FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Una vez receptada y admitida por los tribunales federales de Baja California Sur, la primer demanda de amparo en contra del proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, la Contraloría Ciudadana (ONG) tiene lista la demanda colectiva que habremos de presentar la última semana del mes de enero, dentro del plazo que al efecto establece la Ley de Amparo, de 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la Ley.

Debido a que la elaboración y  presentación de la demanda de forma individual implica el consumo de muchas hojas de papel, dada la extensión de la demanda y al número de copias que deben acompañarla, se considera más conveniente elaborar y presentar la demanda en forma colectiva, lo que implicará un significativo ahorro en tiempo, tramitología y papel empleado.

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El procedimiento es muy sencillo. Quienes estén interesados en suscribir la demanda, únicamente deben —desde este momento y hasta el 26 de enero como límite—, proporcionar su nombre completo, tal y como aparece en su identificación oficial, al comité organizador de la Contraloría Ciudadana.

Las personas mayores de edad, sea nacional o extranjera, podrá proporcionar su nombre para ser integrado a la demanda enviando un inbox al Facebook Contraloría Ciudadana, La Paz, Bcs. La firma respectiva se recabará del 27 al 30 de enero, en las cabeceras municipales de la Entidad.

En síntesis: cada persona mayor de edad, residente en Baja California Sur, sin importar su nacionalidad o actividad económica, podrá firmar la demanda de amparo contra la Ley de Seguridad Interior.

En la fase inicial, únicamente deberá proporcionar vía inbox su nombre completo, indicando en qué cabecera municipal desea firmar la demanda. Posteriormente, entre el 27 y 30 de enero, deberá presentarse con identificación oficial a firmar en la mesa receptora que al efecto se pondrá a su disposición en cada cabecera municipal. Y eso es todo. Los abogados de la Contraloría Ciudadana se encargarán a partir de ese momento de toda la tramitología. Este procedimiento nos permite facilitar la participación de un mayor número de personas interesadas en interponer el amparo, a un costo mínimo.

¿Porqué una demanda de amparo?

Porque es el único recurso ciudadano con que contamos para combatir una Ley que resulta violatoria a los Derechos Humanos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México, y garantizados por nuestra Constitución Política.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior permite la represión de la expresión crítica de los habitantes de la nación, mediante el uso de las fuerzas armadas, propiciando su intervención, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada discrecionalmente por el Presidente de la República como una amenaza o riesgo a la seguridad interior, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática.

La Ley contraviene principios de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los Derechos Humanos, pues establece que toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, e impone a todos los organismos públicos o privados, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.

Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede suceder que –por ejemplo— cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue violaciones a Derechos Humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose los derechos de las víctimas y propiciando que en esos casos no exista verdad, justicia y reparación.

Esta disposición debilita, desde antes de que empiecen a operar, la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han planteado, pues las mismas, de igual forma, estarían obligadas a entregar la información que se les solicite sobre las investigaciones que realicen.

La Ley pretende legalizar el uso de las fuerzas armadas, como mecanismo de represión y control político, lo que es inadmisible en un estado de derecho, democrático y popular.

Esperamos la nutrida participación de los residentes en el Estado, en este ejercicio de participación ciudadana.

No faltan las voces pesimistas –alentadas desde el poder público— que pretenden desanimar este esfuerzo colectivo, vaticinando resultados negativos. Recordemos que la apatía e indiferencia son los principales aliados del abuso del poder, y que la participación ciudadana es el único antídoto eficaz en su contra.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). México nace a la vida republicana, tras el apaciguamiento nacional, una vez concluida la revolución más sangrienta de que se tiene registro en el continente americano. Tras decretarse la Constitución de 1917, los inicios del ejercicio de la democracia representativa enfrentaban la amenaza de una reacción armada que a través de un golpe de Estado, regresaran el mando de la nación a un dictador. Es por eso que en esa etapa de nuestra historia moderna, se justificaba la secrecía y el sigilo al momento de tomar determinadas decisiones, como la de nombrar un Presidente o Gobernador sustituto.

Con el paso del tiempo, el régimen se afianzó y las amenazas que justificaban el secreto en el ejercicio decisorio gubernamental, quedaron superadas.

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En el siglo XXI, el llamado siglo de la comunicación y la transparencia, lo único secreto en lo relacionado al ejercicio público, es el voto ciudadano. La única reserva de privacidad que hemos de preservar, es la que se otorga al gobernado cuando acude a emitir su voto.

Pese a ello, el marco normativo federal constitucional sigue previendo la secrecía en el ejercicio de gobierno (Artículo 84), en el supuesto de la elección del Presidente sustituto; e incluso cuenta con un añadido retrógrada e incompatible, pues el 7 de febrero de 2014 se agregó la fracción VIII al apartado A del Artículo 6º Constitucional, en el que establece que el Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, será electo por los comisionados mediante votación ‘secreta’. Irónico que el encargado de acabar con la opacidad, sea elegido ‘en secreto’.

En el ámbito local, la Constitución Política de Baja California Sur mantiene la secrecía para la toma de determinaciones que en la actualidad deben ser absolutamente transparentes, como es el caso de la elección del Gobernador sustituto (Art. 72), el nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia (Art. 95), así como la designación del magistrado y juez que integrarán lo que llaman “Consejo de la Judicatura” (Art 97).

Las normas secundarias del Estado permiten a los diputados tomar en secreto, decisiones que deberían ser tomadas de cara a la ciudadanía, como ocurre en los casos de juicio político.

En el ámbito municipal, se permite legalmente que los Cabildos sesionen en secreto, dando con ello pie a grandes corruptelas, como las que han permitido innumerables actos de endeudamiento o saqueo, en detrimento del erario municipal; o han puesto en peligro nuestro entorno ecológico, como es el caso de la fallida intentona de la anterior administración municipal paceña cuando trataron de abrir la puerta en nuestra comunidad a la mega-minería tóxica.

Otra práctica contraria a la transparencia y eficacia en el ejercicio gubernamental, que constituye un resabio de los esquemas dictatoriales en la designación de encargos, lo constituye el proceso discrecional, que permite al Secretario de Educación, otorgar a su vástago, una plaza y al mismo tiempo, una comisión a cubrir simultáneamente en dos espacios distantes 354 kilómetros entre sí, como si el angelito tuviera el don de la ubicuidad.

Una práctica más que cubre la secrecía dictatorial del dedo decisorio ejercido por el Gobernador en turno, es la que corresponde al nombramiento del Procurador de Justicia y de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde los aspirantes que integran la terna –previamente palomeada— desfilan ante los diputados en una pasarela, como si fuera un concurso de belleza o una exposición ganadera. Resulta ofensivo ese procedimiento.

Es imposible que los diputados puedan elegir a la mejor opción para un encargo de tan elevada responsabilidad, con solo escucharlos en tribuna. Como si nuestros representantes populares fueran aptos para evaluar la capacidad e idoneidad del aspirante con un par de preguntas.

Nuestros diputados tienen el derecho constitucional de ser ignorantes, porque el planteamiento normativo presume que se rodearán de asesores adecuados, pero cuando en la práctica se rodean de allegados ineptos e incapaces, entonces vemos que la opacidad y discrecionalidad son otra vez herramientas de corrupción y componendas.

Nuestras propuestas

Modificar la Constitución y el marco normativo secundario, para erradicar por completo toda toma de decisión que se realice de espaldas al gobernante.

Eliminar la secrecía del ejercicio público, para eliminar la opacidad en la toma de decisiones que afectan indefectiblemente a todos los contribuyentes.

Que los cargos relacionados con la procuración y administración de justicia se asignen por concurso y selección, no por designación.

Que se profesionalice y regule el encargo de asesor parlamentario, para garantizar el profesionalismo en el quehacer legislativo.

FOTOS: Luis Roldán.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El estandarte ofertorio del actual Gobernador de BCS, para alcanzar el triunfo electoral, se recargó en la promesa de acabar “rapidito” con el problema de la inseguridad. Aseguró “saber cómo” y se jactó de que a él “no le temblaría la mano”.

Lo cierto es que todo resultó una falsa promesa de campaña. Una más de las tantas que nos han endilgado desde que la democracia nacional fue secuestrada por el sistema de franquicias partidistas que permiten el control del poder al grupo entronizado, mediante la simulación y el engaño.

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Pese a ser sólo una falsa promesa más, resultó más ofensiva su natural afrenta, al constatar que lejos de mejorar el problema de la inseguridad, a partir de la actual administración, se han disparado los índices de criminalidad y la escalada de violencia no encuentra precedente histórico.

Evidentemente, no sabe cómo, le tiembla más que la mano, y no tiene la voluntad política ni la determinación necesarias para enfrentar con éxito la problemática, la grave problemática que hoy tiene a la sociedad sudcaliforniana padeciendo una constante inseguridad que lejos de disminuir, parece acentuarse en un cruento consecutivo, que no hay promesa de “mejor futuro” que tranquilice a los habitantes de la entidad.

A la excusa, el pretexto, la simulación y el ocultamiento, se suma el reparto de culpas. Todos somos responsables. Todos, menos el gobierno en turno.

Y en ese juego perverso de negación, se satura el suministro de notas oficiales en los medios afines al gobierno estatal, de “buenas noticias”, que hablan de bonanza económica, incremento de fuentes de empleo y otros importantes logros, reales o imaginarios, que en autoría meritoria se adjudica el gobierno del “mejor futuro”. El esfuerzo propagandístico es costoso, pues los jilguerillos encargados de difundir los “logros oficiales” cobran indefectiblemente sus aportes en la rentable labor de difundir los méritos del aparato gubernamental.

Lo único cierto es que no existe un plan concreto de acción, ni a corto ni a mediano plazo, tendiente a frenar eficazmente la inseguridad que nos agobia. No existe coordinación entre las fuerzas del orden, ni estrategia que a partir de inteligencia aplicada, nos brinde un plan adecuado y eficaz de prevención, disuasión, contención, persecución y sanción del delito.

No contamos, pese a lo grave de la situación, con un solo policía de carrera al frente de las corporaciones policiales. Se improvisa con amigos, conocidos, arrimados y endosados. En procuración de justicia se insiste en sostener en el empeño al petulante importado que ha dejado claro en el tiempo que lleva en el cargo, que lejos de contribuir a solucionar la problemática, su incompetencia lo ha vuelto parte de la misma.

Se ha recurrido a la Federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses, que a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.

Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el Ejecutivo Estatal despojarse de su arrogancia y aceptar que su “medicina” resultó charlatanería, por más que “aumente la dosis”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009-2010, sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Entre las deficiencias institucionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.

Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder. Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden.

Poner al frente de las corporaciones a policías de carrera, expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo.

Centro de Justicia Penal en La Paz. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Está dando resultados positivos la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS? ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos corregir?

Es evidente que las autoridades estatales no están interesadas en realizar una evaluación objetiva y honesta del avance y alcances del NSJP. Ha quedado claro que se prioriza la simulación y se antepone el interés de grupo al interés de la colectividad en el Estado. Basta para ello considerar la forma en que se acallaron las protestas durante la comparecencia del Procurador ante el Congreso. Atestaron el recinto legislativo con acarreados que al son de las matracas y al conteo de las lideresas, vitorearon o abuchearon según así les fueron indicando.

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La farsa se cumplimentó con los cuestionamientos a modo, formulados por los diputados del bloque mayoritario, siempre fieles a la subordinación que la componenda con el ejecutivo les impone.

Enfrentamos entonces una visión plagada de cifras alegres y estadísticas maquilladas, que permiten el lucimiento de los actores oficiales, pero que nos impiden conocer la realidad de los hechos.

Por tanto, si queremos una lectura objetiva y cierta, deberemos realizar el ejercicio desde la trinchera ciudadana. Desde nuestra perspectiva, habremos de analizar punto a punto los aspectos relevantes de la reforma.

¿Cómo podemos participar en el ejercicio de evaluación? Simple. Eligiendo alguno de los siguientes puntos, realizar un análisis, una crítica y una propuesta, y enviarla a la siguiente dirección electrónica: letrasbcs@gmail.com para que sea compilada y presentada en el Foro Ciudadano Sobre Seguridad Pública que organiza “Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana” A.C., Organización No Gubernamental que preside Víctor Martínez de Escobar.

No hay mayores requisitos que los marcados en la Constitución para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de petición: presentar su evaluación y propuesta por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Es todo.

Esperamos su participación para hacer de este ejercicio una plataforma de participación ciudadana que contribuya al mejoramiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS.

OBJETIVOS DE LA REFORMA PENAL

• Reducir el índice de impunidad;
• Que la víctima sea reparada en el daño causado;
• Que se respeten en todo momento los Derechos Humanos, tanto del imputado como de la víctima u ofendido;
• Dar rapidez y seguridad jurídica a los procedimientos penales;
• Contar con resoluciones judiciales justas;
• Recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones del sistema de justicia penal.

CAMBIOS

En procuración de justicia

• Se concede valor preponderante a la prueba técnica y científica en el proceso de investigación criminal;
• Se descarga de tareas administrativas al Ministerio Público para que concentre su actuación especializada en la función investigadora;
• Se incorpora con responsabilidad directa a la policía ministerial en las investigaciones y con tareas complementarias a la policía preventiva;
• Se establecen esquemas eficientes para la coordinación policial;
• Se garantiza la autonomía técnica y científica de los servicios periciales;
• Se prevé la supervisión judicial de la actuación del Ministerio Público para garantizar los derechos del imputado;
• Establece un modelo de justicia alternativa diferente al sistema punitivo tradicional.
• Dicho sistema se actualiza mediante un procedimiento simplificado para la solución de conflictos, cuyo seguimiento está a cargo de personal multidisciplinario, suficientemente habilitado en técnicas de negociación, mediación y conciliación.

En administración de justicia

1. 1. Consagra la oralidad y publicidad de los juicios penales, lo que ayuda a prevenir y evitar la burocracia que acumula expedientes, haciendo posible que el juez dicte sentencia en un plazo no mayor de un año;
2. 2. Incorpora el procedimiento abreviado ante el juez de garantía, el cual facilita las condiciones para que se pueda dictar sentencia en un término breve, siempre y cuando se logre el consenso de las voluntades del Ministerio Público y la defensa del imputado;
3. 3. Destaca que la prueba privilegiada en el proceso penal es la técnica y científica, lo que constituye la mejor garantía para evitar que las partes con habilidades retóricas puedan manipular con sus argumentaciones al juzgador.

En el sistema penitenciario

1. 1. Se establece la creación de jueces de ejecución de penas, capacitados para asegurar el cumplimiento de las sanciones y para proponer programas de readaptación especialmente para cada área.
2. 2. Se crea la figura de jueces de vigilancia que supervisan el orden, la disciplina, y el respeto a los Derechos Humanos dentro de los CERESOS, lo que coadyuva a eliminar el autogobierno que suele darse al interior de estos centros.