FOTOS: Luis Roldán.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El estandarte ofertorio del actual Gobernador de BCS, para alcanzar el triunfo electoral, se recargó en la promesa de acabar “rapidito” con el problema de la inseguridad. Aseguró “saber cómo” y se jactó de que a él “no le temblaría la mano”.

Lo cierto es que todo resultó una falsa promesa de campaña. Una más de las tantas que nos han endilgado desde que la democracia nacional fue secuestrada por el sistema de franquicias partidistas que permiten el control del poder al grupo entronizado, mediante la simulación y el engaño.

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Pese a ser sólo una falsa promesa más, resultó más ofensiva su natural afrenta, al constatar que lejos de mejorar el problema de la inseguridad, a partir de la actual administración, se han disparado los índices de criminalidad y la escalada de violencia no encuentra precedente histórico.

Evidentemente, no sabe cómo, le tiembla más que la mano, y no tiene la voluntad política ni la determinación necesarias para enfrentar con éxito la problemática, la grave problemática que hoy tiene a la sociedad sudcaliforniana padeciendo una constante inseguridad que lejos de disminuir, parece acentuarse en un cruento consecutivo, que no hay promesa de “mejor futuro” que tranquilice a los habitantes de la entidad.

A la excusa, el pretexto, la simulación y el ocultamiento, se suma el reparto de culpas. Todos somos responsables. Todos, menos el gobierno en turno.

Y en ese juego perverso de negación, se satura el suministro de notas oficiales en los medios afines al gobierno estatal, de “buenas noticias”, que hablan de bonanza económica, incremento de fuentes de empleo y otros importantes logros, reales o imaginarios, que en autoría meritoria se adjudica el gobierno del “mejor futuro”. El esfuerzo propagandístico es costoso, pues los jilguerillos encargados de difundir los “logros oficiales” cobran indefectiblemente sus aportes en la rentable labor de difundir los méritos del aparato gubernamental.

Lo único cierto es que no existe un plan concreto de acción, ni a corto ni a mediano plazo, tendiente a frenar eficazmente la inseguridad que nos agobia. No existe coordinación entre las fuerzas del orden, ni estrategia que a partir de inteligencia aplicada, nos brinde un plan adecuado y eficaz de prevención, disuasión, contención, persecución y sanción del delito.

No contamos, pese a lo grave de la situación, con un solo policía de carrera al frente de las corporaciones policiales. Se improvisa con amigos, conocidos, arrimados y endosados. En procuración de justicia se insiste en sostener en el empeño al petulante importado que ha dejado claro en el tiempo que lleva en el cargo, que lejos de contribuir a solucionar la problemática, su incompetencia lo ha vuelto parte de la misma.

Se ha recurrido a la Federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses, que a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.

Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el Ejecutivo Estatal despojarse de su arrogancia y aceptar que su “medicina” resultó charlatanería, por más que “aumente la dosis”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009-2010, sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Entre las deficiencias institucionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.

Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder. Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden.

Poner al frente de las corporaciones a policías de carrera, expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo.

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reciente reforma —hecha al vapor— del Código penal, que despenaliza el exceso en la legítima defensa en BCS, es una infortunada medida populista pre electorera que pretende capitalizar el descontento social que genera la sanción punitiva a las acciones de reacción violenta de la ciudadanía ante actos delictivos que atentan contra el patrimonio o la integridad física de quienes tienen el infortunio de ser víctimas de delito.

El conflicto de aplicación de la norma, y el subsecuente descontento social, nace de la interpretación rigurosa del texto del Código Penal en vigor desde marzo de 2015, que en su parte general establecía un criterio muy estricto de aplicación de los conceptos de proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza aplicada al repeler una agresión real, actual e inminente.

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Y es que ese texto estaba construido a partir de un supuesto en el cual, el Estado es el encargado de prevenir, inhibir, combatir, perseguir y sancionar el delito, de tal suerte que el gobernado pueda depositar en las corporaciones de seguridad pública, la contención de los actos delictivos que atenten contra sus bienes patrimoniales y su integridad física.

El problema surge cuando el Estado es incapaz de realizar con eficacia la labor de seguridad pública a su encargo, y el gobernado debe enfrentar directamente el embate delictivo, actividad para la cual no cuenta ni con la experiencia ni capacitación táctico-técnica adecuadas para ello.

En ese panorama, que corresponde a nuestra cotidiana realidad sudcaliforniana, lo procedente era ampliar racionalmente el margen de acción ciudadana en el ejercicio de la legítima defensa, pero en modo alguno, despenalizar su exceso, pues ello abre una peligrosísima compuerta que libera las expectativas de abuso en la reacción repelente al acto criminal. Un exceso que legaliza la venganza privada y deja sin castigo la desproporcionada reacción ante una acción real o aparente, criminalmente intentada.

La despenalización del exceso en la legítima defensa en BCS abre un campo de impunidad al abuso en la reacción ante una amenaza criminal, y al mismo tiempo, transfiere al gobernado una responsabilidad que originaria y esencialmente corresponde al Estado.

En otras palabras, como el gobierno es incapaz de contener la embestida de la criminalidad, con esta reforma traslada al gobernado la responsabilidad de hacer frente a la misma, y así será el mismo gobernado el responsable de velar por su seguridad y combatir e incluso castigar al delincuente, sin que haya proporcionalidad o contención a su esfuerzo punitivo, pues la reforma es muy clara al establecer que “en ningún caso se castigará el exceso en el ejercicio de la legítima defensa”.

La reforma en comento viene entonces a propiciar un incremento en los niveles de violencia urbana, autorizando al gobernado a tomar la justicia por su propia mano, haciendo de la legítima defensa una herramienta ilimitada adecuada a la satisfacción de su afán por responder y al mismo tiempo castigar –sin límite ni mesura— a quien atente contra sus bienes y valores.

Si un sujeto pretende arrebatarme la cartera, podré matarlo argumentando que lo hice en un exceso de la legítima defensa y que por ello, no puedo ni debo ser sancionado. La reforma es inconstitucional, populista, imprudente, irresponsable y técnicamente desastrosa.

Debió reformarse el texto, desde luego, por resultar excesivamente rigorista, y por ende, debió ajustarse a la problemática social que actualmente enfrenta Baja California Sur, pero lo adecuado era ampliar de manera racional y armónica los parámetros de la legítima defensa, pero nunca despenalizar su exceso, pues ello conlleva indefectiblemente una antijuridicidad ya identificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis histórica de sostenida actualidad.

Y todo el problema es generado por la tendencia malsana de nuestros diputados, de dar salida populista a problemas que requieren solución sistematizada no siempre capitalizable en el ánimo de la ciudadanía.

Y todo debido al entusiasmo electorero de los diputados, que a toda costa buscan capitalizar el ejercicio legislativo a su favor, sobre todo en épocas pre electoreras, y a ese pérfido afán hay que agregar el hecho de que en el Congreso de BCS no contamos con un solo asesor parlamentario especialista en derechos humanos, ni en derecho penal.

La reforma que despenaliza el exceso en la legítima defensa es un grave error que tendrá un alto costo social, y que solo obedece al particular y personalísimo interés electorero de legisladores que buscan darle al electorado la falsa sensación de que les están representando en el Congreso de BCS.

Comparecencia del Procurador Erasmo Paleón Alamilla Villeda. Fotografías: J. R. Fernández.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un hombre ya mayor, moreno, alto, delgado, de vestimenta humilde, interrumpió ayer la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, ante los diputados, por la muerte de su hijo y la amenaza sobre otro; les dijo de frente, que aunque “no lo quería hacer público”, buscaba una audiencia debido a que habían asesinado a su hijo hacía cuatro años y el asesino estaba libre; al ser ignorado, se dirigió a nadie en particular, al público sentado en el ala izquierda de la sala, y soltó el llanto diciendo que apenas antier habían intentado matar a su otro hijo, quien estaba amenazado.

No parecía falsa su tragedia, ni su llanto, como el de otra mujer sobre el barandal, increpando a cada momento a los diputados y al Procurador de Justicia de BCS sobre un familiar desaparecido. Ellos fueron dos de los escasos ciudadanos que se manifestaron ayer en la tarde en la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS en el Congreso del Estado; el resto de los asistentes, un centenar sentados desde hacía rato —varias mujeres con niños, y algunos ancianos—, parecían justo eso: un público, uno ideal para aquel talk show de “Laura en América”.

La mayor parte del público lucía indiferente, incluso, enfadado, es más, algunos se fueron sin entender de qué se trataba; algunos picando su celular, otros comiendo; por el ala derecha unas mujeres con matracas, donde una a otra le decía “tú me dices cuando” hacer el ruido: la indicación era cuando hubiera algún grito en contra de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero no hubo demasiados; alguno por allá, perdido, cuando el diputado Joel Vargas Aguiar cuestionó la ausencia del Gobernador y del Secretario de Gobierno, “¡por que le sacan!”, se escuchó, mientras el diputado Edson Gallo Zavala, presidiendo la mesa, dijo que en el caso del segundo era por una justificación médica.

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Este martes, sólo un par de minutos antes de las 5:00 de la tarde —hora prevista para la comparecencia—, Alamilla Villeda había ingresado al recinto, pero lo retuvieron a esperarse —quizá había que esperar a alguien impuntual, quizá había que darse más importancia— porque el evento dio inicio media hora después. Era innegable que había un poder de convocatoria: rendir cuentas sobre una estremecedora situación de inseguridad en Baja California Sur es importante; el tema no hubiera dado lugar a sonrisas, pero las hubo, justo en las caras de los diputados, como Alfredo Zamora García, y otros más al presentar a las autoridades, para quienes hubo ¡aplausos! ¿Aplaudir qué? No podemos precisarlo, pero sí se notaba la consigna de sonar las palmas al mencionar al diputado panista.

La misma tardenoche de ayer se comentó en redes sociales sobre esos “acarreados” que, supuestamente, por 100 ó 200 pesos —o por una cena con tacos—, llenaron la sala para ‘acolchonar’ los reclamos de ciudadanos dolientes e inconformes, quienes realmente fueron pocos, y además invisibles. La barandilla en el Congreso del Estado parecía separar a “los de allá”, a los que reclamaban, simples mortales, y “los de acá”, los funcionarios que ejercían la pantomima de una comparecencia tibia, con la claridad de los números de la inseguridad puesta sobre la mesa y las respuestas que parecían dejarlos conformes. Ejecuciones sin control, desaparecidos, aumento de robos y los primeros reportes de secuestros: todo se dijo, pero tras el espectáculo de ayer, no parece cambiar absolutamente nada.

La pregunta más lógica, la más evidente, la hizo la legisladora Guadalupe Rojas Moreno, sobre por qué decir que se avanza en el tema de seguridad, cuando en lo que va del año han habido más ejecuciones que en doce meses de los años precedentes. Sin perder la compostura, ni su correcto pronunciamiento, pues parecía sentirse bien cobijado, el Procurador de Justicia de BCS repitió lo que había dicho anteriormente, sobre la “complejidad” de trabajar en ese tipo de delitos, y que hacía falta más coordinación entre todas las corporaciones.

“Respecto a los homicidios de alto impacto, debemos decirlo con toda puntualidad, emergen de luchas violentas entre grupos delictivos, que generan diversas vicisitudes para su investigación, ya que, quien ejecuta a la postre es ejecutado; y, quien es sobreviviente de un ataque, no emite declaración alguna, ya sea para querellarse y menos aún para formular imputaciones, en los pocos de los que hay testigos del evento criminoso no emiten su testimonio ante la compleja situación en la que se verían inmersos”, había dicho en su comparecencia. Al responder a la diputada, tácitamente dijo lo mismo, subrayando la complejidad que resulta resolver la ola de violencia y ejecuciones ligadas al narco.

Alrededor de una hora que duró la comparecencia, no parece haber provecho o cambio alguno. La cosa queda exactamente igual. Lo que habría de llamar más la atención de quien esto escribe, es el desdén a los pocos manifestantes, familiares de muertos o desaparecidos, quienes pidieron hacer preguntas pero cuyas peticiones eran aplastadas por las voces al micrófono de los legisladores, quienes, simplemente, no los veían ni escuchaban, sin embargo, entre tantos cuestionamientos e indignación que fueron a perderse en el aire, transcribo lo que una mujer arrojó a los diputados: “¿necesita que sea su familiar para que se le desaparezca y puedan hacer algo?”, a lo que siguió el silencio, y de nuevo, se retomó la función.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Debido a la presión social generada a partir el incremento en la incidencia delictiva en BCS, y a las confusiones y decepciones que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado en el ánimo de la ciudadanía, resulta urgente llamar a cuentas al Procurador de Justicia de BCS. Es imperativo que nos explique las causas que han ocasionado los pésimos resultados de su gestión, y sobre todo, es impostergable la decisión a cargo del Congreso local, respecto a la reiterada solicitud ciudadana de remover del encargo al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

La fecha de la comparecencia llegó y finalmente el Procurador habrá de comparecer ante nuestros diputados y tendrá que explicar el porqué de lo que él mismo denomina como “magros” resultados.

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La asistencia del citado funcionario ante los representantes populares, puede ser una farsa protocolaria, una simulación, un simple formulismo para cumplir un requisito procedimental, o bien puede ser una invaluable oportunidad para cuestionar al funcionario y exigirle una explicación precisa y sin cifras alegres, de la realidad que atraviesa la procuración de justicia en nuestro Estado.

Habría que solicitar entonces a nuestros diputados, que asuman con seriedad su responsabilidad de representación popular, y a nombre de la ciudadanía, cuestionen al compareciente, evitando las vaguedades y los términos generales, y se atiende en sus cuestionamientos a puntos específicos, precisando y acotando en sus interrogantes, tanto las causas como los efectos de cada uno de los planteamientos que se formulen.

Inseguridad, impunidad, aumento de la criminalidad, abusos de autoridad, serían tópicos a priorizar. Bajo tales presupuestos, habrá que plantear entre otras, las siguientes cuestiones:

—Los largos periodos de espera en las unidades de atención inmediata, y la negativa sistemática a dar acceso a la carpeta de investigación tanto a defensores como víctimas. Se requiere cita previa, y sólo se permite consultar la carpeta si es en presencia del Agente del Ministerio Público. Eso se traduce en pérdida de tiempo para todos los involucrados, y para el Agente del MP que tiene que descuidar sus labores, cuando no es requisito legal que esté presente cuando los interesados consulten la carpeta de investigación.

—La falta de atención oportuna a las víctimas de delito, pues por regla general no se brinda atención adecuada, ni médica ni psicológica, lo que se traduce en re victimización y malestar para quienes sufren las incidencias delictivas.

—La falta de preparación y capacitación de los agentes de policía investigadora.

—La falta de un protocolo de entrevistas, que permitan a los policías de investigación realizar su labor con mayor eficacia y precisión.

—El reducido número de peritos en materias que resultan recurrentes en las investigaciones.

—La evidente falta de preparación y profesionalismo de los fiscales a su cargo.

—La reiterada práctica de delegar al poder judicial la toma de decisiones en asuntos de alto impacto.

—La falta de actos de investigación en la integración de las carpetas de investigación.

—La solicitud y obtención sistemática de ampliación de los plazos de investigación complementarios, con el único objeto de prolongar la prisión preventiva de los imputados en casos de encarcelamiento oficioso.

—La carencia de protocolos de investigación aplicables a los diversos tipos de delito.

—La falta de preparación de testigos, previo a su comparecencia a la audiencia de juicio.

—La falta de control y seguimiento de la agenda de citación de los testigos de cargo.

—La falta de preparación de las audiencias, lo que provoca una recurrente improvisación en el desarrollo de las mismas, con resultados negativos para los intereses de la sociedad.

—La falta de lineamientos generales necesarios para lograr la aplicación de los criterios de oportunidad. Esta carencia se traduce en un incremento de la carga de trabajo, en detrimento de la eficiencia en el servicio.

—La falta de unificación de criterios para determinar la libertad de los presentados en la etapa de investigación.

—La inadecuada aplicación de criterios de equidad en los procedimientos abreviados.

—Los cambios constantes de personal de investigaciones, que provoca enormes molestias y retrasos a los denunciantes, que cada vez que le cambian de fiscal en su caso, tiene que repetir prácticamente todo su planteamiento.

—Las quejas recurrentes del personal de la Procuraduría, respecto a los bajos sueldos, la falta de estímulos, los horarios y cambios de adscripción constantes e indiscriminados.

Estos temas, a groso modo, dan pie a una serie de cuestionamientos dirigidos a precisar las causas por las cuales no está funcionando el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y sobre todo, llevar a los diputados a un ejercicio de responsabilidad en su representatividad, que les permita ratificar o remover al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

Si sólo van a oír cifras fantasiosas y alegres, seguidas de excusas y pretextos, entonces la comparecencia será una burla y una farsa. Si cuestionan al funcionario y le exigen explicaciones y sobre todo, soluciones, entonces valdrá la pena el ejercicio.

La inseguridad es uno de los temas más delicados e importantes que atraviesa actualmente BCS. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mientras Baja California Sur se hunde en una violenta espiral que nos ubica por mucho en el contexto nacional como la entidad con mayor incremento de homicidios violentos, el gobernador, principal responsable de la seguridad pública estatal, aparece en imágenes que difunde su costoso aparato de comunicación social, recibiendo un ejemplar en facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, lo que demuestra lo poco que a nuestro gobernador le importa nuestra seguridad.

Lamentable es ver a nuestro gobernador ocupado en liviandades, en minucias publicitarias, cuando debería estar encabezando la estructura operativa del estado, en el combate al crimen organizado que opera impunemente en todo el territorio estatal.

Si el que “sabe cómo”, el que “no le tiembla la mano”, en lugar de empuñar la espada de la justicia para defendernos de la criminalidad, la estira para recibir un documento de ornato —copia de la Constitución de 1917—, entonces nos debemos sentir decepcionados, engañados, traicionados  y burlados por quien vino a nuestras casas y con falsa humildad tocó a las puertas a pedirnos trabajo, con la falsa promesa de reintegrarnos la tranquilidad.

Para ser contratado vía el voto popular, utilizó el procedimiento delictivo de engaño, al desplegar todo un esquema de sortilegio y encanto, tendiente a hacernos creer que él podía brindarnos la seguridad y tranquilidad que la incompetencia y corruptelas de su antecesor en el cargo había permitido que nos fuera arrebatada.

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Y una vez que a través del engaño y la maquinación logró ser elegido al tomar las directrices de la entidad, en lugar de desplegar el esquema necesario, adecuado y funcional para rescatar a nuestra entidad del embate delictivo, tomó un consecutivo de equívocas determinaciones, cuya repercusión tiene hoy en día a la entidad inmersa en la peor panorámica nunca antes presentada, de escalada delictiva, violencia urbana, ejecuciones, latrocinio, corrupción, incompetencia e impunidad.

Hemos sido defraudados.

Y lo más grave es que la seguridad del Estado se encuentra al garete. El jefe del ejecutivo estatal prefiere que le tomen fotos que se difunden en la red de culto a su imagen, desplegada a un alto costo presupuestal, cuando debería estar DE TIEMPO COMPLETO aplicando sus conocimientos y determinaciones en el combate a la criminalidad. En lugar de eso, delega la función en un grupúsculo de improvisados e incompetentes.

Basta revisar la hoja curricular del encargado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, para constatar que no tiene ni los conocimientos, ni la experiencia, ni la preparación, ni la determinación necesaria para llevar a buen puerto la encomienda.

Y lo mismo pasa con los titulares de las diferentes corporaciones estatales y municipales. Del procurador no hay nada más que decir. De sus magros resultados dan cuenta los más de veinte mil gobernados que inútilmente esperan que en su caso se proceda a procurar justicia.

El asesinato artero de dos agentes de la Policía Ministerial que fueron abatidos mientras realizaban una investigación relacionada con la ola de ejecuciones acaecidas en la entidad, puso de manifiesto el descaro e impunidad con que actúan los elementos criminales. Y la ausencia de reacción eficaz y oportuna por parte de las fuerzas del orden en el Estado, puso en evidencia su incapacidad para enfrentar la acometida de la criminalidad.

La pasividad del procurador llevó casi a una revuelta intestina en el seno de la corporación ministerial. Le dieron un ultimátum: “o nos autoriza o nos vamos por nuestra cuenta a localizar y detener a quienes mataron a nuestros compañeros”, le dijeron. Y finalmente autorizó, con más de 24 horas de retraso, la conformación de un contingente numeroso que como fuerza de reacción, acudieron al sur del Estado a vengar sus compañeros caídos.

Y entonces empezó la cacería indiscriminada, la persecución violenta, los allanamientos sin mandato judicial, las detenciones sin control ni garantismo. La fuerza policial combatiendo el fuego con fuego, la ilegalidad con ilegalidad.

¿Era necesario? Creo que sí. Si le preguntas a los elementos policíacos te dirán que sí, con pleno convencimiento, y si le preguntas al ciudadano medio, probablemente te dirá lo mismo. ¿Por qué habremos de respetar los derechos humanos de quienes delinquen, matan, extorsionan, envenenan a nuestros jóvenes?

¿Era necesario? Creo que sí. En estos momentos y tomando en cuenta todas las aristas, sí era necesario una respuesta contundente de nuestras fuerzas del orden, y el costo que implica el que en el proceso se violenten algunas normatividades, queda soslayado por el hecho de que es necesario poner un rotundo y contundente alto a esos delincuentes que se pasean impunemente por nuestras calles, y toman vidas como si ello les fuera permitido por derecho propio.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse. Porque es muy grave que en lugar de inteligencia y prevención, se use la violencia represora y vengativa.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse, si se hubieran tomado a tiempo las acciones preventivas y operativas funcionales y adecuadas.

¿Por qué la policía no actuó con la misma fuerza y contundencia desde la primera ejecución? Otra sería nuestra expectativa. No fue hasta que mataron a sus compañeros, que se dio la reacción que debió ser gestada desde el primer atisbo del problema. Cero tolerancia, cero concesiones.

Reaccionó la fuerza pública hasta que le mataron a dos de sus integrantes. Le mataron a “los suyos”. Triste y lamentable. Pero más triste constatar que nosotros, los simples ciudadanos, los de a pie, los “daños colaterales”, no somos de “los suyos”. Esa división entre fuerza pública y ciudadanía es muy bien aprovechada por el crimen organizado. “Divide y vencerás”, bien aplicado.

Debemos recuperar el rumbo de la legalidad, pero sobre todo, debemos exigir que el gobierno deje los discursos, los pretextos, las excusas y nos presente un plan de acción que nos permita vislumbrar una expectativa que cierre a este círculo de sangre y violencia que cada día se extiende más. Y Esperamos la misma reacción de fuerza policial para los asesinatos de civiles. Que no se reserve esa fuerza nada más para los casos en que agentes de policía sean victimados.