Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

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La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local “elegirán” al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, “nuestros” diputados cumplirán con la farsa protocolaria y “elegirán” al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.

Manuel Ojeda. Foto: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, por mayoría de votos, en el Congreso del Estado se aprobó la entrega de la Medalla al Mérito Artístico y Cultural “Néstor Agúndez Martínez” al actor sudcaliforniano Manuel Ojeda, por su trayectoria distinguida en el ámbito artístico.

Además de Manuel Ojeda, para la convocatoria por la medalla “Néstor Agúndez Martínez” se presentaron seis propuestas más: Fermín Reygadas; Enoc Leaño Domínguez; Rodolfo Henkel Guerrero; Mónica Geraldine Quezada;Blanca Lizete Inzunza Solórzano; y Alfredo Franco López.

Fue el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), el organismo que llevó a cabo la nominación de Manuel Salvador Ojeda Armenta, originario de La Paz, quien ha participado en alrededor de 300 películas y varias telenovelas, entre ellas, El vuelo de águila y Senda de gloria.

El Congreso del Estado informa que La entrega de la Medalla al Mérito Artístico y Cultural se realizará mañana jueves 18 de mayo, en las propias instalaciones de los diputados de BCS.

Comparecencia del Procurador Erasmo Paleón Alamilla Villeda. Fotografías: J. R. Fernández.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un hombre ya mayor, moreno, alto, delgado, de vestimenta humilde, interrumpió ayer la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, ante los diputados, por la muerte de su hijo y la amenaza sobre otro; les dijo de frente, que aunque “no lo quería hacer público”, buscaba una audiencia debido a que habían asesinado a su hijo hacía cuatro años y el asesino estaba libre; al ser ignorado, se dirigió a nadie en particular, al público sentado en el ala izquierda de la sala, y soltó el llanto diciendo que apenas antier habían intentado matar a su otro hijo, quien estaba amenazado.

No parecía falsa su tragedia, ni su llanto, como el de otra mujer sobre el barandal, increpando a cada momento a los diputados y al Procurador de Justicia de BCS sobre un familiar desaparecido. Ellos fueron dos de los escasos ciudadanos que se manifestaron ayer en la tarde en la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS en el Congreso del Estado; el resto de los asistentes, un centenar sentados desde hacía rato —varias mujeres con niños, y algunos ancianos—, parecían justo eso: un público, uno ideal para aquel talk show de “Laura en América”.

La mayor parte del público lucía indiferente, incluso, enfadado, es más, algunos se fueron sin entender de qué se trataba; algunos picando su celular, otros comiendo; por el ala derecha unas mujeres con matracas, donde una a otra le decía “tú me dices cuando” hacer el ruido: la indicación era cuando hubiera algún grito en contra de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero no hubo demasiados; alguno por allá, perdido, cuando el diputado Joel Vargas Aguiar cuestionó la ausencia del Gobernador y del Secretario de Gobierno, “¡por que le sacan!”, se escuchó, mientras el diputado Edson Gallo Zavala, presidiendo la mesa, dijo que en el caso del segundo era por una justificación médica.

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Este martes, sólo un par de minutos antes de las 5:00 de la tarde —hora prevista para la comparecencia—, Alamilla Villeda había ingresado al recinto, pero lo retuvieron a esperarse —quizá había que esperar a alguien impuntual, quizá había que darse más importancia— porque el evento dio inicio media hora después. Era innegable que había un poder de convocatoria: rendir cuentas sobre una estremecedora situación de inseguridad en Baja California Sur es importante; el tema no hubiera dado lugar a sonrisas, pero las hubo, justo en las caras de los diputados, como Alfredo Zamora García, y otros más al presentar a las autoridades, para quienes hubo ¡aplausos! ¿Aplaudir qué? No podemos precisarlo, pero sí se notaba la consigna de sonar las palmas al mencionar al diputado panista.

La misma tardenoche de ayer se comentó en redes sociales sobre esos “acarreados” que, supuestamente, por 100 ó 200 pesos —o por una cena con tacos—, llenaron la sala para ‘acolchonar’ los reclamos de ciudadanos dolientes e inconformes, quienes realmente fueron pocos, y además invisibles. La barandilla en el Congreso del Estado parecía separar a “los de allá”, a los que reclamaban, simples mortales, y “los de acá”, los funcionarios que ejercían la pantomima de una comparecencia tibia, con la claridad de los números de la inseguridad puesta sobre la mesa y las respuestas que parecían dejarlos conformes. Ejecuciones sin control, desaparecidos, aumento de robos y los primeros reportes de secuestros: todo se dijo, pero tras el espectáculo de ayer, no parece cambiar absolutamente nada.

La pregunta más lógica, la más evidente, la hizo la legisladora Guadalupe Rojas Moreno, sobre por qué decir que se avanza en el tema de seguridad, cuando en lo que va del año han habido más ejecuciones que en doce meses de los años precedentes. Sin perder la compostura, ni su correcto pronunciamiento, pues parecía sentirse bien cobijado, el Procurador de Justicia de BCS repitió lo que había dicho anteriormente, sobre la “complejidad” de trabajar en ese tipo de delitos, y que hacía falta más coordinación entre todas las corporaciones.

“Respecto a los homicidios de alto impacto, debemos decirlo con toda puntualidad, emergen de luchas violentas entre grupos delictivos, que generan diversas vicisitudes para su investigación, ya que, quien ejecuta a la postre es ejecutado; y, quien es sobreviviente de un ataque, no emite declaración alguna, ya sea para querellarse y menos aún para formular imputaciones, en los pocos de los que hay testigos del evento criminoso no emiten su testimonio ante la compleja situación en la que se verían inmersos”, había dicho en su comparecencia. Al responder a la diputada, tácitamente dijo lo mismo, subrayando la complejidad que resulta resolver la ola de violencia y ejecuciones ligadas al narco.

Alrededor de una hora que duró la comparecencia, no parece haber provecho o cambio alguno. La cosa queda exactamente igual. Lo que habría de llamar más la atención de quien esto escribe, es el desdén a los pocos manifestantes, familiares de muertos o desaparecidos, quienes pidieron hacer preguntas pero cuyas peticiones eran aplastadas por las voces al micrófono de los legisladores, quienes, simplemente, no los veían ni escuchaban, sin embargo, entre tantos cuestionamientos e indignación que fueron a perderse en el aire, transcribo lo que una mujer arrojó a los diputados: “¿necesita que sea su familiar para que se le desaparezca y puedan hacer algo?”, a lo que siguió el silencio, y de nuevo, se retomó la función.

Diputados de BCS. Foto: Gladys Navarro.

A botepronto

Por Gladys Navarro

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Faltará mucho para que nuestros diputados ofrezcan “apretarse el cinturón”? Casi terminamos enero y la XIV Legislatura en Baja California Sur no ha definido su plan de austeridad. El gobernador, Carlos Mendoza Davis, aunque con retraso, se bajó el sueldo en un 20 por ciento y anunció otras medidas. De paso llamó a que se sumaran el Poder Judicial y el Legislativo, y órganos desconcentrados y autónomos; sin embargo, pareciera que varios le apuestan al olvido. Y es que quizá, aprovechando que muchos reflectores están sobre las relaciones México-Estados Unidos, a raíz de la polémica generada por la política internacional que se debate entre tuits del presidente estadounidense Donald Trump y el nuestro, Enrique Peña Nieto, desean alargar lo más posible sus jugosas percepciones. El domingo pasado marcharon cientos de ciudadanos por las calles La Paz con el mismo reclamo: revés al gasolinazo, transparencia y austeridad. Pero parece que tenemos funcionarios y representantes  poco sensibles a las demandas ciudadanas. Nuestros 21 diputados no han convocado a un periodo extraordinario para lograr un plan de austeridad. Se están tomando su tiempo y lo más probable es que terminen el mes con las mismas percepciones de casi 100 mil pesos, incluyendo ya sus “adicionales” según sus funciones. Si presiden la comisión permanente, 6 mil pesos; 4 mil más si coordinan una fracción parlamentaria; 3 mil por presidir la mesa directiva y 2 mil por ser secretario de la mesa directiva. Si hacemos cuentas, más o menos cada diputado gana al día 3 mil 333 pesos, o sea 41 veces el salario mínimo de 80 pesos. Frente a esto, no podemos dejar de reflexionar sobre su desempeño. De entrada, hay que recordar que trabajan sólo seis meses al año, y las sesiones son sólo dos por semana. Entendemos que el resto del tiempo trabajan en comisiones para sacar los pendientes (que tienen montón acumulados) y entre cada periodo está el “receso” para recorrer otra vez sus distritos. La pregunta es, ¿de verdad desquitan los 100 mil pesos al mes? ¿La mayoría o una minoría? Con excepción de la diputada Guadalupe Rojas (Morena) que sabemos que dona el 50 por ciento de su sueldo a un plantel educativo, no conocemos otra iniciativa similar. Estos tiempos, pues, demandan sensibilidad de todos quienes desempeñan un cargo público, pero parece que muchos le apuestan al olvido o la distracción. Desde hace días los diputados aseguran que habrá un periodo extraordinario, pero no llega. Y lo cierto es que ninguno ha planteado reducir salarios. Sergio Covarrubias, presidente de la permanente, de plano declaró que tenían 12 años sin mover esa cifra, o sea, ¡ni pensar en reducción! ¿Así de plano? ¿Oídos sordos a la indignación? Ojalá que no. PD. “Mutis” también han hecho los alcaldes, con excepción del alcalde de La Paz, Armando Martínez, que anunció un recorte del 20 por ciento del salario. Tampoco han hablado de austeridad en el Instituto Estatal Electoral y mucho menos en el Poder Judicial, en donde tienen otro pendiente también los legisladores de concretar el revés a las pensiones vitalicias… Hasta aquí de momento, queridos. Gracias por leerme. Que tengan un espléndido fin de semana. Nos leemos en Facebook Gladys R. Navarro, en twitter @gladys_rn o bien al correo aboteprontobcs@gmail.com.

Al “Gasolinazo” nacional, y que impacta irremediablemente en la media península, ahora se suma otro tema candente más: el “Magistradazo”. Fotos: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves 15 de diciembre del 2016, en la última sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado, se leyó y se aprobó la reforma que a partir del 1 de enero de 2017 otorga a los magistrados judiciales en Baja California Sur, una pensión vitalicia, tergiversando para ello el significado del mandato constitucional que les brinda un haber de retiro.

Enorme desencanto social ha generado este ejercicio abusivo del poder, orquestado por los magistrados judiciales integrantes del pleno del TSJEBCS, quienes elaboraron el proyecto de reforma para tal efecto, con el contubernio y complacencia de los diputados locales, que el mismo día que se presentó la iniciativa, la leyeron y aprobaron, sin análisis ni estudio; sin someterla al consenso ciudadano.

Es importante recalcar que ese día el interés legislativo estaba centrado en aprobar el presupuesto de egresos 2017, así que en la maratónica sesión pasó desapercibida la importancia y trascendencia de la reforma legal mediante la cual se implementó el costoso apéndice burocrático administrativo, que aparenta ser un Consejo de la Judicatura —tema de análisis por separado—, y el otorgamiento de la renta vitalicia a los magistrados judiciales.

Es una enorme irresponsabilidad de nuestros legisladores, aprobar al vapor una reforma legal. Resulta una queja recurrente en el actuar de nuestros diputados, pero como nadie les reprime, nadie les sanciona, nadie les cuestiona, pues hacen y deshacen a su antojo en el ejercicio legislativo.

La práctica viciosa, corrupta, nefasta y costosa, consistente en aprobar reformas legales al vapor y sin consenso social, podría evitarse con un candado legal, que obligara a los diputados a publicitar con al menos 30 días de anticipación todos los proyectos de reforma legal que habrán de ser sometidos a su aprobación. De esta manera, se cubriría al menos elementalmente la obligación que tienen los diputados de legislar de cara a la sociedad, se daría en este ejercicio de transparencia una oportunidad al sector de la sociedad civil particularmente interesado en el tema, de externar su parecer y precisar su postura respecto de cada proyecto de iniciativa de ley.

Pero como este candado legislativo que sugerimos tiene que ser elaborado e implementado por los propios diputados, dudo mucho que lo hagan, pues ello les restaría el enorme coto de poder que hoy disfrutan, manipulando la secrecía que favorece el entreteje y el arreglo político “en lo oscurito”, durante el proceso de reforma y creación de las normas legales vigentes en el Estado.

Algunos diputados, entre ellos, el actual presidente de la actual Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, hablan de revisar esa disposición, que da a los magistrados judiciales un beneficio excesivo, abusivo, incongruente y lesivo, pero “revisar” no basta. Es necesario derogar o reformar esa disposición legal.

Que el haber de retiro previsto en la Constitución, no se convierta en una onerosa y excesiva retribución. Es excesiva e injusta. Vivimos tiempos de crisis y carencias económicas, tenemos boquetes oscuros en las arcas públicas que aprovechando la opacidad en su manejo, permiten el desvío de grandes cantidades de dinero, y si a ello sumamos el otorgamiento de este inusitado privilegio, resulta un abuso, una arbitrariedad castigar aún más las partidas públicas, con el otorgamiento de estos privilegios vitalicios, para funcionarios públicos que no gozan precisamente de buena fama y aceptación entre los gobernados, pues las expresiones sociales son claras y coincidentes, respecto a su deficiente desempeño.

Escudados en el sempiterno pretexto de la “excesiva carga de trabajo”, los magistrados judiciales tienen un bajo rendimiento laboral. Los enjuiciados deben esperar eternidades, para ver resueltos sus expedientes, y si no se goza del favor oficial vía recomendaciones, influencias o en ocasiones dádivas, lo más probable es que el expediente que interesa al ciudadano medio, duerma eternidades el sueño de los justos, antes de ser finalmente resuelto.

Dicen los magistrados, por boca de su presidente, que merecen esa pensión vitalicia porque “la tienen en otros Estados”. En esos otros estados, no existe ni el rezago ni la ineficacia de la que aquí adolecemos en nuestro Tribunal.

“Que en otros Estados ganan más”… En otros Estados trabajan más. Así de simple la explicación. No puedes comparar la carga de trabajo de BCS con la de Chihuahua, Sonora, Puebla o CDMX.

“Que corren riesgos porque manejan asuntos de delincuencia organizada”… El argumento es falaz. Los asuntos relacionados con delincuencia organizada, son competencia exclusiva de los juzgados Federales (Artículo 73 fracc. XXI Inciso B de la Constitución Mexicana).

“Que es recomendación de la ONU”… La ONU tiene un listado INTERMINABLE de recomendaciones al Estado Mexicano, en temas relacionados con justicia, derechos humanos y legalidad, pero ellos, interpretando el texto a su conveniencia, sólo vieron la posibilidad de “justificar” su ambiciosa pretensión de vitalicia manutención.  Creo que antes de mantener de por vida a estos burócratas privilegiados, habría que atender otras recomendaciones de la ONU, emitidas con relación a las desapariciones forzadas, la discriminación racial,  la tortura, la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, las detenciones arbitrarias, la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, los derechos humanos de los migrantes, sobre el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, sobre los desplazados internos, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre el derecho a la educación la libertad de expresión y el derecho a la alimentación, sobre un salario mínimo digno y retributivo.

Creo que hasta que atendamos debidamente todas las recomendaciones de la ONU enlistadas, podríamos empezar a considerar la posibilidad de otorgarles la manutención de por vida que amañadamente se atribuyeron.

La ONU también recomienda que los magistrados no tengan ingresos extra, y todos los magistrados tienen fuentes de ingresos alternas: cobran por dar clases, tienen notarías, ranchos y otras fuentes de dividendos. En el último de los casos, con el salario que tienen —y que nadie sabe a cuánto asciende realmente porque esa información la ocultan a piedra y lodo—, bien pueden adquirir y administrar un adecuado plan de retiro, aparte de la pensión que cobrarán como beneficiarios de las prestaciones que todos los jubilados reciben tras 30 años o menos en el servicio público.

Lo correcto sería que el Congreso del Estado derogue el articulado que otorga la pensión vitalicia a los magistrados, y en su lugar les confiera un haber de retiro que no sea superior al equivalente a dos años de salario. Cualquiera otra opción resulta excesiva, lesiva, ofensiva e injusta.