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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur informó por medio de un comunicado de prensa que, aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California Sur, a fin de garantizar la protección de la niñez y la juventud sudcaliforniana para combatir la vulnerabilidad y discriminación del grupo social en mención.

El dictamen estuvo a cargo de la Comisión Permanente de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside el diputado Rigoberto Mares Aguilar, Teresita Valentín y Gabriela Cisneros, secretarias, misma que considero procedente la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal. La legislación consiste en considerar además de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a migrantes refugiados acompañados y no acompañados, quienes están expuestos a abusos y privaciones al verse obligados a abandonar su lugar de origen por diversas causales, de modo que se asegure su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades; complementaria con la adición del artículo 78 Bis cuyo objeto es proteger y ayudar a la localización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, a fin de que se reúna con los mismos.

Relativo a la propuesta de reforma de los requisitos de él o la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección (SIPINNA), la comisión dictaminadora consideró procedente la reducción de edad para desempeñar el cargo de 30 a 25; en cuanto a la experiencia se determinó mantener vigente la fracción IV del referido artículo 19 que establece como requisito, tener al menos 5 años de experiencia en las áreas correspondientes a su función y no 3 como se propuso, asegurando que él o la profesionista sea una persona comprometida.

Así mismo, se aprobó la integración de un órgano consultivo de apoyo al Sistema Municipal de Protección en el cual participen autoridades municipales y representantes del sector social y privado; dotar de atribuciones a organismos municipales para que en cada municipio, entre otras, se promuevan los derechos de las niñas, niños y adolescentes para que sean plenamente conocidos y ejercidos; se reciban quejas y denuncias de violaciones a los derechos contenidos en la ley y se auxilie a la Procuraduría Local de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta determine.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de incorporar  el elemento “biopsicosocial” a  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y Adolescentes  del  Estado  de  Baja  California  Sur reconociendo la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los  derechos  de  las  personas  adolescentes  en  correlación  con  la  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para este sector de la población, la diputada Anita Beltrán Peralta presentó una iniciativa  con  proyecto  de  decreto por la que  se reforman y adicionan diversas disposiciones, informó el Congreso sudcaliforniano.

La visión de legisladora es reconocer el elemento biopsicosocial en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya que éste existe e impacta de manera directa, de forma endógena o exógena, la vida y el desarrollo de las y los adolescentes.

Apuntó que, al ser el adolescente una persona sujeta de derechos no puede estar aislada de los componentes biológicos como ejemplo la carga genética, el funcionamiento fisiológico, su estructura corporal, el estado de salud y sus afectaciones.

En lo correspondiente a las aportaciones psicológicas, existen diversas variables en las que destacan las creencias e ideas, los hábitos y las costumbres, las emociones y sus trastornos mentales; y por lo que corresponde a la consideración social, influyen las interacciones personales, grupales, escolares y familiares, el contexto comunitario y la cultura.

La conjunción de estos elementos construye un modelo de 3 dimensiones en las que su configuración condiciona el desarrollo biopsicosocial de las personas, sin excluir desde luego a los adolescentes, tanto a quienes despliegan conductas con apariencia de delito como de los que no lo hacen. La prevalencia de desintegración familiar, desinterés parental, abandono, adicciones, alcoholismo, pobreza, hambre, deserción escolar, exclusión comunitaria, desempleo, violencia, y en general, condiciones nocivas entorno a la vida de las y los adolescentes, condiciona el pensamiento humano y el movimiento corporal logrando como resultado el despliegue de conductas delictivas.

Con estas consideraciones la diputada pretende realizar los impulsos legislativos para que en cualquier materia prevalezca y se garanticen el interés superior de la niñez.