FOTO: Archivo
La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la destitución del Partido Encuentro Social (PES) de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Baja California Sur —en sesión privada extraordinaria realizada el pasado 6 de marzo—, se ha desatado una crisis política en la que las corrientes partidistas antagónicas pugnan por el control del propio Congreso. En la sesión pública de este día, la diputada Elizabeth Rocha Torres, del Partido Acción Nacional, presentó una Declaratoria como Acto Soberano en calidad de Presidente de la Sesión Permanente, desconociendo tanto la sesión del 6 de marzo como los acuerdos en ella pactados.
En entrevista para CULCO BCS, el diputado de Morena, Humberto Arce Cordero, se manifestó en contra de la declaratoria de la diputada panista, explicando su punto de vista en el cual llega a considerar lo anterior como una medida totalitarista. Lo que está sucediendo aquí en el Poder Legislativo es algo muy grave, se están desconociendo acuerdos que toma el Pleno de la asamblea; debemos recordar que la máxima autoridad de los Congresos de los Estados, el Congreso del Unión y el Senado, no son las presidencias y quien las ostente, en cambio, lo es la soberanía, lo es el Pleno, lo es la asamblea. Y todos los acuerdos que haga la asamblea son válidos por mayoría.
Al respecto de la sesión privada del pasado viernes, Arce Cordero expresa que se llevó a cabo conforme a lo establecido en la ley, y por tanto, sus acuerdos son válidos. Una sesión fue convocada y la mayoría de los diputados decidimos asistir a ella, logrando alcanzar el quórum de 13 legisladores presentes, acusando la inasistencia de la presidenta por lo que se siguieron los pasos que la ley establece cuando hay quórum y no hay presidente: instalamos una presidencia para esa sesión exclusivamente.
Es cierto que 5 minutos antes de la sesión nos enteramos de su cancelación –continúa el diputado morenista– porque pegaron el oficio dando aviso, pero lo cierto es que el oficio no es un instrumento jurídico para cancelar una sesión; aunque la diputada Daniela Rubio argumente que históricamente se mandaba un oficio y se cancelaban las sesiones, éstas no se cancelaban por el oficio, en cambio, si no se llevaban a cabo era por la falta de quórum, porque todos decidían no asistir. En este caso, la mayoría quiso asistir y que se llevara a cabo la sesión, y eso la hace legalmente válida.
Si hubiese controversia de la minoría, o ellos no están de acuerdo en las decisiones tomadas por la mayoría, pueden acudir a un tribunal, a otro poder, quien haría entonces las funciones de arbitraje y decide quién tiene la razón, o no, en base a las leyes establecidas: la Constitución mexicana, la Constitución estatal y las leyes que de ellas emanen –señala el legislador.
Fascismo
Arce Cordero considera que la declaración y postura presentada por la diputada del PAN es muy grave, llegando al fascismo. Si una diputada que es presidenta quiere cancelar algo que no puede cancelar, quiere desconocer algo que no puede desconocer, y todavía emite una sentencia, porque eso que ella llamó Declaración como acto soberano fue una sentencia, es algo gravísimo que trastoca las bases más profundas de la democracia. Ellos están en su condición de no estar de acuerdo, y está bien, pero no le pueden dar para atrás a un acuerdo del Pleno mediante una declaratoria y, mientras tanto, desconocer actas. Pueden acudir con un juez y, como hicimos nosotros hace un año cuando nos desconocieron, acudir a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación; pero no, en cambio, la diputada Elizabeth Rocha, del partido del PAN, del mismo partido del Poder Ejecutivo Estatal, se está tomando tres atribuciones: primero, la que sí tiene que es la de legislar y presidir una mesa directiva. Pero además, y fuera de la ley, se está tomando atribuciones de Juez del Poder Judicial y de un Poder Ejecutivo, al traer la fuerza pública a resguardar oficinas, áreas y archivos, cosa que no contempla la ley.
Se toma atribuciones de totalitarismo. Esto es algo fascista, que trastoca las instituciones democráticas y es un precedente nefasto para nuestra República, para nuestro país, no se digan para nuestro Estado, declaró el legislador.
Intromisión del Gobernador
Uno como diputado, por ley, tiene la facultad institucional de entrar libremente a todas las oficinas y acceder a todos los archivos y me la están negando. Esto es algo grave, por eso solicitamos el buen actuar de nuestro Ejecutivo estatal y del Secretario General, para que saquen a la fuerza pública del Congreso y se deslinden de todo esto. Mientras este la fuerza pública aquí en el Congreso del Estado, es una intromisión del Ejecutivo, concluyó el diputado Humberto Arce Cordero.
