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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa del Congreso del Estado se informó que, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Baja California Sur, para armonizarla con el marco nacional que incorpora medidas cautelares, órdenes de protección, y castiga la omisión de funcionarios en casos de violencia.

La propuesta fue presentada por la Diputada María Rosalba Rodríguez López quien agregó a la armonización, el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual estará conformado por un sistema digital que concentre el registro general de las víctimas de violencia de género, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres.

La Diputada Rosalba Rodríguez expuso que ante el incremento de la violencia contra las mujeres en el Estado, las nuevas disposiciones de otorgar órdenes de protección inmediatas, representan un paso para proteger sus vidas y derechos, garantizan la seguridad, así como la vida de mujeres y niñas, para evitar que un hecho de violencia escale a feminicidio.

FOTO: Congreso BCS

Explicó que, en las órdenes de protección expedidas por el Ministerio Público o autoridad administrativa y las de naturaleza jurisdiccional, que son las emitidas por las juezas y jueces en un tiempo inmediato o dentro de cuatro horas a partir del conocimiento de causa, se amplía el periodo de la medida hasta 60 días prorrogables o hasta que cese la situación de riesgo.

En la reforma también se estableció la obligación de las personas, que en funciones públicas tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito cometido contra la mujer o niña, a denunciar inmediatamente, al Ministerio Público y responsabilizar la omisión.

En cuanto al Banco Estatal de Datos, tendrá como objetivo primordial administrar y concentrar la información proporcionada por las dependencias del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el propósito de elaborar estadísticas y diagnósticos de violencia que permitan conocer las características y patrones de este fenómeno, para hacerle frente a la problemática.

La armonización contempla la reforma de los artículos 17, 18, 21, 22, 23, 24, y se adicionan los artículos 18 bis, 18 ter, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 decies, 23 duodecies, 23 terdecies 23 quaterdecies, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la expresión de la voluntad popular en las urnas electorales, quedó claro el descontento ciudadano con el desempeño del actual Gobernador, y la nota relevante de la semana pasada, fue el ejercicio excesivo de poder que implica interponer 30 vetos al Congreso del Estado, acto de autoridad sin precedentes en la historia sudcaliforniana.

La página del Congreso de Baja California Sur, informa que el gobernador vetó en un solo día 30 decretos emitidos por el Legislativo local. Un ejercicio abusivo, ocioso, nocivo y lesivo, del poder constitucional conferido al Ejecutivo, que sólo tiene sentido si se entiende como una rabieta infantil de quien se vio derrotado en las urnas.

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El Artículo 60 de la Constitución local otorga al Gobernador la facultad de vetar, parcial o totalmente, cualquier proyecto de ley o decreto que emita el Congreso del Estado, y si bien no existe límite al número de vetos que puede interponer el Ejecutivo, lo cierto es que, en cada caso, debe acompañarlos con las observaciones correspondientes, entendiéndose las mismas como la expresión de motivos que le llevan a vetarlos.

Siendo el veto un acto de autoridad, se sujeta indefectiblemente, al principio de legalidad estricta. Cada observación deberá estar debidamente, fundada y motivada, para que sea considerado un auténtico ejercicio democrático, un mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos; un acto de contrapeso que se otorga por mandato constitucional al Poder Ejecutivo para frenar en su caso, el exceso en el ejercicio de las funciones del Legislativo.

Si los 30 vetos razonan detalladamente, de manera fundada y motivada cada uno de los aspectos controvertibles de cada tópico contenido en cada decreto, la actuación del Ejecutivo es correcta, adecuada, oportuna y justificada. Si en contrapartida —como en la especie—, se limita a interponer el veto sin ton ni son, con el único afán de detener el quehacer legislativo, entonces estamos en presencia de un ejercicio abusivo de atribuciones, y el Congreso no sólo esta facultado, sino que está obligado a proceder en consecuencia, iniciando el procedimiento de responsabilidad oficial respectivo contra el Ejecutivo.

Así, el ejercicio abusivo de atribuciones, en Baja California Sur, es delito de corrupción. De retirar la inmunidad procesal —coloquialmente, llamada “fuero”—, al Ejecutivo, mediante el juicio de procedencia —popularmente, llamado “desafuero”—, podría llevar al Gobernador saliente a enfrentar un proceso penal, e incluso, por tratarse de un delito de corrupción, podría enfrentar el encausamiento penal tras las rejas, pues con la última reforma constitucional sobre la materia, los delitos de corrupción ameritan prisión preventiva oficiosa, en tanto y cuanto se desarrolla el proceso penal correspondiente.

En otras palabras, la rabieta del Ejecutivo, consistente en el absurdo de vetar sin sólida argumentación ni fundamentación la treintena de decretos, puede costarle no solo el cargo que está por concluir, sino que lo puede llevar a enfrentar un proceso penal en prisión.

El veto del Gobernador no sólo tiene la exigencia de estar fundado y motivado, también debe sujetarse a una temporalidad específica. De acuerdo con el Artículo 58 de la Constitución del Estado, una vez aprobadas las iniciativas de ley o decretos, se remitirán al Gobernador para que proceda a su promulgación y publicación, a no ser que formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes en un plazo no mayor de diez días hábiles. En el caso que nos ocupa, varios de los vetos presentados en paquete, rebasan por mucho el plazo de diez días y, por tanto, son totalmente improcedentes, y deberán ser desechados de plano, sin mayor trámite ni dilación.

En resumen, el ejercicio abusivo de atribuciones realizado por el Gobernador al interponer una treintena de vetos al Congreso puede ser severamente, sancionado o pasar a la historia como un evento meramente, anecdótico en el cual queda de manifiesto la frustración de quien se vio derrotado en las urnas. Ello depende, exclusivamente, del Poder Legislativo.

¿Qué van a hacer nuestros Diputados? Probablemente, nada. Llevan tres años enfrascados en pleitos de lavadero elevados a controversia constitucional. Han tirado a la basura prácticamente, todo el periodo legislativo, y esta rabieta del Gobernador no viene a ser sino un capítulo más del consecutivo de desatinos que al final de cuentas, exhibirán a la actual legislatura, como la peor de la historia en nuestra entidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa del Congreso del Estado se informó que, la Diputada local Anita Beltrán Peralta propuso reformas a la Ley de Juventud del Estado a fin de armonizar el concepto de transversalidad con las leyes generales de igualdad entre hombres, mujeres y la de juventud.

La legisladora explicó que el concepto de transversalidad versa de manera distinta tanto en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres como en la correspondiente a la Ley Estatal en la materia. En el marco nacional se entiende por transversalidad al “proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas”.

Mientras que, en el marco estatal define que “la directriz para articular políticas públicas entre los diversos niveles de gobierno a partir de una visión integral de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los jóvenes, considerando las distintas etapas de la juventud y la necesidad de establecer estrategias específicas para cada una de ellas”.

La propuesta de reforma al artículo 68 prevé que el consejo se integrará por el presidente de la Comisión Permanente de la Juventud. La junta directiva será la máxima autoridad del instituto y se integrará por un vicepresidente, que será quien presida tal comisión, la iniciativa fue turnada a la misma para su trámite parlamentario, concluye el boletín  de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de dar mayores elementos a los servidores de corporaciones de rescate, específicamente, del personal de bomberos, la Diputada Anita Beltrán Peralta propuso que se les otorgue licencias de chofer exentas de pago a hombres y mujeres operadores de vehículos de emergencias de Bomberos y Cruz Roja, por el mismo periodo en que se otorgan a los conductores contribuyentes, mediante una adición al artículo 35 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur.

A través de un boletín de prensa del Congreso del Estado se informó que, la legisladora refirió que ante los ingresos de ese sector de trabajadores es necesario que ellas y ellos se encuentren con las condiciones idóneas para la prestación de los servicios necesarios y útiles para salvaguardar la vida, la integridad, el patrimonio y el entorno de los sudcalifornianos.

Anita Beltrán ponderó la diversidad de funciones de las corporaciones de rescate tales como servicio de alarma, evacuación, habilitación y organización de refugios, salvamento, primeros auxilios, lucha contra incendios, detección y señalamiento de zonas peligrosas, entre otras.

FOTO: Congreso de BCS

La iniciativa beneficiaría a maquinistas, operadores, conductores de máquinas, pipas, escaleras telescópicas, ambulancias, patrullas, entre otros del Honorable Cuerpo de Bomberos, “sus elementos, rescatistas, brigadistas, socorristas, operadores de atención prehospitalaria, Cruz Roja y elementos voluntarios de los cuerpos de rescate y emergencias del sector público, así como voluntarios que operen unidades de estas corporaciones tendrán derecho de que se expida la licencia”, puntualizó Beltrán Peralta.

Además, dijo que reformar la ley obedece a atender un derecho de las y los elementos que ponen en riesgo su vida e integridad personal por la práctica de una labor en beneficio de la población sudcaliforniana, cuya utilidad y necesidad pública reconoce el Estado y busca satisfacer a través de acciones, medidas legislativas y administrativas, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa del Congreso del Estado se informó que, para darle algo más que un enfoque protector a los animales domésticos, este martes en sesión ordinaria se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que crea la nueva Ley de protección y bienestar de los animales domésticos en Baja California Sur.

La cual, busca el bienestar general y visualiza a los animales domésticos como seres vivos sensibles, que merecen especial protección del derecho, y con ello, acabar prácticas detestables como el maltrato, por considerarlo —hasta ahora—, una simple propiedad de libre disposición. Situación que dista mucho del nuevo contexto nacional e internacional, en cuanto al tema de protección que refiere. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología, y de ser aprobada será el parte aguas para construir una nueva ley, con un enfoque de bienestar y real protección a los animales domésticos.

La propuesta de ley que desde ahora está en análisis para su dictaminación, también propone proteger la salud y el bienestar público, controlando la población animal de perros y gatos, impulsar acciones preventivas que permitan inhibir riesgos en la integridad y vida de las personas por la posesión de especies o animales domésticos cuyas conductas pudieren considerarse peligrosas para el ser humano, favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, promover medidas para su adopción, así como el trato compasivo de los mismos, evitando el deterioro de las especies domésticas, concluye el boletín de prensa del Congreso de BCS.