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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Salgado González, a fin de construir una agenda de trabajo que permita fortalecer los lazos de colaboración y entablar acciones en favor tanto de la comunidad universitaria como sudcaliforniana, informó la propia universidad.

Entre los temas que expuso la legisladora durante la reunión, estuvo la de un foro que actualmente se está coordinando en materia de prevención del delito con perspectiva de género, a celebrarse en fechas próximas.

La diputada planteó al rector la posibilidad de que la máxima casa de estudios en el estado colabore en la organización del evento, que pretende ser un espacio de reflexión donde se abone al conocimiento y desarrollo de políticas públicas tendientes a la prevención de  conductas violentas hacia la mujer.

Al respecto, Dante Salgado ofreció su respaldo institucional tanto para el foro como otros proyectos futuros que puedan desarrollarse conjuntamente y que tengan un impacto positivo en la sociedad.

Asimismo, estableció el compromiso de mantener los canales de comunicación abiertos con el Congreso local, pues es muy importante que las legisladoras y legisladores estén al tanto del trabajo que se hace en la universidad, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas hacia la propia sociedad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los altos e irregulares cobros del servicio de agua potable en La Paz, que han alcanzado a instituciones educativas de nivel medio superior y superior, la fracción del Partido Encuentro Social (PES) presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado llame a los alcaldes, alcaldesas y a los cinco organismos operadores de agua potable, para que ofrezcan soluciones a las instituciones que, por aplicarles tarifas comerciales, han rebasado adeudos estratosféricos, informó el propio Congreso de Baja California Sur.

El diputado Rigoberto Murillo Aguilar, de la fracción del PES, expuso que los organismos operadores de agua, específicamente el de La Paz, aplica tarifa comercial a instituciones educativas, por lo cual instituciones como CBTIS, CETMAR, CEB, Instituto Tecnológico Nacional de México, CECATI entre otros, han generado millonarios adeudos, impagables, ya que no cuentan con recursos asignados para cubrir el concepto, recurriendo a cuotas voluntarias de padres de familias.

Presentó el ejemplo del CBTIS 62, al que desde el año 2018 se le hace el cobro mensual con tarifa de 30 mil pesos, incluyendo periodos de vacaciones, cuando no hay alumnos, y, por ende, el consumo disminuye considerablemente, “aquí lo lamentable es que la situación ha sido provocada por que el cobro de servicio de agua potable y alcantarillado, se efectúa bajo la tarifa de usuarios comerciales, como si las escuelas fueran empresas o negocios, pero estas escuelas al no tener recursos asignados por la Federación para el pago del servicio de agua potable, se debe realizar por medio de ingresos propios, que son producto de la cooperación voluntaria de los padres de familia, pero al no ser obligatoria esta cooperación, no se obtienen recursos suficientes”.

Añadió que los directores de estos planteles han realizado múltiples gestiones ante las direcciones comerciales de los Organismos Operadores en los 5 Municipios que integran la geografía estatal, sin embargo, sólo han recibido respuestas en sentido negativo y en algunos casos ya se está aplicando el corte del servicio.

El iniciador señaló que la nueva Ley de Hacienda para La Paz, permite que el Organismo Operador fije esas tarifas y las aumente sin que exista control por parte del Congreso del Estado.

En la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua se contó con la presencia de personal administrativo y maestros del CECATI39,  CBTIS62, CTIS, CETMAR, CBTAS y del Instituto Tecnológico de La Paz, quienes entregaron un documento a la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Elizabeth Rocha Torres.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La iniciativa de hipoteca inversa con la que se beneficiaría con pensiones a adultos mayores que no cotizaron al IMSS o ISSSTE, podría someterse a votación en el siguiente periodo de sesiones, informó el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

De acuerdo a lo comunicado por el Congreso del Estado, Murillo Aguilar, en conjunto con las diputadas Lorenia Montaño Ruiz y Perla Flores Leyva, presentó esta iniciativa de reforma que adiciona un capítulo al título 16 Código Civil estatal que sería la de Extinción de las Hipotecas, con lo que se incorporaría en Baja California Sur el esquema de hipoteca inversa la cual ya funciona en algunos estados mexicanos, permitiendo que adultos mayores que no cotizaron en su vida productiva al IMSS o ISSSTE puedan recibir una pensión hasta su fallecimiento, mediante la hipoteca de un bien inmueble.

El representante del PES explicó que cuando las personas fallezcan, los familiares podrán acudir a la institución bancaria para liquidar y recuperar el bien o en su caso reclamar la suma restante según el avalúo que se haya realizado.

Lamentó que existan adultos mayores que no cuenten con una pensión asegurada a pesar de haber trabajado y sostenido a sus familias de sus trabajos, “es lamentable ver que personas mayores se van quedando solos, que sus hijos se van o que no tienen familiares al cuidado de ellos, pensando en ellos propusimos la hipoteca inversa, que ver por las personas que no cotizaron al IMSS, ISSSTE y personas que viven de su trabajo”, recalcó.

El esquema de hipoteca inversa funciona en al menos un par de entidades como Guanajuato y Querétaro y, de aprobarse, Baja California Sur sería de los pioneros en esto, dijo el diputado local.

Finalmente estimó que en el próximo periodo ordinario de sesiones se pudiera dictaminar y someter a votación para su aprobación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso legislará para que las mujeres de Baja California Sur reciban un trato humanizado durante el embarazo, parto, puerperio y la lactancia, informó la diputada Milena Quiroga Romero, al iniciar los trabajos para la iniciativa de Ley de Atención Digna durante el Embarazo, Parto y Puerperio y para el Apoyo de la Lactancia Materna, que de aprobarse, otorgará derechos específicos a mujeres, niñas y niños, informó el Congreso del Estado.

Reunida con instituciones de los servicios de salud pública así como asociaciones civiles, la Comisión de la Salud e integrantes, expuso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alarmas en aquellos países que superan el 15 por ciento de cesáreas, por lo que es necesario generar políticas públicas para reducir esta cifra en BCS.

“Las mujeres en instituciones públicas, en su mayoría, dicen que su experiencia no es muy buena, desde el trato físico al emocional. Prácticas que se están haciendo normales que no deben ser, lo principal es un parto natural; y cuando haya justificaciones médicas, cirugías y demás”, aseguró.

Dijo Milena Quiroga que lo principal es que los partos sean acompañados y que la mujer pueda opinar sobre las intervenciones que tendrá su cuerpo y quiénes estarán en contacto con ella y su bebé. “Se trata de que la mujer sea en todo momento quien decida, tenga la información de cómo se deberá proceder durante su parto cuando es de bajo riesgo. Sería diferente cuando haya emergencias”, aseguró.

El diputado Humberto Arce Cordero, presidente de la Comisión de Salud, la Familia y la Asistencia Pública del Congreso, propuso que sea iniciativa “preferente” y dictaminarla en 30 días; también participaron las diputadas Mercedes Maciel Ortiz y Maricela Pineda García.

El director del Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, Armando René Urcádiz Verdugo, se dijo a favor de contar con estas medidas para las madres sudcalifornianas.

Jessica Pellegrini, de la unidad gineco-obstétrica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expresó la importancia de otorgar presupuesto; también opinaron asociaciones como la Liga de la Leche, parteras profesionales y educadoras perinatales.

También se contempla la instalación de lactarios como un servicio para garantizar las comodidades necesarias para que una madre trabajadora pueda extraer su leche materna y guardarla en un refrigerador.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew  presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Carlos Mendoza Davis, a los presidentes de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, así como a los órganos autónomos del ámbito federal, estatal y municipal, a que en la asignación de la obra pública, determinen por lo menos en un 80 % del porcentaje mayoritario a constructores locales, se privilegie la contratación de mano de obra y la compra de insumos y servicios existentes en cada región donde se desarrollen, sin que ello comprometa  el precio y calidad de éstas, , informó el Congreso del Estado.

Sostuvo que esta medida, impactará positivamente a la economía de Baja California Sur, porque generan empleos y circulante, sustentando  su propuesta, con base en el artículo 30 de la Constitución Política de Baja California Sur, que establece textualmente: “Los Sudcalifornianos serán preferidos para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que sea indispensable la calidad de ciudadano.”

Reconoció que, en ocasiones, estas obras las realizan empresas de otros estados del país, y  no contratan o contratan a pocas personas que viven en el lugar donde se desarrolla la obra; situación similar que se presenta en la contratación de bienes y  servicios que se requieren, los cuales no se contratan o adquieren en la localidad.

Propuso que, en el caso de las empresas constructoras locales, se otorguen estas obras  a quienes  tienen  domicilio fiscal y antigüedad de al menos tres años en Baja California Sur y que cuente con el aval de los Colegios de Ingenieros Civiles y/o Arquitectos del Estado.

En el caso de trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades de obra pública, propuso que se otorgue a quienes hayan radicado en el Estado por un mínimo de 12 meses previos al inicio de la obra.

Perpuli Drew pidió a sus homólogos de la Comisión de Puntos Fiscales y Administrativos (a donde fue turnado el punto de acuerdo), pensar en una reforma legal a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con el Estado y municipios de Baja California Sur, para lograr este propósito y/o proponer una reforma a la ley  que regula la asignación de la obra pública del gobierno federal.