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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para actualizar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, el Congreso del Estado analiza desde hoy una iniciativa con proyecto de decreto que establece el correcto desempeño de los servidores públicos, propuesta presentada por la diputada Rosalva Vergara Martínez.

Lo anterior, para que se cumplan los principios y obligaciones que rigen su actuación, como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y eficiencia, se informa a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, la iniciativa presentada este martes en tribuna, propone reformar las Fracciones VI, IX y X del Artículo 7; y se adicionan las Fracciones XI, XII, XIII y un último párrafo al Artículo 7, un segundo párrafo al Artículo 52, un segundo párrafo al Artículo 53, un segundo párrafo al Artículo 54, un segundo párrafo al Artículo 59 y los Artículos 60 BIS, 63 BIS y 80 BIS, todos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Esta reforma, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, implica incluir dentro de las directrices que observen los servidores públicos la efectiva aplicación de los principios antes descritos en las funciones de administrar los recursos bajo el principio de austeridad; la abstención de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares; así como de intervenir o promover en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de impulsar la inclusión laboral de diferentes sectores que históricamente han sido excluidos, la diputada Eda Palacios Márquez propuso facultar a la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Estado, para otorgar estímulos fiscales a las empresas que contraten a personas de 45 a 60 años, adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes en edad productiva o en de primer empleo, egresados de universidades, madres solteras y en general, quienes pertenezcan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión de este día, la legisladora presentó una iniciativa para adicionar la Fracción V del Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, se da a conocer a través de un comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Expuso que la iniciativa nace del diálogo que ha tenido con jóvenes sudcalifornianos quienes le dicen que al egresar de sus carreras no pueden encontrar empleos, también de personas que oscilan entre los 45 a 60 años para quienes es muy difícil que las empresas o negociaciones los contraten, así como de adultos mayores, personas con discapacidad y personas afromexicanas e indígenas, para quienes la brecha todavía es muy grande en inclusión laboral.

La legisladora recordó que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo, es la encargada de conducir la política laboral y de generación de empleos en la entidad federativa, en tanto que el Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado autoriza que “el Ejecutivo del Estado y los presidentes de los municipios, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, podrán mediante resoluciones de carácter general publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, conceder subsidios o estímulos fiscales” (Artículo 65 fracción III).

“Considero muy importante que el gobierno, de la mano de los empresarios de cualquier nivel, generen acciones de inclusión laboral, pues estamos convencidos de que toda persona tiene derecho al trabajo para vivir con dignidad, pues éste es esencial para la realización de otros derechos humanos; necesitamos hacer esfuerzos para lograr que a estos grupos poblacionales que han sido históricamente segregados, se les reconozca su derecho a desempeñar un trabajo sin ningún tipo de discriminación, a percibir una remuneración justa a preservar su dignidad humana y a contar con protección social”, acotó la diputada Palacios Márquez.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En cumplimiento del Decreto 3039 que establece al mes de abril como “Mes en el que las Lenguas Indígenas toman la Tribuna en Baja California Sur”, José López Jacinto, hablante de purépecha, subió a tribuna para solicitar la organización y coordinación de instituciones encargadas de la atención de personas y pueblos indígenas en el Estado, a fin de que se continúe fortaleciéndose la cultura indígena en BCS.

El Congreso del Estado informa, a través de un comunicado de prensa, que López Jacinto dijo que era necesario gestionar ante las instancias, escuelas indígenas con maestros bilingües, que forjen nuevos ciudadanos bilingües, que sepan leer y escribir en lengua materna y en español para enfrentar cualquier problema, y fortalecer así las lenguas indígenas.

Por otra parte, que se busquen mecanismos para que los Ayuntamientos o el Estado establezcan partidas específicas en los presupuestos de egresos para las comunidades indígenas y que el recurso también se aplique en cultura, en la adquisición de la indumentaria original indígena, para danzas tradicionales; así mismo, extender apoyos a personas que tengan talento vocal en lengua indígena y a quienes dominan algún instrumento musical, de viento, cuerda o percusiones, y también añadió la necesidad de contar con una banda de aliento, que ejecute música tradicional de diferentes estados y etnias.

“Tenemos que impulsar y apoyar estos proyectos de la cultura indígena para que se visibilice aún más; con el apoyo de instancias correspondientes y coordinación con pueblos indígenas se lograrán muchas cosas. Siempre estaremos en lucha, como nuestros antepasados”, sentenció el ciudadano José López Jacinto.

Desde la máxima tribuna del Estado, reiteró los actos que por años han invisibilizado a las comunidades indígenas, como el ser excluidos en la vida política, ser tachados de ignorantes, actos de discriminación por su vestimenta, color y lengua, entre otros más, por lo que, son necesarias, la organización y coordinación con instituciones o dependencias para continuar brindando una atención a personas y pueblos indígenas.

Cabe señalar que, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos integrada por la diputada Eufrocina López Velasco, Juan Pérez Cayetano, y María Guadalupe Moreno, realizaron la entrega de reconocimientos a las ciudadanas Marisela Vásquez Cruz y a José López Jacinto, participantes seleccionados en la Convocatoria “Abril, Mes en el que las Lenguas Indígenas Toman Tribuna en BCS”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVI Legislatura del Congreso del Estado emitió el Código de Ética del Poder Legislativo, el cual se vincula con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios del Estado; en este código se establece su normativa interna contemplado definiciones como el acoso sexual, acoso laboral,  hostigamiento, conflicto de intereses, discriminación y valores del deber en el servicio público, entre otros.

El Código de Ética del Poder Legislativo fue propuesto por la Junta de Gobierno y Coordinación Política en representación de las fracciones parlamentarias, señala a través de un comunicado oficial, el cual fue dispensado en su trámite parlamentario y avalado con la votación unánime de integrantes del Pleno.

Dicho código fue aprobado en apego al Artículo 16 de la Ley de Servidores Públicos que indica que “Los servidores públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por la Contraloría General, la Contraloría Municipal o los Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Estatal Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño”.

Se integra de diez capítulos entre los que destacan: De los Principios Rectores del Servicio Público; de los Valores del Servicio Público; de los Compromisos con el Servicio Público; Directrices que Rigen la Actuación de las Personas Servidoras Públicas; y Reglas de Integridad de las Personas Servidoras Públicas, entre otros.

Cabe precisar que dicho código deberá ser validado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Baja California Sur, en observancia al Artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, y posteriormente aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

En la discusión, la diputada Eda Palacios agradeció que se hayan incorporado sus propuestas: “la existencia de un código que regule el comportamiento ético dentro del Congreso del Estado contribuirá a la construcción de una cultura de civismo en el ejercicio de la función pública. El Código de Ética es un asunto de índole moral que debe ser la guía de todos los trabajadores de este Poder Legislativo”, expresó en tribuna.

En la discusión particular, la diputada María Luisa Ojeda González presentó una reserva referente al Artículo 19 que señala: “Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba con motivo del cargo”, lo cual, indicó, que afecta al derecho a la igualdad por ser una limitación injusta a los trabajadores en comparación con otros ciudadanos; impide desarrollar la forma de vida; agrede la libertad personal, ya que restringe la forma en cómo se puede usar el recurso económico y desarrollar su vida personal; y la expresión conducirse en forma ostentosa es subjetiva ya que no existen parámetros para medir tal proporcionalidad.

Esta reserva fue aprobada por la mayoría del pleno, por lo que el código fue aprobado en lo general y en lo particular con dicha reserva.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Rosalva Vergara Martínez exhortó a sus homólogos del Congreso del Estado como a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, para que se someta a discusión y aprobación el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado en materia de revocación de mandato y que también se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur, se informa a través de un comunicado oficial.

En su segunda intervención en tribuna, la legisladora refirió que el 30 de noviembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 2990, referente a reformas y adiciones a la Constitución estatal en materia de revocación de mandato, con el que se otorga a los ciudadanos sudcalifornianos el derecho de contar con un instrumento de participación ciudadana, que les da la posibilidad de determinar o no, la conclusión anticipada de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, el cual “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”, como indica el Artículo 28 de la Constitución local en su Fracción VII.

Así también, se refirió a una iniciativa para dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de dicho decreto, iniciativa que fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia durante la sesión de este martes, señala el boletín de prensa del Congreso del Estado.

La legisladora reparó en que, a partir de agosto de este año, los sudcalifornianos podrán hacer uso, de así decidirlo, de su derecho constitucional de solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado, lo cual se dificulta al no contar con las adecuaciones correspondientes a las leyes en la materia, ya que la legislación indica que “los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto Estatal Electoral emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas”.

Finalmente, señaló que como parte de su trabajo iniciado hace algunas semanas, está analizando las leyes vigentes en el Estado y lleva a cabo estudios de derecho comparado con la legislación federal y con otras legislaciones estatales, ya que “no se debe olvidar que las leyes se encuentran en constante evolución, y este congreso no puede permitir que nuestra normatividad estatal se encuentre desfasada o contraria a derecho”.