FOTOS: UABCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). María Paula Verdugo Aguilar y Roberto Alonso Cota Gómez, estudiantes del quinto semestre de Ingeniería en Tecnología Computacional de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), diseñaron un dispositivo que permite conocer la ubicación de un usuario en caso de no sentirse seguro: un sitio determinado denominado Help.

El mecanismo, que es de tamaño reducido, puede acoplarse a alguna prenda de vestir u otros accesorios como bolsas o mochilas, se informa en un boletín de prensa de la UABCS; al pulsar un botón, éste envía una notificación al celular de otro usuario que ha sido vinculado previamente al sistema, para avisarle de la situación de riesgo en la que se encuentra la primera persona, mensaje que puede ser pregrabado para que sea reconocido fácilmente por el remitente.

Además, los jóvenes universitarios explican que junto con la notificación, llegará la última ubicación satelital de la persona usuaria de Help, para tener información sobre su localización; además, Roberto Alonso Cota Gómez asegura que haciendo unas pequeñas modificaciones al código de programación, el sistema puede mutar a una especie de GPS que ayude, incluso, a rastrear a la persona en tiempo real en caso de secuestro.

El joven universitario dio a conocer que la idea de Help les nació investigando la problemática de inseguridad en el país; fue cuando dieron con algunos proyectos que se desarrollaron en Ciudad de México llamados botones de ayuda, los cuales se ubican en ciertas esquinas de las calles y pueden ser presionados por los transeúntes. “Nosotros lo que hicimos fue adaptar esta idea para que uno pueda traer consigo el sistema y sentirse más seguro”, finalizaron.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Una de las principales preocupaciones de los residentes de Baja California Sur, es el problema de la inseguridad. La escalada de violencia y criminalidad ha rebasado la capacidad de contención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y la solución a esta problemática parece estar lejos de solucionarse, pues no encontramos en las acciones de gobierno, una estrategia adecuada. Es más, todo indica que no existe una estrategia operativa y funcional que nos lleve a revertir el actuar de la criminalidad en el Estado.

Resulta muy preocupante que la respuesta del Gobierno del Estado a la embestida criminal, haya sido la militarización de las corporaciones policíacas. Independientemente de la inconstitucionalidad, resulta preocupante que fuerzas castrenses —entrenadas y capacitadas para reaccionar con fuerza letal—, se hagan cargo de una labor que impone una constante actuación dentro del marco irrestricto del respeto a los derechos humanos. También resulta complejo el esperar un ejercicio funcional y operativo de proximidad social, con una agrupación fuertemente armada, portando uniforme tipo camuflaje y con el rostro cubierto con pasamontañas. La proximidad social exige empatía, trato personalizado, identidad y convivencia en espacios de cotidianidad, lo que difícilmente ocurrirá con elementos que por disciplina y estructura de poder y mando, no están entrenados y preparados para socializar.

También te podría interesar: Eligiendo al Fiscal Anticorrupción de BCS.

Entendemos la necesidad de contar con la presencia de las fuerzas armadas, dada la violencia desbordada que se ha generado en la entidad, pero esta presencia debe ser de apoyo, temporal y limitada exclusivamente al tiempo necesario para reestablecer el orden y la tranquilidad, siempre en el campo de la excepción y no permitir que se institucionalice la participación de las fuerzas armadas en labores constitucionalmente reservadas a fuerzas de seguridad pública de carácter civil.

Aunado a la falta de una estrategia, nos preocupa la evidente falta de coordinación entre las corporaciones, y el que se carezca de un diagnóstico realista, de la inseguridad que enfrentamos en el Estado. Es por eso que desde hace dos años, desde la trinchera de la sociedad civil organizada, hemos solicitado tanto al Ejecutivo como al Legislativo del Estado, la realización de un foro estatal sobre el particular, para contar con este diagnóstico a partir de cual se construya una estrategia de combate a la inseguridad.

Ante la falta de respuesta de nuestras autoridades estatales, hemos organizado la realización del Foro Estatal sobre Seguridad Pública y Procuración de Justicia, sin la participación de los órganos del Estado, que en principio resultan responsables de atender tales áreas, y por eso convocamos a todos los sectores de la sociedad civil a ser parte de este ejercicio ciudadano, conjuntando las aportaciones de todos los interesados en mejorar las condiciones de vida de los sudcalifornianos, en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Iniciamos el ejercicio convocando a todos los abogados de Baja California Sur, por ser el puente entre el gobernado y el gobenante, en el ejercicio de autoridad en materia de procuración de justicia. Ya sea como víctima o como imputable, el gobernado recurre a un profesional del derecho para su representación, y en ese ejercicio, los abogados viven el día a día imbuidos en la problemática inherente al tema, y son los sensores naturales de los aciertos e inconveniencias en que incurren quienes se desempeñan oficialmente en el encargo.

El siguiente paso es convocar a toda la ciudadanía para que nos haga llegar su aportación, de la manera más económica, práctica y sencilla que la modernidad nos permite. Contaremos con una plataforma cibernética —en prueba en este momento— mediante la cual, el ciudadano puede accesar a una página en Internet, de manera directa o a través de las redes sociales, y enviar su aportación. Esto nos pone a un clic de cada residente del Estado, nacional o extranjero, empleado particular o servidor público, que desee aportar su granito de arena. Lo podrán hacer de manera anónima si así lo desean, a título personal o en representación de una agrupación. No habrá limitantes para que quien así quiera hacerlo, envíe su aportación.

Para entrar al Facebook del Foro de Seguridad Pública DA CLIC AQUÍ y participa.

Queremos elaborar un diagnóstico de la realidad que se vive en el Estado, y para ello, todos los que vivimos en la entidad tenemos algo qué decir. Y si al señalamiento de la problemática que enfrentamos le añadimos una propuesta de solución, entonces tendremos un aporte más enriquecedor.

Una  vez que contemos con todas las aportaciones, quienes deseen presentar una ponencia, lo podrán hacer, tanto en la página electrónica como en el evento presencial que estamos organizando, para realizarse tentativamente a mediados de diciembre.

Del foro habrán de surgir propuestas y definiciones que permitan elaborar un diagnóstico a partir del cual se generen las estrategias que nuestra problemática estatal requiere, para enfrentar exitosamente el flagelo de la delincuencia que hoy nos agobia.

FOTO: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la creciente violencia que se vive en Baja California Sur, y de forma más pronunciada en La Paz y en Los Cabos —que incluyó, la noche de este martes en esta capital, el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en BCS, Silvestre de La Toba Camacho, y su hijo, Fernando—, el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, emitió un breve comunicado.

El sacerdote invita a una misa en la iglesia de San Martín de Porres el próximo jueves a las 19:30 horas; en resumen, declara que le han pedido su opinión respecto a la violencia que azota al Estado, pero sostiene que lo no cambia lo que llegó a decir en 2014 sobre el tema, por que además la sociedad está cansada de discursos.

A continuación, el comunicado de prensa de forma íntegra como se hizo llegar a medios de comunicación:

A todo el pueblo de Dios que peregrina en la Baja California Sur

A todos los hombres y mujeres de Buena Voluntad

Ante la ola de violencia que en los últimos meses se ha recrudecido en nuestro Estado, me han pedido hacer algunas declaraciones a través de un comunicado oficial de parte de la Iglesia Católica. No soy insensible, me lastima todo lo que estamos viviendo, pero también considero que es el momento oportuno para ir a la raíz del problema y no solamente quedarnos mirando o protestando ante lo que vienen siendo las consecuencias.

El 8 de octubre de 2014 ofrecí a través de los medios de comunicación una reflexión sobre lo que se estaba viviendo en ese momento, somos testigos de que lejos de aminorar se han multiplicado los asesinatos, entre los muertos algunos inocentes. Toda vida es importante. Mi pensamiento es el mismo que expresé en aquel comunicado, hoy no tengo nada más que agregar. No a la retórica esteril. Hoy existe una urgencia de aprender a leer los signos de los tiempos, de dejarnos interpelar por Dios. Estamos convencidos de que Dios nos escucha, pero sólo se escucha en el silencio y la correcta interiorización.

Es por eso que en una sociedad cansada de discursos, he optado por no hacer más declaraciones sobre este tema. Pero no me hago a un lado, desde mi papel de pastor en la diócesis convoco a la comunidad este jueves 23 a una misa en el templo de San Martín de Porres, a las 7:30 pm, junto con todos los sacerdotes de la diócesis. Desde la fe nos uniremos para pedir al Señor que se haga presente en medio de su pueblo; es la oración una gran herramienta para crecer en la fe y no perder la esperanza de un mundo mejor para todos.

Con fraternal afecto y mi bendición pastoral:

Miguel Ángel Alba Díaz.

FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los días 25 y 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Conferencia tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los Derechos Humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

También te podría interesar: Participación ciudadana en Seguridad Pública en BCS.

Conclusiones

1.- La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en actividades de seguridad en BCS, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla. Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

2.-La crisis de Derechos Humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre-transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

3.- La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las FFAA en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

4.- Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los Derechos Humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

5.- El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

6.- La prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

7.- El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

8.- Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnostico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

9.- La vida civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

10.- La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia.

Esta agenda de trabajo será objeto de observación, análisis y propuesta por medio del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática lanzado en este evento.

De manera paralela, se organiza desde la sociedad civil en Baja California Sur, el Foro Ciudadano de Seguridad Pública, en busca de generar acciones efectivas para recuperar la paz y armonía social en la entidad, a partir de los postulados apuntados, buscando su adecuación a las condiciones específicas de la media península.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A finales de 2014, el Ejecutivo federal planteó la desaparición de la Policía Municipal, y la creación de 32 corporaciones estatales con Mando Único, para encargarse de las funciones de seguridad pública. La propuesta relegaba la participación municipal exclusivamente a funciones de prevención del delito, pues incluso el tránsito terrestre, estaría a cargo de la corporación estatal.  Tanto la oposición como organismos de la sociedad civil acusaron la inconstitucionalidad e inoperatividad del proyecto.

Tras negociaciones en el Senado y la Conago, finalmente se optó por un modelo de Mando Mixto, donde operan en cada entidad un cuerpo policial estatal y los municipios conservan sus corporaciones, condicionando su existencia a la evaluación y certificación del Gobierno federal, como requisito insalvable para el acceso a los recursos federales correspondientes, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de los estándares de profesionalización, controles de confianza, equipamiento e infraestructura.

También te podría interesar La farsa del pozo de La Ardilla.

El objetivo fundamental es contar con un modelo policial homogéneo, a nivel nacional, y se pretende brindar la misma capacitación y formación a todos los elementos policiacos, mediante un Sistema Nacional de Carrera Policial, para tener un nivel de exigencia en conocimientos, capacitación, adiestramiento y evaluación, unificado en todo el país, de tal suerte que si un elemento desea cambiar de domicilio, o es enviado a trabajar a otra entidad, podrá conservar sus beneficios, salario, prestaciones y se le respetara su rango.

El modelo es un híbrido entre los carabineros de la Policía Nacional Chilena, la Guardia Nacional Española y la Gendarmería Francesa. En en el papel es una belleza operativa y funcional, pero su implementación —en una expectativa realista—, tomará una veintena de años, y muchísimos recursos económicos aplicados a un programa sostenido de formación, equipamiento, supervisión, evaluación  y certificación permanente.

Mientras todo eso sigue siendo un programa de remota aplicación en Baja California Sur, el modelo del Mando Mixto que se ha intentado implementar, ha sido un fracaso en lo operativo, y atendiendo a los resultados medibles a la fecha, ha resultado contraproducente.

Las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y en lugar de hacer eso, en la entidad se ha centrado la exigencia en los elementos sin grado, mientras los titulares y los altos mandos siguen siendo designados por dedazo y no por méritos, conocimientos, capacidad y experiencia, lo que genera inconformidad entre el grueso de corporación, a lo que se suma la diferencia de sueldo y prestaciones entre oficiales de rango similar, pero de distintas corporaciones.

El Gobierno estatal, lejos de responsabilizarse de los malos resultados, ha decidido culpar de los mismos a la corporación más endeble, a los elementos de la Policía Municipal, cuando la verdad de las cosas es que el fracaso se genera por la falta de coordinación y los abusos de los mandos estatales, que en lugar de “coordinación”, implementaron esquemas de “subordinación”, sin que ello elevara el nivel de funcionalidad operativa, pues resultó contraproducente y además generó malestar y antagonismo entre los elementos de ambas corporaciones.

Debe desaparecer el Mando Mixto, pues su desastrosa implementación atenta contra la  dignificación de la institución policial municipal, el respeto a las escalas de jerarquía de los comandantes y subcomandantes en activo, y genera abusos hacia policías sin grado, por parte de elementos de la Policía Estatal.

“Resultados” del Mando Mixto en BCS

Aunado a los problemas interinstitucionales ya reseñados, atendiendo únicamente a las cifras oficiales, la incidencia delictiva refleja un aumento sin precedentes, según bases del Secretariado Ejecutivo, en tres delitos: Robo en distintas modalidades, Homicidios dolosos y Delitos sexuales. A ello se suma la estadística de la ONG “Semáforo delictivo” que ubica a Baja California Suren los primeros lugares en extorsión, homicidio violento, delitos sexuales, robo a casa habitación y lesiones. Incluso el secuestro, que oficialmente no existe, se reporta en un 0.3 en la proporción poblacional de uno por cada 100,000 habitantes.

El panorama es desalentador. No hay planes  de trabajo, ni esquemas operativos funcionales ni mesas de análisis para la toma de decisiones operativas. Pueden seguir cambiando al comisario estatal cada seis meses, pero es claro que la solución de la problemática no está en la reasignación de un solo mando.

Les creímos cuando nos dijeron que “sabían cómo”, que “no les temblaría la mano” y que “acabarían rapidito con la inseguridad”; votamos por ellos y ahora estamos pagando muy caro el precio de nuestra ingenuidad.