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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur, representado por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como de la  mesa directiva del periodo ordinario de sesiones encabezadas por las diputadas Perla Flores Leyva y Daniela Rubio Avilés respectivamente, recibieron la propuesta de reformas al marco normativo para el fortalecimiento de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial de Baja California Sur, entregado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, magistrados y consejeros del Consejo de la Judicatura, informó el Congreso del Estado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó que se trata de una reforma netamente técnica para el fortalecimiento y operación del Poder Judicial, que da cumplimiento a la armonización de la reforma constitucional que incluye los tribunales labores, jueces laborales  y que en el caso de Baja California Sur forma parte de un grupo de 10 Estados que emitirán la reforma en el siguiente año.

Dijo a los legisladores que es una reforma eminentemente técnica y jurídica, que busca optimizar las funciones de las ramas del tribunal, del sistema penal acusatorio y otras derivadas de la reforma constitucional. Añadió que Baja California Sur ha compartido experiencias con otros Estados de la República que han llevado a cabo el proceso evolutivo de reforma.

Firmó de recibido la presidenta de la mesa directiva Daniela Rubio Avilés quien anunció que la iniciativa se incorporará este jueves en el orden del día de la sesión ordinaria, para turnarse a comisiones y una vez turnada sea revisada en mesas de trabajo con una comisión del Poder Judicial.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la instalación temporal de los tres Poderes del Estado, se conmemoró el Aniversario 49 de la Magna Asamblea de Integración Política del Estado de Baja California Sur Loreto 70, en ceremonia encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Daniela Rubio Avilés, el secretario general del Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, quien fue el orador oficial, informó el Congreso de Baja California Sur.

El diputado José Luis Pérpuli Drew, representante del décimo segundo distrito dio lectura al Decreto 1284 que declara sede temporal de los Poderes del Estado de Baja California Sur al municipio de Loreto. Previó a la lectura de dicho decreto el legislador se dirigió a los asistentes para informar el reciente punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativo para solicitar a la Dirección General del ISSSTE, la urgente atención a las necesidades en el municipio de Loreto y de todo el estado que han manifestado trabajadores del servicio médico y administrativo como la misma derechohabiencia.

En la ceremonia conmemorativa, el orador oficial, Daniel Gallo Rodríguez, dijo que el movimiento Loreto 70 es un Legado que sociedad y gobierno deben honrar con valores éticos, siempre en favor del beneficio colectivo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Daniela Rubio Avilés presentó propuesta de una serie de reformas al Código Penal de Baja California Sur a fin de elevar las penas para delitos sexuales y para delitos de violencia familiar, así como ampliar el catálogo de delitos que sancionan las agresiones físicas contra las mujeres, y la omisión de cuidados a quienes no puedan valerse por sí mismas, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de la presidenta de la Comisión de Seguridad propone elevar la pena para violación actualmente condenada hasta con 15 años para llevarla a de quince a veintidós años de prisión; para abuso sexual que establece penas de hasta 3 años, propone elevarla de tres años a nueve años de prisión; para el caso del abuso sexual de personas menores de edad, actualmente de 2 a 5 años, establece una pena más elevada, de cuatro años a doce años de prisión; y se propone la creación de un tipo penal denominado “Lesiones cometidas en contra de la mujer en razón de su género” que tendría una penalidad de siete a catorce años de prisión y, en caso de que el agresor tenga una relación afectiva o parentesco, la pena aumenta de nueve a dieciocho años de prisión.

La iniciadora expuso que las propuestas están plenamente justificadas ya que las estadísticas de denuncias de violación y abuso sexual se han elevado en Baja California Sur y que, si bien se requiere de un trabajo preventivo de las instituciones encargadas para evitar la comisión de este ilícito, también es imperativo que las instituciones de la procuración e impartición de justicia tengan instrumentos legales para sancionar de manera ejemplar estas aberrantes conductas.

En el mismo tenor se propone la elevación de las penas de prisión a la violencia familiar y la obligación de que el activo del delito sea sometido a tratamiento psicológico, en aras a que no reincida en su conducta violenta. Adiciona, ya que no estaba contemplada, pena a quien exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá una pena de tres a seis años.

En cuanto a la omisión de cuidados, se eleva también las penalidades mínimas y máximas, de 6 meses a un año que contempla actualmente se eleva a de un año a dos años además de la perdida de la patria potestad o tutela. Si el abandono se pone en situación de peligro la integridad física y moral del abandonado la pena se aumentará de dos a cinco años de prisión.

En el caso de violencia familiar, que contempla los tipos física, psicológica, emocional, patrimonial o económica, la pena actual de uno a cinco años, se eleva a de tres años seis meses a siete años seis meses de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él.

Además se sujetara al activo del delito a tratamiento psicológico especializado el cual tendrá la duración que la autoridad jurisdiccional competente disponga, sin exceder el tiempo de la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros tratamientos. La iniciativa de reforma fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dirigentes partidistas, servidores públicos, familiares y ciudadanos que se dieron cita a la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua del Congreso de Baja California Sur, la diputada Daniela Rubio Avilés, representante del Partido Humanista, rindió su primer informe legislativo y de gestión correspondiente a su primer año de ejercicio, informó el Congreso del Estado.

La legisladora destacó la aprobación de las iniciativas que presentó, sobre todo en el rubro de seguridad, como lo fue la tipificación del feminicidio como un delito autónomo del homicidio, el disparo de arma de fuego, el delito de espionaje y halconeo en contra de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Así como la actualización a los delitos de discriminación y amenazas; la elevación de penas al robo de vehículo y del robo de ganado en sus diversas modalidades; y reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.

Así mismo destacó que con la tipificación del delito de violencia política de género, se fortalece la protección de los derechos políticos de las mujeres sudcalifornianas.

Informó también que en su carácter de secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, avaló los dictámenes por los que la legislatura estatal aprobó las minutas que le remitió el Congreso de la Unión para la creación de la guardia nacional, la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, el fortalecimiento de la figura de extinción de dominio, la reforma educativa, así como la paridad de género en todos los órdenes de gobierno.

Comunicó que, además del trabajo legislativo, realizó gestión de problemáticas sociales ante las dependencias de los tres niveles de gobierno y apoyo a ciudadanos que requirieron de alguna atención en rubros de la salud, educación, deporte y familia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la solicitud de información del Senador por Baja California Sur, Ricardo Velázquez, la diputada Daniela Rubio Avilés manifestó en pronunciamiento que no se deben politizar y por el contrario, sería mejor presentar propuestas de interés para Baja California Sur, informó el Congreso del Estado.

Esto ya que el pasado 31 de julio, el Senador Velazquez presentó ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de Baja California Sur que dieran a conocer las percepciones que los 21 diputados están recibiendo íntegramente. Lo cual fue aprobado el pasado miércoles 7 de agosto y, en consecuencia, deberán los legisladores locales dar respuesta.

Rubio Avilés precisó que el Senador “puede denunciar ante las autoridades locales lo conducente, pero que no utilice la representación que el pueblo le dio para llevar  temas político-electorales y de grilla a la Cámara Alta”.

El Senador Ricardo Velázquez, ha pedido que se haga valer el articulo 127 de la Constitución Mexicana que señala que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República.

En la tribuna de la Diputación Permanente del Congreso de Baja California Sur, la diputada Daniela Rubio sentenció que los rubros de seguridad, política exterior, economía, salud, educación, empleo, entre otros, son más importantes que una solicitud para saber cuánto ganan los legisladores del Estado.

Informó también que además de la iniciativa del Senador, existió otra iniciativa presentada por diversos diputados y diputados de Morena de otros estados del país, que solicitan que el Congreso del Estado de marcha atrás a reformas legales a su ley reglamentaria, ante lo que la diputada Daniela Rubio calificó de absurdo, recordando que las legislaturas federales como estatales tienen libertad para determinar en sus leyes interiores.

La legisladora envió un mensaje al Senador de extracción morenista a quien dirigió que “los asuntos que atañen al poder legislativo estatal, los procesaremos y resolveremos aquí, en este recinto, y con el marco legal que nos hemos dado. Somos soberanos y no recibimos órdenes”, y lo exhortó a presentar propuestas por asuntos de interés para los sudcalifornianos.