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La Última Trinchera
Por Roberto E. Galindo Domínguez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Los alegatos de los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de varios políticos de la opisición contra la “Ley antifacturera”, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, se puede leer desde varias perspectivas, pero una de éstas se inscribe en la tendencia soberbia con la que se han manejado muchos de los grandes empresarios para dirigir a su antojo y discrecionalidad el devenir de nuestro país, de la mano de sus títeres políticos. La pregunta es ¿quiénes se creen que son ellos para determinar que debe ser considerado o no delito grave en el ámbito de la seguridad nacional, cuando la facturación falsa ha dañado tanto a la nación de la mano de otros crímenes como estafas, lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos en campañas políticas, donde sin duda ha tenido que ver el crimen organizado.
De igual manera, varios políticos de los partidos opositores y un sector empresarial considerable se han mostrado contrarios ante las leyes de anticorrupción que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), aduciendo que los delitos financieros no afectan la seguridad nacional, ya que no ponen en riesgo la estabilidad financiera o económica del Estado mexicano, cuando el monto de dinero que ha dejado de captar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivo de la expedición de facturas falsas asciende a 354,000 millones de pesos del año 2014 al 2019, lapso en el cual se emitieron alrededor de nueve millones de facturas falsas que avalaron un monto de cerca de 1.6 billones de pesos.
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Habrá que explicarles a los miembros de la Coparmex que la seguridad nacional de cualquier país no sólo se ve vulnerada cuando un ejército enemigo transgrede sus fronteras o cuando desde dentro una revuelta social genera caos, que la estabilidad de un país se puede afectar con la merma económica; pues ésta deriva en otros delitos y más cuando es resultado de la corrupción en la que el lavado de dinero, producto de las varias ramas del crimen organizado como el tráfico de drogas, de armas y de personas, son actividades que desde hace años violentan a nuestra sociedad.
Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, ha señalado que “A pesar del esfuerzo que hicimos no pudimos influir, no pudimos convencer y teníamos argumentos, teníamos razones, teníamos todos los elementos para que se entendiera y no se logró”; en referencia a sus llamados por no equiparar la falsificación de facturas como un delito grave equivalente a prácticas del crimen organizado. Es inadmisible que los empresarios busquen mediante amparos cancelar una ley que pretende reducir los crímenes fiscales, que desde hace décadas son en buena medida los que permiten el empoderamiento económico del crimen organizado.
La prueba palpable de eso es la jornada violenta que se vivió en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado, cuando ante la detención de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, el grupo desplegó un operativo de carácter militar impresionante, en el que hicieron una demostración de poderío armamentístico que sólo puede ser explicado por el manejo de grandes cantidades de recursos económicos.
El poderío militar de las organizaciones criminales tiene que ver con la corrupción, el lavado de dinero y la colusión de las autoridades de diversos niveles, entonces es inconcebible que la Coparmex y la oposición política luchen en contra de la “Ley antifacturera” y busquen minimizar las penas de los delitos financieros, cuando sabemos que muchas empresas son partícipes del enriquecimiento de los carteles mexicanos mediante el lavado de dinero, lo que sin duda deriva en su capacidad armamentística y táctica para desplegar operativos altamente coordinados, que logran nulificar el accionar de las fuerzas castrenses y policiacas como sucedió en Culiacán, ¿si eso no es asunto de Seguridad Nacional, entonces qué es?
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