FOTO: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). No se deje engañar: la Justicia Federal no reconoce ni avala ninguna autorización de uso de suelo a la minera. El amparo otorgado a la minera, es única y exclusivamente para el efecto de que se respete su garantía de audiencia y seguridad jurídica.

El amparo se otorgó para ese efecto, porque el  acuerdo 2 del punto Tercero de la Primera Sesión Pública Extraordinaria del actual Cabildo, se desconoció la Sesión del Cabildo anterior en la que supuestamente se otorgó el supuesto permiso de uso de suelo a la minera, pero ese desconocimiento, no se fundó ni se motivó.

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¿Qué significa?

Que en caso de que la minera pretenda hacer valer su autorización apócrifa, el Ayuntamiento de La Paz, para sostener su negativa de reconocimiento, deberá fundar y motivar su resolución, dando a la empresa —previamente— la garantía de audiencia, esto es: escuchando los argumentos que invoque.

Estamos entonces en espera de que el Ayuntamiento —tanto el saliente como el entrante—, honren su palabra, y consecuentemente nieguen el uso de suelo a la minera, y para ello sobran elementos que funden y motiven la negativa.

¿Qué debemos hacer nosotros, desde la sociedad civil?

1.- Ignorar la mentirosa campaña mediática emprendida por la minera, con el apoyo de los medios de comunicación que se han prestado a ello. Esto de que “ganaron el amparo”, como pueden constatar, es sólo una verdad a medias, pues en esa resolución que les otorga el amparo para efectos, sólo se reconoció el derecho que tienen a ser oídos por la autoridad y que la autoridad deberá fundar y motivar su negativa. Es decir, la autoridad —como toda autoridad—, está obligada a respetar la garantía de audiencia y seguridad jurídica.

2.- Asistir a las convocatorias que se generan desde la sociedad civil, para exigir a nuestras autoridades municipales que NO reconozcan el apócrifo permiso de uso de suelo que la minera pretende utilizar.

3.- Manifestarnos de manera pública y masiva, dejando en claro nuestro total rechazo a la posibilidad de que en suelo sudcaliforniano opere la mega mimería de extracción de metales preciosos a cielo abierto, por ser tóxica, lesiva y depredadora.

FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Colaboración Especial

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las protestas masivas en La Paz y Los Cabos contra la implementación de la minería a tajo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, que se dieron el pasado 29 de agosto, fueron motivadas tras el último intento de Desarrollo Zapal S.A. de C.V. de obtener el cambio de uso de suelo de una gran área en la Reserva mencionada, con el fin de poder deforestar y comenzar la extracción de oro.

La solicitud del cambio de uso de suelo es uno de los muchos trámites que los empresarios interesados en el oro deben realizar ante autoridades municipales y otras instituciones a nivel estatal y federal. Y aunque esa misma mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, aseveró que a nivel legal se les había negado el cambio de uso de suelo a Desarrollo Zapal, lo que consideró como un logro de su saliente administración y de la sociedad opositora a la minería, eso no fue suficiente para los manifestantes, quienes al no poder dialogar con el gobernador Carlos Mendoza Davis, lo hicieron con el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.

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La comitiva que se sentó en la mesa de diálogo con De La Peña Angulo, logró que este se comprometiera a redactar un documento oficial que fijara la postura del Gobierno del Estado; por su parte, el Secretario se comprometió a especificar que se emitiría una iniciativa de Ley contra la minería en la Sierra de la Laguna, de común acuerdo con la ciudadanía opositora y de la mano de las autoridades municipales y de las instancias estatales pertinentes al caso.

Antes de la reunión, el Secretario General del gobierno estatal fue aún más enfático al declarar a la muchedumbre que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…” refiriéndose al proyecto minero a tajo abierto Los Cardones. Pero aún con lo obtenido durante la protesta y en la mesa de diálogo con el Secretario, los manifestantes no están conformes y seguirán luchando por una ley que blinde al estado de BCS contra la minería tóxica, principalmente con la que se realiza a tajo abierto, y con cualquiera que pretenda implementarse en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna o cualquier otra área natural protegida, incluyendo la que también se ha querido establecer en el Golfo de Ulloa, la denominada minería submarina.

Estás protestas antimineras se dan en el marco de una reciente andanada de calumnias en las redes sociales, principalmente Facebook, y en algunos medios de comunicación contra Juan Ángel Trasviña, uno de los líderes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), quien se ha caracterizado desde hace años por luchar desde la trinchera social contra el establecimiento de proyectos mineros en el estado, principalmente con los que se han intentado establecer en dicha Reserva.

Ataques que se hacen extensivos a los demás integrantes del Freciudav y la ciudadanía que los apoya, mismos que se vieron coronados el jueves 30 de agosto con una “minimanifestación” –alrededor de 200 personas, en comparación con las más de mil que el día anterior se congregaron para protestar contra la minería–; la mayoría de esos “manifestantes” recibieron dinero para ser acarreados y “ejercer su derecho a la protesta” a favor del establecimiento de Los Cardones.

Aunque el Ayuntamiento saliente, así como el Delegado de la Semarnat en BCS han aclarado que la empresa minera puede iniciar los trámites desde cero, de acuerdo a lo que marca la ley para el establecimiento de su proyecto, otra cosa también quedó explicita el miércoles antiminero, y es que los sudcalifornianos ­–los nativos y los procedentes de otras regiones del país–, gente de muy diversas profesiones y religiones, filiaciones políticas y edades, están unidos en torno a la defensa de la Sierra de la Laguna, pulmón de oxígeno y manantial de agua. Fue un gusto ver a muchos jóvenes incorporados a la lucha social, pues más allá de la alegría de ver caras conocidas durante diversas luchas desde hace años, fue pura vitamina para el alma ver a un amplio sector de la juventud con una conciencia plena de su responsabilidad social para defender sus derechos, aún esos que la ley todavía no protege a cabalidad.

FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Haciendo una revisión exhaustiva del marco legal que rige el quehacer oficial en el Municipio de La Paz, nos encontramos con un decreto vigente que impide específicamente la actividad minera como la que pretende llevar a cabo la minera “Los cardones” en la Sierra de la Laguna, pues dicha zona del municipio se encuentra reservada a la preservación de la vida silvestre. Les haremos llegar a nuestros regidores municipales —salientes y entrantes­—, una copia de este decreto, para que conozcan su contenido y se abstengan de emitir cualquier acto tendiente a otorgar la aprobación de uso de suelo que permita la actividad minera de extracción de metales a tajo abierto, actividad que por definición, es tóxico-lesiva.

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El Plan de Ecología Urbana ECOPLÁN para el municipio de La Paz fue creado mediante decreto aprobatorio que fue firmado por el entonces titular del ejecutivo del Estado, el 4 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de marzo de 1980. Este decreto hace que los objetivos, políticas y acciones que se contemplan en el ECOPLÁN, sean obligatorios para el Sector Público y privado de la entidad.

El Plan de Ecología Urbana ECOPLÁN, tiene como objetivo principal, aportar los fundamentos técnicos y específicos que sirvan de marco de referencia a las políticas ecológicas que para el desarrollo de los asentamientos humanos, considerado de manera prioritaria la degradación que vienen sufriendo los sistemas naturales, así como la contaminación ambiental, provocada por la deforestación y la alteración del medio acuático, así como por los desechos urbanos.

¿Cómo nace?

En su exposición de motivos, establece que se emite el ECOPLÁN, atendiendo a la responsabilidad gubernamental de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública mediante la regulación del aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación, las reservas, destino y uso de tierra, aguas y bosques para planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

El objetivo central es mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana mediante la conservación del equilibrio ecológico, estableciendo zonas de vedas, parques naturales y jardines, tomando las medidas necesarias para evitar y controlar la erosión y la contaminación a efecto de conservar las condiciones ambientales apropiadas para su desarrollo.

Por lo anterior, nace el ECOPLÁN, como un instrumento que propicie, apoye y regule el desarrollo equilibrado del municipio de La Paz con relación a las riquezas naturales que en éste existen. Entre sus objetivos, destaca el procurar que en la zona boscosa localizada en la Sierra de La Laguna se modere la tala desmedida de que es objeto, ya que de seguir así provocará el desequilibrio del ecosistema, así como se vería afectada también la fauna y provocaría que los animales se vean entonces obligados a refugiarse en los lugares más inaccesibles para el hombre.

Resulta imperativo preservar el abastecimiento de agua potable debido a la carencia de las suficientes fuentes de abastecimiento, ya que por el crecimiento demográfico, el municipio en un futuro a mediano plazo tendrá problemas para ofrecer la suficiente dotación a sus habitantes en la mayoría de sus poblaciones.

Sus objetivos

*Proteger y conservar los recursos naturales disponibles en el municipio susceptibles de degradación por actividades humanas.

*Mantener como refugió de la vida silvestre el Parque Natural de la Sierra de la Victoria y la Laguna.

*Regenerar el medio contaminado o degradado y minimizar los efectos nocivos que provoque en la población.

*Establecer los lineamientos necesarios para la protección, conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos turísticos, culturales y naturales.

El Artículo QUINTO del decreto establece que las disposiciones del ECOPLÁN serán obligatorias para las entidades del sector público, así como las personas físicas o morales cuya actividad afecte en alguna forma el desarrollo urbano del municipio, y el artículo SEXTO estipula que Las acciones e inversiones públicas que se ejecuten en el municipio, deberán sujetarse a los objetivos metas, políticas, programas y demás disposiciones previstas o derivadas del ECOPLÁN.

Marina de Cabo San Lucas. FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A principios del 2014, conocí a Joshua en un restaurante del sur de la Ciudad de México, frecuentado por empresarios y empleados hoteleros.

Joshua es originario de una pequeña isla que forma parte del archipiélago antillano y se integra al total del territorio británico de ultramar. Físicamente tiene un parecido con el corredor Ben Johnson, y es un agradable conversador. Vino a nuestro país contratado por una importante cadena hotelera internacional, para impartir un curso para empleados hoteleros. Este empleo le ha permitido recorrer y conocer los principales destinos turísticos de México, y conocer de cerca el sentir de nuestros compatriotas que laboran en el campo de los servicios turísticos.

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“Debes hablar con tus compatriotas. Decirles que no sigan vendiendo sus tierras. Tarde o temprano, terminarán como nosotros, si no conservan la propiedad de sus tierras. Acepten la inversión extranjera, pero en sociedad, o se convertirán como muchos de nosotros, los antillanos, en simples “fadisléivs” de los extranjeros.”

La conversación se centró en el extraño fonema, que es una deformación de la combinación de dos palabras cuya traducción sería algo parecido a “esclavos gorditos”, y que se aplicaba en el siglo XVIII a los hijos de los colonizadores europeos —en su mayoría británicos u holandeses—, con las esclavas negras, en su mayoría originarias de la costa occidental africana.

Cuando a un colonizador le gustaba una esclava al punto de tenerla como amante de planta, a la esclava se le otorgaban ciertos privilegios, entre ellos, que sus hijos estuvieran bien alimentados y recibieran educación.

Cuando las Antillas se independizaron, pusieron a la venta todo su territorio. Es el caso de la pequeña isla donde nació Joshua, que es propiedad de un acaudalado inglés dueño además de una empresa que se dedica a comercializar inmuebles en todo el entorno caribeño.

Siendo los nativos afrocaribeños el 90% de la población, conforme tanto al ius sanguinis como al ius solis, por raza y por lugar de nacimiento, los dueños originales de toda esa rica y hermosa tierra isleña que conforma el archipiélago, al vender sus propiedades, actualmente sólo aspiran a ser empleados bien pagados de los extranjeros que acapararon las tierras. Hoy todos son, como dice Joshua, “fadisléivs”, esclavos bien alimentados, al servicio de sus amos extranjeros. Taxistas, empleados de empresas extranjeras domiciliadas en el archipiélago, y que controlan todas las actividades del servicio en el mercado: bancos, financieras, inmobiliarias, importadoras, cadenas hoteleras, servicios navieros, servicios turísticos, etcétera.

Me despedí de Joshua, a quien volveré a ver en breve, ya que vendrá a Los Cabos a capacitar a los empleados de la cadena hotelera para la que trabaja. La pregunta que quedó en el aire y que invita a la reflexión.

El Arco de Los Cabos desde una azotea en la colonia Gastélum. FOTO: Modesto Peralta Delgado.

A diferencia de los antillanos, nosotros enfrentamos, a más de la amenaza de la concentración de playas y terrenos aledaños en manos de empresas extranjeras, el riesgo la operación de la mega minería de extracción de metales preciosos en tajo a cielo abierto, altamente contaminante y depredadora, actividad que genera enorme riqueza para unos cuantos empresarios, y a cambio deja destrucción, contaminación, pobreza y enfermedades.

¿Terminaremos en Baja California Sur como simples fadisléivs cuando hayan sido vendidas a los extranjeros todas nuestras playas? ¿Seremos fadisléivs de los grandes consorcios mineros? o ¿seremos capaces de defender nuestras tierras y proteger nuestro entorno?

Cuando vuelva a ver a Joshua, abordaremos las interrogantes.