Programa Nacional de Combate a la Corrupción

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 30 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 cuyo objetivo prioritario es erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, mejorar el uso de los recursos públicos y promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública. Está orientado a cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con la suscripción de tres convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El programa entiende la corrupción como el principal problema del país, y la define como “el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Es una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía.”

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La corrupción tiene altos costos sociales, políticos y económicos, y trastoca al Estado de Derecho, y dispara los índices de impunidad. La falta de castigo por actos de corrupción se refleja en el ámbito federal donde sólo 8 de cada 100 irregularidades son sancionadas, en la vía administrativa; en la vía penal, únicamente 7 de cada 100 hechos delictivos relacionados con la corrupción, son denunciados. El Índice Global de Impunidad 2017 ubicó a México como el país de América en el que más dejan de sancionarse estas conductas ilícitas; a nivel mundial nuestro país se posicionó en el cuarto lugar.

El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México; y ubicó al país en el lugar 127 entre un grupo de 137 en el desvío de fondos públicos; en pagos irregulares le asignó el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

La lista de dependencias del ejecutivo federal y entidades que participan en este programa se integra por:

Oficina de la Presidencia de la República – Coordinación de Estrategia Digital Nacional
Secretaría de la Función Pública y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

OBJETIVOS PRIORITARIOS.

Como tales, el programa señala:

Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción.
Combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal.
Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal (APF).
Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.

EXPECTATIVA DE RESULTADOS.

A partir del cumplimiento de los objetivos y la aplicación de las estrategias y acciones puntuales contenidas en este programa, para 2024 se espera:

Que el crecimiento económico deje de ser obstaculizado por la corrupción política y la impunidad;
Que éstas sean erradicadas y se limiten a casos excepcionales, los cuales deberán ser investigados y sancionados de forma inmediata, a fin de que ningún servidor público se beneficie de su cargo;
Que se ponga fin al dispendio por medio de una política de austeridad republicana;
Que la rendición de cuentas se realice en todos sus elementos: transparencia en la toma de decisiones, justificación y, en caso de dolo o negligencia, sanción;
Que se consolide una democracia participativa, en la que la sociedad intervenga activamente en las grandes decisiones nacionales;
Que las instituciones estén realmente al servicio de las necesidades del pueblo; que se modernice la estructura de la APF para hacerla más eficiente,
Que los servidores públicos ofrezcan servicios de calidad y se conduzcan con base en la ley y la ética pública;
Que la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar.

Concluye el texto del decreto apuntando que la aplicación de este programa sentará las bases para una transformación más profunda de la vida nacional en los ámbitos económico, social y político para los próximos 20 años, pues valores como la ética, la honradez, el respeto a la legalidad y a la verdad, la solidaridad con los semejantes y la preservación de la paz, habrán enraizado en la conciencia del pueblo de tal manera que serán garantía suficiente para impedir un retorno a los vicios del pasado como la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predomino del lucro sobre la dignidad.

TEMPORALIDAD DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN

Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán formalizar, a más tardar el último día hábil de 2019, los compromisos e indicadores de desempeño que deriven de las medidas que se establecen en el Programa, y el avance en su cumplimiento se reportará trimestralmente.

La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el decreto por el que se aprueba el Programa.

NUESTRA VISIÓN

El documento es un ramillete de buenas intenciones, más que un programa operativo resulta un compendio declarativo de postulados y aspiraciones. Poco eficaz, si solo ataca el sector público.

El programa no incluye -¿intencionalmente?- la participación ciudadana. Lo cierto es que resulta imposible combatir la corrupción, sin la participación de los gobernados. La lucha contra la corrupción inicia en el hogar. Los padres educando con el ejemplo a los hijos.

Tenemos la doble tarea de inculcar valores al seno familiar, en la comunidad, y al mismo tiempo, constituirnos en severos sensores del quehacer público, denunciando todo acto de corrupción del que tengamos conocimiento. Ciudadanos formando a la niñez en valores y constituidos en contraloría ciudadana, conformamos la herramienta más eficaz que en la lucha contra la corrupción puede haber.

El texto íntegro del programa puede ser consultado en este enlace.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ciudadanos combatiendo la corrupción en BCS

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional, ubica a México en el lugar 130 de 180 naciones evaluadas. El sexenio anterior enfatizó una tendencia constante al alza en los niveles de corrupción e impunidad, lo que sirvió de estandarte en la exitosa campaña electoral del actual Presidente de la República.

El eje central de la política del Gobierno Federal contra la corrupción gira en torno a tres grandes programas: austeridad, transparencia y estado de bienestar. El proyecto de nación que presenta el actual Ejecutivo, no contiene un programa claro de combate a la corrupción, pues los programas anunciados encuadran más en el campo de la prevención que en los del combate y erradicación. Encontramos una grave omisión en cuanto a los mecanismos encaminados a denunciar y castigar.

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A lo anterior, habremos de agregar que la corrupción como práctica constante, encuentra cobijo en la impunidad que se negocia desde el espacio cupular. Y es que es el mismo grupo en el poder, el que se encarga de denunciar, investigar, perseguir y sancionar los actos de corrupción.

Ante ese panorama, consideramos imperativo que el ciudadano se incorpore en labores complementarias al eje de acción planteado por el Ejecutivo federal para lograr prevenir, inhibir y erradicar la corrupción. Nos toca entonces asumir nuestra responsabilidad ciudadana, específicamente en las labores de denuncia ante posibles actos de este tipo, y de exigencia en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es claro que el combate a la corrupción es una tarea de imposible realización, si los ciudadanos no participamos activa, efectiva, sistemática y permanentemente en el proceso.

BCS organizada

Específicamente en Baja California Sur, contamos con referentes de éxito alcanzado por la sociedad civil cuando de manera organizada y masiva participa en actividades de interés público. Somos referente a nivel continental, por haber sido el primer Estado en América Latina que frenó a la megaminería de extracción de metales a cielo abierto, antes de que iniciara operaciones, evitando con ello los daños ambientales que actualmente sufren otros Estados de la República Mexicana, que aunque han logrado expulsar esa minería, lo han hecho tras seis, ocho o diez años de operación, esto es, cuando ya se generaron daños al medio ambiente, muchos de ellos irreparables.

En materia de seguridad, el mejor antídoto contra el robo a casa habitación ha sido la organización vecinal, en la que los ciudadanos se han unido para participar en labores de prevención de ese delito.

Letras contra corruptos

A partir de la experiencia de esos exitosos modelos, arrancamos en el Estado, un programa ciudadano de combate a la corrupción y la impunidad. El esquema es sencillo: un grupo de profesionales del Derecho y Ciencias Forenses, a través de la asociación civil LETRAS, Legalidad y Transparencia A.C., ofrecen asesoría legal, apoyo logístico, acompañamiento y en su caso, representación legal. La idea es brindarle al ciudadano que tenga conocimiento de un hecho de corrupción que resulte comprobable, la oportunidad de denunciarlo, sin tener que padecer el viacrucis que implica recorrer las instancias burocráticas oficiales, estructuradas estratégicamente para desanimar este tipo de denuncias.

Si el ciudadano tiene conocimiento de un hecho delictivo, y cuenta con información suficiente que nos permita allegarnos datos de prueba que hagan sostenible la formulación de imputación ante los tribunales, el equipo de abogados y peritos de LETRAS se hacen cargo de toda la carga procesal, sin costo alguno para el denunciante.

Estamos convencidos de que la sociedad civil organizada representa el factor decisorio en el combate a la corrupción y la impunidad. Contamos con las exitosas experiencias de que existe registro en materia de defensa al agua y al medio ambiente sano, así como en las actividades de prevención del delito. Ahora trabajamos para llevar ese ejercicio en el campo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si los programas federales se enfocan en la prevención de la corrupción, a nosotros nos toca aplicarnos en el campo de la denuncia, integración de carpetas de investigación, compilación e incorporación de datos de prueba, acompañamiento y coadyuvancia en la persecución ante tribunales, para alcanzar finalmente la sanción de todos aquellos malos servidores y particulares que se involucren en actos de corrupción.

LETRAS ha iniciado esta campaña, y a una semana de iniciar operaciones ya contamos con varias carpetas de investigación, que se integran contra servidores públicos imputables, y la lista se engrosará con las denuncias que se vayan incorporando. Si tienes conocimiento de un acto de corrupción y consideras que existen datos de prueba que nos permitan acreditarlo, acude en horario laboral a nuestras oficinas ubicadas en calle Instituto Politécnico Nacional 503 local 1, en colonia El Conchalito, casi frente a la Delegación de la Secretaría de Economía, a dos cuadras del palacio de Justicia Federal.

Al ejercicio de participación ciudadana en el combate a la corrupción que plantea LETRAS, se han sumado ya otras dos organizaciones civiles, y un par de “lobos solitarios”. Ya sea de manera individual, o a través de un colectivo, es importante para el éxito de este esfuerzo de participación ciudadana, que todos nos sumemos, como denunciantes, observadores, asesores, difusores, etcétera. En el combate a la corrupción, migremos de las redes sociales a los Tribunales de enjuiciamiento. Todos podemos y debemos participar, tenemos mucho que ganar y nada que perder.

Necesitamos magistrados con carrera judicial

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El primer acto de corrupción que comete un servidor público, es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Este postulado básico establece como requisito indispensable para la asignación de un cargo público, la acreditación de competencia, capacidad, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñarse de manera honesta y eficiente en el encargo público. Si de verdad existe el compromiso público de erradicar la corrupción del servicio público, los órganos de gobierno de los tres niveles deben contar con un marco legal claro y preciso, que establezca los requisitos mínimos indispensables que deberá reunir todo aspirante para ser designado como servidor público.

En materia de administración de justicia, los sudcalifornianos padecemos las consecuencias de contar con un esquema de designación de magistrados judiciales que otorga al Gobernador en turno la prerrogativa exclusiva de hacer la propuesta de candidatos a ocupar dicho encargo. En la práctica, la designación se hace para favorecer a los amigos y/o protegidos del Gobernador, sin tomar en cuenta su perfil ni experiencia profesional.

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Gracias a esa vieja práctica, de los siete magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia, sólo dos de ellos cuentan con carrera judicial. El resto, llegaron al cargo exclusivamente con el antecedente de haber sido allegados, amigos o subordinados leales al Gobernador en turno. Hacemos énfasis en la necesidad de la experiencia previa en el ramo, para garantizar al gobernado que enfrente una resolución judicial, que su caso estará en manos de un profesional experto y calificado.

El costo del favoritismo

Cuando se llega a la Magistratura Judicial, únicamente contando para ello con la recomendación del Gobernador, entenderemos porqué actualmente tenemos en Baja California Sur un Magistrado que antes de llegar a la magistratura, correteaba camiones sin placas, como servidor público dependiente del Gobernador en el área de autotransporte estatal.

Antes de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, la sociedad no tenía un mecanismo eficaz para evaluar el desempeño de los magistrados, porque en el sistema de justicia penal tradicional, era muy fácil ocultar la ignorancia, el desconocimiento de la materia judicial de los magistrados, debido a que todo el procedimiento era escrito.

Lo que tenía que hacer el Presidente del Tribunal, cada vez que le endilgaban como Magistrado a un neófito en la materia, era asignarle un par de proyectistas capaces y competentes, que le hicieran todo el trabajo. Así las cosas, el ungido por el dedo del Gobernador como magistrado, lo único que tenía que hacer era firmar las resoluciones.

Por fortuna, eso está cambiando. Los procedimientos judiciales tienden todos a la oralidad y transparencia. En breve, probablemente todos los procesos serán orales. Hoy en día, los procesos penales ya son orales, y eso nos permite evidenciar el dominio o desconocimiento que tienen jueces y magistrados del sistema en el que actúan.

Ya no podemos seguir padeciendo a parásitos que se limitan a firmar. Ahora podemos evaluar el desempeño de los magistrados de cara al público, de frente al gobernado. La transparencia y la publicidad se erigen como herramientas ciudadanas que permiten evaluar el desempeño de todos los operadores del sistema de justicia, desde el agente de policía primer respondiente, hasta el Magistrado Judicial que resuelve la segunda instancia.

En términos generales, los jueces del sistema acusatorio, cuentan con experiencia y capacitación. Algunos de ellos llevan más de diez años preparándose para el encargo, y se desempeñan adecuadamente. Resulta contradictorio que su trabajo sea revisado por un magistrado que nunca ha ejercido en el sistema acusatorio, que no conoce el sistema, que no tiene la visión, perspectiva ni destrezas metodológicas, ni dominio del lenguaje jurídico necesarios para desenvolverse eficazmente en la aplicación de los nuevos paradigmas que impone el nuevo sistema de justicia penal.

¿Qué debemos hacer?

Necesitamos modificar la Constitución del Estado, para quitarle al Gobernador en turno la exclusiva en la propuesta de designación de magistrados, abriendo esa posibilidad a los sectores académicos y colegios de profesionistas. Han de establecerse en nuestra carta constitutiva estatal, los requisitos legales necesarios para hacer de la experiencia y el conocimiento previo, una exigencia insalvable.

La carrera judicial, el perfil, la preparación, han de ser los requisitos indispensables que deberá acreditar todo candidato, para asumir la Magistratura Judicial. Sólo así podremos garantizar una administración de justicia pronta, expedita, eficaz, técnica y humanamente acorde a las necesidades de la sociedad sudcaliforniana.

En la reforma constitucional que se necesita, debe establecerse como requisito insalvable para alcanzar la magistratura en el sistema acusatorio, el haber ejercido al menos tres años como juez del mismo sistema, para garantizar así que el candidato cuente con la experiencia mínima indispensable, y además de ello, deberá acreditar los conocimientos teóricos necesarios para el adecuado ejercicio del encargo. El parámetro de exigencia en materia de administración de justicia debe ser el más elevado, si aspiramos a tener un sistema de primer nivel.

¿Qué son las Licitaciones Públicas?

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). En México, la manera más fácil de identificar la corrupción es mediante el tema de las licitaciones de obras públicas o adquisiciones de bienes y servicios, las cuales son realizadas por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal. Pero, ¿qué tan importantes y transparentes son éstas?, ¿por qué las licitaciones están en el “ojo de huracán” por parte del Gobierno Federal? Y lo más crítico: ¿realmente gana el mejor postor y el que ofrece el precio más justo para que las dependencias no desembolsen más de lo necesario?.

Se debe partir de que el gobierno, en sus tres niveles, tiene a su disposición un presupuesto previamente programado y autorizado por los respectivos Congresos, esto con el objetivo de hacer el mejor uso del recurso en obras públicas, y que de acuerdo a estudios o proyectos tendrían prioridad en su realización; por lo que las oficinas gubernamentales se convierten en la principal fuente generadora de ingresos y de empleo para muchas personas físicas o morales del ramos de la construcción. Por decirlo de manera coloquial, el gobierno tiene dinero y “debe” darle un buen uso en obras de construcción que impacten en el desarrollo económico y social de la región; pero sobre todo “debe” garantizar que los contratos se realicen en una licitación de acuerdo a la ley y que las personas ganadoras del concurso garanticen que son de perfil adecuado, asimismo, que se trate de la propuesta económica más viable y que cumpla en tiempo y en forma los programas establecidos.

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En un país donde todo los procesos se manejan de manera transparente, se supone que hasta ese punto toda obra pública debe ser ejecutada sin más inconvenientes, sin embargo, pueden existir casos en los que haya un desfase en el tiempo en la entrega. En dichas situaciones, si el problema se debe a causas ajenas al contratista, la ley marca ciertas prorrogas; en cambio, si es debido a una negligencia de las compañías constructoras, la Ley marca sanciones. En la actualidad, y específicamente en la República Mexicana, se han visto en escándalos varias dependencias gubernamentales y Entidades Federativas, entre las más sonadas se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Estado de Veracruz. Para entender mejor, cabe señalar que existe una dependencia que regula todo este tipo de transacciones entre contratante y contratado, y es la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y ésta a su vez, se basa en la Ley de Licitaciones y Obras Públicas.

En esencia, los tres niveles de Gobierno se rigen bajo las mismas normas y están obligados a publicar todas las obras a licitarse en la página dedicada a la promoción, la cual puede consultarse aquí; en dicho portal se dispone de toda la información útil tanto para los interesados como del público en general. Las licitaciones se dividen en tres tipos: Licitación Pública, por Invitación Restringida y por Adjudicación Directa. Mencionar a detalle de cada una de ellas es hablar principalmente acerca de los montos que se van a contratar, ya que la misma ley marca topes de dinero para cada uno de los supuestos, no obstante, otro factor que se considera para que una obra sea asignada de forma directa, es cuando se trata de una emergencia nacional y donde la obra no puede esperar a todo el tiempo que se llevaría para licitar la obra.

En el caso de Baja California Sur, la Contraloría General del Estado, a través del Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios, marca los topes de una manera general para las asignaciones, donde se muestran mediante tablas cuales son los montos que se requieren para poder decidir si una obra se licitará públicamente, si se invitará a cuanto menos a tres empresas o si se adjudicará de manera directa. Si una obra no pasa de un monto de 844,990.00 pesos sin IVA, dicha obra se puede asignar a quién el Estado considere que reúne los requisitos indispensables para la ejecución de la misma; si la obra va desde los 844,990.00 hasta los 2 534,700.00 pesos, se pude realizar mediante la modalidad de Invitación Restringida, esto tomando en cuenta al menos a tres compañías; por último, si la obra sobrepasa los 2 534,700.00 pesos, la dependencia contratante está obligada a realizar una licitación pública abierta a todas las persona interesadas.

Tomando en cuenta las malas experiencias de los “arreglos” en las licitaciones públicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando se simuló una licitación para el contrato de equipo de cómputo; así como el caso de Sedesol, donde supuestamente se contrató a instituciones educativas para realizar estudios sobre la situación económica de México; y también en Veracruz, Estado que contrató a empresas fantasmas para realizar servicios que no se llevaban a cabo; esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente hacen su trabajo las auditorias y contralorías respectiva?, o mejor dicho, ¿qué tanto responden los Ministerios Públicos?, si es que éstos realizan su trabajo. La corrupción le cuesta al país pérdidas millonarias, pero indudablemente, el tema de las licitaciones es el terreno propicio para fomentarla. En el futuro tenemos que aprender a dar contratos de obras a empresas honestas, para que las compañías constructoras de todo la República tengan la certeza que no existen ¨arreglos¨ con constructoras “a modo”.

Escríbeme a noeperalta1972@gmail.com

Huachicol y muerte en el Viernes Rojo de Tlahuelilpan

FOTO: Noticieros Televisa / Interior: Internet

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Ciudad de México. Entre todas las medidas de la presente administración para transformar al país, la de mayor alcance e impacto en lo económico y lo político para los años venideros es sin duda el combate al robo de combustibles. Ha puesto en la palestra pública el alto grado de corrupción al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), la participación de empresarios gasolineros en la compra y venta del producto robado y el huachicoleo en los ductos, ilícito en el que intervienen grupos criminales que realizan la perforación, la ordeña, el almacenamiento, la redistribución del producto y su venta. Pero además, el combate al huachicol ha evidenciado la participación en actos peligrosos e ilegales de ciudadanos que no necesariamente operan dentro de grupos criminales organizados.

Estos ciudadanos, “huachicoleros de ocasión”, son los que cuando se da una fuga en un ducto, por las razones que sea, acuden para tomar combustible; gente como la que el viernes 18 de enero en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, al saber que el combustible manaba de una perforación del ducto Tuxpan-Tula en el kilómetro 226, decidieron no acatar los llamados que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los mexicanos “a no ensuciarse las manos” en el robo de combustibles, a no involucrase en acciones ilícitas y peligrosas. Algunos de ellos incluso agrandaron la abertura del ducto para que fluyera más producto.

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Las imágenes y vídeos de cientos de personas —se calcula que llegó a haber en el sitio entre 800 y 1000— caminando hacia la fuga de hidrocarburo, cargando bidones y cubetas, nos hablan de una población que no estuvo en el lugar incorrecto en el momento equivocado, pues decidieron acudir al lugar por unos cuantos litros de combustible, a pesar de correr un enorme riesgo. La gente reunida en torno a la fuga festejaba que la gasolina brotaba en un chorro que se elevaba por metros para luego inundar la tierra.

Durante la tarde varios individuos embozados se empaparon con la gasolina que salía a gran presión del ducto con tal de llenar un contenedor; otros se humedecieron con la peligrosa brisa, que llegaba más lejos, mientras recogían el líquido del suelo para después arrastrar bidones llenos de combustible hasta sus autos. Algunos más débiles vomitaron y otros cayeron semiconscientes por respirar los gases emanados de la gasolina, mientras elementos de la Policía y del Ejército los conminaban para que evacuaran la zona de riesgo; desgraciadamente las autoridades fueron ignoradas e incluso confrontadas por los pobladores.

Después vino la ignición, la explosión que calcinó a decenas de personas al momento; el feroz incendio que se desató sobre la tierra y alcanzó a los que estaban más alejados. Entre gritos y alaridos de dolor siluetas humanas envueltas en llamas corrieron y se revolcaron en la tierra intentando extinguir sus cuerpos; el fuego cundió por el aire y quemó a personas que en shock y semidesnudas deambularon con pedazos de piel colgando.

Esos “huachicoleros de ocasión” desoyeron los llamados a evacuar el área y como consecuencia de sus descabelladas pero razonadas acciones, muchos de ellos pagaron ya con sus vidas –hasta el jueves 24 de enero se contabilizaron 100 decesos– y dejarán tras su muerte una estela de dolor, agravios y miseria a sus familias. Otros más de los 46 hospitalizados, si sobreviven a las quemaduras, quedarán marcados para siempre.

La tragedia de Tlahuelilpan contradice una de las máximas de AMLO: “el pueblo es bueno y sabio”. ¿Verdad a medias o una mentira que encubre la parte criminal y/o estúpida de muchos ciudadanos? La respuesta a esta pregunta la da cada quien con las acciones que realiza. El proceder de los pobladores de Tlahuelilpan es, por desgracia, una muestra de lo que hacen miles, quizá millones de mexicanos: cometer actos ilícitos y riesgosos. Las turbas de “ladrones de ocasión” de camiones accidentados, de tiendas departamentales y viviendas durante desastres naturales son una constante en el territorio nacional; y en el caso del huachicol representan una conducta social que se repite desde hace décadas en varias partes del país.

La pobreza y la marginación social son en muchas ocasiones factores que impulsan a la gente a cometer actos ilegales, a convertirse durante algún evento inesperado en “ladrones de ocasión”, pero de ninguna manera las carencias económicas justifican las acciones de un turba que se puso en riesgo de muerte, de adultos que hasta el lugar llevaron a niños que sólo reproducen las acciones de sus mayores. Tampoco podemos sobreseer que esos adultos al huachicolear en los ductos reproducen a pequeña escala los atracos que diversas autoridades han cometido desde sus asientos ejecutivos, desde sus puestos en Pemex y desde sus sillas presidenciales.

Las explosiones e incendios en ductos pinchados y en lugares clandestinos de almacenamiento de hidrocarburos no son algo nuevo, y menos en el estado de Hidalgo, pero nunca habían alcanzado las proporciones de la desgracia de Tlahuelilpan; un siniestro en el que se entreveran la corrupción, la ineficacia de las autoridades de todos los niveles y órdenes, el crimen organizado y la insensatez de la gente.

En este trágico suceso es indispensable establecer si la fuga en el ducto fue producto del deterioro de una vieja toma clandestina o de la reparación que realizó Pemex de ésta, o si el ducto fue pinchado para ordeñarlo o como parte de la respuesta criminal contra el combate al robo de combustibles; aunque también se tiene la línea de investigación que apunta a acciones derivadas de la rivalidad entre cárteles de la droga en su división huachicol y bandas huachicoleras locales.

Hay testimonios de sobrevivientes y otros pobladores que mencionan que por las calles de la comunidad “pasaron personas gritando que estaban regalando gasolina”; lo que apunta hacia un posible sabotaje con una maléfica intención de involucrar a la población en un acto de altísimo riesgo, cuyas nefastas consecuencias pondrían en entredicho al gobierno. Así mismo, es de la mayor relevancia analizar las acciones que tomaron las autoridades civiles, policíacas y militares desde que se tuvo conocimiento de la fuga y hasta que se controló el incendio; y en todos los casos deslindar o fincar responsabilidades por actos criminales, de omisión o de impericia.

Mientras tanto México se viste de luto y se divide entre la conmiseración por las víctimas y su criminalización; entre los elogios y las críticas a la estrategia del combate al robo de combustibles; pero sin duda el desastre de Tlahuelilpan pone de manifiesto la podredumbre social en la que estamos inmersos desde hace décadas como consecuencia de la corrupción, el crimen y la desatención social de los mexicanos más desprotegidos; pero sobre todo evidencia que la incompetencia y la estupidez humana a veces no conoce límites, pues todo mundo sabe que la gasolina es altamente inflamable. Del Viernes Rojo de Tlahuelilpan las únicas víctimas inocentes son los infantes.

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