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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Pérpuli  Drew presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para estipular en la ley reglamentaria del Poder Legislativo un periodo de diez días hábiles para que el gobernador devuelva la ley o decreto, iniciados a partir de la primera sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones siguiente, en caso de que se haya presentado en un período de receso, informó el Congreso del Estado.

Cabe mencionar que existe una confusión para que el ejecutivo pueda cumplir con los periodos de tiempo para vetar una ley (atribución que tiene para dar equilibrio los poderes) y es de suma importancia para crear el marco legal sudcaliforniano y armonizar la Constitución local.

En ese contexto, su propuesta reforma los artículos 118 y 166  de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para que los dictámenes relativos a proyectos de Ley o Decreto, reciban dos lecturas en sesiones distintas, donde la segunda de ellas,  se hará a más tardar en la tercera sesión siguiente a la de su primera lectura,  y será en esta en la que se discuta y en su caso se apruebe o se rechace la iniciativa de Ley o Decreto.

“Consideramos imperativo, el realizar la armonización de nuestra ley reglamentaria, con lo que dispone  la Constitución Política local en materia de los plazos que tiene el ejecutivo para formular observaciones al Congreso”, sostuvo en tribuna el coordinador de la bancada de Acción Nacional.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó la iniciativa que crea la Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur, la cual consiste en una armonización con la Ley General, con el fin de normar los gastos de promoción y difusión oficial que los entes públicos contraten en medios de comunicación y que deberán observar para priorizando la eficiencia de los recursos públicos y transparentarlos, paralelamente crea un padrón estatal de medios de comunicación, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de ley fue presentada el 4 de octubre de 2018 por los diputados Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Rigoberto Murillo Aguiar y Soledad Saldaña, y fue dictaminada por las comisiones unidas de Comisiones y Transportes y Asuntos Fiscales, tras un largo periodo de análisis con los medios de comunicación y organizaciones como la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos (ARSAC), a través de tres mesas de trabajo llevadas a cabo en diferentes fechas.

La legislación emana de la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, comenzando su vigencia a partir del 01 de enero de 2019,estableciéndose que a la par del Congreso de la Unión, los Congresos Locales deberán armonizar su legislación en términos de la misma.

La Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur consta de 42 artículos divididos en once capítulos: de Disposiciones Generales; Reglas de la Comunicación Social; el del Gasto en la Comunicación Social; el de la Difusión en la Comunicación Social durante los Procesos Electorales; el de la Estrategia, Programación Anual y Campañas de Comunicación Social; el del Mensaje Extraordinario; el de la Vigilancia y Control de la Contratación de la Comunicación Social; el del Padrón Estatal de los Medios de Comunicación; el de la Revisión y Fiscalización de los Recursos Públicos en Materia de Comunicación Social; de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y el de las Infracciones y Sanciones.

En sus Artículos 32 a 34 establece que “Los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría General de Gobierno. La información contenida en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia”.

En su Artículo 18 establece que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación en el Estado”.

La iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad y fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigencia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Milena Quiroga Romero y el diputado Humberto Arce Cordero, presidente de la Comisión de Salud, acompañados de Ricardo Soto León, asesor parlamentario, recibieron este miércoles 25 de septiembre al Dr. José Ortega González, médico pediatra graduado del Instituto Nacional de Pediatría y jefe del Departamento de  Pediatría del ISSSTE, y a la Asesora de Lactancia Carla Jonguitud Mendarozqueta, quienes presentaron documento con propuestas para trabajar en una posible iniciativa de ley tendiente a la promoción de la lactancia materna y la obligación de los institutos estatales de salud de impulsar este hábito que, a la larga, previene enfermedades de obesidad y diabetes, entre otras, informó el Congreso del Estado.

Señalan los promotores que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no hay ningún programa que tenga impacto tan positivo en la sociedad como lactancia materna.

El documento señala, entre otros temas, la necesidad de comprometer al sector salud y privado a adoptar la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, cuyo primordial objetivo es fomentar la leche materna.

Señalaron que el Congreso puede incluir o especificar dentro de la Ley de Salud que se incluya esa iniciativa, mientras que, por otro lado, la XV Legislatura podría hacer un exhorto a IMSS e ISSSTE para que adopten el Programa.

Revisar la ley que regula guarderías infantiles de Baja California Sur, para incluir, en su caso, la práctica de la lactancia materna, extender los permisos para cuidados en niños prematuros, tomar en cuenta la universalización del cuidado paterno, son entre otros, temas que se abordaron en la reunión.

La diputada Milena Quiroga planteó que a través de la Comisión de Salud prepararán una serie de foros para el análisis de esta propuesta, con la posibilidad de estructurarla como una iniciativa con proyecto de decreto que pudiera ser discutido por la XV legislatura.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para responder a diversas inquietudes de ciudadanos sobre contratación de personal y licitaciones  en el Poder Legislativo, se reunió el Comité de Transparencia que preside la diputada Mercedes Maciel Ortiz, con directivos de Finanzas y Oficialía Mayor, para definir qué instancia es la que va a proporcionar la información solicitada, informó el Congreso del Estado.

Lo anterior, luego de que muchos ciudadanos han solicitado información sobre licitaciones, obras y adquisiciones, siendo el Comité de Transparencia, quien se encargará de definir qué instancia es la facultada para proporcionar la información solicitada.

Entrevistada al término de la reunión, la legisladora del Partido del Trabajo, aseguró que todo se está haciendo de acuerdo a como lo establece la Ley de Transparencia, para que la ciudadanía tenga la certeza de que la información es veraz y actualizada.

Maciel Ortiz señaló que han estado revisando algunas de las fracciones asignadas a Oficialía Mayor y la Dirección de Finanzas específicamente del Poder Legislativo, para deslindar responsabilidades en cada área, sobre la cuestión de obras, compras y licitaciones.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de salvaguardar los intereses jurídicos del Poder Legislativo, el diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa que modifica la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado de Baja California Sur, para que la representación jurídica recaiga en quien fue elegido por el pueblo y no en la Oficialía Mayor, informó el Congreso del Estado.

Su propuesta va en el sentido de retirar atribuciones a la Oficialía Mayor del Congreso, para que pase a ser facultad de quien presida la mesa directiva del período ordinario y evitar que dicha facultad sea otorgada de manera directa a un funcionario, que puede ser sujeto de las presiones políticas o laborales transitorias en las que comúnmente se ven envueltos los cuerpos legislativos, por la diversidad de expresiones políticas que los componen.

En ese contexto, devuelve la representación jurídica originaria a la mesa directiva, que debe recaer por disposición legal, en los periodos ordinarios, en la mesa directiva y en los periodos de receso en la diputación permanente, quienes a su vez, podrán delegarla a otros funcionarios para la correcta defensa de los intereses jurídicos del propio Congreso.

“Es inaudito que recaiga en un tercero que puede actuar sujeto a presiones políticas o laborales, tiene que recaer en quien  fue elegido por el pueblo y la mayoría de los diputados en este caso, de quien preside la mesa directiva”, arguyó en tribuna el también vicepresidente de la mesa directiva del actual período de sesiones y coordinador de la bancada de Acción Nacional.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 41 de la Ley Reglamentaria, la mesa directiva del periodo ordinario, sólo tiene, a través de su presidente, la representación protocolaria ante cualquier autoridad y poder nombrar a los diputados que representen al Poder Legislativo ante cualquier organismo público, así como designar representantes que deban asistir a eventos cívicos y sociales.

“Situación anómala, que abre la posibilidad de que, en un momento determinado, los intereses del Congreso del Estado pudieran quedar en estado de indefensión” caso que ocurriría, (por citar un ejemplo) derivado de la presión política impuesta a su persona, el citado funcionario público se negara a firmar demandas, contestaciones, informes o cualquier recurso cuando el Congreso del Estado sea parte en un juicio o controversia jurídica, no existiendo nadie más legitimado por la ley para hacerlo.