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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para evitar la discriminación y promover la igualdad jurídica entre el hombre y la  mujer, es necesario caminar por la senda de los derechos humanos: los padres deben escoger el orden de los apellidos de sus hijos, expresó el diputado José Luis Perpuli Drew, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 40, 66 y 71 del Código Civil local, mismos que hasta hoy, indican que al registrar a un menor, debe ir primero el apellido paterno, informó el Congreso del Estado.

Esta práctica, relega a un término secundario el derecho de las mujeres de intervenir en condiciones de equidad en todas las relaciones sociales, laborales, familiares, matiza estereotipos y prácticas relativos a los roles de hombres y mujeres en la intimidad familiar, que surgen de modelos de inferioridad de un sexo respecto a otro, o bien de las funciones de género; estereotipos y prácticas que, al ser recogidos por nuestras normas, irradian efectos discriminatorios en contra de la mujer.

“Es tiempo, en Baja California Sur, de superar tatuajes sociales que ya pertenecen al pasado y de reivindicar y reconocer la importancia, la mesura y el tacto de las mujeres en la conducción de los asuntos familiares y muchísimos otros, que redundan en la buena organización, desarrollo y protección de la familia”, acotó el diputado.

Durante su participación en tribuna, Perpuli Drew enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la constitucionalidad de artículos similares o análogos en su redacción, de otras entidades federativas, ha sido clara y contundente al señalar que este tipo de normas, limita la decisión de los padres a determinar el orden de los apellidos de sus hijos; decisión que se encuentra protegida por el derecho al nombre, en relación con la vida privada y familiar.

“Esta tradición manda un mensaje distorsionado a la sociedad, en el sentido que el hombre goza de una mayor jerarquía frente a la mujer, en una interpretación literal de estos artículos se deduce que se debe registrar el nombre propio, seguidos del apellido paterno primero, y el materno en segundo lugar, sin que se advierta que exista otra opción que indique, que pueda alterarse el orden de prelación de los apellidos o que se pueda acordar el orden de estos por parte de los progenitores; luego entonces, es claro que refrendan la práctica de registrar el apellido paterno en primer lugar”, finalizó.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Pérpuli  Drew presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para estipular en la ley reglamentaria del Poder Legislativo un periodo de diez días hábiles para que el gobernador devuelva la ley o decreto, iniciados a partir de la primera sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones siguiente, en caso de que se haya presentado en un período de receso, informó el Congreso del Estado.

Cabe mencionar que existe una confusión para que el ejecutivo pueda cumplir con los periodos de tiempo para vetar una ley (atribución que tiene para dar equilibrio los poderes) y es de suma importancia para crear el marco legal sudcaliforniano y armonizar la Constitución local.

En ese contexto, su propuesta reforma los artículos 118 y 166  de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para que los dictámenes relativos a proyectos de Ley o Decreto, reciban dos lecturas en sesiones distintas, donde la segunda de ellas,  se hará a más tardar en la tercera sesión siguiente a la de su primera lectura,  y será en esta en la que se discuta y en su caso se apruebe o se rechace la iniciativa de Ley o Decreto.

“Consideramos imperativo, el realizar la armonización de nuestra ley reglamentaria, con lo que dispone  la Constitución Política local en materia de los plazos que tiene el ejecutivo para formular observaciones al Congreso”, sostuvo en tribuna el coordinador de la bancada de Acción Nacional.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de salvaguardar los intereses jurídicos del Poder Legislativo, el diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa que modifica la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado de Baja California Sur, para que la representación jurídica recaiga en quien fue elegido por el pueblo y no en la Oficialía Mayor, informó el Congreso del Estado.

Su propuesta va en el sentido de retirar atribuciones a la Oficialía Mayor del Congreso, para que pase a ser facultad de quien presida la mesa directiva del período ordinario y evitar que dicha facultad sea otorgada de manera directa a un funcionario, que puede ser sujeto de las presiones políticas o laborales transitorias en las que comúnmente se ven envueltos los cuerpos legislativos, por la diversidad de expresiones políticas que los componen.

En ese contexto, devuelve la representación jurídica originaria a la mesa directiva, que debe recaer por disposición legal, en los periodos ordinarios, en la mesa directiva y en los periodos de receso en la diputación permanente, quienes a su vez, podrán delegarla a otros funcionarios para la correcta defensa de los intereses jurídicos del propio Congreso.

“Es inaudito que recaiga en un tercero que puede actuar sujeto a presiones políticas o laborales, tiene que recaer en quien  fue elegido por el pueblo y la mayoría de los diputados en este caso, de quien preside la mesa directiva”, arguyó en tribuna el también vicepresidente de la mesa directiva del actual período de sesiones y coordinador de la bancada de Acción Nacional.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 41 de la Ley Reglamentaria, la mesa directiva del periodo ordinario, sólo tiene, a través de su presidente, la representación protocolaria ante cualquier autoridad y poder nombrar a los diputados que representen al Poder Legislativo ante cualquier organismo público, así como designar representantes que deban asistir a eventos cívicos y sociales.

“Situación anómala, que abre la posibilidad de que, en un momento determinado, los intereses del Congreso del Estado pudieran quedar en estado de indefensión” caso que ocurriría, (por citar un ejemplo) derivado de la presión política impuesta a su persona, el citado funcionario público se negara a firmar demandas, contestaciones, informes o cualquier recurso cuando el Congreso del Estado sea parte en un juicio o controversia jurídica, no existiendo nadie más legitimado por la ley para hacerlo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde que inició la contingencia por el Huracán “Lorena”, la presidenta de la Comisión de Protección Civil, diputada Sandra Moreno Vazquez, asistió a la población en colonias y albergues, vigilante de que la ciudadanía estuviera en las condiciones óptimas para salvaguardar su integridad física y su vida, informó el Congreso del Estado.

La legisladora realizó recorridos acompañada del diputado Héctor Ortega Pillado, durante la contingencia en zonas de alto riesgo y refugios temporales, para  coadyuvar con las autoridades para supervisar que los protocolos de Protección Civil se hayan establecido en forma correcta, para proteger a la ciudadanía del municipio Los Cabos.

Por su parte, y ante el riesgo de que el municipio de Loreto fuera afectado por lluvias a causa del mismo fenómeno meteorológico, el diputado por el XIII Distrito, José Luis Perpuli Drew, realizó este fin de semana un recorrido por los tres albergues ubicados en las escuelas: “Juan Felipe Lagos”, de la colonia Ignacio Zaragoza; “Mercedes Davis Perpuli”, de colonia Miramar y “Civilizadores” de la colonia centro.

En este sentido, como enlace del Congreso del Estado ante el Consejo de Protección Civil, fue recibido por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y durante su recorrido constató que fueran avituallados con colchonetas, cobijas y artículos de limpieza personal, agua y alimentos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se suscitara el incendio forestal del Oasis de San Ignacio en el municipio de Mulegé, el diputado José Luis Pérpuli Drew, presentó ante el pleno un punto de acuerdo económico para que XV Legislatura exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado y a la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Mulegé, para que se declare zona de desastre ambiental, se destinen recursos y coordinen esfuerzos para atender de inmediato este problema para recuperar parcial o totalmente las condiciones del ecosistema que prevalecían previo al siniestro registrado el pasado 17 de agosto, informó el Congreso del Estado.

En su intervención, el también vicepresidente de la actual mesa directiva, acotó que el incendio forestal citado, afecta la integridad funcional y estructural de su ecosistema y requiere de urgente atención.

Al referirse a la SEMARNAT, pidió que declare zona de desastre ambiental al Oasis de San Ignacio y destine recursos extraordinarios suficientes para realizar acciones de limpieza, reforestación, rehabilitación.

A la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado y a la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Mulegé, para que apoyen y  sumen esfuerzos con la autoridad ambiental federal, y a la  Procuraduría General de Justicia del Estado para que, de oficio, inicie una investigación encaminada a determinar si existen elementos para presumir que se desplegaron conductas constitutivas de delitos enumeradas en el Código Penal vigente y en su caso, deslindar responsabilidades.