FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado tiene, desde hoy, la encomienda de analizar la iniciativa con proyecto de decreto que propone dar uniformidad y coherencia normativa para acceder a diversos cargos públicos relevantes como: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; Auditoría Superior del Estado; Secretario de Despacho; Procurador General de Justicia; Fiscal Anticorrupción; Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Lo anterior, luego de que el diputado José María Avilés Castro presentara este martes 18 de junio una iniciativa que implica reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como otros ordenamientos que integran el marco jurídico de la Entidad.

La propuesta homologa en todos los casos la exigencia de que sean ciudadanas o ciudadanos mexicanos por nacimiento, evitando que una ciudadana o ciudadano mexicano por naturalización, es decir un extranjero, pueda acceder a cualquiera de esos cargos públicos.

La intención de homologar para todos los casos el requisito de la residencia efectiva en el Estado con que se debe contar antes de la designación para cualquiera de esos cargos públicos, se sugiere que sean como mínimo dos años de residencia previa.

Y es que actualmente, en la Constitución Política del Estado se establecen las bases normativas para acceder a diversos cargos públicos relevantes cuya forma de designación o elección no emana de forma directa de la voluntad popular, esto es, no existe de por medio un proceso electoral, tal como es el caso de quienes aspiren a ejercer el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, titular de la Auditoría Superior del Estado, Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Fiscal Anticorrupción, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Durante su intervención en tribuna, el legislador explicó que hizo una comparación sobre los requisitos que hoy en día se establecen para cada uno de los cargos referidos, advirtiendo que no guardan coherencia normativa respecto de dos requisitos básicos que son: la ciudadanía y la residencia efectiva en el Estado antes de la designación. A manera de ejemplo, nuestra constitución federal, al día de hoy, contempla como requisito para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ostentar la calidad de ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento.

Otro de los fines que persigue la iniciativa de la bancada de Morena, es establecer que la edad mínima requerida para ser miembro del Consejo de la Judicatura y titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea de 30 años, homologando así dicho requisito con el que ya se exige actualmente para quienes aspiren a ser comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o para quienes pretendan ser titular de la Auditoría Superior del Estado.

En adición, los miembros o integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que no sean magistradas o magistrados del Tribunal Superior de Justicia el requisito de la edad mínima sea como ya se señaló anteriormente, de 30 años, ajustándose también como consecuencia de esto a cinco años como mínimo el requisito de la antigüedad del título y cédula profesional de la licenciatura en derecho.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por segundo año consecutivo se llevará a cabo el Parlamento de la Diversidad Sexual de BCS, convocado y realizado por la XVI Legislatura del Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de la Diversidad Sexual que este año llevará el nombre de “Jesús Ociel Baena Saucedo”, en honor al magistrade (+).

En rueda de prensa, la comisión integrada por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presidenta; la diputada Teresita Valentín, secretaria; y el diputado Luis Armando Díaz, secretario; presentaron las bases de la convocatoria, la cual quedó abierta desde hoy hasta el lunes 17 de junio a las 15:00 horas.

La Diputada Presidente de la Comisión anunció que se suprimió el requisito referente a la limitación de la participación a servidores públicos, con la finalidad de que cualquier persona que se identifique con las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual y personas no binarias, que sean mayores de edad y residentes del Estado, puedan participar.

Detallaron que se recibirán propuestas a partir de la fecha y hasta el lunes 17 de junio a las 15:00 horas, en temas como seguridad ciudadana, justicia, marco legal, salud, educación, empleo e igualdad de género.

La convocatoria puede ser consultada en la página web del congreso (www.cbcs.gob.mx) en donde también deberán llenar un formulario electrónico con sus generales y documentos.

Además de los medios de comunicación, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera presentó la convocatoria en tribuna, detallando que las actividades se llevará a cabo desde el domingo 23 de junio con la recepción de los 21 participantes concluyendo con la sesión solemne que se llevará a cabo el martes 25 de junio a las 9:00 horas y posteriormente la develación de la fotografía y clausura del evento.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado agregó a las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS), que además de conocer e investigar las presuntas violaciones que se denuncien a petición de parte o se sigan de oficio, que la investigación sea de forma exhaustiva, objetiva, mparcial y con perspectiva de género, de interculturalidad e interseccionalidad.

Entre los objetivos destacan evitar casos de discriminación y promover políticas que promuevan la igualdad, indicó la diputada María Luisa Ojeda González, quien propuso reformar y adicionar la fracción II del artículo 15 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de BCS.

El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos consideró indispensable incluir los tres ejes de perspectiva de género, de interculturalidad e interseccionalidad, pues fortalecen la investigación para la recomendación que en su caso realice la Comisión de Derechos Humanos a la o las autoridades que corresponda, se lee en el boletín de prensa del Congreso del Estado.

Argumentó que la perspectiva de género permitirá identificar las barreras y obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a oportunidades para su empoderamiento y autonomía; que la investigación de interculturalidad, ayudará a identificar y visibilizar las discriminaciones y exclusiones que sufren las personas pertenecientes a las minorías culturales y de interseccionalidad, ayudará a identificar y visibilizar dichas desigualdades y discriminaciones.

La diputada Ojeda González subrayó el sentido de salvaguardar los derechos humanos en apego a los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismo que le permiten a la CEDH BCS el investigar de forma exhaustiva, objetiva, imparcial y con perspectiva de género. Solicitó a sus homólogos su voto a favor del dictamen en solidaridad, empatía y sororidad con las mujeres de Sudcalifornia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de BCS, para reconocer la denominada “licencia menstrual”, con la que las personas menstruantes tendrán el derecho de un permiso de dos días al mes con goce de sueldo, cuando sean diagnosticadas con dismenorrea en grado incapacitante o endometriosis.

Quedó establecido en un Artículo 29 Bis que “las mujeres o personas menstruantes a quienes se les haya diagnosticado dismenorrea en grado incapacitante o endometriosis, tendrán derecho al otorgamiento de una licencia con goce de sueldo íntegro, de hasta 2 días, cada mes, cuando estos padecimientos les imposibiliten temporalmente desempeñar su jornada de trabajo”.

La redacción del artículo establece que la trabajadora deberá dar aviso en el transcurso de la primera jornada de trabajo de la cual estuviere imposibilitada de asistir, y presentar en las oficinas de recursos humanos de su centro laboral, un certificado médico vigente.

Cuando se presente autorización de médicos particulares, deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien la expida, así como la fecha y el estado de salud de la persona trabajadora y demás requisitos establecidos en la Ley General de Salud.

En cuanto a las autoridades de los tres niveles de gobierno y poderes del estado, les faculta para otorgar dichas licencias, señala el boletín de prensa del Congreso del Estado. La iniciativa fue presentada el pasado mes de febrero por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera con la intensión de crear conciencia sobre la problemática y visibilizarlo en las instituciones públicas, destacando los alcances en materia de derechos laborales vinculados con el derecho a la salud de las mujeres.

“Algo que es tan recurrente y natural en algunos casos representa un sufrimiento por el dolor incapacitante que se genera, por ello hemos considerado sumamente importante legislar con perspectiva de género”.

Añadió que  a través de estas reformas y adiciones a la Ley Burocrática estamos resolviendo una necesidad y al mismo tiempo estamos garantizando por la vía legislativa el bienestar y la protección del estado de salud de las mujeres. La licencia menstrual ya es vigente en los estados de Colima, Hidalgo y Nuevo León.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó ante el pleno, una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el Artículo 251 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para que los profesionistas que sean funcionarios y empleados al servicio del Poder Legislativo puedan ejercer libremente su profesión, así como ejercer actividades de docencia e investigación en instituciones educativas públicas o privadas, o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia, siempre y cuando su ejercicio o actividad no perjudiquen los intereses de los poderes del Estado, informa el Congreso del Estado.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora precisó que la propuesta se podrá ejercer siempre y cuando la actividad no vulnere el Código de Ética del Poder Legislativo del Estado o afecte de manera directa el interés de los poderes del Estado y municipios de BCS.

Trejo Piñuelas reconoció que, si bien la principal función y obligación como representantes populares es la de legislar, también cuentan con la responsabilidad de llevar a cabo acciones que les permita solucionar diversas problemáticas.

Del mismo modo, la iniciadora consideró de importancia fortalecer el artículo en comento, acorde a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de BCS, ya que de acuerdo con el Decreto 2448 publicado en el BOGE 27-06-2017, se estableció que con la entrada en vigor de dicha Ley quedará abrogado el Título Tercero y, “por tanto es necesario que nuestra ley se armonice debidamente”, concluyó la legisladora del Congreso del Estado.