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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para el cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Archivos, la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur suscribió convenio con la LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputada Perla Flores Leyva y el diputado Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del congreso de Guanajuato, firmaron el convenio este miércoles 20 de noviembre en el palacio legislativo de Guanajuato, informó el Congreso del Estado.

En el evento de donación del Sistema Integral de Gestión Documental del Congreso de Guanajuato al Congreso de BCS, la legisladora sudcaliforniana subrayó que con este mecanismo se podrá garantizar que el Congreso de Baja California Sur, responda a las necesidades de la sociedad, implementando los principios de parlamento abierto, ya que no solo son un derecho del ciudadano, sino una obligación por parte de quienes lo representan.

La Ley General de Archivos fue decretada en 2018, y mandata la sistematización de los instrumentos de consulta y control, a la cual deben estar sujetos todas las instituciones públicas, incluyendo los poderes legislativos.

Flores Leyva apuntó que con este convenio se podrá dar cumplimiento a los principales objetivos de dicha ley, como el uso de métodos y técnicas para el desarrollo de sistemas de archivos, su organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización de los documentos; la implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Fueron aprobadas reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, se hizo una adición al Artículo 47 para eliminar contradicciones en el derecho del trabajador para acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuando por motivo de 3 faltas diferidas en un lapso de 30 días haya sido despedido, dándole la oportunidad de defenderse ante la instancia, informó el Congreso del Estado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, diputado Héctor Ortega Pillado, explicó que la ley solo le otorgaba ese derecho a los trabajadores que fueron despedidos por causa de 3 faltas consecutivas injustificadas, lo cual representaba una contradicción en la misma legislación, y con esta propuesta de adición se da el mismo derecho a los trabajadores que en similar circunstancia hayan registrado inasistencia laboral y por ello hayan sido rescindidos de su función.

Con esta reforma en la fracción I y el inciso b) de la fracción V de dicho Artículo, así como la adición del Artículo 47 BIS, es como se garantizará que sea omitido el derecho a proceder ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para mayor atención de su caso. Se pretende dar mayor estabilidad laboral a los empleados del estado y respetar su ejercicio laboral, agregó.

Ortega Pillado, recordó que dichas reformas fueron propuestas en junio del presente año por él y sus compañeros de fracción Carlos José Van Wormer Ruiz y Ramiro Ruiz Flores, debido a que había notables contradicciones entre lo dispuesto en dos fracciones del mismo Artículo, lo que provocaba conflictos jurídicos de interpretación y aplicación de la ley en perjuicio de los trabajadores.

Otra situación que se incluyó en el dictamen fue la de los empleados con más de 20 años de servicio, ya que por su antigüedad merecen reconocimiento, por ello se establece que podrán ser despedidos únicamente cuando cometan faltas particularmente graves o que imposibiliten su función.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso del Estado ha recibido cerca de un centenar de solicitudes de reasignación presupuestal de instituciones estatales, municipales y de la sociedad civil sudcaliforniana por el orden de los 500 millones de pesos, “planteamientos que en estos momentos estamos analizando hacia el interior de la comisión en forma muy responsable”, aseguró el presidente de esta instancia de trabajo legislativo, diputado Ramiro Ruiz Flores, quien precisó que cada una de las peticiones “la estamos valorando a detalle para dar la respuesta en función de la propuesta presupuestal que tenemos que es de 18 mil 402 millones de pesos”, informó el Congreso del Estado.

El legislador subrayó que en el proceso de reasignación de partidas presupuestales “por ningún motivo vamos a desequilibrar el Presupuesto de Egresos del Estado, por ello la labor de la comisión la estamos haciendo con mucha responsabilidad y seriedad. En este proceso tenemos un permanente canal de comunicación con la Secretaría de Finanzas y Administración e igualmente con los presidentes y presidentas municipales y con el Tribunal Superior de Justicia, con los integrantes de la comisión de asuntos fiscales y con compañeros y compañeras de la XV Legislatura, porque queremos en su momento un presupuesto que realmente sirva a la sociedad de Baja California Sur, por ello, en su construcción queremos que todos participen y lograr los mejores acuerdos que significarán beneficios para nuestros representados”.

El diputado Ruiz Flores destacó que las solicitudes que le han hecho llegar a la comisión que encabeza en el Congreso del Estado son en materia de educación, cultura, deporte, administración y procuración de justicia, pavimentación, agua potable y salud, “mismas que hemos recibido y estamos en el periodo de valoración”.

Ramiro Ruiz manifestó que a raíz de que para el presente ejercicio fiscal de 2019 el Congreso del Estado por primera vez en la historia reasignó hace un año 142 millones de pesos al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, “es que representantes de instituciones estatales,  municipales y de la sociedad civil de nuestro estado se han acercado al congreso para buscar mayores recursos para la operación de sus programas anuales y es aquí donde tenemos que actuar con mucha responsabilidad, dado que los recursos son finitos y no podemos estirarlos como uno quisiera”, sostuvo el representante popular.

Comentó que en la Comisión de Asuntos Fiscales para buscar cumplir con las solicitudes, se está analizando eliminar gastos superfluos en la administración estatal, “para destinarlos a la sociedad y con ello darle una eminente función social al gasto gubernamental. Queremos que los recursos presupuestales se traduzcan en beneficio para los sudcalifornianos y esto quiere decir mayores partidas a lo largo del año para deporte, salud, educación cultura, pavimentos, etcétera”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica y un mandato para la participación paritaria, en espacios donde persisten desigualdades como son los puestos de elección popular, la administración pública, la administración de justicia, la impartición de justicia y los organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales, el maestro Enrique Arturo Mayorquín presentó iniciativa ciudadana con proyecto de decreto, misma que dio lectura la diputada Maricela Pineda García, informó el Congreso del Estado.

El iniciador destaca que el Poder Judicial del Estado, debe establecer los mecanismos claros y obligatorios para proteger debidamente el acceso de las mujeres a puestos directivos y de decisión de primer nivel, como serían Magistradas en el Tribunal Superior de Justicia y consejeras en el Consejo de la Judicatura Estatal, ya que de la forma en que se encuentra redactado el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado, permite que el Ejecutivo, proponga una terna de magistrados ante el Congreso, sin mencionar el principio de igualdad de género y al no estar establecida constitucionalmente como obligación, no es obligatorio su cumplimiento y lo mismo sucede para los cargos de la Judicatura Estatal.

En su exposición de motivos el maestro Mayorquín reconoció las barreras estructurales que enfrentan las mujeres por su condición de género y que han sido analizadas a partir de diversas categorías como: el “techo de cristal” (barrera invisible que consiste en discriminaciones y prejuicios tan sutiles que impiden confiar en las mujeres puestos de responsabilidad o prácticas patriarcales); el “suelo pegajoso” (que se refiere al trabajo doméstico y de cuidados en el cual las mujeres inmersas a raíz de los estereotipos de género y por lo que enfrentan  múltiples jornadas de trabajo); el “techo de cemento” (que engloba la educación sexista, las estructuras laborales, horarios y dinámicas masculinas); el “techo de diamante” (que impide que se valore a las mujeres por criterios estrictamente profesionales sino de acuerdo a sus características físicas), lo que las deja en una situación de desventaja y subordinación para aspirar a un puesto de decisión.

Agregó que al hacerse estas modificaciones, se cumplirá con las observaciones hechas por organismos internacionales, así como con lo mandatado por los instrumentos nacionales e internacionales, asegurando la plena participación de las mujeres en dichos cargos.

Por otro lado, se impulsará un cambio en el colectivo imaginario que asegura que las mujeres no pueden acceder a dichos cargos, generándose un cambio en la concepción del estereotipo femenino; visibilizando a la mujer en cargos públicos lo cual genera una expectativa en futuras generaciones.

Dicha iniciativa ciudadana implica la reforma a la fracción IV del artículo 79, los artículos 90,91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y fue remitida a  las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia así como a la de Igualdad y Género.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar a uno o más menores, incapacitados, aun cuando sean mayores de edad, versa la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Anita Beltrán Peralta, informó el Congreso del Estado.

Al tomar la máxima tribuna del estado en sesión ordinaria, la diputada sostuvo que las relaciones familiares, por tratarse de vínculos emocionales y afectivos, hacen difícil visibilizar ciertas circunstancias, situación y conflictos, que son reales, que acontecen en su interior y que atienden a esta evolución social y a circunstancias particulares de cada familia y de cada persona.

Es importante señalar que la adopción de los mayores de edad, en varias regulaciones internacionales y en otras entidades de nuestro país, atiende a un carácter excepcional y su fin último es la integración familiar con dicha figura jurídica de quienes más lo necesitan.

Dado su carácter excepcional, los requisitos merecen a una interpretación restrictiva, y cumplidos dichos requisitos, será el Juez quien debe decidir si cabe o no la adopción del mayor de edad, teniendo siempre en cuenta el interés o beneficio del adoptando, que es el principio que debe presidir cualquier procedimiento con este objeto.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, acotó que la adopción es una de las figuras que en nuestro estado ha sido menos adaptada a esta transformación; sin embargo desde la concepción de la antigüedad y en adaptaciones de otros estados e incluso internacionales, se ha transformado desde la protección de los intereses del adoptante a la protección del interés superior del menor y debemos estar conscientes que no quedará estática.

Asimismo, reconoció que esta evolución y transformación requiere que el trabajo parlamentario avance a su par, y se hace necesario recoger y tomar en consideración los cambios sociales de acuerdo con el tiempo, lugar determinado en  el que la  sociedad se encuentra.