FOTO: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La iniciativa del tema de movilidad ya está en la fase final para elaborar el dictamen, por lo que se tiene programado presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones, anunció el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

Así mismo, informó el Congreso del Estado, un equipo de asesores jurídicos del Gobierno del Estado, están trabajando en su análisis. Se revisa a fondo la Ley de Movilidad, puntos muy finos están pendientes, se esperan ultimas opiniones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).

Murillo Aguilar recordó, que la comisión de transporte ha escuchado a todas las voces que se han acercado al Poder Legislativo. Los legisladores han tomado en cuenta, tanto las inquietudes del gremio de transportistas, como las opiniones de instituciones públicas y privadas.  Se revisan a fondo ya que es un tema de interés colectivo.

El legislador puntualizó que la iniciativa ha sido revisada, por lo que, en cuanto esté lista, será sometida a votación y análisis en el Pleno para su aprobación.  Cabe destacar en el 2018, el Congreso recibió una iniciativa por parte del Ejecutivo.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves pasado, el Congreso del Estado se conmocionó. ¿El motivo? Un requerimiento por escrito, emitido por un Juez Federal, en el que se imponía al cuerpo legislativo, un plazo de tres días para emitir una ley. Nadie sabía qué hacer. Todo era confusión y desconcierto. Un ejército de asesores, todos pagados con dinero público, y fueron incapaces de articular una estrategia jurídico legal adecuada.

Es vergonzoso e indignante el espectáculo que nos brinda un cuerpo colegiado cuya principal función como representantes populares está íntimamente relacionada con el marco legal, pues tienen a su cargo la función de crear y adecuar las leyes a la realidad social de la entidad. Si su trabajo se vincula directamente con las leyes, es inconcebible que las desconozcan, al grado de no saber qué hacer —legalmente—, ante un requerimiento como el formulado por un Juez Federal.

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Y no criticamos la ignorancia propia, personal, individual de cada Diputado. Como representantes populares, no están obligados a tener ningún conocimiento previo. Tienen derecho —por así decirlo—, a ser tan ignorantes como sus personales circunstancias así se lo han impuesto.

A lo que no tienen derecho es a descuidar la eficiencia y eficacia de su encargo, rodeándose de asesores que no reúnen el perfil, la experiencia y la experticia propia del encargo. En lugar de contratar asesores profesionales, asignan esas plazas a personas allegadas, sabiendo que no están calificadas para el cargo. Eso es corrupción. Y una corrupción muy costosa, que repercute en la falta de técnica legislativa al elaborar las leyes.

Gracias a esa viciosa práctica ilícita y añeja, no pasamos de tener un Congreso de medio pelo, de visión corta, de alcances limitados, alimentadora de artífices del “copiar-pegar”.

Baja California Sur merece un marco normativo hecho a la medida. Ya no es posible que sigamos adecuando el quehacer social a un marco de leyes que se van modificando a capricho de intereses de grupo, imponiendo en muchos casos obligaciones legales que se copiaron de otras legislaciones y que por ende no necesariamente corresponden a nuestra realidad local.

Es urgente e imperativo reglamentar la figura del asesor parlamentario. Ya no es posible que ese encargo se asigne a capricho de cada Diputado, para favorecer a la novia, amiga, querida, primo, sobrino, guachoma, chalán, achichincle en turno.

La Constitución local deberá establecer la exigencia de contar en el Congreso del Estado con un cuerpo de asesores parlamentarios conformado por profesionistas de experticia y calidad académica comprobables, y perfil profesional específico. El listado de asesores parlamentarios, y su respectiva hoja curricular, debería publicarse en la página del Congreso de BCS, para que la ciudadanía pueda constatar su idoneidad.

De no reglamentar esta importante función legislativa y seguir permitiendo que el cuerpo de asesores esté integrado mayoritariamente por amigos y queridos no aptos, seguiremos pasando por costosos procesos de fallidos quehaceres en el seno del Congreso. Los dislates y la tardanza en el procedimiento designación del titular de la CEDH, es un ejemplo de la urgencia que tenemos de contar con asesores parlamentarios profesionales.

El rezago legislativo y la abundancia de normas confusas y hasta contradictorias, continuarán siendo la constante en el Congreso, si no se corta de tajo con la contratación de asesores patito. El Gobernador seguirá mangoneando al Congreso local, aunque éste se integre con mayoría de oposición, si no saben los Diputados qué deben y qué pueden hacer para cumplir con la encomienda que el encargo público les impone.

El último gol que les metió el Ejecutivo, fue el madruguete que les dio al aprovechar una resolución de amparo que le fue desfavorable, derivado de una demanda interpuesta por una persona discapacitada. En lugar de limitarse a cumplir con la sentencia de amparo, con maquiavélica promoción sofística consiguió que el Juez de Distrito que otorgó el amparo al quejoso, exigiera al Congreso lo que el Gobernador no ha conseguido: que se emita la Ley de Movilidad.

Es claro que el Juez Federal se excede en su reclamo, y que debe combatirse el mismo, pues el Congreso no fue parte en el referido juicio de amparo, y por tanto no está obligado a  someterse al pedido del Juez. Para eso el Congreso del Estado debería contar con asesores expertos en Amparo y en Derecho Constitucional; pero como eso no ocurre, corremos el riesgo de que equivoquen el procedimiento, y entonces, nosotros —los que pagamos impuestos—, los gobernados, sufriremos las consecuencias de las corruptelas de nuestros diputados.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Conforme a los lineamientos emitidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales  y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC-ONU), el derecho humano a la movilidad es el derecho de toda persona y colectividad de disponer de un sistema integral de movilidad aceptable, suficiente, accesible y de calidad que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento efectivo de todas las personas en un territorio, para la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo.

Debe entenderse el derecho a la movilidad en dos dimensiones:

1.- Una individual en la cual cada persona pueda decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado.

2.- Una dimensión colectiva, ésta se refiere al derecho a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades de la sociedad, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

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El derecho a la movilidad implica una constante interrelación entre tres factores:

1. La diversidad en los medios de transporte.
2. El espacio público.
3. La infraestructura vial y de apoyo.

FOTO: Modesto Peralta Delgado

La interacción armónica y funcional de estos tres factores es la meta del marco regulatorio de la movilidad, y resulta indispensable para brindar al ser humano un nivel de vida adecuado y conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental para erradicar la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación; apuntado lo anterior, en Baja California Sur necesitamos un marco legal que siente las bases normativas para concretar en la cotidianidad el ejercicio pleno del derecho a la movilidad.

El problema que enfrentamos es que pese a la importancia del tema, y al hecho de haberse realizado cinco foros sobre éste, en los que se presentaron 300 ponencias, —muchas de ellas valiosas por su aporte técnico y perspectiva vigentes—, el Ejecutivo estatal decidió ignorarlas y centrar el enfoque en convertir lo que sería la Ley de Movilidad, en una herramienta de control político y económico, centrando la publicidad de su proyecto en dos premisas, que como promesas de campaña, resultan meros ganchos engañosos.

Por un lado promete “modernizar la infraestructura de movilidad urbana, mediante una oferta amplia y competitiva de transporte, así como un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, mientras arremete contra el gremio transportista, prometiendo en su discurso acabar mediante esta Ley con el conflicto que dicho gremio enfrenta con los operadores de Uber; conflicto que, ha sido alimentado por el Gobierno del Estado, con el objeto de generar presión social para que el Congreso del Estado apruebe su proyecto de Ley de Movilidad. Y necesita mucha presión, pues el cuerpo legislativo se integra de manera mayoritaria por diputados de oposición.

Lo cierto es que Uber no requiere de una Ley de Movilidad para operar, pues atento al orden legal mexicano para los particulares, lo que no está expresamente prohibido, por consecuencia natural, está permitido. En contrapartida, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, debe estar soportado en una Ley aplicable al caso. En otras palabras: el ciudadano puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, en tanto la autoridad sólo puede hacer aquello para lo cual está legalmente facultado, y debe plasmar por escrito, de manera fundada y motivada, todo acto de molestia que afecte la esfera de derechos de un particular.

El servicio que prestan los conductores de Uber o de cualquiera otra plataforma similar, es un servicio que la justicia Federal ha definido como prestación entre particulares, y por tanto, escapa de la esfera jurídica de aplicación del actual marco legal sudcaliforniano que regula el transporte público. Pero, ¿necesitamos una Ley de Movilidad? Atendiendo a la exigencia constitucional que reconoce el derecho humano a la movilidad, sí es necesario adecuar la legislación del Estado a los estándares actuales en dicha materia; lo que no necesitamos, es que el Gobierno del Estado alimente un conflicto para generar presión social, la cual le permita imponer su voluntad al Poder Legislativo.

El proyecto de Ley que presenta el Ejecutivo de nuestro Estado es un buen ejemplo de un mal ejercicio de “copiar-pegar” al elaborar un texto legislativo; tomaron como texto base la Ley de Movilidad vigente en Quintana Roo, pero le rasuraron aspectos torales, para convertirla en un engendro legal cuyo principal objetivo es darle al Gobernador un poder absoluto sobre el control del transporte público, a través de la creación de un Instituto cuyo titular sería designado discrecionalmente por el Gobernador, con facultades que le permiten un control, incondicional, sin contrapeso legal ni participación de los sectores de la sociedad civil.

Aprobar esta iniciativa de ley, tal y como está enviada por el Ejecutivo, de ninguna manera resolverá el problema de la movilidad que presenta la Entidad,  ya que no solucionará el conflicto entre conductores de Uber y taxistas, arrebatará a los Ayuntamientos una fuente importante de ingresos derivados de la expedición de licencias y permisos relacionados con el transporte, circulación vehícular y movilidad en general, tanto de personas como mercaderías; asimismo, sujetará la operación del transporte multimodal a las exigencias personales del Gobernador en turno, mantendrá la constante exclusión para los grupos vulnerables, en particular, de quienes presentan discapacidad física o intelectual, y mantendrá los estándares de ineficacia y retraso en el transporte colectivo, así como la marginación atávica en que actualmente se encuentran los ciclistas y peatones.

El Congreso debe ignorar el proyecto elaborado por el Ejecutivo y elaborar uno propio, a partir de los aportes que desde la sociedad civil se plasmaron en los foros sobre el particular se realizaron, basando la estructura normativa en el respeto humano a la movilidad, siguiendo los postulados plasmados por la ONU.

Finalmente es importante recalcar que la Ley de Movilidad no resolverá ningún problema y se convertirá en letra muerta, si no se incluye en su proyección y aplicación un programa estatal integral de movilidad y planeación urbana, fincado en políticas públicas con visión tridimensional, buscando soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo, a la problemática actual y futura, partiendo del diagnóstico ciudadano plasmado en los foros efectuados: una Ley vinculada a un plan de ordenamiento que enfrente los retos que implica el crecimiento poblacional y urbanístico.

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FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Colaboración Especial

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace un par de años en la Secretaría de Transporte de Gobierno del Estado se comenzó a gestar lo que en palabras de algunos funcionarios llamaban la pulverización del pulpo camionero. Se referían a la ahora renombrada Ley de Movilidad, que implícita y aparentemente busca acabar con el formato empresarial actual hombre-camión para sustituirlo con una iniciativa que en apariencia mejora únicamente las condiciones del transporte público, dejando fuera los temas primordiales de la iniciativa: la seguridad vial; la diversidad en infraestructura para los usuarios vulnerables —peatones, personas con discapacidad, ciclistas, niños, adultos mayores—; y el presupuesto para el desarrollo urbano basado en la pirámide de la movilidad o la capacidad de reacción ante los accidentes para reducir las fatalidades y/o evitar se repitan los siniestros viales.

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Si esto mencionado anteriormente sigue sin considerarse en la presente Ley de “Movilidad”, se estarían dejando fuera tópicos elementales para que la misma Ley tenga éxito. En pocas palabras, después de releer esta iniciativa de Ley emitida por el actual Gobernador, cualquiera puede concluir que principalmente está enfocada a mejorar el transporte público —que no necesariamente es algo malo—, y por ende, es más una Ley de Transporte que una Ley de Movilidad, lo que deja fuera puntos clave para que sea una verdadera Ley de Movilidad:

1.-  Se plantea mejorar el transporte público para los usuarios pero ni siquiera se menciona cómo es que esos usuarios pueden llegar a las paradas de peseros. Por ejemplo, el asegurar que se invierta en banquetas; rampas para personas con discapacidad; guías táctiles para ciegos y débiles visuales; rack para bicicletas en las unidades; y la correspondiente red tanto peatonal como ciclista para poder acceder al transporte público.

2.- No se considera la aplicación de topes en las tarifas para los usuarios de bajos recursos —o sea la MAYORÍA—, razón por la cual hubo el año pasado una fuerte disputa entre usuarios, organizaciones de la sociedad civil y concesionarios alrededor de la solicitud de la “alza a la tarifa” del pesero, injustificada.

3.- No brinda seguridad social – laboral a los operadores del transporte público. Y en ese caso no plantea cómo evitar situaciones actuales de explotación laboral, de operadores expuestos a horas extras como “castigo” por no cumplir con la cuota mínima diaria de recolección de tarifa; trabajo a deshoras; y en condiciones deplorables —sin horario de receso, alimentación o para poder realizar necesidades fisiológicas—, lo que tiene por consecuencia operadores irritables y dando en ocasiones un servicio deficiente u hostil ante los usuarios.

4.- Omite hablar de los mecanismos para que la ley se aplique en la ciudad. Actualmente tenemos un sinfín de reglamentos, obligaciones y derechos pero la Policía de Tránsito y los oficiales de Vialidad no cuentan con mecanismos legales para que puedan tener efecto su autoridad, un ejemplo es el cambio reciente al reglamento de tránsito que le quita a los oficiales de Tránsito el poder de retirar licencias de manejo en circunstancias justificadas: persona que choca en estado de ebriedad, colisiones donde por violar el reglamento de tránsito resultan víctimas con fatalidades mortales o muertas consecuencia del siniestro.

Que alguien nos explique

Otro tema que hace a esta iniciativa cuestionable, es el escándalo alrededor de su entrega al Congreso del Estado. La evaluación rápida de la misma por parte del congresistas y medios de comunicación, concluyeron que es idéntica a la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, cuestiones como semejanzas en sus capítulos, estilos de redacción, o propuestas “innovadoras” se repiten entre una ley y otra. Pero uno de los cuestionamientos más fuertes es que el actual Gobernador afirma: contiene todas las propuestas recopiladas en los foros de Consulta Ciudadana de Movilidad realizados en octubre del 2017. Sin embargo, de fondo varias organizaciones de la sociedad civil podemos aseverar lo contrario. Nuestra voz, nuestra experiencia, nuestras investigaciones y nuestro trabajo no fue tomado en cuenta.

Esta iniciativa tiene un potencial enorme para cambiar de fondo la vida de los sudcalifornianos. Actualmente, la principal causa de muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes en La Paz, son los accidentes de tráfico (siniestros viales). Legislar contemplando mejorar esta condición es recuperar nuestra ciudad, es que la calle vuelva a ser espacio público; desincentivar el sedentarismo; reducir el uso excesivo de coches y la probabilidad de siniestros al mejorar las condiciones para que podamos desplazarnos en otros medios, incentivando a volver a caminar, a pedalear, a volver a ocupar la ciudad y recuperar nuestra infancia/juventud.

Una Ley de Movilidad completa es ser pioneros a nivel nacional en cómo deben de construirse las ciudades medianas y pequeñas con visión. La bancada de Morena en el Congreso Local tiene un diamante en bruto en sus manos y una oportunidad única de hacer historia, al mejorar la condición de vida no solo de 90 mil usuarios cautivos —que se trasladan en la ciudad únicamente en peseros— del transporte público en La Paz, sino pensar en un mejor futuro a corto, mediano y largo plazo de más de 700 mil sudcalifornianos.

La Ley de “Movilidad” puede pensarse y plantearse más allá de permitir la entrada de Uber, o monopolizar el transporte público. La cuarta transformación tiene la última palabra.

FOTO: Ayuntamiento de La Paz.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Rubén Muñoz Álvarez, alcalde de La Paz, e integrantes del gabinete de la administración municipal, sostuvieron una reunión con los representantes de 18 asociaciones de taxis de La Paz, en cuyo marco se acordó la próxima instalación del Consejo Municipal de Transporte, informa el Ayuntamiento de La Paz a través de un comunicado de prensa.

En respuesta a las solicitudes presentadas por los representantes de los transportistas de taxis, el Alcalde mencionó que es necesario trabajar en solucionar a fondo el problema, por lo que propuso tres acciones a realizar: la instalación del Consejo Municipal del Transporte para establecer el análisis y diagnóstico de la problemática que enfrenta el sector; instalar una mesa de análisis de la Propuesta de Ley de Movilidad y Transporte; y convocar a una reunión con la Dirección Estatal de Transporte.

De igual manera, Muñoz Álvarez precisó que la opinión social tiene una tendencia favorable al uso de las tecnologías para la modernización del transporte y que el desarrollo tecnológico no se puede detener, ya que la postura de la administración municipal que preside “será siempre el pleno respeto a la ley  y absoluto compromiso con los transportistas”; asimismo, ofreció apoyo para la interpretación de la ley, la revisión del fideicomiso del transporte, así como la capacitación a los taxistas, concluyó el informe del Ayuntamiento.

Habrá qué recordar que esta manifestación de taxistas ocurrida la mañana de este lunes, responde a la iniciativa de Ley de Movilidad que el gobernador Carlos Mendoza Davis enviará al Congreso del Estado, entre cuyas líneas se perciben facilidades para que opere Uber y otras plataformas digitales, entre otras medidas para facilitar el transporte público en Baja California Sur.