder judicial la toma de decisiones en asuntos de alto impacto.

—La falta de actos de investigación en la integración de las carpetas de investigación.

—La solicitud y obtención sistemática de ampliación de los plazos de investigación complementarios, con el único objeto de prolongar la prisión preventiva de los imputados en casos de encarcelamiento oficioso.

—La carencia de protocolos de investigación aplicables a los diversos tipos de delito.

—La falta de preparación de testigos, previo a su comparecencia a la audiencia de juicio.

—La falta de control y seguimiento de la agenda de citación de los testigos de cargo.

—La falta de preparación de las audiencias, lo que provoca una recurrente improvisación en el desarrollo de las mismas, con resultados negativos para los intereses de la sociedad.

—La falta de lineamientos generales necesarios para lograr la aplicación de los criterios de oportunidad. Esta carencia se traduce en un incremento de la carga de trabajo, en detrimento de la eficiencia en el servicio.

—La falta de unificación de criterios para determinar la libertad de los presentados en la etapa de investigación.

—La inadecuada aplicación de criterios de equidad en los procedimientos abreviados.

—Los cambios constantes de personal de investigaciones, que provoca enormes molestias y retrasos a los denunciantes, que cada vez que le cambian de fiscal en su caso, tiene que repetir prácticamente todo su planteamiento.

—Las quejas recurrentes del personal de la Procuraduría, respecto a los bajos sueldos, la falta de estímulos, los horarios y cambios de adscripción constantes e indiscriminados.

Estos temas, a groso modo, dan pie a una serie de cuestionamientos dirigidos a precisar las causas por las cuales no está funcionando el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y sobre todo, llevar a los diputados a un ejercicio de responsabilidad en su representatividad, que les permita ratificar o remover al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

Si sólo van a oír cifras fantasiosas y alegres, seguidas de excusas y pretextos, entonces la comparecencia será una burla y una farsa. Si cuestionan al funcionario y le exigen explicaciones y sobre todo, soluciones, entonces valdrá la pena el ejercicio.