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La Paz, Baja California Sur (BCS).El diputado José Luis Perpuli Drew exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública Federal y al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, integrantes del Programa “Escuelas al Cien”, a que implementen mecanismos legales y financieros, que permitan que las Entidades Federativas que han cumplido con efectividad y eficiencia el ejercicio de los recursos asignados para la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa, puedan recibir recursos adicionales de los montos no ejercidos por otras Entidades Federativas, informó el Congreso de Baja California Sur.

A través de un punto de acuerdo presentado en tribuna en la sesión de este martes, el legislador de la fracción de Acción Nacional, afirmó que la entidad ha ejercido 561 millones, 133 mil 874 pesos equivalente al 91% de ejercicio de los recursos entregados y con ello se han beneficiado a 359 planteles educativos de la geografía estatal, “lo que lo coloca en el tercer lugar en efectividad de los recursos de escuelas al cien de todas las Entidades Federativas, sólo superado por los Estados de Puebla (92%) segundo lugar y Querétaro (98%) en primero”.

Agregó que, del año 2015 en que se perfeccionó el referido convenio a la fecha, Baja California Sur ha recibido un total de 619 millones 709 mil 562 pesos, mientras que, (por citar algunos ejemplos), Nuevo León ha recibido más de mil 959 millones; Chiapas 2 mil 76 millones, Hidalgo mil 373 millones; Jalisco mil 901 millones; Morelos 907 millones; Estado de México 3 mil 530 millones; Oaxaca mil 693 millones, cantidades que contrastan enormemente con la recibida por nuestro Estado.

Mientras que las entidades que mayor cantidad reciben, como las mencionadas anteriormente, apenas tienen un promedio del 22% de efectividad en la aplicación de los recursos que se les han entregado del programa, siendo excesiva la cantidad que les queda por ejercer, en comparación con otras que, a pesar de recibir menos, como la nuestra, se han aplicado en realizar acciones de infraestructura educativa sabedores de que un espacio digno para estudiar propicia y fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje.

El representante popular puntualizó que esta situación denota cierto grado de injusticia, tanto en la repartición de los recursos entre los Estados como en la no contemplación de incentivos adicionales para aquellos cumplen a cabalidad con lo estipulado en el convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). “Si a Baja California Sur se le excluye de la pesca comercial del pez dorado, pero a otros estados vecinos se le incluye, no llegarían a nuestras aguas”, advirtió el diputado José Luis Perpuli Drew, al anunciar su participación al Foro de Análisis de Pesca del Dorado, que inicia este 27 de febrero, donde acudirá  con un grupo de loretanos a la capital del país.

Informó el Congreso de Baja California Sur, que el diputado señaló que, al desaparecer la especie, no sólo es el impacto ambiental, las implicaciones económicas que conlleva afectarían gravemente al destino.

Pese a que las acreditaciones para presenciar el evento fueron mínimas, el representante popular acudirá al foro e intentará exponer las consecuencias negativas para Baja California Sur.

Para finalizar, cuestionó la apertura de dicho evento: “Deja de ser un parlamento abierto, que tanto pregonan; son más bien exposiciones del por qué sí se debe abrir a la pesca comercial”, fustigó el legislador de extracción panista.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew  presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Carlos Mendoza Davis, a los presidentes de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, así como a los órganos autónomos del ámbito federal, estatal y municipal, a que en la asignación de la obra pública, determinen por lo menos en un 80 % del porcentaje mayoritario a constructores locales, se privilegie la contratación de mano de obra y la compra de insumos y servicios existentes en cada región donde se desarrollen, sin que ello comprometa  el precio y calidad de éstas, , informó el Congreso del Estado.

Sostuvo que esta medida, impactará positivamente a la economía de Baja California Sur, porque generan empleos y circulante, sustentando  su propuesta, con base en el artículo 30 de la Constitución Política de Baja California Sur, que establece textualmente: “Los Sudcalifornianos serán preferidos para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que sea indispensable la calidad de ciudadano.”

Reconoció que, en ocasiones, estas obras las realizan empresas de otros estados del país, y  no contratan o contratan a pocas personas que viven en el lugar donde se desarrolla la obra; situación similar que se presenta en la contratación de bienes y  servicios que se requieren, los cuales no se contratan o adquieren en la localidad.

Propuso que, en el caso de las empresas constructoras locales, se otorguen estas obras  a quienes  tienen  domicilio fiscal y antigüedad de al menos tres años en Baja California Sur y que cuente con el aval de los Colegios de Ingenieros Civiles y/o Arquitectos del Estado.

En el caso de trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades de obra pública, propuso que se otorgue a quienes hayan radicado en el Estado por un mínimo de 12 meses previos al inicio de la obra.

Perpuli Drew pidió a sus homólogos de la Comisión de Puntos Fiscales y Administrativos (a donde fue turnado el punto de acuerdo), pensar en una reforma legal a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con el Estado y municipios de Baja California Sur, para lograr este propósito y/o proponer una reforma a la ley  que regula la asignación de la obra pública del gobierno federal.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew exhortó al coordinador de los Programas Federales, Víctor Manuel Castro Cosio, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado, (SEDATU), Román Meyer Falcón, a fin de que se concluyan los trabajo de pavimentación en diversos tramos de  la Avenida Manuel  F. Montoya  en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, que desde el mes de febrero del año 2019 se encuentran detenidas, informó el Congreso de Baja California Sur.

A un año de suspendida, es una obra inconclusa que da una pésima imagen en Santa Rosalía, causa problemas de vialidad a los ciudadanos, genera polvo, contaminación, avería de vehículos, afectación a los comercios, falta de movilidad, accidentes viales, y problemas de salud por la acumulación de desechos, que representan un foco de infección.

En temporadas de lluvias, la situación de molestia se agrava, pues los tramos inconclusos  que todavía tiene tierra,  se dificulta el tránsito por el encharcamiento de aguas,  que  pueden servir de criaderos de larvas de mosquitos como el dengue y el chikungunya; además que esta vía pavimentada sirve como una vía de evacuación a toda la población en caso de avenidas de aguas.

Y es que a consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Newton que azotó al Estado, una de las infraestructuras  afectadas fue la avenida Manuel F. Montoya, por lo que se programó su rehabilitación a través de los recursos del FONDEN para que la SEDATU ejecutara la obra con un recurso de 2.9mdp, obra que inició en el mes de enero del 2019 y que se suspendió al mes, con el sólo 40 por ciento de avance de lo programado, sin ninguna explicación.

A través de un punto de acuerdo presentado en tribuna en la sesión permanente del Congreso del Estado, el legislador pidió una explicación al coordinador de los programas federales, pues dentro de sus funciones está la supervisión de los servicios y programas de las Secretarías de la República.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew, presentó iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el Artículo 10 y 22 de la Constitución Política de Baja California Sur, donde se reconoce como principales actores del proceso educativo a las maestras y maestros; se elimina la evaluación docente y crea el Sistema Nacional de Mejora en la Educación, (que se encarga de la capacitación y  formación  del magisterio); concibe la educación como un derecho y por lo tanto el Estado tiene la obligatoriedad de hacerla accesible, informó el Congreso del Estado.

Lo anterior a raíz de la publicación del decreto del 15 de mayo del 2019 que contiene la última reforma al Artículo tercero Constitucional de reforma educativa.

En su exposición de motivos, el legislador de la fracción de Acción Nacional adujo que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia; la que impartan el Estado y municipios además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, por lo que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale y proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Sostuvo que el Estado y municipios, en los términos que establezca la ley,  aplicarán los planes y programas de estudio que establezca el Ejecutivo Federal observando la perspectiva de género y una orientación integral, que incluya el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, historia, geografía, civismo, filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de las  poblaciones migrantes asentadas en nuestro estado, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

En ese contexto, se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; buscará desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia.