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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó elevar penas para castigar el delito de extorsión en la entidad; se aumentan las hipótesis en las que el delito puede agravarse, las cuales no existían en la legislación vigente, informó el Congreso sudcaliforniano.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos que preside la diputada Petra Juárez, presentó el dictamen a la iniciativa presentada por el diputado José Luis Perpuli Drew, el cual fue avalado con el voto aprobatorio de la asamblea.

En ese contexto, una vez entrada en vigor la reforma, la penalidad aumentará hasta en un tercio para quienes al momento de extorsionar se ostenten como miembros de una banda delictiva; cuando realicen la extorsión desde un centro de reinserción social; cuando se trate del cobro de cuotas, y cuando exista un vínculo afectivo o de parentesco del extorsionador con la víctima.

Así mismo, la pena aumentará hasta en una mitad cuando sea cometido por algún miembro de las policías municipales, estatal, ministerial, custodios, así como de una institución de impartición de justicia, o de ejecución de penas, o, de una empresa de seguridad privada.

Esta última agravante determina que se en este caso se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión pública, se le inhabilitará hasta por ocho años para desempeñarlo nuevamente y se le suspenderá hasta por ocho años el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

De acuerdo a la iniciativa, la reforma otorga elementos necesarios para castigar esta conducta que afecta el patrimonio de las personas quienes son víctimas.

Cabe precisar que antes de la reforma, las penas que se aplican a la extorsión simple, es de cinco a quince años de prisión y multa hasta quinientos días, las cuales aumentarán hasta en un tercio y una mitad cuando el delito se comete con agravantes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para incorporar la hipótesis de que la violación al derecho de intimidad, puede realizarse por medio de las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital, informó el Congreso de Baja California Sur.

“Si bien es cierto que las tecnologías de la información y comunicación son un derecho constitucional, también es cierto que, en cuanto a las cuestiones del desarrollo psicoemocional y físico de las niñas, niños y adolescentes, debe de aplicarse el principio del interés superior de la niñez establecido en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La propuesta contenida en esta iniciativa, lleva el propósito de perfeccionar el marco jurídico para que los derechos de los que son sujetos la niñez y adolescencia sudcaliforniana puedan potenciarse, ejercerse y disfrutarse plenamente en la realidad tecnológica que vivimos.

El líder de la bancada de Acción Nacional en la Cámara Local, precisó que esta modificación no impacta en el rubro económico, ya que no generará la creación de nuevas plazas de trabajo ni estructuras organizacionales.

En ese contexto, la iniciativa que pasó a la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y discusión, implica reformar la fracción XII del párrafo segundo del Artículo 42,  el párrafo tercero del Artículo 66; y se adiciona un Artículo 39 Bis, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de aumentar las hipótesis en las que el delito de extorsión puede agravarse, y obtener el perpetrador o los perpetradores una penalidad más alta, el coordinador de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado, diputado José Luis Perpuli Drew, presentó iniciativa para reformar los Artículos 245 y 246 del Código Penal Estatal, informó el Congreso de Baja California Sur.

En ese contexto, la penalidad podría aumentar hasta en un tercio a quienes al momento de extorsionar se ostenten como miembros de una banda delictiva; cuando se realice desde un centro de reinserción social; cuando se trate del cobro de cuotas; cuando exista un vínculo afectivo o de parentesco del extorsionador con la víctima. Así mismo, la pena aumentara hasta en una mitad cuando sea cometido por algún miembro de la policía municipal, estatal, ministerial, custodios, así como de una institución de impartición de justicia, o de ejecución de penas, o, de una empresa de seguridad privada.

El diputado panista señaló que también se busca que la autoridad tenga los elementos necesarios para castigar esta conducta, que afecta el patrimonio de las personas que son víctimas, e hizo un llamado a la sociedad a estar alerta y no dejarse sorprender, y en su caso, denunciar cualquier tipo de extorsión ante la autoridades de procuración de justicia.

Cabe destacar que el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz son los estados con mayor incidencia, según cifras del Secretariado de Seguridad y Protección ciudadana; Baja California Sur no escapa de la perpetración de este delito, “por lo que los legisladores no debemos de esperar a que una problemática nos rebase, y debemos de adelantarnos para que los operadores del sistema de justicia penal tengan los elementos para sancionar de manera correcta a quienes cometan este delito en la entidad”.

La iniciativa se establece que el tipo penal de extorsión consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, ejerciendo agresiones verbales, amenazas a su persona y familia, aprovechando en ocasiones datos obtenidos de directorios telefónicos, referencias personales conseguidas a través de distintas vías e incluso, tomando la información difundida de forma pública en redes sociales u ostentándose como representantes de una institución bancaria, prestadores de servicios de telefonía e incluso de gobierno, o lo peor, ostentándose como miembros de una banda delictiva, ello con el objetivo de obtener información básica para luego utilizarla como parte de su estrategia extorsionadora, entre otros modos de actuación.

Expuso también, que el delito de extorsión básico contemplado en el código penal local, es cuando el que sin derecho y mediante violencia física o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro, para sí o para otro, o causar un perjuicio patrimonial, y las penas que se aplican por la extorsión simple, es de cinco a quince años de prisión y multa hasta quinientos días, las cuales puedan aumentar hasta en un tercio y una mitad cuando el delito se comete con agravantes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de combatir prácticas de corrupción, brindar un servicio transparente y eficiente a la ciudadanía, el diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para reformar la Ley Orgánica de Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

Esto implica que, por obligación, los municipios cuenten con mejora continua en la utilización, creación e innovación en las tecnologías, con sistemas procesos y dispositivos tecnológicos, que faciliten los trámites gubernamentales.

El líder de la bancada de Acción Nacional, reconoció que ésta es una tarea en la que deben implicarse todas las administraciones públicas y, en especial, los Ayuntamientos, por ser los que mantienen una relación más directa con los ciudadanos y desde donde se pueden adoptar medidas que, de manera directa, implican una mejora en la prestación de los servicios públicos que afectan a la vida cotidiana de las personas, con un importante ahorro de costos para el municipio.

Durante su participación en tribuna en la sesión ordinaria de este jueves, Perpuli Drew puntualizó que la iniciativa no trae consigo un impacto económico, dado que en caso de aprobarse la misma no generará la creación de nuevas plazas de trabajo ni estructuras organizacionales.

Su propuesta que pasó a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y discusión, implica reformar la fracción VIII del  Artículo 53 y se adicionan los Artículos 51 y 134 de la ley orgánica del gobierno municipal del estado de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew, coordinador de la Fracción del PAN, presentó iniciativa para adicionar los Artículos 1529, 1531 y 2252 del Código Civil del Estado, para proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de los cónyuges que sobreviven, así como de los adultos mayores de 60 años o más, informó el Congreso de Baja California Sur.

En la iniciativa, se propone que cuando el o los donantes sean personas de 60 años o más, el notario que expida el instrumento público de donación, deberá incluir la cláusula de usufructo vitalicio sobre bienes otorgados a los donatarios, y así evitar algunas injusticias que se pudieran presentar al dejar sin habitación o en el desamparo a dichos donadores.

En tribuna, Perpuli Drew expuso que la iniciativa salvaguarda los derechos humanos de los adultos mayores, así como de las mujeres y la familia, otorgándose la protección más amplia, tal y como lo establece la norma constitucional y diversos tratados signados por México. Sin que ello impida su perfeccionamiento por parte de la comisión de dictamen a la que sea turnada.

Propone incorporar la figura del usufructo vitalicio en la sucesión legítima, la cual se actualizará en el momento en que la sucesión concurra entre el cónyuge frente a otros herederos, y sólo exista un bien inmueble objeto de la herencia.

Esta figura permitirá usar y disfrutar del hogar producto del matrimonio, mientras viva la persona que ostente el derecho, en aras de protegerlo y evitar que pierda el derecho elemental y fundamental de una vivienda digna, protegiéndolo de no ser desplazado del inmueble que constituía la sede del hogar matrimonial.

En caso del usufructo vitalicio en la donación, el legislador afirmó que, si bien los adultos mayores están legitimados para testar o donar su patrimonio a quien así lo consideren, también es cierto que muchas personas pueden abusar de  la buena fe y las condiciones de salud de los adultos mayores para obtener un beneficio, “y una vez conseguido la donación del adulto mayor hacia un familiar cercano, sobreviene el desinterés y la indiferencia de quienes se vieron beneficiados con esa donación, llegándose al extremo que adultos mayores se queden en el abandono total por estas circunstancias”.

Con la reforma, se previene que algunas personas adultas mayores puedan ser víctimas de engaños o de abusos, privilegiándose su protección, con apoyo del Notario Público, quien deberá de vigilar y garantizar mediante una cláusula, el usufructo vitalicio del inmueble objeto de la donación.

La iniciativa se asignó a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su análisis y discusión.