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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputados cuestionaron la participación ciudadana en el seguimiento al gasto público y obras que realiza el Gobierno Estatal, así como la vigilancia y observación que realiza la Contraloría General estatal, lo anterior en el marco de la  comparecencia de la contralora general, Sonia Murillo Manríquez, informó el Congreso del Estado.

En sesión extraordinaria se desarrolló la comparecencia de la titular de la contraloría, dependencia encarga de la revisión de obras y acciones ejecutadas con recursos estatales, quien expuso que con la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría General impuso 3 sanciones administrativas por faltas no graves y ejecutó 3 sanciones por faltas administrativas graves imputadas a un servidor público, impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que consistieron en una suspensión, una destitución y una inhabilitación.

En recepción de denuncias, recibió un total de 844, que representan un 57% más con relación al periodo anterior, de las cuales 33 % provienen de Auditoria Superior de la Federación (ASF)  y 14 de la Secretaria de la Función Pública (SFP), 13%, corresponden a denuncias ciudadanas; y el 8% restante se relaciona con la aplicación extemporánea del examen toxicológico con las cuales colabora interinstitucionalmente la dependencia estatal. Mientras que en procedimientos de investigación se incrementaron en un 58 %, de 315 se elevaron a 543 en el periodo.

A pregunta de la diputada Rosalba Rodríguez sobre vigilancia a las licitaciones, la titular de la Contraloría informó que la dependencia interviene en el 70% de la asignación de las obras públicas, dando cuenta del desarrollo de las mismas.

Reportó que en el cuarto año de la administración, la dependencia observó 337 de los 570 procedimientos de contratación, en los 337 de gobierno y ayuntamientos fueron asignados recursos públicos por la cantidad de mil 649 millones 185 mil pesos.

Fue cuestionada también sobre el presupuesto asignado a la Casa del Estudiante en la Ciudad de México, sobre el fondo minero, comités de contraloría social, entre otros.

Respecto a las contralorías sociales informó que se crearon 413 comités con la participación de mil 535 ciudadanos para obras, acciones y servicios de 22 programas sociales ejercidas con 88 millones de pesos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno del Congreso del  Estado, aprobó recientemente reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, informo la presidenta de la Mesa Directiva, Daniela Rubio Avilés, quien fue la iniciadora de las reformas legislativas. Por cuanto a la violación equiparada se fijó una  pena de 15 a 22 años de prisión, mayor a la que tenia  de 10 a 15 años, informó el Congreso del Estado.

Para el delito de abuso sexual se estableció una pena de 3 a 9 años de prisión, mucho mayor a la pena que se encontraba vigente, que era  de 2 a 5 años. Para el caso del delito de abuso sexual de personas menores de edad, se estableció una pena de 4 años a 12 años de prisión, mayor a la que se tenía, que era de 2 a 5 años de prisión.

Respecto al delito de violencia familiar, se estableció una pena de prisión de 3 años 6 meses a 7 años 6 meses, mayor a la que tenía que era de 1 a 5 cinco años de prisión. Además, se adicionó la obligación de sujetar al activo del delito a tratamiento psicológico, en aras a que no reincida en su conducta violenta.

Se incorporó un tipo penal denominado “lesiones cometidas en contra de la mujer en razón de su género” que tendría una penalidad de 7 a 14 años de prisión. De 9 a 18 años si existió un vínculo entre víctima y victimario, y si las lesiones se ocasionan con agravantes, la pena aumentara en dos tercios.

En cuanto al robo, se actualizaron los criterios para la determinación de las penas en base a la cuantía de lo robado. Para robo simple, de 6 meses a 3 años de prisión y hasta 100 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 80 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 200 días multa, cuando el valor de lo robado exceda de 80 veces pero no de 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; de 6  a 14 años de prisión y de 200  hasta 500 días multa, cuando el valor de lo robado exceda de 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

Cuando el valor de lo robado no exceda de 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se trate de un delincuente primario, que haya  admitido su responsabilidad y restituya el objeto materia del delito o su importe, el Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal, siempre que el imputado no haya empleado violencia sobre las personas.

El cuanto al robo con violencia, a la pena que corresponda a cada hipótesis  del robo simple, se agregarán de 3 a 6 años de prisión. Si la violencia en las personas constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. Estableciéndose también cuatro hipótesis para la equiparación al robo con violencia, que tendrá las mismas penas que el robo con violencia.

En cuanto al robo calificado, dependiendo de las 23 hipótesis contempladas,  se pondrán alcanzar penas de prisión de 5 a 15 años  y de 5 a 10 años, a las cuales se le podrán agregar de 3 a 6 años de prisión cuando en las hipótesis contempladas se comentan con violencia.

Se tipifico el delito robo de partes de instalaciones de servicios básicos e industrias, esto es, el robo de cableado de energía eléctrica o hidráulicas, partes de medidores de energía eléctrica y gas, así como equipamiento industrial y de la construcción de obras, en el que  las penas serán de 1 a 5  años de prisión y de 50 hasta 200 días multa.

Respecto del robo en terreno rústico, además de las penas previstas para el robo simple, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 hasta 200 días multa.

Se introdujo un artículo que determina cuales son los delitos de robo que se perseguirán por querella. Así mismo, se aumenta la penalidad para el delito de robo de uso que estaba en el código vigente con una pena pecuniaria, proponiéndose que  tenga pena de prisión de uno a seis meses.

Se reformaron también los parámetros para la Sustitución y la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Para obtener la sustitución de la pena de prisión por multa,  la pena de prisión del delito no deberá exceder de un año. Por cuanto al beneficio del tratamiento en libertad o semilibertad se podrá obtener siempre y cuando la pena de prisión no exceda de dos años. Para obtener el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la pena de prisión impuesta no deberá de exceder de dos años.

Por cuanto al delito de omisión de cuidados, se impondrán 1 a 2 años de prisión, elevándose la penalidad que antes estaba de 6 meses a 1 año de prisión.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2020, que asciende 18 Mil 402 Millones 212 Mil 144 Pesos, que representa un aumento del 8.8% respecto al de 2019, informó el propio Congreso del Estado.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Fiscales hizo una reasignación a la propuesta del Ejecutivo por los 207 millones de pesos, que se reorientarán en 45 acciones y programas a pavimentación, salud, vivienda, atención prehospitalaria, educación y la elaboración de proyectos y para obras de presas y represas para el municipio de La Paz.

Tras la dispensa del trámite parlamentario el asunto fue sometido a votación en lo general y lo particular,  con la aprobación de una propuesta de la diputada Rosalba Rodríguez para reasignar 12 millones de pesos para incorporar propuestas de las diputadas Petra Juárez, Homero González y Rosalba Rodríguez

El presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, diputado Ramiro Ruiz Flores, dijo que estas reasignaciones se realizaron después de varios encuentros con los sectores involucrados, del que se desprenden obras específicas como una planta generadora de energía eléctrica en Isla Natividad, pies de casa en los distritos primero, décimo segundo y décimo tercero,  presupuesto para la certificación de médicos del Hospital Salvatierra, en deporte se destinó una partida para el mantenimiento de campos deportivos en todo el estado, para que los deportistas no paguen al momento de practicar .

El dictamen fue aprobado por mayoría de 17 votos y una abstención.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por vez primera, el Gobierno del Estado presentó una ampliación presupuestal que asciende a 846mdp,  en contraste con años anteriores que por tradición ha presentado arriba de 2 mil millones de pesos, reveló el presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales del Congreso del Estado, diputado Ramiro Ruiz Flores, al aprobarse la solicitud del Gobierno Estatal para ampliar su presupuesto 2019.

De acuerdo a comunicado del propio Congreso del Estado, autorizó al titular del Poder Ejecutivo la modificación neta al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, por el orden de $834,857,488.00 (ochocientos treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil, cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Al presentar el dictamen relativo a la iniciativa de decreto, Flores Ruiz puntualizó que en esta ocasión, de esa partida presupuestal, 188 mdp la XV Legislatura reasignó para distribuirlos a otros rubros, el resto de los recursos se deben aplicar de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 30% deuda y libre disposición, a través de los programas de desarrollo que tiene el propio gobierno en función de su plan de desarrollo estatal.

“Con estas restricciones financieras, el Gobierno del Estado cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el que menciona que la partida de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente se encuentra exceptuada del cumplimiento de limitar el crecimiento de la asignación global de recursos para servicios personales”, expuso en tribuna el legislador.

El legislador adujo que fue un trabajo en conjunto con sus homólogos Lorenia Lineth Montaño Ruiz y Héctor Manuel Ortega Pillado, secretarios de la comisión que preside, que estudiaron y analizaron la iniciativa enviada por el ejecutivo estatal, así como el seguimiento que se dio a los ingresos excedentes que llegaron a la hacienda estatal, donde coincidieron en la procedencia de la modificación arriba señalada, para regularizar contablemente los incrementos de los recursos captados en los diversos rubros, por el orden de los  834 millones 857 mil 448 pesos, que representa el 4.9 por ciento de incremento, con relación al presupuesto inicial de ingresos autorizado por este Congreso del Estado para el Ejercicio 2019,  regularizando con ello, los incrementos captados en diversos rubros y su aplicación en diversos programas y proyectos presupuestados, sin encontrar elementos que indiquen que su ejercicio no se realizó con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas de los programas, siendo de igual forma su revisión al momento de presentar la cuenta pública respectiva a éste cuerpo colegiado, cuando deberá acreditarse el ejercicio del presupuesto ampliado por la cantidad de 17 mil 745 millones 143 mil 369 pesos.

Acotó que los mayores ingresos referidos, de la modificación solicitada por el Ejecutivo ahora dividida en los diferentes conceptos de egresos y ejercidos, se puede resumir de la siguiente manera: 2 millones 840  mil 822 pesos en el capítulo 1000, de servicios personales (un incremento de 0.2%); 36 millones 921 mil 040 pesos en el Capítulo 2000, de Materiales y Suministros (un incremento del 18.6%); 68 millones  041 mil 838 pesos en el Capítulo 3000, de Servicios Generales (un incremento del 13.7%); 115 millones 498 mil 284 pesos en el Capítulo 4000, de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (un incremento del 4.4 %); 33 millones 412 mil 283 pesos en el Capítulo 5000, de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (un incremento del 140.1%); 210 millones 703 mil 339 pesos en el Capítulo 6000, de Inversión Pública (un Incremento del 208.1%);  -391 millones 060 mil 400 pesos de variación en el Capítulo 7000, de Inversiones Financieras y Otras Provisiones (un decremento de -38.6%); 758 millones 500 mil 222 pesos en el Capítulo 8000, de Participaciones y Aportaciones (un incremento del 7.2%); y conocidos los montos del origen de los ingresos y el destino del egreso de los recursos, con montos reales del período enero-julio y el estimado de agosto a diciembre de 2019.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría una nueva Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad para el Estado, la cual contempla múltiples y variados tópicos de regulación de asentamientos humanos y desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda, así como un libro segundo de movilidad, que crea el Instituto de Movilidad como el ente estatal responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden público Estatal, informó el propio Congreso del Estado.

Esta nueva ley fue armonizada con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en 2016, abroga la Ley de Desarrollo Urbano y la de tránsito terrestre de Baja California Sur, fue propuesta por las fracciones de Morena y Juntos Haremos Historia y dictaminada por las comisiones de infraestructura y de asuntos fiscales. El diputado Héctor Ortega Pillado, presidente de la Comisión de Infraestructura afirmó que la nueva ley tiende las bases para mejorar las condiciones del lugar donde vivimos

Ortega Pillado afirmó que el libro segundo de movilidad no tiene relación con la legislación vigente en materia de transporte, si no que se refiere a garantizar los derechos a la movilidad, garantizar que se construya o modifique la infraestructura adecuada.

La ley contempla la creación del Programa Estatal de Movilidad como el instrumento de planeación por medio del cual se establecen los objetivos, metas y acciones a seguir en la materia, que deberán implementarse para el periodo que corresponda a la administración estatal que lo emita; en tanto que para la operación del Instituto de Movilidad se constituirá el Fideicomiso para el Movilidad y la Sustentabilidad Ambiental.

En el capítulo segundo contienen disposiciones especiales relativas a la movilidad de las personas con discapacidad, mientras que en el capítulo tercero habla de los vehículos no motorizados, estableciendo reglas para su tránsito y disponiendo que el instituto y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia fomentarán el tránsito seguro de estos vehículos.

La ley consta de 186 artículos, 30 % más que la ley en vigor, contenidos en 14 títulos, casi el triple que la vigente), que se componen de 46 capítulos en total (más del 40% en relación con la ley vigente.