FOTOS: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Enorme inquietud ha generado entre los habitantes de Baja California Sur, la declaración vertida por el presidente electo, en el sentido de someter a la consulta popular, el tema de la operación en la entidad, de la mega minería de metales preciosos a cielo abierto, tóxico lesiva y depredadora por definición. Y es que nadie sabe a ciencia cierta, de llevarse a cabo dicha consulta, quién, cómo, cuando y donde se llevará a cabo, qué autoridad convocará, qué marco legal regulatorio será aplicado, quién elaborará el cuestionario; a quién se consultará, y así las interrogantes, hasta completar un largo etcétera, sin contar que la dichosa consulta no resulta vinculante, si no se ajusta a un marco legal que la regule.

En tanto se resuelven las interrogantes, solicitamos al Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, una opinión técnico jurídica de la consulta popular, a la luz del marco constitucional y convencional. Aquí presentamos el aporte emitido por el doctorando Marcos Ignacio Peralta Piriz, a quien agradecemos la forma sintética en que abordó el tema, y la sencillez del lenguaje empleado, que facilita la comprensión y el análisis del texto.

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Implicaciones

La consulta al gobernado, prevista en el Artículo 35 Fracción VIII de la CPEUM se halla contemplada como uno de los tantos derechos o prerrogativas inherentes al “ciudadano” enfatizando este concepto o definición (ciudadano), por la razones a las que más adelante haré referencia; la consulta popular al igual que la iniciativa ciudadana resultan ser un modelo que con clara limitantes empodera al ciudadano, pretendiendo constituir una muestra de una reingeniería jurídica teniente a la transición hacia una democracia directa.

Respecto de esta es importante destacar que las consultas populares presentadas dotan al ciudadano del derecho  para votar  sobre temas de trascendencia nacional, sin perjuicio de quien convoque a la misma de acuerdo a los incisos a), b) y c) del fundamento Constitucional citado.

Bajo ese contexto es importante definir con precisión que debemos entender por temas de “trascendencia nacional” y en qué casos puntuales acudir o promover este tipo de consultas; en principio y en mi opinión cualquier afectación a intereses del dominio público y que directa o indirectamente tengan por objeto la alteración o modificación del estatus jurídico y/o social de las personas que residen en territorio nacional (en lo general, para no puntualizar la infinidad de supuestos que podrían contemplarse) serán materia de estas consultas, siempre y cuando no se cuenta con la normatividad tutelar preexistente, de lo contrario estaríamos frente a una práctica ociosa sustitutiva del poder legislativo; esta figura podría ser comparable a lo que se conoce como “referéndum por vía de petición popular” lo cual es algunos sistemas no es otra cosa que la petición de los votantes sobre ciertas leyes aprobadas para que sean sometidas a su consideración.

No menos importante resulta definir el universo social que puede contar con dicha prerrogativa y como el artículo citado el inicio refiere de modo puntual al “ciudadano” y determinar que debemos entender como tal ya que la propia CPEUM define al ciudadano como la persona de nacionalidad mexicana en su artículo 34, mismo que necesariamente nos remite al diverso artículo 30, ambos de la norma constitucional la que describe que debe entenderse como ciudadano mexicano, excluyendo de forma clara y precisa a todo extranjero conforme lo dispone el artículo 33 de la propia Constitución, mismos a los que califica como “persona” y no “ciudadano”; en ese mismo orden de ideas no puede dejarse de lado que cualquier determinación que se adapte respecto de la instalación o no de la multicitada “minería toxica” es sin lugar a dudas afecta derechos sustantivos en caso de ser autorizada y fundamentalmente el o los actos de autoridad que eventualmente la permitieran resultan claramente violatorios de los derechos humanos del acceso al agua y del medio ambiente sano [1] como concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su deterioro.

En consecuencia y tal como disponen los Artículos 1º, 4º, 133, de la CPEUM, este derecho es inherente a “todas las personas” motivo por el cual debe definirse si el ámbito de decisión es privativo a los ciudadanos mexicanos o a toda persona nacional o extranjera que resida en territorio nacional, encontrándonos con una severa contradicción que deberá ser resulta y definida previamente a promocionar consultas de esta naturaleza.

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[1]  Artículos 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, así como el Informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible.

FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha ciudadana por evitar la operación de la minería tóxica en Baja California Sur, no es una pugna entre “un grupo de ambientalistas” y una empresa que trae “progreso” a la entidad, como pretenden hacernos creer los voceros del gigante minero, con el ánimo que veamos el problema como algo ajeno a nuestro interés, como si la contaminación y la destrucción del entorno ecológico no nos afectara, y sólo fuera tema de interés para unos cuantos, a quienes pretenden minimizar en su empeño, bajo el genérico anodino de “ambientalistas”.

Con esta estrategia, el grupo Salinas —titular de los derechos de explotación del proyecto minero Los Cardones—, a través de sus voceros importados y algunos comentaristas locales que sin escrúpulos venden su opinión, busca convertirnos en simples espectadores de un abstracto enfrentamiento entre “ambientalistas” y “el progreso”, cuando la realidad es que la amenaza que implica la entrada en operaciones de la minera, nos involucra a todos, no sólo a los actuales residentes y visitantes de la entidad, sino a aquellos que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, y por ello, debemos ser participantes activos, decididos y constantes, en la lucha por preservar nuestra fuente de agua y el entorno natural en que se asienta su principal depósito.

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No podemos permitir que nos engañe el grupo Salinas, cuando trata de convencernos de las “bondades” de su proyecto, para que no veamos el enorme daño al agua y al ambiente que en el proceso de operación se genera para que al cabo de diez años, la empresa minera se embolse miles de millones de pesos, y a cambio deje solamente contaminación y desastre.

Para tratar de convencernos, el grupo Salinas utiliza una estrategia mediática que promueve “beneficios” —ocultando los perjuicios—, como cuando te habla de las ventajas de los “abonos chiquitos”, pero no te dice que son eternos y que cobran intereses altísimos, tan altos, que en muchos países esa tasa está prohibida. Exactamente como ocurre con su minería, “responsable”, que también está prohibida en los países desarrollados.

Esa campaña de promoción de “beneficios” viene acompañada de una embestida mediática paralela, que trata de convencernos de la inminencia de su operación. Que “ya están operando”, que “ya tienen todas las licencias”, que “ya están trayendo maquinaria”, que “ya ganaron todas las instancias”, y mensajes similares, todos falsos, y todos encaminados a minar nuestra resistencia a su entrada en operaciones. Buscan desanimar nuestros esfuerzos por detenerlos. Intentan convencernos de que es inútil resistirnos, que “ya está hecho” y es inevitable que lleven a cabo su proyecto.

De nosotros depende el prestar oídos sordos a esa agresiva y constante campaña de desinformación. Lo cierto es que NO TIENEN AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL, NI PERMITIREMOS QUE LA OBTENGAN, la verdad es que esta lucha no es de unos cuantos ambientalistas contra una empresa que nos trae “progreso” y “bienestar”.

Lo cierto es que no van a entrar en operaciones, pues vamos a evitarlo, si no caemos en sus juegos de engaño. Esta lucha es de todos los residentes del Estado. Y es una lucha vital, que no admite descuidos.

Enfrentamos el reto colectivo de:

1. Frenar la entrada de la minería tóxica a la zona de la Sierra de la Laguna, impidiendo que las autoridades municipales otorguen la autorización de uso de suelo, necesario para su operación.
2. Obtener la cancelación de todas las concesiones otorgadas a la fecha por las autoridades federales, para la explotación minera de metales preciosos a cielo abierto en nuestro Estado.
3. Generar una corriente de opinión bien informada, que conociendo los daños que ocasiona la minería tóxica, sistemáticamente se oponga a su operación.
4. Blindar al Estado, proscribiendo la realización de todo acto de explotación minera de extracción de metales preciosos a cielo abierto, desde su preparación hasta su consumación, con el marco legal adecuado, acorde a los estándares plasmados en los tratados internacionales, convenios, declaraciones y jurisprudencia de las cortes internacionales, plenamente armonizado con los preceptos constitucionales y su interpretación jurisprudencial a carga de la corte federal mexicana. Debemos tener presente para ello, que a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades —municipales, estatales y federales—, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte.

Debemos mantenernos atentos y activos en los tres frentes de batalla que a la fecha nos han permitido detenerlos:

1.- La defensa jurídico-legal en los tribunales judiciales e instancias administrativas, a partir de la figura del mandato soberano popular específico, que nos ha permitido convertirnos en la primera entidad en América Latina en frenar la minería tóxica, antes de su entrada en operaciones.

2.- La constante participación en las redes sociales, compartiendo información, documentando y difundiendo los avances de nuestra lucha, haciendo cada día más grande la toma de conciencia ciudadana respecto a la dimensión y trascendencia del reto que enfrentamos. Cada día debemos ser más y más los residentes del Estado que de manera informada y decidida, se incorporen a la lucha contra la minería tóxica, desde todas las trincheras que sea posible implementar.

3.- La movilización social, atendiendo al llamado que se genere cuando sea necesario manifestarnos, tomando las calles de manera pacífica y respetuosa, pero masiva y contundente, dejando en claro a las mineras y al mundo entero, que en Baja California Sur, vale más el agua que el oro o cualquier otro producto cuya extracción genere contaminación y ponga en peligro nuestra fuente de abasto del vital líquido.

FOTOS: Gladys Navarro y Roberto Galindo / PORTADA: Gladys Navarro.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha sudcaliforniana contra la minería tóxica –¿cuál no lo es?–, lleva de manera organizada más de una década y ahora está bien representada por diversas organizaciones civiles: agrupaciones nutridas de ciudadanos, colectivos que gozan del respeto de la sociedad, mismos que con el paso del tiempo han logrado decenas de miles de miembros y simpatizantes. En 2014 con la firma del Pacto de Todos Santos en una multitudinaria asamblea ciudadana –que no pudo ser boicoteada por los acarreados pro-mineros, ni por el silencio o tergiversación de algunos medios de comunicación–, se demostró que en Baja California Sur se quiere vivir libre de minería.

La popularidad anti-minera que ha rebasado por mucho a los pocos pro-mineros, es el resultado del trabajo en varios frentes contra diversos proyectos, cuyas vertientes de acción van desde informar a pie sobre los devastadores efectos de la minería, con el uso de redes sociales, en eventos culturales y, por supuesto, en las protestas que se han realizado. Por otro lado, los grupos más organizados han investigado sobre las legislaciones relativas al establecimiento o restricción para emplazamientos mineros, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas o Reservas de la Biósfera, y han informado a la sociedad acerca de las leyes que protegen su hábitat y aquellas que lo afectan, lo que ha derivado en una participación civil más activa en el conflicto minero.

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A pesar de ello los pequeños grupos pro-mineros, manejados por grandes corporaciones, no han cejado en impulsar la mega minería tóxica, al igual que las otras pequeñas minerías, bajo falsas banderas como: “minería sustentable” o “minería responsable”… Podrían llamarla minería humanamente caritativa, eso no va a cambiar la animadversión de los sudcalifornianos. Cuando los “pro-mineros” se han manifestado se han evidenciado el acarreo y las dádivas otorgadas a los “manifestantes”, la mayoría gente de zonas humildes, susceptible de ser “convencida” de arengar sin saber el porqué, claro, motivada por ofertas de miles de empleos bien pagados; la eterna promesa del “progreso y el desarrollo”, que al final los empresarios mineros siempre rompen. Sudcalifornia no necesita esa ilusión, su vocación es el turismo, sustentado gracias a su naturaleza, a su Estado casi virgen, a su belleza del paisaje. Al menos, en el Sur del Estado muchos de los atractivos turísticos y la sustentabilidad económica dependen de la más importante reserva y fuente de agua dulce: la Sierra de la Laguna, la que pondría en riesgo el proyecto de mega minería tóxica Los Cardones.

La lucha social y legal se ha dado durante años. El movimiento anti-minero ha engrosado sus filas, así lo han demostrado las manifestaciones del pasado lustro, incluida la masiva reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el lunes 17 de septiembre en La Paz, en la que más de 3 mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones; la minería submarina que quiere ser operada en el Golfo de Ulloa; y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular.

Manifestación en visita de AMLO a La Paz, septiembre de 2018. FOTOS: Gladys Navarro.

La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales… López Obrador no complació a la masa, pero hizo mucho más que otros ante los reclamos, dijo: “…lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera. Y sí, es cierto, el pueblo ya decidió, eso ha quedado claro desde hace años, sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, cuando protestó frente a TV Azteca. La consulta puede ser un arma poderosa para no sólo detener el proyecto Los Cardones, sino para adelantar el blindaje de Sudcalifornia contra la minería, pero eso dependerá del tamaño de la participación ciudadana.

Manifestantes apoyando el Pacto de Todos Santos. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera de TV Azteca en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta ciudadana en Cabo San Lucas, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta durante foro de presentación de la minería submarina en Ciudad Constitución, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

En asuntos tan delicados la política no puede ser ejercida del grito a la promesa y de esta a la ley para la complacencia del manifestante, como esperaban muchos, los que hoy inundan las redes con su decepción de quien aún no es Presidente en funciones. Además de que en el tema minero la decisión no sólo es del titular del ejecutivo, intervienen los poderes federales, sí, pero a través de diversas instancias, como la Semarnat, entre otras que al amparo de leyes a modo o manipulación de éstas han concedido permisos parciales a Los Cardones, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); o como el Cabildo Municipal de La Paz —el priísta, el de la legislatura pasada—, que violentando los procedimientos otorgó un cambio de uso de suelo a la empresa Desarrollo Zapal, mismo que fue negado en diferendo legal por el Cabildo panista actual. La ley no es tan digerible en beneficio social, es trocable, manipulable y en algunos casos benéfica para determinados aspectos de proyectos tan perniciosos como el que nos ocupa. Por lo anterior, la consulta ciudadana podría evolucionar una lucha de años, esa que se ha topado una y otra vez con autoridades y gobernantes que han favorecido a intereses ajenos a la entidad.

AMLO dijo: Y de una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur… …vamos a ser respetuosos, de verdad, del estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento, vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo, voy a mandar a hacer una encuesta a Baja California (Sur) y el pueblo va a decidir sobre este asunto… Y ante el insistente grito de “ya lo decidimos” reviró: “Sí, pero no aquí, lo vamos a definir con una consulta para darle toda la legitimidad…”. Ahí está el anhelado “no a la mina”, pero menos romántico y subversivo de lo que esperaban muchos. De obtener una victoria abrumadora en la consulta se podría obligar a los diferentes niveles de gobierno a aprobar la iniciativa de ley ciudadana anti-minera que apenas hace unas semanas se discutía con el Secretario de Gobierno Estatal. Claro que la consulta no implica dejar de avanzar por el lado legal, ambas luchas pueden conciliarse, por ejemplo el 20 de septiembre pasado Lucía Trasviña, legisladora de Morena, presentó una propuesta de iniciativa de ley al respecto en el Senado de la República.

La respuesta de AMLO no fue obligada por los reclamos, ya se sabía que los manifestantes corearían el “no a la mina”. Era evidente que la asamblea se volvería el principal escaparate de la protesta anti-minera. Y aunque a muchos les pese, un Presidente elegido democráticamente, no puede y no debe mostrarse autoritario en sus decisiones, por más que se defiendan los Derechos Humanos más básicos. Que las leyes y la política se impulsen desde la plaza pública es maravilloso, pero la transformación de ideales y luchas en hechos se deben hacer en democracia y legalmente, eso implica la consulta ciudadana y el proceso legal que ya se está dando. Esas transformaciones no se deben hacer al grito de guerra, pues empezaríamos a deslegitimizar al que tal vez sea el Presidente más legítimo en décadas. Y si como algunos dicen, la consulta ciudadana sólo es valorativa y no efectiva, si todo depende de las leyes y de los legisladores, entonces ¿por qué exigir al presidente electo una solución si las leyes ya nos protegen? Sólo recuerden que antes ningún otro político del tamaño de AMLO nos tomó en cuenta para decidir un futuro sin minería.

Las consultas ciudadanas son para privilegiar la decisión de la gente, incluso por encima de los llamados intereses de la nación, que muchas veces son simulados; el asunto, es que los candados que han sufrido consultas pasadas —como la que se llevó a cabo en referencia a las reformas energéticas—, deberán ser removidos en los congresos, en los que ahora Morena tiene mayoría; de acuerdo a AMLO eso se hará a petición expresa de él una vez que tome posesión y mande la iniciativa correspondiente. No es momento de rechazar diferentes caminos de lucha, ni de dividir objetivos comunes en lo que se avizora como una democracia participativa. En este sentido será fundamental que las agrupaciones anti-mineras se involucren en la consulta ciudadana, en su organización, sobre todo en el tipo de cuestionamientos a ponderar. No es momento de dividir, sino de sumar y de redoblar esfuerzos. O qué, ¿creyeron que AMLO les iba a decir a todo que sí o no, dependiendo su postura?

Caravana de protesta en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera del Palacio de Gobierno del Estado en La Paz, 2018. FOTO: Roberto Galindo.

FOTO: Ayuntamiento de La Paz.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este lunes, Santiago Leal Amador, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de La Paz, declaró a través de un comunicado de prensa oficial que “se logró que este Ayuntamiento revirtiera la sentencia de amparo en contra de la empresa desarrolladora Zapal, quien pretende operar y establecer la minera en Los Cardones”.

Ésto luego de responder a los señalamientos de dicha empresa, donde manifiestan que son ellos los que ganaron el amparo que habían interpuesto en contra del gobierno que encabeza el alcalde Armando Martínez Vega.

Leal Amador repuso que desde el inicio de la administración se ha desconocido el cambio de uso de suelo que el Cabildo del XIV Ayuntamiento, en sesión privada, había otorgado a favor de la minera, ya que dicha sesión carece de legalidad al no cumplir los procedimientos establecidos para llevarla a cabo; por lo tanto el supuesto cambio de uso de suelo es también ilegal. Por ello, recalca que después de una lucha de tres años, se logró esta resolución irreversible a favor del XV Ayuntamiento de La Paz.

Recordó que en la pasada sesión de Cabildo, el aún Alcalde dio a conocer que se ganó la batalla jurídica en contra de Desarrollos Zapal. “El Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa, ordenó que las cosas quedarán hasta la Sesión de Cabildo del XV Ayuntamiento en la que se determinó la inexistencia de la Sesión Secreta del XIV Ayuntamiento”, dijo.

El Director de Asuntos Jurídicos subraya que esta administración nunca ha ocultado el proceso de esta demanda, ni han sido partícipes de proyectos que afecten los intereses de los ciudadanos en los temas del medio ambiente.

Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, donde se intentó poner la minera “los Cardones”. Foto: Got Baja.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad civil organizada en BCS está de plácemes, y debe celebrar en grande, tras haber completado el exitoso triplete sobre la poderosa empresa minera que estuvo muy cerca de alcanzar su nefasto objetivo: extraer oro de la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, y con ello, devastar la zona y contaminar nuestra única fuente de abasto de agua no procesada.

La batalla se libró en tres frentes, y en los tres obtuvimos la victoria. Los apabullamos en las redes sociales, los frenamos con la resistencia civil, y finalmente los vencimos en la contienda judicial ante los tribunales.

Detuvimos la actividad minera en la entidad, ANTES de que se iniciara, y eso es un logro sin precedentes en América Latina.

Nuestros hermanos al sur de la frontera comparten nuestro entusiasmo y toman nota de nuestra experiencia, para replicar el éxito, y exigir a la Corte Interamericana que considere en sus parámetros los puntos torales de la resolución judicial federal que hoy festinamos.

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Es tiempo de festejar y congratularnos porque el esfuerzo de todos los que directa o indirectamente participamos en la contienda, nos permite hoy mirar de frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, y decirles que esta tierra bendita que a ellos pertenece, nos fue encomendada para preservarla, y pese a todo, logramos vencer la amenaza de envenenamiento y destrucción. Decirles con orgullo que cumplimos el cometido. Que no bajaremos la guardia y seguiremos en la brega, pero por lo pronto, esta batalla ha concluido y la victoria ha sido nuestra. Misión cumplida.

Existen otras amenazas, pero el sabor de la victoria hoy acompaña la mesa de planeación y estrategia de defensa. Si antes estábamos dispuestos a la lucha, hoy estamos aún más fortalecidos.

La versión corta del triunfo ante los Tribunales Federales establece que a la minera le anularon la autorización en materia de impacto ambiental que la SEMARNAT otorgó a Desarrollos Zapal, S.A., para la realización de actividades de explotación minera en el Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna (Proyecto Minero Los Cardones).

Meses atrás, hubo en Internet y redes sociales hubo evidencia que Desarrollos Zapal seguía intentando establecer el proyecto minero.

Y lo más importante, es que atendiendo al precedente que establece la sentencia, prácticamente ya no existe posibilidades de que se les otorgue nuevamente, pues la condicionante legal establecida en la sentencia judicial que hoy festinamos, resulta de imposible consecución para la minera transnacional.

Y no sólo protege a nuestra área, también lo hace a todas las áreas protegidas del país, pues el criterio se aplica en toda la República, ya que se estableció jurisdiccionalmente que EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LAS RESERVAS DE LA BIÓSFERA, NO PUEDEN REALIZARSE APROVECHAMIENTOS MINEROS, a menos de que sean emprendidos por las comunidades que ahí habitaban al momento de la declaratoria correspondiente o con su participación.

Estaremos atentos, porque sabemos que violentar la ley no escapa a los procedimientos de la empresa transnacional que pretenda llevarse el oro y dejarnos el veneno.

Las autoridades federales, estatales y municipales que deben conocer de permisos y autorizaciones —por los antecedentes lo sabemos—, son altamente corruptibles, así que no bajaremos la guardia, pero por lo pronto, hoy festejamos al tiempo que planteamos la estrategia, pues estamos conscientes de que la guerra no ha concluido.