FOTO: Archivo / Interior: Congreso.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Eduardo Van Wormer Castro (Morena) propuso actualizar los montos de las sanciones para quienes cometen infracciones en el uso e infraestructura pública del agua potable, como la sustracción y conexiones ilegales a la red, el uso para riego domestico fuera de horarios establecidos, entre otros establecidos en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur.

Desde su expedición hace más de veinte años, la legislación no ha sufrido cambios en la materia, por lo que la iniciativa tiene como finalidad, actualizar los valores mínimos y máximos de las sanciones que aplican los organismos municipales de agua potable, ajustándolas a la realidad actual, en el contexto de escasez de agua a nivel estatal y el estrés hídrico global, expuso el iniciador.

La propuesta busca reclasificar el rango de cada sanción y reagrupar las diversas infracciones que pueden cometer los particulares, dentro de los cuatro supuestos normativos previstos en el artículo 140; entre las propuestas se enlistan: aumentar el rango de cinco a cincuenta a diez a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en las infracciones a las personas que impidan la instalación de los servicios públicos (fracciones VI); a los que no acondicionen la instalación en el interior de las viviendas, a fin de que la lectura del consumo sea de fácil acceso al personal autorizado para este fin por los Organismos Operadores (fracción X), a los que rieguen jardines fuera del horario permitido que es de 19:00 a 6:00 horas (fracción XVIII) y a los que debiendo surtirse de agua potable del servicio público y conectarse al sistema de alcantarillado, no cumplan con la obligación de solicitar la toma de agua correspondiente dentro de los plazos que fija el Artículo 74 de esta Ley o impidan la instalación de la misma (fracción XIX).

Aumenta el rango de infracciones de cinco a veinte a de veinte a ochenta veces el valor diario de la UMA a quien utilice el servicio de los hidrantes públicos para destinarlo a usos distintos a los de su objeto; a quien impida las visitas de inspecciones y reconocimiento que realice el personal autorizado por los organismos operadores y a los que proporcionen agua a un predio o finca contigua, sin importar que dicho consumo se registre por el medidor, previstas en las fracciones III, XI y XII.

Así también eleva la multa de cinco a cuarenta a cincuenta a cien veces el valor diario de la UMA de las infracciones a quien deteriore cualquier instalación destinada a los prestadores de los servicios; a los propietarios o poseedores de los predios dentro de los cuales se localice alguna fuga que no haya sido atendida oportunamente; a quienes desperdicien el agua o no utilicen aparatos ahorradores en los términos del Artículo 92 de la Ley, y a los residentes, que frente a los inmuebles que habitan, se localice alguna fuga de agua, y  que ésta  le sea imputable. La propuesta fue turnada a la comisión del agua para su estudio, análisis y dictaminación.

La Paz, Baja California Sur (BCS). De manera virtual, inició el Tercer Parlamento Inclusivo en su modalidad mixta Forjando una sociedad incluyente que convoca el Congreso del Estado, en donde los parlamentarios manifestaron sus necesidades en materia de accesibilidad, de respeto y sensibilidad, así como atención a la salud y oportunidades laborales como en participación política.

La inauguración se llevó a cabo por las integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, diputadas Teresita Valentín, Eda palacios Márquez y María Luisa Trejo Piñuelas acompañadas de los titulares del Instituto Estatal Electoral y el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El diputado inclusivo Mario González, representante del municipio de Los Cabos, externó las dificultades que existen en su municipio en la vía pública, en rampas y cajones de estacionamiento; dijo que a pesar de que se ha avanzado en los espacios en la vía pública, éstos siguen sin ser respetados y principalmente sin la empatía de la ciudadanía, conductores y servicios público del transporte, entre otros.

El martes 30 de noviembre tendrán un Encuentro con integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado; realizarán la integración e intercambio de ideas y determinaciones en materia de derechos político-electorales con los consejeros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

El miércoles 1 de diciembre sostendrán un encuentro y convivencia con el Gobernador del Estado; además, realizarán la elección de la mesa directiva y el 2 de diciembre la sesión pública solemne de instalación, concluye el boletín de prensa.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un total de 26 personas fueron los ganadores al Parlamento Inclusivo, modalidad mixta 2021 Forjando una Sociedad Incluyente, anunció la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, diputada Teresita de Jesús Valentín, agregando que la decisión fue no dejar a ninguno fuera. Así se informa en un comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Los nombres de quienes integran este parlamento son: José Armando Mendoza Ramos, San Carlos; Zobeyda Elizabeth Pereda Alvarado, San Carlos; Ariadna Melissa Cota Tamayo, Los Barriles; Ismael de Anda Leal, Vizcaino; Miguel Ángel Rivera Sandoval, La Paz; Juan de los Reyes Ulbrich Moreno, Adolfo López Mateos; Mario Javier González Pérez, Los Cabos; José Primo Maraver  omero, La Paz; Luis Eduardo Sánchez cárdenas, La Paz; Omar Alejandro Amador Álvarez, Comondú; Miriam Guadalupe García Navarro, San José del Cabo; Juan Paul Flores Betancour, San Carlos; Oliver Ulises Baltierra García, San Carlos, Comondu.

También forman parte del Parlamento Inclusivo: Ulises Alejandro Becerra Zazueta, Santa Rosalía; Kassandra Berenice Ximello Meraz, La Paz; Elvira Yissel Ximello Meraz, La Paz; Alfredo González Liera Palomina Méndez Parra, San José del Cabo; Heriberto Alvarado, La Paz; José Alberto Reyes Vázquez, Vizcaino Mulegé; Mario Javier Salgado Pérez, La Paz; Adrián Eduardo Espinoza Molina, Guerrero Negro; Lorenza Georgina Ruiz Barajas, La Paz; Carlos Arturo Meza Rodríguez, La Paz; Omar José Carlos Cerda, Villa Morelos y Cosme Damián Reyes García, de La Paz, sumando un total de 26 participantes seleccionados.

Agregó que en coordinación con el Instituto de Inclusión de Personas con Discapacidad y el Instituto Estatal Electoral revisaron todos los videos y la decisión fue no dejar a ninguno afuera, quedando 26 participantes seleccionados, donde siete son del municipio de Comondú, cinco de Mulegé, tres de Los Cabos y once de La Paz, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de realizar las adecuaciones y el fortalecimiento en los elementos reguladores del tipo penal de violencia familiar en la normativa sudcaliforniana, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, propuso que la investigación de delito de violencia familiar se atienda mediante una denuncia u oficio y no por conducto de una querella, con el objetivo de fortalecer las obligaciones plasmadas en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia que el Poder Legislativo debe asumir, lo anterior en el contexto de la conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres”.

Moreno Higuera presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 200, 201 y 204 del código penal para el estado de Baja California Sur, y los artículos 17 y fracción II y 35 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, con la intención de emprender acciones protectoras a la integridad de las personas en convivencia, de modo que el Estado reconozca su responsabilidad de intervenir en el espacio privado para garantizar el bienestar y seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción.

Lo antes expuesto deriva de la preocupante recurrencia de delitos de violencia familiar dentro del hogar, que han despuntado considerablemente en Baja California Sur en tiempos de pandemia por la enfermedad Covid-19, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Quien presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los integrantes del Consejo de la misma, así como quienes ocupen la Secretaría Ejecutiva y Visitadurías, no podrán ser detenidos, ni deberán ser sujetos a responsabilidad civil, administrativa, penal, o por las opiniones, recomendaciones derivadas de sus actuaciones, por los actos que realicen en el ejercicio de las funciones de acuerdo a sus cargos, facultades y atribuciones les asigna esta ley, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado de prensa.

Así versa la iniciativa ciudadana presentada este martes en sesión ordinaria, que pide respetar a las consejeras y consejeros del Consejo Ciudadano, como defensores de derechos humanos y como el enlace entre la sociedad civil en el plano interno, en el sistema de protección y en el ámbito estatal, porque su papel en la sociedad es fundamental para garantizar y salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho en Baja California Sur.

Signada por la Maestra Charlene Ramos Hernández; Centro Mujeres, Teresa Shields Mónica Jasis Silverg; Maestro Alberto Torres Alfaro; Derechos Humanos en Acción; Silvia Florencia García Islas; Carmen Cristina Ortuño Villaseñor; Fundación Generación Unicornio; A.C. Sabrina López María Elena Rojas; Georgina Hernández; Equide A.C. y Carla Lourdes Albino Rubio, en su argumentación, la iniciativa destaca que es indispensable dotar de certeza jurídica a las sesiones y resoluciones del Consejo Ciudadano, evitando la posibilidad de simulación en contra de las y los representantes de la ciudadanía al interior de la Comisión, quienes son voluntarios y voluntarias de reconocido prestigio en la defensa de los derechos humanos y nuestra entidad, protegiendo así el derecho a defender derechos y promoviendo la protección y realización de los derechos humanos  y las diversidades fundamentales en todos los planos.

En ese contexto, quienes sean servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión en ningún nivel de la administración pública estatal, paraestatal, municipal paramunicipal, o cualquier otra actividad remunerada dentro del sector privado salvo la docencia.

La propuesta implica también que los cargos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sean remunerados, exceptuando los cargos de las consejeras y consejeros del Consejo; el personal que se asigne para ocupar los cargos enunciados deberá asignarse en observancia y conforme al principio de paridad de género.

Así mismo, quedaría prohibida la contratación de personal bienes o servicios, así como la asignación de cargos a quienes no acrediten capacidad y experiencia técnica para el desempeño del cargo y sus funciones, señala el mismo boletín de prensa del Congreso del Estado.