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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó este día el proyecto de decreto presentado por las diputadas Gabriela Montoya Terrazas, Eufrocina López Velasco, Luis Armando Díaz, Christian Agúndez Gómez y Juan Pérez Cayetano, que establece una nueva contribución denominada “Saneamiento Ambiental” aplicado a turistas, modificando la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos.

A través de un comunicado de prensa del Congreso del Estado se da a conocer que “Saneamiento Ambiental” se aplicará a turistas que visiten Los Cabos, contemplando una contribución que equivale al 35% de la UMA diaria, y lleva el propósito de que el Ayuntamiento tenga acceso a más ingresos y resarcir el rezago que se tiene en materia de infraestructura y servicios públicos.

A solicitud de la diputada Montoya Terrazas —quien dio lectura a la iniciativa—, se dispensaron todos los trámites parlamentarios para ir directo a votación, resultando 20  votos a favor y la abstención de la diputada Lorena Marbella González Díaz; siendo aprobado así, en todos sus términos.

En ese sentido, están obligados a pagar los derechos de saneamiento ambiental él o los usuarios de cuartos y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles, plataformas digitales de hospedaje y similares. Este derecho deberá ser retenido por los prestadores de servicios del ramo, o en su caso, por quienes determine el convenio de coordinación que al efecto se suscriba.

En su argumentación de motivos, señalan los iniciadores que se requiere fortalecer el Municipio de Los Cabos, al que erróneamente le llaman “municipio rico”, ya que está rebasado por el crecimiento exponencial que registra y lo que implica tener ese crecimiento poblacional —muy por encima de la media nacional—, situación que impide a la autoridad federal, estatal y municipal, atender todos los rezagos que esta condición implica, incluyendo el importante rezago en servicios públicos.

Cabe aclarar que esta disposición no aplica para aquellos derechos cuyo pago se genere por la prestación de servicios públicos que sean medibles en metros cúbicos, ni para el derecho de saneamiento ambiental, cuyo importe y forma de entero se encuentra establecida en el capítulo respectivo de la propuesta de ley.

Las legisladoras Eda María Palacios Márquez, Eufrocina López Velazco y Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Christian Agundez Gómez, tomaron la tribuna para hablar de las bondades y beneficios  de esta Ley, pidiendo a sus homólogos el sentido favorable de su voto.

En su turno, el diputado Luis Armando Díaz puntualizó que se generará un precedente importante, que permitirá generar la condición del resto de los municipios de Baja California Sur, porque la vocación de BCS es eminentemente turística y así se puede fortalecer la Hacienda de Loreto, La Paz, Comondú y Mulegé, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, este lunes 13 de diciembre la XVI Legislatura del Congreso de BCS dio primera lectura al dictamen de la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo estatal para reformar diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California Sur, a fin de homologarla con la Constitución Federal en favor de trabajadores, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial.

La iniciativa suscrita por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, tiene por objeto implementar una instancia prejudicial en la que trabajadores y empleadores puedan acudir a los centros de conciliación a solucionar sus conflictos, la protección y tutela de los sindicatos, así como la garantía de elegir a sus representantes en las distintas fuentes de trabajo, por tanto, los congresos tendrán que reformar las constituciones estatales, las leyes orgánicas de los poderes judiciales, de la administración pública estatal y se expedirá una nueva Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur.

La iniciativa con proyecto de decreto propone la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para crear el nuevo Centro Laboral de Conciliación del Estado de Baja California Sur a resolverse en los tribunales laborales; por tanto, se reformarían los Artículos 64, 79, 89 y 93, y se adicionarían los Artículos 12, 79, 89 de la Constitución Política del Estado, a fin de homologarla con las disposiciones de la Constitución Federal.

Modifican Secretarías

Por otra parte, también a través de un boletín de prensa del Congreso del Estado, se da a conocer el dictamen positivo para modificar Secretarías del Gobierno del Estado. La Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos presentó el dictamen de la iniciativa presentada por el Gobernador de BCS para modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el fin de cambiar las estructuras en algunas de las secretarías que forman parte del gabinete estatal.

También en sesión extraordinaria realizada este lunes, fue presentada la primera lectura del dictamen que establece que una vez publicado el decreto correspondiente, la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, se denominará Jefatura de la Oficina del Ejecutivo.

A la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, se le integrarán funciones para atender asuntos de Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que se denominará Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, en tanto que la actual Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social, será la Secretaría de Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, añadiendo el rubro de atención y bienestar de la ciudadanía.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Una de las promesas de campaña del actual Gobernador, fue reestructurar, sanear y eficientizar la administración de justicia en Baja California Sur.

El primer paso implica remover al actual Presidente. Tras once años de permanecer en la presidencia del Tribunal de Justicia estatal, de manera continua e ininterrumpida, en franca violación a la Constitución Política estatal, que establece un máximo de tres en el encargo, la concentración del poder en un solo individuo, al seno de la institución encargada de administrar justicia en el Estado, ha convertido este ejercicio de servicio público en un negocio cupular.

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Con un Consejo de la Judicatura integrado a modo, el Poder Judicial opera sin un órgano de control interno objetivo y eficaz. La opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de poder, en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos públicos, en particular, del multimillonario fondo auxiliar para la administración de justicia, hacen de la institución judicial, una organización pública altamente corruptible.

A nivel nacional, el índice de percepción de corrupción entre jueces alcanzó su máximo en 2019 al superar el 68% en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por primera vez en al menos cinco años, los jueces se han convertido en la institución de seguridad pública que se percibe como la más corrupta, valorada en su conjunto, sólo superada en el vergonzoso escalafón por los agentes de tránsito locales, cuya actuación se valora de forma genérica e individual. La percepción de corruptibilidad judicial en el Estado supera por dos centésimas el porcentaje nacional, lo que refleja la imperiosa necesidad de sanear la institución y reencausar su actuar.

El reto que enfrenta la XVI Legislatura local, es cumplir y hacer cumplir la Constitución local, frenando de tajo el ejercicio cuasi vitalicio del poder en el seno de la Presidencia del Poder Judicial estatal, iniciando así el proceso de reconvención de la administración de justicia en la entidad.

Si bien un par de diputados se encuentran renuentes a requerir la comparecencia del Presidente del Tribunal ante el Congreso local “para evitar confrontaciones” —como si el cumplimiento de la Ley se sujetara a encomiendas políticas—, lo cierto es que la mayoría coincide en llamarlo a cuentas; y concluida su comparecencia, como ejercicio de garantía de audiencia, lo lógico y consecuente es proceder de oficio en términos de los numerales 158 y 159 de la Constitución local, fincando el procedimiento administrativo, y en su caso, retirarle al indiciado la inmunidad procesal de que hoy goza, a través del juicio de procedencia, y dar al Ministerio Público la intervención de ley para que se ejercite acción penal, de resultar ello conducente, concluido el juicio de procedencia a que alude la regla procesal constitucional y su ley reglamentaria.

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Pero no basta destituir y —en su caso— proceder administrativa y penalmente contra el mal funcionario que hoy en día continúa ejerciendo ilegalmente la Presidencia del Tribunal de Justicia estatal. Es imperativo evitar que este ejercicio abusivo del servicio público se repita, y para ello, es menester reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, para armonizarla con la Constitución Estatal y los lineamientos contenidos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, a efecto de que se convierta en un adecuado marco regulador del actuar de los servidores públicos en el campo de la administración de justicia, a efecto de optimizar su desempeño, siempre en un marco inflexible de legalidad y eficiencia.

En breve, el Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, presentará al Congreso Local, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se plantea, entre otros menesteres, instituir formal y materialmente la carrera judicial, la elección de jueces y magistrados por concurso y no por amiguismo o compadrazgo, la creación de salas regionales y redistribución de las que existen por materia, la “ciudadanización” del Consejo de la Judicatura, la representación efectiva de los jueces en dicho consejo, a través de la elección del representante de los jueces por sus pares, la desaparición de la onerosa canonjía consistente en el haber de retiro que se asignaron los magistrados, por ser contrario a la política de austeridad republicana, y significar una pesada carga económica para el presupuesto público, la supresión de plano de todas las sesiones y actuaciones judiciales “secretas”, por ser la secrecía el ámbito propiciatorio de opacidad y corruptelas. La justicia debe administrarse de frente al pueblo, con total y absoluta transparencia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado que preside el diputado Armando Martínez Vega entregó un reconocimiento al doctor Enrique Troyo Diéguez por haber resultado ganador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2021, por su trayectoria científica organizado por el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT).

Acompañado de los secretarios de la comisión, diputada Guadalupe Vázquez Jacinto y el diputado Rigoberto Mares Aguilar, y ante la Directora del COSCYT, Sara Díaz Castro, así como representantes del CIBNOR, CICIMAR, CICESE y universidades, Martínez Vega hizo el compromiso para reincorporar el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología que otorgaba el Congreso a representantes de la comunidad científica.

Dijo que el reto es hacer una agenda en materia de ciencia y tecnología con temas muy puntuales a desarrollar durante el periodo de la legislatura, acciones concretas pero muy puntuales de la mano de la comunidad e instituciones científicas.

Cabe recordar que la distinción del COSCYT reconoce el esfuerzo, la trayectoria, y el impacto económico y social de las investigaciones realizadas por los especialistas en ciencia, tecnología e innovación en nuestro estado. En el evento también se hizo un reconocimiento al ganador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el 2020, doctor Bernardo Murillo Amador.

El doctor Enrique Troyo originario de Torreón, Coahuila. Es residente sudcaliforniano en La Paz desde 1972, a la fecha. Es Ingeniero Agrónomo Fitotecnista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con grado de Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) La Paz y pertenece al Sistema Nacional deInvestigadores nivel 3.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por mayoría, modificaciones al presupuesto del Gobierno de Baja California Sur, en el cual se realizó una revisión de enero a julio y una proyección de agosto a diciembre, lo cual arrojó una disminución por mil 162 millones033mil 868 pesos, se informa a través de un comunicado oficial.

Durante la sesión ordinaria del 9 de diciembre la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos presentó la segunda lectura del dictamen, la cual fue dispensada y sometida a votación en lo general y en lo particular.

El dictamen establece que se realizaron diferentes reasignaciones a la inicial, los cuales integran la recaudación al mes de julio y las proyecciones en el periodo de los meses de agosto a diciembre, cuantificando el monto por la cantidad de mil 162 millones 033 mil 868 pesos, equivalentes a un 6.3 por ciento inferior al presupuesto de egresos originalmente; el autorizado fue por los 18 mil 402 millones 212 mil 144 pesos, totalizando en un monto final de 17 mil 240 millones 178 mil 276 pesos.

El  presidente de la comisión, diputado Enrique Ríos Cruz, declaró que la comisión hizo una revisión y un trabajo apegado a la realidad acerca de la propuesta que presentó el Gobernador del Estado. Recordó que en el ejercicio fiscal actual, en el mes de septiembre hubo cambio de administración y se ejerció un presupuesto ya ejecutado durante la mayor parte del año.