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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que los fideicomisos sean sujetos de fiscalización, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena así como el diputado sin partido Homero González, propusieron reformar el Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

El Grupo iniciador en voz de la diputada Milena Quiroga Romero, expusieron que lamentablemente los fideicomisos públicos han sido utilizados para cometer malos manejos de los presupuestos públicos, dado que los fondos ahí concentrados son considerados fuera de regulación y fiscalización, generando así, un daño a las arcas públicas.

Sustentan la iniciativa en la legislación de transparencia y acceso a la información pública la cual considera a los fideicomisos, integrados total o parcialmente por recursos públicos, como un sujeto obligado.

Argumentan que hay una contradicción entre la Constitución General y la Ley de Deuda Pública estatal, ya que la Constitución faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos transferidos a fideicomisos, así como que el Artículo 110, que considera a los fideicomisos integrados con recursos públicos como sujetos a las leyes que regulan la administración pública y, por tanto, como sujetos a juicio político, en tanto la Ley de Deuda Pública para el estado exige como requisito para integrar los fideicomisos, la aprobación del Congreso del Estado para sustraerlos de la esfera pública y, por lo tanto, de las leyes en materia de acceso a la información, control de gasto público, fiscalización y demás normatividad que rige el ejercicio de los recursos públicos.

En Baja California Sur existen 12 fideicomisos constituidos total o parcialmente por recursos públicos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para garantizar que se respete el acceso de la vivienda a los ciudadanos de Baja California Sur, la XV Legislatura aprobó que, dentro de los contratos de créditos hipotecarios, se elimine la cláusula que desprotege al comprador, con la renuncia al fuero de su domicilio, misma que actualmente se encuentra contemplada, informó el Congreso del Estado.

La iniciativa fue propuesta por la fracción de Morena, los diputados sin partido Homero González, Soledad Saldaña y la representante del PT, Mercedes Maciel; dentro de las reformas se contempla que, a partir de la publicación de esta, si existiera una demanda relativa al bien inmueble, serán los propios jueces locales quienes reciban las demandas para la ventilación de los juicios, ya que anteriormente los juicios se llevaban a cabo en la Ciudad de México, situación que implicaba el traslado de los compradores y la contratación de un abogado en el mismo lugar.

El diputado Homero González expuso que se estuvo luchando por este cambio en la legislación vigente, para evitar el viacrucis que pasan personas a causa de un contrato que en la denominada “letra chiquita” dice las partes renuncian al fuero domiciliario y se sujetan tribunales que en su mayoría son foráneos, y desafortunadamente mucha gente era desalojada de sus casas cuando eran notificados por un actuario; en lo sucesivo ya no será así, ahora los tribunales locales deberán recibir las denuncias y se eliminará de manera definitiva esa cláusula en beneficio de los trabajadores que tienen un crédito hipotecario a través de INFONAVIT, FOVISSSTE o Sociedad Hipotecaria Federal.

El dictamen presentado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Seguridad Pública, de manera procedente reformó los Artículos 14, 1744 y 2827 del Código Civil, fue respaldado por mayoría en el pleno del Poder Legislativo ya que se considera que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La reforma especifica en el Artículo 14 que “en los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria relativa a créditos de vivienda financiados por el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sociedad Hipotecaria Federal y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, se tendrán por no puestas aquellas cláusulas que impliquen la renuncia al fuero del domicilio”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Milena Quiroga Romero y el presidente de la mesa directiva , diputado Homero González informaron que el día de ayer 4 de junio, el Juez Primero de Distrito en el Estado, emitió un acuerdo en el que requiere al Subsecretario de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador de Baja California Sur, para que dentro de tres días dé cumplimiento a las consideraciones, lineamientos y efectos de la sentencia de amparo, y le remita las constancias relativas a dicho cumplimiento.

Quiroga Romero dijo, a través de un comunicado de prensa del Congreso local, que lo que el Juez resolvió significa que mientras el Tribunal Colegiado resuelve si el Congreso forma parte de esta demanda, el Gobierno del Estado deberá resolver y atender  la demanda del ciudadano que hizo en primera instancia hacia el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de La Paz.

“Mientras esta instancia superior revisa, el Juez dictó acuerdo obligado al Gobernador del Estado a cumplir con la sentencia, haciendo o generando acciones tales como establecer políticas públicas y acciones para que se hagan las adecuaciones al transporte público colectivo en Baja California Sur, ya que desde enero del 2014 cuenta con la legislación en la materia de personas con discapacidad en la entidad y le da facultades al Gobierno del Estado y los cinco Ayuntamientos, así como las obligaciones para que garanticen este derecho.

El resolutivo del Juez sucede después de que el Poder Legislativo presentara un informe al Juzgador, manifestando que no era necesario vincular al Congreso a dictaminar la iniciativa de Ley de Movilidad enviada por el Ejecutivo del Estado, pues la entidad cuenta actualmente, desde el 27 de enero del año 2014, con la legislación suficiente para salvaguardar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La misma legislación vigente establece con toda claridad la obligación de las autoridades para llevar a cabo políticas públicas y acciones concretas para su inclusión y no discriminación, en materia de transporte, comunicaciones y vialidades, además de que, conforme a la normatividad vigente en Baja California Sur, incluso existe la posibilidad legal de que las autoridades otorguen subsidios y estímulos fiscales para empresas de las diversas modalidades de transporte público.