Aprueban garantizar oportunidades laborales a personas con discapacidad
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó que los Poderes del Estado y los Ayuntamientos contemplen en sus plantillas laborales la contratación de personas con discapacidad, en al menos el tres por ciento de la planta laboral y en el caso de las empresas, industrias, comercios y establecimientos cuyo capital sea privado, por lo menos el 5 y 10% en empresas medianas y grandes, lo anterior en apego al derecho al trabajo y garantizare la inclusión del segmento de la población, informó el Congreso del Estado.
El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, que preside la diputada Anita Beltrán Peralta sobre la iniciativa que propuso la adición de un primer párrafo al artículo 74 de la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur, que presentaron las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño Ruiz, así como el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social.
La diputada Anita Beltrán hizo una propuesta para incrementar los porcentajes en el caso de las empresas de capital privado.
La adición aprobada determina que “los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar progresivamente a personas con discapacidad, siempre y cuando satisfagan los requisitos necesarios, conocimientos y habilidades para desempeñar el perfil laboral solicitado hasta alcanzar cuando menos el tres por ciento de la planta laboral. Las empresas de capital privado, deberán contratar progresivamente a personas con discapacidad hasta alcanzar al menos 10% de su plantilla laboral, las empresas medianas y grandes deberán contratar a personas con discapacidad hasta alcanzar al menos 5 y 10% respectivamente de su plantilla laboral”.
Esta modificación se refleja en facilitar el acceso a un espacio laboral de las personas con discapacidad, que les garantice poder trabajar y formar parte de la población económicamente activa, con todos los beneficios que ello implica.
Con base en el último censo de población y vivienda, en México 5.7 millones de personas con discapacidad, son las que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, y los principales motivos están relacionados a actos discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.
