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La Paz, Baja California Sur (BCS). Proteger de manera justa, proporcional y efectiva a los afectados en accidentes de transporte público, propone la diputada María Mercedes Maciel Ortiz en su iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Artículo 1820 del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, misma que fue presentada en la sesión pública ordinaria de este martes 16 de junio, informó el Congreso de Baja California Sur.

Para tal efecto, la legisladora del Partido del Trabajo propone adecuar el Código Civil de Baja California Sur tal y como se hizo en el Código Civil Federal y la Ley Federal de Trabajo, a fin de que el monto de indemnización pase de $ 274 mil 540.80 pesos a $439 mil 612.80 pesos, lo cual representa un aumento considerable, pero sin llegar a la distorsión de la ley vigente, que permite no sólo discrepancias entre distintos ordenamientos en el Estado y federales, sino constantes litigios por la discrepancia entre el Código Civil Federal con el local.

Por otra parte, la iniciativa también propone reformar la fracción VII del Artículo 35 de la Ley de Transporte para Baja California Sur a fin de que los titulares de las concesiones para explotar el servicio público de transporte, estén obligados, además, a contar con seguro del viajero y, en su caso, seguro de daños a terceros contratado con una institución nacional de seguros y fianzas o sociedad mutualista; o en su caso, contar con garantía solidaria de fondo autorizado por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el retraso de la Secretaría de Educación Pública en la ministración del presupuesto 2020 para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) la diputada María Mercedes Maciel Ortiz anunció que iniciará huelga de hambre en solidaridad con más de un centenar de trabajadores de los CENDIs en Baja California Sur, quienes no han percibido sueldo en lo que va del año 2020 informó el propio Congreso.

Durante la sesión ordinaria virtual de este martes 5 de mayo, la presidenta de la mesa directiva relató en un punto de acuerdo las vicisitudes que junto con trabajadoras y trabajadores de los CENDIS en BCS han padecido, y que pese a gestiones y tocar puertas, la Secretaría de Educación Pública apenas en el mes de abril emitió los lineamientos del Programa de Educación Inicial, con ese pretexto no ha bajado ese recurso, expuso.

“A pesar de que el 1 de diciembre el  Presidente de la República enarbola los CENDIS a través de la SEP, desafortunadamente sus funcionarios siguen sin entender”, expuso la también presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto de acuerdo consta en que el Congreso de BCS exhorte al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, para que se agilice el proceso de regularización de los CENDIS Tierra y Libertad y les sean pagados salarios de enero a abril de 2020, para dar respuesta a 104 familias.

A propuesta del diputado Esteban Ojeda, se sumó que se notifique el punto de acuerdo al presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, diputado Erasmo González, y por propuesta de otros legisladores que se notifique también al Coordinador de Delegaciones Víctor Manuel Castro Cosio y al Secretario de Educación estatal, profesor Héctor Jiménez Márquez.

Actualmente, trabajadores de Puerto San Carlos están en huelga de hambre, trabajadoras y trabajadores de La Paz iniciarían también como medida de presión y levantar la voz por la difícil situación que están padeciendo y la falta de sensibilidad por la SEP.

El sistema CENDI en BCS atiende aproximadamente a 400 alumnos y menores a partir de los 45 días de nacimiento.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El día de hoy, trascendió el anuncio que hiciera el Congreso del Estado de Baja California Sur, representado por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, presidenta de la Mesa Directiva, y los diputados Ramiro Ruiz Flores y Humberto Arce Cordero, titular de la Junta de Gobierno, al respecto del inicio del proceso de juicio político en contra de 8 diputados, de los cuales no revelaron identidad.

Este proceso tiene su origen en una denuncia ciudadana interpuesta el 21 de abril por Pedro Magallon Juan-Qui, por la violación a diversos ordenamientos de la Constitución Política Federal, y estatal, que fue turnada en su momento a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para valorar su procedencia, la cual, se anunció este 29 de abril, fue admitida y ya se encuentra notificada a los 8 diputados a que se refiere, cuya identidad se mantiene en secrecía.

Al respecto, el diputado Humberto Arce Cordero hizo un llamado al Gobernador Carlos Mendoza, solicitando que se abstenga de intervenir en este proceso “dada la intromisión que ha tenido el poder ejecutivo en los problemas internos anteriores de este Congreso, en obvia violación a nuestra autonomía, a través del uso de la fuerza pública, el uso del boletín oficial del gobierno del estado y la negativa de finanzas a depositar donde le pida esta soberanía, esperamos que en este proceso de juicio político el Ejecutivo se mantenga al margen, que no vuelva a tener un acto de intromisión en este proceso y que respete lo que está escrito en la ley”

Al momento de este anuncio, los 8 diputados denunciados ya se encontraban notificados de este proceso en su contra, sin mediar respuesta ni manifestación alguna por su parte. Sin embargo, el titular de la Junta de Gobierno, manifestó inquietud al respecto de las repercusiones que pudiera tener el inicio de este proceso “Pues si nos preocupa la parte de la seguridad de nosotros y nuestras familias; si algo llegara a pasarnos a alguno de los diputados, de los miembros de la comisión o cualquier miembro de la legislatura o nuestras familias, vamos a pensar que fue por la mala voluntad de alguien más, ajeno a este poder; si estamos preocupados por esa parte. Hacemos un llamado muy respetuoso al Ejecutivo para que deje desarrollar los procedimientos propios de este poder que es autónomo y soberano”, puntualizó Arce Cordero.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Baja California Sur, diputada María Mercedes Maciel Ortíz, declaró que el Poder Legislativo de Baja California Sur ha puesto especial atención a la presencia de la pandemia por el COVID-19 en la entidad, desde las necesidades del sector salud local y la gestión en los apoyos del gobierno federal hasta el trabajo parlamentario, bajo acato a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, informó el propio Congreso del Estado.

En ese contexto, Maciel Ortíz, en representación de los sus homólogos, dirigió a la población que las diputadas y los diputados de la XV Legislatura “reiteramos que a la fecha seguimos las indicaciones preventivas dictadas por la autoridad sanitaria, que no se ha presentado ningún caso a la fecha de COVID-19, ni en legislador alguno ni empleado del Congreso”.

Informó el caso de un colaborador que el día 8 de abril fue diagnosticado como síndrome respiratoria agudo tipo influenza y que hoy se encuentra estable, y recordó que, conforme ha avanzado la fase 2 de la declaratoria de pandemia, el pasado jueves 16 de abril, se presentó una iniciativa para aprobar sesiones virtuales, mismo que mañana martes 21 será votado, por lo que el jueves sería la última sesión presencial.

Maciel Ortiz dirigió a la población y medios de comunicación que la urgente necesidad de expresarse y ser escuchados encontró eco en el Congreso de Baja California Sur, desde ese momento fueron identificadas las verdades antes ocultas a la sociedad y derivó en dos grandes acuerdos: primero, la constitución de una comisión mixta que atiende de manera conjunta la agenda planteada por médicos, enfermeras, personal administrativo y de intendencia de todos en su condición de ser quienes en primera línea enfrentan el contagio del COVID-19. Segundo, destinar recursos del Congreso del Estado para apoyar con la compra de materiales médicos específicos.

A partir de este encuentro, amplió, donde expresaron sus quejas y señalamientos de insuficiencias e irresponsabilidad de la autoridad local, se logró apresurar la aparición de todos los apoyos de material y equipo médico, que el gobierno federal había entregado al Gobierno del Estado.

Por todo hemos sesionado anteponiendo el interés personal colectivo, incluso por sobre la salud personal, destacando los dictámenes y acciones de manera particular en el tema de la salud.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada María Mercedes Maciel Ortiz, propuso reformar el Artículo 2017 del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, para considerar caso fortuito las situaciones derivadas de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias, así como pandemias declaradas oficialmente, cuando afecten la movilidad y convivencia social por recomendación u orden de la autoridad, informó el Congreso de Baja California Sur.

En ese contexto, las circunstancias previstas en este párrafo no implicarán rescisión, resolución o nulidad de la obligación o sus accesorios, sino de ajustar el contrato u obligación en los términos del Artículo 20 del Código en tanto el obligado acredite la imposibilidad o disminución de sus posibilidades para cumplir durante la contingencia.

Al subir a tribuna, la representante popular aludió al anuncio que hiciera el gobierno de la república en días pasados cuando inició la fase 2, con el objetivo de que nuestro país tenga una menor transmisión de casos de COVID-19. El gobierno mexicano decretó al iniciar la fase 2 del coronavirus, trazar “el horizonte” para los siguientes 30 o 40 días, con el objetivo de que el país tenga una menor transmisión de casos de COVID-19.

Reconoció que estas medidas de prevención afectaran seguramente la economía de los que menos tienen y particularmente a los prestadores de bienes y servicios que hacen de su actividad su medio cotidiano para subsistir, por lo que se hace necesario plantear soluciones o medidas paliativas, particularmente en las Leyes Estatales, para los efectos que estas drásticas medidas van a producir en los contratos civiles que están en vigencia.

Reiteró que un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor, esta definición ha sido recogida por la jurisprudencia al señalar que cuando existe un obstáculo proveniente de la naturaleza o del hombre, que le imposibilita física o jurídicamente cumplir cabalmente, de modo que el fenómeno de la naturaleza, hecho social grave o acto de autoridad pública irresistible, por inimpugnable, incide en el objeto principal de la obligación contraída.

La presidenta del actual período ordinario de sesiones, pidió el apoyo a sus homólogos para aprobar esta iniciativa, misma que pasó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como a la Comisión de Comercio y Turismo.