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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para conocer los avances en infraestructura para la atención a la salud en el municipio de Mulegé, especialmente en las zonas marginadas, la diputada Hilcia Dayani González Márquez solicitó al gobernador Víctor Castor Cosío y al representante del programa IMSS Bienestar en el Estado, informen a la población porque hay mucha necesidad de médicos en la zona.

Fue a través de un pronunciamiento, donde la legisladora además solicitó al Gobernador “no soltar el tema del hospital en el Valle de Vizcaíno. Su compromiso es grande, pero nuestra necesidad de tener acceso a servicios médicos en la comunidad, es más grande aún, pues para que los habitantes de las localidades aledañas a Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo sean médicamente atendidos, los habitantes de esa zona tienen que recorrer cuatro horas hasta Santa Rosalía o de 10 a 12 horas a La Paz, dependiendo el lugar, para recibir atención médica”.

Reconoció que por los tiempos electorales hay límite en la difusión de obras, pero dado de que se trata de servicios de atención urgente, la comunicación directa con la población que lo requiere, debe priorizarse en cuanto sea posible.

Señaló que, pese a las obras que se han realizado hasta ahora, la población de Vizcaíno actualmente no cuenta con un médico en la Unidad de Medicina Familiar, pues quien atendía a la gente, falleció hace meses y, a la fecha, aún se desconoce cuándo llegará quien lo sustituya, situación que afecta a la población de jornaleros agrícolas.

Dijo que la necesidad de atención a la salud de la población es una demanda reiterada, al ser el segundo municipio de mayor extensión territorial en todo el país,  con un rezago histórico que sigue afectando, sobre todo, a las poblaciones más pequeñas. A lo anterior, se suma la atención a las unidades de Medicina Familiar de Vizcaíno, Bahía Asunción, Isla Natividad, Bahía Tortugas y La Bocana.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado y al Congreso de la Unión, para que se destine una partida presupuestal con el fin de que en el arroyo San Pablo que cruza por el Ejido Gustavo Díaz Ordaz en Mulegé, se realice un estudio para analizar qué tipo de infraestructura (muro de contención, puente, presa, etc.) se debe implementar para que la población, las áreas de cultivo y tramos carreteros aledaños antes referido, no se vean afectados en temporada de lluvias.

La diputada Hilcia Dayani González Márquez precisó que lo que se busca es que se realice un estudio para analizar qué obra pública es viable construir en el arroyo San Pablo, considerando muros de contención en los costados del arroyo para que no se desborde en temporada de lluvia; un puente en los puntos carreteros donde el arroyo pasa y así no dejar incomunicada a las localidades aledañas en el Ejido Díaz Ordaz; así como una presa para almacenar o retener el agua y aprovecharla en actividades como riego o consumo humano de los habitantes.

Finalmente, González Márquez fue puntual al señalar que el punto de acuerdo fortalecerá la petición realizada por habitantes del Ejido Díaz Ordaz a la CONAGUA, “toda vez que, el cauce que actualmente tiene el arroyo San Pablo, atraviesa la carretera transpeninsular para después abrirse con dos causes, el primero afecta directamente a la población ejidal de la Colonia Paraíso 2, tanto viviendas como huertas, y el segundo los ranchos y campos agrícolas”, sentenció.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVI Legislatura del Congreso del Estado  aprobó por unanimidad exhortar al X Ayuntamiento de Loreto, al XVII Ayuntamiento de Comondú y al XVII Ayuntamiento de Mulegé, a efecto de que se cree la Coordinación Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 51, Fracción I, Inciso t) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de Baja California Sur, fue que la diputada Hilcia Dayani González Márquez propuso al pleno el exhorto antes mencionado: “partimos en esta propuesta de la necesidad de cumplir la Ley, de resolver una demanda reiterada que atienda a las personas con discapacidad en sus municipios, y contar con una instancia que se traduzca en un importante paso para facilitar el acceso a programas e Instituciones”.

La legisladora señaló los beneficios que traerá consigo la Coordinación Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: fungir como enlace entre las personas con discapacidad de su municipio correspondiente con las autoridades de gobierno; seguimiento de gestiones o solicitudes que ayuden a personas con discapacidad en su municipio, como sillas de ruedas o áreas de esparcimiento inclusivas; promover el respeto y concientización a favor de personas con discapacidad; organizar actividades para la población a efecto de promover el fortalecimiento de la cultura de la inclusión y fortalecer el acceso de las personas con discapacidad a la institución que tiene a su cargo atenderlas.

Finalmente, como presidenta de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad del Congreso del Estado reiteró su compromiso, toda vez que el tema de inclusión es complejo desde muchas de sus perspectivas, razón por la cual, los tres poderes deberán continuar trabajando conjuntamente para erradicar el rezago de atención a personas con discapacidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La instalación de una mesa de trabajo interinstitucional donde participe la Subsecretaría de Bienestar y Desarrollo Social, que atienda y resuelva el problema de falta de regularización de predios, especialmente en la población de Vizcaíno, pidió hoy la representante del Distrito XIV diputada Hilcia Dayani González Márquez.

En sesión ordinaria de este jueves, informa el Congreso del Estado, subió a tribuna para pedir la intervención urgente de los tres niveles de gobierno, denunciando que esta situación impide el acceso a diversos servicios para quienes habitan ahí, afectando sus derechos.

Ante la imposibilidad de realizar trámites, mantiene marginadas a las colonias de Vizcaíno que no cuentan con energía eléctrica, agua y alcantarillado entre otros servicios. “La marginación de nueva cuenta se acentúa en el municipio de Mulegé que tiene una tasa de crecimiento alta por la población migrante que llega en la temporada de trabajo agrícola, aportando su trabajo en esa zona altamente productiva contribuyendo a incrementar con su trabajo el Producto Interno Bruto en Baja California Sur”, expresó González Márquez.

Durante su intervención, señaló que el incremento de la migración, para incorporarse a las actividades productivas, genera demanda de viviendas y adquisición de predios, sin embargo, prácticas como las que señala la legisladora, ofrecen, la oportunidad de adquirir una propiedad y patrimonio, resultan atractivas para la población desprotegida que se encuentra con la situación de que esos predios no están regulados y no tienen servicios básicos, condiciones injustas y difíciles para las familias que viven con serias dificultades.

Una parte importante de la población, no puede realizar trámites para acceder a programas sociales de gobierno ni a electrificación, y otro tipo de contratos para infraestructura.

En reciente visita a la comunidad del distrito XIV, se reunió con pobladores de Vizcaíno, quienes expresaron el problema que a la fecha no ha sido atendido, por lo que la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno debe ser inmediata, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.