FOTO: Congreso de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputadas y diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de BCS fueron capacitados en materia de declaración patrimonial a fin de que cumplan en tiempo y forma con sus declaraciones patrimoniales conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

A través de un boletín de prensa del Congreso del Estado se informó que, la Contraloría interna del Poder Legislativo a través de la contralora María Guadalupe Montalvo García impartió esta capacitación inicial, la cual forma parte de una serie de capacitaciones a todo el personal, servidores públicos que a partir de este año son considerados como sujetos obligados, derivado de la reforma de 2017 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La Diputada María Guadalupe Moreno Higuera en representación del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Diputado José María Avilés Castro, destacó la importancia de conocer como transparentar las declaraciones tanto servidores públicos y servidoras públicas, como de Diputados y Diputadas en la obligación para cumplir en todos los tipos de declaraciones en tiempo y forma.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estipula que todo  sujeto obligado debe cumplir con la declaración patrimonial inicial, dentro de 60 días después de tomar posesión; la declaración de modificación (en el mes de mayo de cada año), y la de conclusión (60 días al término del encargo), así como también la declaración de conflicto de intereses, y en agosto para algunos servidores el examen toxicológico.

Cabe recordar que, la declaración patrimonial es el requerimiento estipulado en la Ley de Responsabilidades Administrativas en donde el servidor público debe declarar su información referente a su patrimonio, ingresos, así como adeudos, con la finalidad de evitar el ejercicio indebido, como enriquecimiento ilícito, y cumplir con los lineamientos de transparencia.

En 2017, se modificó la Ley de Responsabilidades Administrativas, estipula que todo servidor público es sujeto obligado para presentar declaraciones patrimoniales: de jefes de departamento para arriba es una declaración completa y de jefes de departamento hacia abajo deben cumplir con declaraciones simplificadas a través de la plataforma del sistema declaranet, cuyos formularios fueron creados por el Sistema Nacional Anticorrupción, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputados cuestionaron la participación ciudadana en el seguimiento al gasto público y obras que realiza el Gobierno Estatal, así como la vigilancia y observación que realiza la Contraloría General estatal, lo anterior en el marco de la  comparecencia de la contralora general, Sonia Murillo Manríquez, informó el Congreso del Estado.

En sesión extraordinaria se desarrolló la comparecencia de la titular de la contraloría, dependencia encarga de la revisión de obras y acciones ejecutadas con recursos estatales, quien expuso que con la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría General impuso 3 sanciones administrativas por faltas no graves y ejecutó 3 sanciones por faltas administrativas graves imputadas a un servidor público, impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que consistieron en una suspensión, una destitución y una inhabilitación.

En recepción de denuncias, recibió un total de 844, que representan un 57% más con relación al periodo anterior, de las cuales 33 % provienen de Auditoria Superior de la Federación (ASF)  y 14 de la Secretaria de la Función Pública (SFP), 13%, corresponden a denuncias ciudadanas; y el 8% restante se relaciona con la aplicación extemporánea del examen toxicológico con las cuales colabora interinstitucionalmente la dependencia estatal. Mientras que en procedimientos de investigación se incrementaron en un 58 %, de 315 se elevaron a 543 en el periodo.

A pregunta de la diputada Rosalba Rodríguez sobre vigilancia a las licitaciones, la titular de la Contraloría informó que la dependencia interviene en el 70% de la asignación de las obras públicas, dando cuenta del desarrollo de las mismas.

Reportó que en el cuarto año de la administración, la dependencia observó 337 de los 570 procedimientos de contratación, en los 337 de gobierno y ayuntamientos fueron asignados recursos públicos por la cantidad de mil 649 millones 185 mil pesos.

Fue cuestionada también sobre el presupuesto asignado a la Casa del Estudiante en la Ciudad de México, sobre el fondo minero, comités de contraloría social, entre otros.

Respecto a las contralorías sociales informó que se crearon 413 comités con la participación de mil 535 ciudadanos para obras, acciones y servicios de 22 programas sociales ejercidas con 88 millones de pesos.