FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Quedó instalado el Comité Técnico Asesor de la Consulta a Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual se deberá de llevar a cabo para que el proceso legislativo concluya con la entrada en vigencia de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS, informa el Congreso del Estado.

La diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de esta comisión, encabezó la mesa de trabajo con asociaciones civiles, consejos indígenas municipales, autoridades electas como regidores y diputados, representantes del sector, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, SEP y asesores jurídicos, entre otros para formalizar los trabajos del comité técnico.

La legisladora expresó que hoy es el tiempo de sumar a todos los representantes para que la ley tenga vigencia en BCS y que este sector de la población sean visibles y con mayor reconocimiento a sus derechos. Aunque el comité quedó integrado con las representaciones asistentes, invitó a los representantes de asociaciones y comunidades a sumarse al comité.

Cabe recordar que  la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS fue aprobada por la XV Legislatura (junio de 2019) y fue vetada por el entonces Gobierno del Estado; la nueva administración del Poder Ejecutivo publicó la ley el 17 de agosto 2022, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de dicha ley y su artículo 102, promovida por la CNDH, por considerar que la emisión de la ley no cubrió los estándares establecidos en materia de consultas previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como la falta de intérpretes de lenguas indígenas.

La SCJN vinculó al Congreso del Estado para que dentro de los 12 meses siguientes a la notificación (24 de enero de 2025), lleve a cabo la consulta a pueblos y las comunidades Indígenas y afromexicanas, subsanando las faltas y en apego a diversos parámetros fijados en la resolución y posteriormente emita la regulación correspondiente.

La consulta a desarrollar contempla las fases de preconsulta, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión. Los resultados de la consulta serán comunicados a la SCJN para que inicie la vigencia de la ley.

FOTO ILUSTRATIVA: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diputadas Hilcia González Márquez y Eufrocina López Velasco denunciaron ante el Congreso del Estado diferentes hechos que constituyen violaciones a los derechos laborales y humanos de una empresa en contra de jornaleros agrícolas del Valle de Vizcaíno.

En la tribuna, las representantes de la población indígena y afromexicana revelaron que el pasado sábado 20 de abril, más de 270 jornaleros agrícolas del Rancho “El Piloto” de la empresa Baja Best ubicado en Villa Alberto Alvarado (Valle de  Vizcaíno), municipio de Mulegé, tomaron las oficinas administrativas de la empresa, luego de varios meses sin recibir sus salarios y de la falta de pago de aguinaldos de 2023, “cansados, llenos de impotencia y en señal de  protesta”.

López Velasco y González Márquez realizaron un recorrido por la zona acompañadas de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Estado, la procuraduría auxiliar de la defensa del trabajo e inspección laboral municipal, en donde constataron las condiciones inhumanas en las que viven los jornaleros agrícolas, sin acceso a servicios médicos; falta de suministro de agua potable y de energía eléctrica en algunos cuartos; así como que se les cancelaron los servicios de guardería como de transporte al pueblo para realizar compras al poblado.

Como resultado de la visita de las legisladoras y autoridades, de común acuerdo se firmó un compromiso de pago por la parte patronal representado por el ciudadano Max Ibarguen quien comprometió cumplir con los pagos correspondientes de los trabajadores.

“Es inaceptable que este grupo tan vulnerable de personas de 70, 80, incluso 90 años, tengan que realizar trabajos forzosos y no cuenten con una pensión y jubilación que por ley les corresponde y que han adquirido desde 1970”, expresó la diputada Hilcia Dayani González Márquez.

FOTO: Congreso del Estado.

Por su parte la legisladora Eufrocina López resaltó que estos actos dejan ver el nivel de desesperación y la angustia de más de 200 familias que habitan en el Valle de Vizcaíno, al no contar con sus sueldos para solventar sus necesidades básicas.

“Se siguen suscitando casos de impunidad, en los que los patrones, cometen faltas, sin temor alguno.  No debemos anteponer los excesivos privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable”, sentenció en su turno.

Ambas legisladoras lamentaron que en la actualidad no se cumple con la Constitución General, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes. Es una referencia clara las condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas (exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios médicos, entre otros.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur vemos un avance en cuanto a reconocimiento de los derechos para con los descendientes de comunidades indígenas y afromexicanas consideró la diputada Eufrocina López Velasco, aunque señaló, falta mucho por hacer pues la brecha es grande, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado de prensa.

Entrevistada luego de acudir al Foro Expectativas hacia la reforma constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, organizado por el Tribunal Electoral de Chiapas, reconoció que una de las mayores resistencias que enfrenta la comunidad indígena y afromexicanas es el rechazo y hasta humillaciones, sin embargo, siguen luchando porque se les reconozcan sus derechos y participar en elecciones para lograr espacios públicos, ser la voz del pueblo y de los ciudadanos indígenas y afromexicanos.

Lo anterior, con base en lo estipulado en instrumentos internacionales, y con el mandato presidencial de dar un trato preferencial a los más humildes y olvidados, como ha sido el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes de México.

Apuntó, que la pluriculturalidad, partiendo de la premisa de que los pueblos indígenas y afromexicanos deben ser reconocidos como sujetos de derecho público, que ejercen su libre determinación y autonomía, cuentan con la capacidad para definir libremente sus procesos de desarrollo y bienestar, respetando sus culturas e identidades.

Prueba del avance que en Baja California Sur se está logrando, es la conformación de la actual legislatura, donde hay dos indígenas y un descendiente de afromexicanos como lo son las diputadas Teresita Valentín Vázquez y Eufrocina López Velasco (de origen mixteco) y Juan Pérez Cayetano, (de origen afromexicano), quienes desde la curul, trabajan para que se concrete la justicia social hacia los pueblos indígenas, una deuda pendiente que como sociedad aún tenemos.

En el Foro al que acudió la representante popular, se analizó el avance de las medidas afirmativas para que las comunidades indígenas sean partícipes y se sumen a construir una sociedad más justa, más democrática.

“Yo considero que este 2024 se logren más espacios para mis hermanos, nos estamos preparando para eso y para trabajar en beneficio de ellos”, comentó la luchadora social, agregando que es el pueblo, el ciudadano quien elige a sus representados, pero a veces en otros estados de la república, por compadrazgo  o amiguismo designan puestos por ello la lucha sigue.