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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva Ley de Atención Médica Prehospitalaria para el Estado y los municipios de BCS, la cual fue propuesta por el Gobierno del Estado y que sustituye a la Ley aprobada por la legislatura antecesora en diciembre de 2019, misma que nunca tuvo vigencia, puesto que no fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE), se informa a través de un boletín de prensa.

La nueva legislación establece criterios de organización y sistematización de la atención médica prehospitalaria a la población que requiera el servicio; integra a los diferentes actores prestadores del servicio, con una estructura y organización que permite la prestación del servicio en armonía con las leyes de salud federal, estatal, municipal y las diversas regulaciones en la materia, incluyendo las normas oficiales mexicanas.

En esta nueva ley, la Secretaría de Salud será la rectora del Sistema Integral de Atención Médica Prehospitalaria en BCS; coordinará y vigilará los trabajos del sistema, a través del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes, de la Secretaría de Salud estatales, siendo dicho Consejo, el que llevará a cabo las actividades operacionales relacionadas con la prestación del servicio médico prehospitalario.

Se estandarizarán los procedimientos en la atención de urgencias y emergencias médicas para que ésta sea oportuna, eficiente, de calidad y para que contribuya a reducir la mortalidad, la morbilidad y las complicaciones de las personas que requieran de una atención de urgencias y combatir las ocho fallas detectadas por el Gobierno Federal y que se señalan en su Modelo de Atención Prehospitalario: carencia de coordinación interinstitucional; deficiente red de radiocomunicación; deficiente infraestructura; unidades móviles y fijas con equipamiento deficiente; falta de apego a la normatividad establecida; ausencia de un programa de acreditación y certificación de prestadores de servicios de atención médica en unidades móviles; deficiente coordinación de la prestación del servicio de ambulancias; y carencia de recursos humanos, materiales y equipo biomédico.

Entre las diferencias de la Ley, la anterior establecía la creación de un organismo público descentralizado para la atención médica prehospitalaria  (Centro Regulatorio de Servicios de Urgencias, Emergencias y Atención Médica Prehospitalaria CRUM), el cual requería de estructura organizacional y funcional, lo cual representa una carga adicional significativa al presupuesto gubernamental, en cambio, la nueva Ley aprovecha la estructura existente y establecida para la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.

En el Articulado transitorio, se establece que el Poder Ejecutivo expedirá las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la ley en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto; la Secretaría de Salud elaborará el reglamento, así como los protocolos, manuales y lineamientos referidos en la Ley en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor.

Los prestadores de servicios de urgencias y emergencias médicas prehospitalarias de instituciones públicas y privadas, adoptarán las medidas de capacitación, equipamiento y demás obligaciones en un plazo que no exceda un año.

Asimismo el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la entidad realizarán los ajustes a los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2024 correspondientes y preverán los ingresos y egresos necesarios para los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de garantizar los recursos suficientes y necesarios para la implementación de la ley.

En la discusión en lo general, la diputada Eda Palacios Márquez dijo que esta Ley está contribuyendo a facilitar los medios para que no se mueran ciudadanos que sufren accidentes o algún percance de salud por la espera de un servicio de emergencia: “no podemos sin un servicio efectivo de atención prehospitalaria, es decir que no haya ambulancias para atender de manera rápida y oportuna”.

La Diputada María Guadalupe Moreno, presidenta de la Comisión de la Salud, puntualizó que la Norma Oficial Mexicana aplicable a la atención prehospitalaria de urgencias médicas, dispone que para abatir los índices de mortalidad se debe dar la creación de una instancia técnica médica administrativa con responsabilidad de la Secretaría de Salud estatal, con el objetivo de favorecer la coordinación entre los prestadores del servicio, desde el lugar del evento, traslado y recepción del establecimiento para la atención médica. En el caso de Baja California Sur, pretendemos que esta dependencia se denomine Centro Regulador de Urgencias Médicas, (CRUM).

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de impulsar la inclusión laboral de diferentes sectores que históricamente han sido excluidos, la diputada Eda Palacios Márquez propuso facultar a la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Estado, para otorgar estímulos fiscales a las empresas que contraten a personas de 45 a 60 años, adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes en edad productiva o en de primer empleo, egresados de universidades, madres solteras y en general, quienes pertenezcan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión de este día, la legisladora presentó una iniciativa para adicionar la Fracción V del Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, se da a conocer a través de un comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Expuso que la iniciativa nace del diálogo que ha tenido con jóvenes sudcalifornianos quienes le dicen que al egresar de sus carreras no pueden encontrar empleos, también de personas que oscilan entre los 45 a 60 años para quienes es muy difícil que las empresas o negociaciones los contraten, así como de adultos mayores, personas con discapacidad y personas afromexicanas e indígenas, para quienes la brecha todavía es muy grande en inclusión laboral.

La legisladora recordó que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo, es la encargada de conducir la política laboral y de generación de empleos en la entidad federativa, en tanto que el Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado autoriza que “el Ejecutivo del Estado y los presidentes de los municipios, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, podrán mediante resoluciones de carácter general publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, conceder subsidios o estímulos fiscales” (Artículo 65 fracción III).

“Considero muy importante que el gobierno, de la mano de los empresarios de cualquier nivel, generen acciones de inclusión laboral, pues estamos convencidos de que toda persona tiene derecho al trabajo para vivir con dignidad, pues éste es esencial para la realización de otros derechos humanos; necesitamos hacer esfuerzos para lograr que a estos grupos poblacionales que han sido históricamente segregados, se les reconozca su derecho a desempeñar un trabajo sin ningún tipo de discriminación, a percibir una remuneración justa a preservar su dignidad humana y a contar con protección social”, acotó la diputada Palacios Márquez.