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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortará al Congreso de Baja California y al Gobierno Federal para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se asignen los recursos suficientes y necesarios para que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SCT) lleve a cabo la ejecución de un programa urgente de reencarpetado de diversos tramos de la carretera transpeninsular en el tramo La Paz – Guerrero Negro, así como de Guerrero Negro a Ensenada, Baja California.

En tribuna, la diputada Alejandra Sandoval Bastida, promovente del punto de acuerdo, explicó que, como residente del municipio de Mulegé, se ha visto en la necesidad de hacer uso de los tramos carreteros para cumplir con sus funciones legislativas a La Paz, percatándose del deterioro constante de la carretera transpeninsular, “condiciones que me exponen a los mismos apuros y dificultades a las que se enfrentan todas las personas que se trasladan a esta capital, en la mayor parte de las ocasiones a realizar trámites, atención médica, trabajo o incluso vacacionar, riesgos que, incluso vemos acrecentados, por falta de un mantenimiento adecuado de la carpeta asfáltica”, afirmó.

No obstante, la legisladora precisó que, el pasado 20 de noviembre de 2018, en la Cámara de Diputados, de acuerdo con el contenido del Boletín No. 0530, las diferentes expresiones políticas de nuestro país ya daban cuenta de lo anteriormente solicitado, aunque el exhorto fue dirigido a la institución gubernamental responsable del sistema carretero del país, lo que se proponía implicaba el ejercicio de presupuesto únicamente para obra nueva, y no se contemplaba, o al menos, no se expresa que fuera para la rehabilitación de la infraestructura existente en ese tiempo. Por ello, la suscrita consideró necesario realizar desde el Congreso del Estado un nuevo planteamiento que permita atender la rehabilitación de diversos tramos de la carretera transpeninsular.

En la discusión del tema, la diputada María Luisa Ojeda González intervino en tribuna para manifestar su voto a favor del punto, señalando que algunos tramos carreteros son de riesgo para la integridad física de la ciudadanía. “Es una irresponsabilidad de las autoridades el descuido de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez”, sentenció; ahí mismo, lamentó la postura del titular de la SCT en BCS, respecto a los recursos para el mantenimiento carretero, al pertenecer a un gobierno que defiende la transformación, poniendo por el contrario en riesgo la vida de transportistas y usuarios dadas las condiciones de algunos tramos carreteros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de agilizar los procesos de adopción y reducir los obstáculos legales, la diputada Rosalva Vergara Martínez propuso reformar la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado y el Código Civil para el Estado, informa el Congreso del Estado a travpes de un boletín de prensa.

La propuesta busca agilizar el inicio de los trámites de los juicios de pérdida de la patria potestad y establecer sanciones en caso de que no se inicien con celeridad. La legisladora narró que los procesos judiciales para la adopción son extremadamente largos, complicados y engorrosos, y que aunado a la falta de promoción, ocasionan que los presuntos padres adoptivos abandonen los procedimientos, situación desde luego, en perjuicio de los menores.

La propuesta reforma la Fracción IX de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado para que la dependencia tenga la atribución de: “promover en coordinación con el Ministerio Público ante el Juez de lo Familiar, la tramitación de los juicios relativos a la pérdida de la patria potestad, lo cual deberá ocurrir dentro de los 30 días siguientes a que tenga conocimiento de la actualización de alguna de las hipótesis de pérdida de la patria potestad previstas por el Artículo 507 del Código Civil para el Estado”.

Establece también que se presume que se actualiza alguna de las causales de pérdida de la patria potestad, a partir del momento en que el menor sea puesto en resguardo de Casa Cuna-Casa Hogar, o bien a partir del momento en que tenga conocimiento de su actualización a través de los expedientes que le sean turnados por el Ministerio Público por conducto del Departamento de Trabajo Social.

Así mismo, señala el comunicado del Congreso del Estado, la propuesta contempla también que, la falta de promoción oportuna del juicio de pérdida de la patria potestad, cuando su promoción sea procedente, se sancionará con la destitución de él o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

La diputada Vergara Martínez recordó que los padres, no sólo biológicos, sino también adoptivos, pueden perder la patria potestad sobre sus hijos menores de edad, en caso de incumplir con los supuestos de hipótesis de pérdida.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado solicitará al titular de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STBDS) que se reúna con los empleadores de trabajadores del campo del XIV Distrito local, para que se planifique un centro de cuidado para las hijas e hijos de las personas trabajadoras del campo durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, independientemente del esquema de contratación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción XIII del Artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se informa a través de un comunicado oficial.

En tribuna, la diputada Hilcia Dayani González Márquez, promovente del punto de acuerdo, expuso que lo anterior atiende a la falta de estancias para cuidados infantiles en el Valle de Vizcaíno, la cual proteja el bienestar de las niñas y niños de las madres trabajadoras de los ranchos que no cuentan con una, por lo que no tienen acceso a este derecho, “una vez más nuestra población del norte es discriminada. La creación de una estancia infantil beneficiaría no solo a las madres trabajadoras de ranchos agrícolas, sino también a las familias que así lo necesiten”.

No obstante, precisó que en el Valle de Vizcaíno existen 26 ranchos agrícolas, de los cuales 21 de ellos no cuentan con las prestaciones obligatorias de servicio para el desarrollo oportuno de la niñez, por lo cual, la instalación de una estancia daría atención a hijos e hijas de madres trabajadoras de los diversos ranchos agrícolas, además de los 26 ranchos registrados, solo cinco cuentan con una estancia infantil, misma que es exclusiva para su personal.

Finalmente, señaló que, si bien el Estado tiene la obligación de velar por la salvaguarda del cuidado y sano desarrollo de las infancias, recalcó lo dispuesto por el Artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, en su Fracción XIII del Artículo, el cual dice a la letra: “Brindar servicios de guardería a los hijos e hijas de las personas trabajadoras del campo, durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, sin importar el esquema de contratación”, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Ley de Educación para Baja California Sur que se someterá a votación para su aprobación este jueves 25 de abril, es una ley espejo que armoniza y actualiza el marco legal estatal en la materia; no contraviene los derechos laborales del magisterio, afirmó el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, diputado José María Avilés Castro, a través de un comunicado oficial.

El legislador precisó que el Artículo 73 constitucional establece que la Federación tiene la atribución para modificar y lo único que se hace en las entidades es armonizarla en los mismos términos.

Expresó que la Ley de Educación para BCS establece los principios generales para el derecho a la educación, los tipos y modalidades a los que deberá sujetarse este sistema educativo, actores que deberán participar, la revalidación de estudios y el reconocimiento de validez oficial para los particulares que la imparten, entre otros.

El  Presidente de la Comisión de Educación recalcó que la ley en su Título Quinto “De La Revalorización de las Maestras y los Maestros” en su Artículo 89 reconoce textualmente “Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables”, es decir, el Congreso del Estado reconoce lo que ya está establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, específicamente, lo relativo al Artículo 41 de los quinquenios, que hoy en su legítimo movimiento están demandando las maestras y los maestros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diputadas Hilcia González Márquez y Eufrocina López Velasco denunciaron ante el Congreso del Estado diferentes hechos que constituyen violaciones a los derechos laborales y humanos de una empresa en contra de jornaleros agrícolas del Valle de Vizcaíno.

En la tribuna, las representantes de la población indígena y afromexicana revelaron que el pasado sábado 20 de abril, más de 270 jornaleros agrícolas del Rancho “El Piloto” de la empresa Baja Best ubicado en Villa Alberto Alvarado (Valle de  Vizcaíno), municipio de Mulegé, tomaron las oficinas administrativas de la empresa, luego de varios meses sin recibir sus salarios y de la falta de pago de aguinaldos de 2023, “cansados, llenos de impotencia y en señal de  protesta”.

López Velasco y González Márquez realizaron un recorrido por la zona acompañadas de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Estado, la procuraduría auxiliar de la defensa del trabajo e inspección laboral municipal, en donde constataron las condiciones inhumanas en las que viven los jornaleros agrícolas, sin acceso a servicios médicos; falta de suministro de agua potable y de energía eléctrica en algunos cuartos; así como que se les cancelaron los servicios de guardería como de transporte al pueblo para realizar compras al poblado.

Como resultado de la visita de las legisladoras y autoridades, de común acuerdo se firmó un compromiso de pago por la parte patronal representado por el ciudadano Max Ibarguen quien comprometió cumplir con los pagos correspondientes de los trabajadores.

“Es inaceptable que este grupo tan vulnerable de personas de 70, 80, incluso 90 años, tengan que realizar trabajos forzosos y no cuenten con una pensión y jubilación que por ley les corresponde y que han adquirido desde 1970”, expresó la diputada Hilcia Dayani González Márquez.

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Por su parte la legisladora Eufrocina López resaltó que estos actos dejan ver el nivel de desesperación y la angustia de más de 200 familias que habitan en el Valle de Vizcaíno, al no contar con sus sueldos para solventar sus necesidades básicas.

“Se siguen suscitando casos de impunidad, en los que los patrones, cometen faltas, sin temor alguno.  No debemos anteponer los excesivos privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable”, sentenció en su turno.

Ambas legisladoras lamentaron que en la actualidad no se cumple con la Constitución General, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes. Es una referencia clara las condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas (exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios médicos, entre otros.