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La Paz, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur cuenta con una nueva Ley de Atención Prehospitalaria, con la que se ordenará y coordinarán los servicios de ambulancias que prestan las instituciones médicas públicas y privadas, se armonizan con la  norma oficial mexicana NOM-034-SSA3-2014; paralelamente se aprobó una propuesta ciudadana de reforma a la Ley de Salud estatal para incluir este servicio como una obligación del Estado, informó el Congreso del Estado.

La noche del martes, los integrantes del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobaron por unanimidad esta nueva ley propuesta por el presidente de la Comisión Permanente de Salud, diputado Humberto Arce Cordero y la propuesta del ciudadano Gaudencio González Cota.

La nueva Ley de Atención Prehospitalaria para el estado determina las competencias para la coordinación de los servicios, la vigilancia y en su caso sanciones en caso de incumplimiento de servicios de atención prestado por ambulancias a las que se sujetan, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, entre otras, ya que no existía un sistema de urgencias responsable de coordinar las acciones interinstitucionales que se deben llevar a cabo en situaciones de emergencias, contingencias y desastres.

En la legislación se crea el Centro Regulatorio de Servicios de Urgencias, Emergencias y Atención Médica Pre-hospitalaria (CRUM), como la instancia técnico-médico-administrativa responsable de la Secretaría de Salud Estatal, que establecerá la secuencia de las actividades específicas para la atención médica pre-hospitalaria, en el sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención médica, designado con la finalidad de brindar atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, los 365 días del año.

Crea el Sistema Estatal de Servicios de Urgencias y Emergencias Médicas para el Estado, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, siendo la Secretaria de Salud la coordinadora del mismo, con participación ciudadana, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos objetivos pretenden la regulación y profesionalización de la atención prehospitalaria de urgencias y emergencias.

Para el decreto de la nueva ley, el poder legislativo contempló un impacto presupuestal anual de 15 millones 742 mil 922.51 pesos para servicios personales, gasto corriente e inversión inicial en mobiliario, ya previsto en el presupuesto estatal del ejercicio 2020.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde de este 10 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Videovigilancia para el Estado de Baja California Sur y reformas complementarias de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Código Penal estatal, con el que se establece un marco legal actualizado que permitirá una ejecución más eficaz de las corporaciones de reacción en beneficio de la seguridad ciudadana, informó el Congreso del Estado.

La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, en septiembre pasado, con esta se abroga la ley que estaba vigente desde 2014.

La nueva Ley de Videovigilancia para Baja California Sur tiene la finalidad de establecer un marco jurídico actual, que garantice mayor seguridad a la sociedad en puntos de concentración como avenidas, bancos, casinos, supermercados, estacionamientos, escuelas, entre otros.

En el caso de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Código Penal, ratifica el control del Sistema Estatal de Videovigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que deberá crear la base de datos del Registro Estatal de Videovigilancia.

En cuanto al Código Penal, se tipifican los delitos de “acceso Ilícito a sistemas de videovigilancia” y “uso indebido de sistemas de videovigilancia” y otro denominado “daño físico a los sistemas de videovigilancia y comunicaciones”,  que sancionan el uso indebido y  el desvío que pudiera hacerse de la información que generan los dispositivos de videovigilancia, y sanciona a quienes destruyan estos equipos de manera intencional.

Destaca de la ley, que por regla, la información obtenida de los sistemas de videovigilancia, mínimamente deberán estar resguardados, las imágenes serán almacenadas durante sesenta días naturales por quien las capte y grabe, salvo disposición en contrario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Que los particulares tendrán el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de su información cuando aparezca una grabación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con 17 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, fue electo como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI) Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia, licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó el Congreso del Estado.

Lo anterior luego de que la diputada Maricela Pineda García, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, diera lectura al dictamen presentando la terna a los  ciudadanos  José Santiago Leal Amador, Mónica  Aguirre Rosales y Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia, elegidos entre veinticinco aspirantes a ocupar el cargo.

En su experiencia laboral destacan los cargos de Oficial Mayor en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en Mazatlán, Sinaloa; Oficial Judicial y Secretario Ejecutivo en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, en La Paz, Baja California Sur;  Secretario Ejecutivo en el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en Mazatlán, Sinaloa; Secretario Ejecutivo del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en Saltillo, Coahuila; Oficial Administrativo y Secretario de Estudio, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, en esta ciudad capital;  Secretario de Estudio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado;  Secretario de Estudio en el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región; abogado postulante en materia electoral.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los representantes del Poder Legislativo de Baja California Sur, el secretario de salud estatal, Víctor George Flores, manifestó que la secretaría a su cargo ha privilegiado la medicina preventiva y le ha apostado a la modernización en la atención de los servicios de salud en la entidad, informó el Congreso del Estado.

En el marco de la sesión ordinaria, el titular del ramo compareció atendiendo cada una de las preguntas de las legisladoras y los legisladores, relacionadas a aportaciones federales, programas como el seguro popular y el nuevo INSABI, acciones para atender las demandas de salud, entre otros; el secretario puntualizó que la Secretaria de Salud sorteó este año una reducción de 44mdp de programas federales, lo que impactó en la compra de medicamentos y material de curación, lo cual generó pasivos a la secretaría y advirtió que a largo plazo podría generar desabasto.

El secretario George solicitó el apoyo de los legisladores para la aplicación de recursos y específicamente los invitó a que de manera personal apadrinen casas de salud ubicadas en comunidades, siendo el diputado José Luis Perpuli Drew del distrito 13, quien aceptó la invitación públicamente.

El funcionario felicitó también la iniciativa de la Ley de Atención Prehospitalaria, porque atenderá la regulación del servicio, y señaló que “las leyes deben de venir con su financiamiento, porque si no lo hacen entonces son letra muerta”; explicó que recién dotó de 35 ambulancias básicas y ambulancias de alta tecnología con una inversión de 66mdp, mismas que la Secretaría de Salud entregó en comodato a las delegaciones, ya que no tiene personal capacitado en los centros de salud para operarlos.

Destacó el secretario de salud acciones como el Nuevo Centro Estatal de Oncología, en coordinación con el IMSS e ISSSTE para cristalizar el proyecto universal de atención a los padecimientos oncológicos en la entidad, un nuevo hospital psiquiátrico en La Paz, un centro de salud con servicios ampliados en Todos Santos y el programa de la bacteria wolbachia, el cual, apuntó, ha logrado la reducción de casos de dengue en comparación con el resto de las entidades.

Enfatizó que a pesar de haberse registrado un impacto presupuestal, el estado absorbió el costo de la práctica de las pruebas del tamiz neonatal y se siguieron practicando; el incremento de realizaciones de vasectomías, elevadas a histórico de 240 en los en los 5 municipios.

Finalmente el secretario manifestó sus deseos por que se reflejen las bondades de las reformas federales en materia de salud como el INSABI.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, el titular de la dependencia, Gustavo Hernández Vela Kakogui informó a los integrantes del Congreso del Estado los indicadores del desarrollo en periodo de 2018, del que desprendió que entre los años 2016 y 2018, 23 mil 900 abandonaran condición de pobreza al menos en un rubro, informó el propio Congreso de Baja California Sur.

El funcionario estatal explicó que con base en el INEGI, el CONEVAL y el Instituto Mexicano del Seguro Social, Baja California Sur es la segunda entidad mexicana con mayor inmigración por lo que la demanda de mejores condiciones de vida para los sudcalifornianos incrementa.

Informó que a través de programas de desarrollo social, como programa alimentario, empleo temporal inmediato, asistencia de vida, ampliación en la red de energía, red eléctrica convencional, entre otros, han permitido que más de 39 mil personas hayan logrado un empleo formal y que el número de personas en situación de pobreza en BCS, pasará de 175 mil 642 a 151 mil 742 entre 2016 y 2018, es decir que 23 mil 900 abandonaran dicha condición.

Los legisladores preguntaron sobre estos indicadores y los criterios para la evaluación; los tipos de empresas beneficiados con los créditos para negocios propios, créditos para mujeres, las acciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad; de manera particular la diputada Petra Juárez Mejía, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, cuestionó las acciones para vigilar las violaciones a los derechos humanos en los campos agrícolas, ya que ha atendido casos y quejas, de personas que arriban al estado con promesas de sueldos y beneficios, así como que hay denuncias de menores de edad que trabajan. El secretario del trabajo expuso que por usos y costumbres, los menores piden trabajar, pero que sin embargo la secretaría ha instituido un protocolo de atención y un protocolo de vigilancia con la CEDH, COEPRIS, secretaria de salud, entre otras instituciones.

Reveló que se resolvió una queja de 45 personas a las que una empresa agrícola en Comondú y Vizcaíno se negó a pagarles.

En otros rubros, indicó que la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, brindó atención a 5 mil 313 solicitantes, alcanzando 3 mil 589 conciliaciones, y obteniendo un monto de recuperación por el orden de 50 millones 149 mil 882 pesos en el periodo de septiembre de 2018 a agosto 2019.