FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Quedó instalado el Comité Técnico Asesor de la Consulta a Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual se deberá de llevar a cabo para que el proceso legislativo concluya con la entrada en vigencia de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS, informa el Congreso del Estado.

La diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de esta comisión, encabezó la mesa de trabajo con asociaciones civiles, consejos indígenas municipales, autoridades electas como regidores y diputados, representantes del sector, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, SEP y asesores jurídicos, entre otros para formalizar los trabajos del comité técnico.

La legisladora expresó que hoy es el tiempo de sumar a todos los representantes para que la ley tenga vigencia en BCS y que este sector de la población sean visibles y con mayor reconocimiento a sus derechos. Aunque el comité quedó integrado con las representaciones asistentes, invitó a los representantes de asociaciones y comunidades a sumarse al comité.

Cabe recordar que  la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS fue aprobada por la XV Legislatura (junio de 2019) y fue vetada por el entonces Gobierno del Estado; la nueva administración del Poder Ejecutivo publicó la ley el 17 de agosto 2022, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de dicha ley y su artículo 102, promovida por la CNDH, por considerar que la emisión de la ley no cubrió los estándares establecidos en materia de consultas previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como la falta de intérpretes de lenguas indígenas.

La SCJN vinculó al Congreso del Estado para que dentro de los 12 meses siguientes a la notificación (24 de enero de 2025), lleve a cabo la consulta a pueblos y las comunidades Indígenas y afromexicanas, subsanando las faltas y en apego a diversos parámetros fijados en la resolución y posteriormente emita la regulación correspondiente.

La consulta a desarrollar contempla las fases de preconsulta, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión. Los resultados de la consulta serán comunicados a la SCJN para que inicie la vigencia de la ley.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la clausura de los trabajos del segundo período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio del Congreso del Estado, bajo la presidencia de la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, concluyen los seis períodos ordinarios de sesiones de la XVI Legislatura (2021-2024) que mandata la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Este domingo 30 de junio se llevó a cabo la sesión solemne de clausura y posteriormente la sesión de instalación de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la que resultó electo el diputado Eduardo Van Wormer Castro para presidir los últimos trabajos de las legislatura, a partir de la fecha y hasta el 31 de agosto próximo.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Trejo Piñuelas informó que las diputadas y los diputados presentaron 31 pronunciamientos, en torno a diversas problemáticas que aquejan a los ciudadanos, 15 proposiciones con punto de acuerdo, 21 Iniciativas con proyecto de decreto, incluyendo una del titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como 28 dictámenes a reformas y adiciones al marco legal.

Entre la legislación del período que concluye destacan: adiciones al Código Penal estatal, para que no prescriba la acción penal de los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual; la homologación de días de descanso en la Ley Burocrática; la licencia menstrual para trabajadoras burocráticas, reforma a la Ley de la CEDH para que el Congreso designe al o la titular del Órgano Interno de Control (OIC); reformas al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con la sentencia histórica emitida por la SCJN en marzo de 2015 y lucha de Irinea Buendía; tipificación de  los delitos de violencia obstétrica y violencia obstétrica equiparada en el Estado; reformas a la Constitución de BCS así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para garantizar a las mujeres una justicia efectiva con perspectiva de género, por las cuales se crearan los órganos jurisdiccionales especializados, denominados “Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres”.

También se aprobó tipificar la violencia vicaria como delito autónomo; en acato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 132/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 144 Ter, en la porción normativa “mayores de edad”, del Código Civil de Baja California Sur, se aprobó que el trámite de actas de nacimiento con el reconocimiento de identidad de género y cambio de nombre sea sin restricción de edad en Baja California Sur, entre otros.

En su mensaje, Trejo Piñuelas afirmó que “en estos 34 meses de labor legislativa comprometida a favor del pueblo sudcaliforniano, fortalecimos el marco legal de nuestra entidad con reformas constitucionales y legales que han venido a vigorizar el Estado de Derecho en Baja California Sur; estas acciones las impulsamos siempre pensando en el interés superior de la sociedad sudcaliforniana y en el derecho del pueblo a tener en todo tiempo y en todo momento una mejor calidad de vida”.

Destacó también la emisión de las nuevas leyes de Educación y Educación Superior, la  Revocación de Mandato, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo Estatal Hacendario, y reformas para que, el Fondo de Infraestructura Social cuente con mayores recursos.

Al término, fue instalada la Diputación permanente cuya Mesa Directiva quedó conformada por el diputado Presidente Van Wormer; primera secretaria, Gabriela Montoya; segundo secretario, Óscar Manríquez Ruiz;  primer suplente, Fernando Hoyos Aguilar, segundo suplente, Teresita Valentín; tercer suplente, Guadalupe Vázquez; cuarto suplente, José María Avilés; y quinto suplente, Luis Armando Díaz.

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La Paz, Baja California Sur (BCS).  El Congreso del Estado aprobó este jueves la iniciativa presentada por la diputada María Luisa Ojeda González que ratifica tres conceptos y principios fundamentales: igualdad sustantiva, paridad y perspectiva de género. Con 20 votos a favor, esto implica adicionar un párrafo sexto al Artículo 7º de la Constitución de BCS, se informa a través de un comunicado oficial.

Esta adición fortalecerá las garantías a una vida libre de violencia, estereotipos y discriminaciones, de tal forma que pueda alcanzarse una verdadera igualdad sustantiva.

La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, integrada por el diputado José María Avilés Castro (presidente); Paz del Alma Ochoa Amador, (Secretaria); y Luis armando Díaz, (Secretario), consideró procedente, en razón de que tiene por objeto ratificar los principios, de igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Ojeda González argumentó que es tarea fundamental para la XVI Legislatura adoptar las medidas necesarias a fin de permitir que la igualdad sustantiva y la paridad se establezcan como principios constitucionales, así como garantizar que la perspectiva de género sea una herramienta que se utilice en todas las políticas públicas de diferentes niveles de gobierno, asegurando su aplicación desde la norma suprema y las leyes que de ella emanen.

Para los efectos de la estimación de impacto presupuestario a que alude la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las autoridades competentes en la aplicación de la norma prevista en el de Decreto, deberán ajustarse a las partidas presupuestales actuales y futuras previamente asignadas.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Además de funcionarios de los tres poderes del Estado, los titulares de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASE, también deberán someterse a exámenes toxicológicos de confianza, luego de que el pleno de la XVI Legislatura aprobara reformar el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de BCS, propuesto por el diputado Óscar Manríquez Ruiz.

Dicha ley establece que funcionarios, desde el Gobernador del Estado hasta delegados municipales, a más tardar dentro de la segunda quincena del mes de agosto de cada año,deben somterse a examen toxicológico para la detección del uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, a los cuales, en los sucesivo deberá someterse también los titulares de la ASE, así como de su Unidad de Evaluación.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que integran el diputado Enrique Ríos Cruz, presidente, la diputada Paz Ochoa , secretaria, y el diputado Luis Armando Díaz, secretario, la cual consideró oportuno dar mayor precisión a la referencia hecha al Titular de la Unidad de Evaluación y Control para que en su lugar sea “Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado”, que es la denominación correcta.

Asimismo, el segundo artículo transitorio establece que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá armonizar el Reglamento para la Práctica de los Exámenes Toxicológicos en el Estado de Baja California Sur dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo, relativo a la iniciativa propuesta por la diputada María Luisa Ojeda González que reforma el Artículo 200 y adiciona un Artículo 200 Bis al Código Penal para BCS, se informa a través de un comunicado de prensa.

Lo anterior luego de que, la comisión dictaminadora considerara procedente la iniciativa ya que, el Título Séptimo “Delitos cometidos entre integrantes de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas” del Código Penal estatal en el Capítulo I “Violencia Familiar”, no reconoce expresamente a la violencia vicaria, tal y como se encuentra definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado (Título Segundo de los “Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, Capítulo I, Artículo 4°).

La diputada precisó que el texto enmarcado del delito de violencia familiar en el Artículo 200, ocasiona diversos problemas de interpretación a las y los operadores jurídicos como a las víctimas denunciantes, en específico el delito de violencia vicaria como: a) confusión por quienes pretenden denunciar por conductas ya conocidas como violencia vicaria y al acudir con la autoridad procuradora de justicia, se encuentren con que no existe el delito expresamente, encuadrándolo en el tipo de violencia familiar; b) Grave error legislativo, al restarle importancia al omitir la denominación correcta a la conducta, tal como se le conoce a nivel nacional e internacional; y c) La falta de uniformidad que conserva el Código Penal, puesto que la totalidad de los delitos que se tipifican en él, son señalados de manera clara con la denominación de delito autónomo.

Por  lo que, a fin de proporcionar certeza jurídica al definir y tipificar este tipo de violencia como delito autónomo, se consideró procedente, quedando un precedente histórico, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.